El retorno a las actividades económicas, sociales y educativas, una vez que se hayan superado las etapas de mayor riesgo de la pandemia de Covid-19, presenta, como la propia resolución del problema, un carácter incierto. Es apropiado, pues, decir que el fin de la contingencia no dará paso a una vida pública como la que hemos conocido hasta ahora, sino a una nueva normalidad, porque resulta difícil prever cuáles serán las secuelas que el traumático proceso que la enfermedad habrá dejado en las relaciones institucionales, sociales y personales de nuestro país (y de todos los afectados por el coronavirus).
No se trata de una cuestión teórica ni de un problema sociológico, sino de un asunto práctico plagado de dificultades que es preciso encarar aquí y ahora. La recuperación de las clases presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles, por ejemplo, plantea muchas interrogantes y muestra que entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno no hay un criterio unánime acerca de cuándo, dónde y en qué circunstancias será prudente que maestros y alumnos reanuden el ciclo escolar brutalmente interrumpido por la epidemia. De hecho, todo indica que en un buen número de estados se considera que el año terminará con clases virtuales y a distancia, y en consecuencia no habrá un retorno a las aulas propiamente dicho. Y otras entidades han descartado, en principio, reanudar las clases presenciales según el sistema de semáforos por regiones, comprendido en el plan de reapertura llamado Regreso a la nueva normalidad ideado por el gobierno federal, aun cuando funcionarios de éste han aclarado que el plan debe seguir un camino gradual, ordenado y cauto para alcanzar sus objetivos.
Tanto el presidente López Obrador como el titular de Educación Pública, Esteban Moctezuma, enfatizaron que la vuelta a los salones de clase se produciría con base en diagnósticos de las autoridades de salud, y la reactivación tendría lugar por regiones, según un plan flexible. Es una postura razonable, primero porque las distintas realidades del país exigen distintos tratamientos para la reanudación del ciclo, y segundo porque el Covid-19 no se extiende por el territorio nacional de manera homogénea, sino que parece tener diferentes tiempos en diferentes regiones.
Pero no sólo esos factores deben ser considerados para evaluar las modalidades de ingreso a la nueva normalidad. La deficiente infraestructura, equipamiento y espacios físicos de un alto porcentaje de escuelas –en especial (aunque no únicamente) de niveles básicos–, haría imposible que se respetaran las medidas de sana distancia establecidas para disminuir los riesgos de contagio del padecimiento. Las condiciones de hacinamiento en esos planteles configuran un inocultable cuadro de inseguridad sanitaria para docentes y alumnos, a lo que se suma el hecho de que aún no está claro si la enfermedad ha alcanzado su fase más aguda. De momento son 23 las entidades federativas cuyos gobiernos han manifestado serias dudas respecto de la perspectiva de reiniciar actividades educativas a lo largo del próximo mes de junio, y es preciso, en cualquier caso, extremar precauciones para el establecimiento de zonas verdes donde se permita el reinicio de la actividad escolar con total seguridad para los participantes en la misma.
México SA
Gobernadores: aserrín aserrán // Caen participaciones a estados
Carlos Fernández-Vega
En el entendido de que no puede repartir lo inexistente, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, notificó a los mandatarios estatales que si saben contar, pues que en el presente año no cuenten con 89 mil millones de pesos en participaciones a estados y municipios, dada la reducción de los ingresos federales en el primer trimestre de 2020.
La Jornada lo informó así: La Secretaría de Hacienda adelantó a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que habrá un recorte de casi 12 por ciento en el monto que reciben las entidades federativas, respecto de lo presupuestado originalmente, por concepto de participaciones a estados y municipios. De esa manera, éstas bajarán de un total estimado de 759 mil 383 millones de pesos a 670 mil 383 millones, lo que significa una caída de 11.7 por ciento. Hacienda garantizó la entrega, en tiempo y forma, de los recursos que les correspondan.
Quien se animó a divulgar la noticia, vía Twitter, fue el gobernador nayarita, el panista Antonio Echevarría García: En videoconferencia con Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, y con las y los mandatarios estatales, se nos informó que habrá un importante recorte de 89 mil millones de pesos, donde lamentablemente nuestro estado se verá afectado. Así es: el que él preside y todos los demás.
El encuentro virtual con el secretario de Hacienda fue encabezado por el propio Herrera y el gobernador panista de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, presidente de la Conago, uno de los 11 mandatarios panistas que chantajean con abandonar el pacto de coordinación fiscal si el gobierno federal no les reparte equitativamente recursos presupuestales.
Sólo para dar una idea del sustento de la queja de los gobernadores panistas, vale mencionar que en el caso concreto de Baja California Sur 88 por ciento de ingresos del estado provienen de la Federación y apenas 5 por ciento de impuestos locales (el 7 por ciento restante lo capta por otros conceptos; las cifras son del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados).
Es la historia de todas las entidades: los mandatarios no hacen el menor esfuerzo por incrementar sus respectivos presupuestos con captación local; sólo estiran la mano, en el entendido de que si la Federación no les provee de más recursos –porque no los hay– chantajean a discreción, porque ampliar la captación local les implicaría una creciente factura política (para ellos y sus respectivos partidos).
Junto con Mendoza Davis participó el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, también panista, en su calidad de coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conago. En el caso de esta entidad, 83 por ciento de sus ingresos los aporta la Federación; sólo nueve centavos de cada peso provienen del cobro local de impuestos y ocho centavos de otros conceptos.
Ese mandatario pertenece al grupo de 11 gobernadores panistas que, un día sí y el siguiente también, amenaza con algo: sea por una mayor derrama de recursos federales, junto con el chantaje de abandonar el pacto fiscal, por el nombramiento de superdelegados o por lo que se les ocurra.
Y como sus 10 correligionarios, Francisco Domínguez cotidianamente se queja de que no alcanza el dinero que llega desde el centro, pero se da el lujo (un par de semanas atrás) de prestar el helicóptero del gobierno estatal (al que, como tomadura de pelo, bautizaron el constituyente y que, oficialmente, debe ser utilizado como ambulancia aérea) a la Diócesis de Querétaro para que un sacerdote sobrevolara los 18 municipios de la entidad y repartiera bendiciones a su feligresía desde las alturas y a costillas del presupuesto de la entidad. Entonces, para los mochos sí hay dinero, pero no para lo importante.
Las rebanadas del pastel
Por cierto, en el caso de Nayarit, 95 por ciento de su ingreso proviene de la Federación (apenas tres centavos de cada peso del presupuesto de la entidad se captan localmente y dos por otros conceptos”).
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