Katu Arkonada*
Domingo 3 y lunes 4 de mayo de 2020. En plena pandemia mundial, tres grupos de mercenarios entran en aguas territoriales venezolanas provenientes de La Guajira colombiana. En total, más de 50 mercenarios venezolanos y dos estadounidenses: Luke Denman y Airan Berry, del grupo 10 de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y con varios tours en Irak durante los años posteriores a la invasión y ocupación.
Una de las embarcaciones es interceptada por patrulleros y helicópteros de combate, resultando muertos ocho mercenarios y siendo incautadas lanchas rápidas, armas de gran calibre, vehículos con ametralladoras instaladas y telefonía satelital, en una operación al parecer financiada por el narcotráfico.
Al mismo tiempo, se hace público un video donde el capitán Nieto Quintero, egresado de la Escuela de Formación de Oficiales (Efofac) de la Guardia Nacional y Jordan Goudreau, dueño de la empresa de seguridad Silvercorp, con sede en Florida, y que proporciona contratistas militares, se atribuyen la operación y afirman que la acción paramilitar fue acordada con el líder opositor Juan Guaidó, mientras muestran un contrato que lo confirma.
No, no es la última película de Netflix, sino una operación real que acaba de suceder en Venezuela y donde los dos ex boinas verdes al parecer serían parte de la asesoría de seguridad de Donald Trump, que difícilmente, por acción u omisión, podría no estar enterado de lo que iba a suceder en territorio soberano venezolano.
De lo que no existe duda es de la implicación de agencias de inteligencia de Estados Unidos, especialmente de la DEA, así como del gobierno colombiano, pues uno de los mercenarios abatidos, el capitán Robert Colina, era responsable de un campamento paramilitar en suelo colombiano, denunciado varias veces por el gobierno venezolano incluso ofreciendo públicamente la ubicación GPS de varios de estos campamentos, sin que el gobierno de Duque tomara ningún tipo de medida contra estos campamentos. Además, hay sospechas de que Colombia pudiera haber liberado algunos presos acusados de narcotráfico que habrían tomado parte en la operación, como Elkin Javier López Torres, La Silla o Doble Rueda, apodado así por haber sido objeto de una balacera que le dejó en silla de ruedas. La Silla es responsable de la masacre del Rodadero en Santa Marta, Colombia, conocido por descuartizar y dejar en bolsas de basura a sus víctimas, y ha sido identificado como el anfitrión de los mercenarios en una finca en territorio colombiano días antes de partir por mar a Venezuela.
Por si fuese poco siniestra esta historia, otro personaje clave parece haber sido JJ Rendón, quien ha reconocido ser parte de un comité estratégico para promover el derrocamiento de Maduro, y que esta operación está ligada con el bloqueo económico y las sanciones.
Finalmente, además de Estados Unidos, la DEA, Colombia y JJ Rendón, el otro actor fundamental en esta trama han sido las milicias bolivarianas, una de las principales herencias de Chávez, que dijo que el pueblo venezolano era un pueblo pacífico, pero no desarmado. Unas milicias que han permitido, junto al aparato de inteligencia, y las Fuerzas Armadas, desmontar una nueva agresión estadunidense contra Venezuela.
Pero esta agresión es parte de una campaña, que si bien permanente y ya con un golpe de Estado que casi fue exitoso en 2002, tiene como punto de quiebre marzo de 2013 y la muerte del comandante Chávez.
A partir de ahí, y en seis años, se sucedieron órdenes ejecutivas de Obama (2015) y Trump (2017, 2018 y 2019) declarando a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos e imponiendo sanciones económicas, buscando además golpear a la petrolera estatal PDVSA, principal motor económico del país. Todo ello combinado con la desestabilización mediante guarimbas en el territorio nacional (2014 y 2017).
Pero es a partir de 2019, una vez que Nicolás Maduro toma posesión el 10 de enero para un nuevo mandato de cinco años, que el terrorismo se intensifica, con la autoproclamación del títere Guaidó el 23 de enero, el show cultural Venezuela Aid Live en Cúcuta el 22 de febrero, y la quema por parte de la oposición de ayuda humanitaria en los puentes que unen Colombia y Venezuela el 23 de febrero. Sin olvidar tampoco el sabotaje eléctrico de marzo que afectó a 18 de los 23 estados del país.
La operación cívico-policial-militar Negro Primero, que ya cuenta con más de 25 mercenarios detenidos, demuestra que el chavismo es algo más que una identidad política. Desde la muerte del comandante Chávez en 2013 se ha perdido el gobierno kirchnerista argentino en las urnas, el correísta ecuatoriano mediante una traición, y el gobierno del proceso de cambio boliviano fruto de un golpe de Estado. Y, sin embargo, y no obstante las dificultades, el bloqueo y las sanciones económicas, la revolución bolivariana y chavista sigue en pie gracias a que se ha construido un pueblo organizado que, a pesar de ser crítico, defiende ese proceso de transformación que tanto costó conseguir, y su soberanía política, económica y territorial.
Ya en 2006, conversando con un compa de la Coordinadora Simón Bolívar en el barrio 23 de enero de Caracas, me dejó claro el horizonte de la revolución: con Chávez o sin Chávez, al pasado no regresamos nunca más.
Y hoy la Venezuela sin Chávez, pero chavista, lucha contra el imperialismo para no regresar al pasado.
*Politólogo vasco-boliviano, especialista en América Latina
