De acuerdo con un estudio divulgado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el pasado 11 de mayo, si este año el producto interno bruto (PIB) de la nación se contrae en 5.3 por ciento, hasta 9.8 millones de personas podrían caer en pobreza por ingresos y 10.7 millones, en pobreza extrema;es decir, la población en pobreza por ingresos pasaría de los 52.65 millones estimados por el mismo organismo en 2018, a 62.4 millones al concluir 2020, mientras la población en pobreza extrema se duplicaría, al pasar de 9.3 a 20 millones de personas. Si se considera que una mayoría de analistas e instituciones financieras calcula la contracción venidera en más de 7 por ciento del PIB, cabe temer que la crisis económica causada por la emergencia sanitaria en curso sea incluso más aguda, una posibilidad planteada ayer por el área de investigación del banco BBVA.
Más allá de lo acertadas que resulten las predicciones del organismo autónomo y de la entidad bancaria, es indudable que tanto las medidas de confinamiento y distancia social adoptadas para contener la propagación del nuevo virus impactan de manera significativa en las condiciones de vida de millones de personas. Este cataclismo es evidente en la mayor parte de los sectores económicos de México y del mundo, pero tiene manifestaciones extremas sobre regiones y actividades particularmente sensibles: un ejemplo de ello puede atestiguarse en el municipio bajacaliforniano de Los Cabos, donde la contingencia ha dejado sin empleo a 60 por ciento de los trabajadores, debido a que 90 por ciento de su actividad económica depende primordialmente del turismo.
El panorama descrito obliga a reconocer que, sin importar el signo ideológico de cada gobierno, las políticas públicas vigentes en todos los países (y, particularmente, las estrategias sociales orientadas a la población más vulnerable) fueron diseñadas para una realidad que ha dejado de existir. Ante este hecho, parece necesario que la Cuarta Transformación revise el conjunto de sus políticas sociales, con especial atención en los programas de bienestar, pues todo indica que para cumplir los objetivos planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador será ineludible ajustar y profundizar la estrategia adoptada, extender las políticas sociales, establecer nuevos mecanismos de redistribución de la riqueza y de rescate de sectores marginados, así como generar o fortalecer redes de colaboración y cooperación social.
Se trata de un desafío de enormes dimensiones que deberá asumirse, además, en circunstancias de estrechez global, caída de los intercambios, persistente incertidumbre acerca del futuro inmediato, e incluso de bancarrota de sectores enteros de la economía, como el citado turismo o el no menos golpeado transporte aéreo; todo lo cual se traducirá en un recrudecimiento de la competencia internacional que sin duda creará dificultades adicionales para la reactivación económica en México. Con todo, el momento exige revisar los programas de bienestar, pues no hacerlo incrementaría el impacto de los obstáculos referidos.
México SA
Áspera nueva normalidad // No es lo mismo que lo mesmo
Carlos Fernández-Vega
De por sí la normalidad normal –valga el término– nada grata resultaba antes de la pandemia, pero la perspectiva de la nueva normalidad que se avecina no es muy estimulante que se diga, tanto en materia de salud pública (habrá que acostumbrarse a convivir con el bicho) como por los efectos económicos y sociales.
El número de contagios se incrementa día a día y ya supera los 5 millones, con Estados Unidos a la cabeza (más de 1.5 millones, sin olvidar que el salvaje de la Casa Blanca defendía la tesis de que sólo se trataba de una gripita) y sus casi 100 mil muertes. Si de primitivos se trata, en América Latina destacan los casos del presidente brasileño Jair Bolsonaro y del mandatario chileno Sebastián Piñera, también creyentes de la gripita.
El panorama, pues, no se vislumbra agradable, y como muestra están las más recientes estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), institución que ayer divulgó su análisis, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo –del que se toman los siguientes pasajes–, Coyuntura laboral en la región; el trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por Covid-19. Va, pues.
En los primeros meses de 2020 se propagó por el mundo el Covid-19 y la emergencia sanitaria que originó hizo necesaria la aplicación de políticas de aislamiento social, lo que redundó en la interrupción de las actividades económicas a una escala nunca vista. Se estima que este año la economía mundial registrará una caída del producto interno bruto superior a la observada en varias décadas, y se constatarán grandes retracciones en el volumen de comercio mundial (entre 13 y 32 por ciento).
La reducción de la actividad económica –en China, Estados Unidos y Europa, particularmente– tendrá repercusiones negativas en América Latina y el Caribe en términos de volumen y precio, sobre todo, de las materias primas. Algunos importantes sectores productivos de los países de la región están insertos en cadenas globales de valor en las que Estados Unidos y China desempeñan un papel fundamental.
Muchos países se verán gravemente afectados por la reducción de las remesas y la disminución del turismo. Además, el deterioro de las condiciones financieras a nivel mundial ha aumentado la volatilidad regional a niveles históricos y se han producido salidas masivas de capitales desde los mercados emergentes, una depreciación de la mayor parte de las monedas ante el dólar y fuertes aumentos de los niveles de riesgo soberano.
Este escenario provocará la mayor crisis económica y social de la región en las últimas décadas, que afectará de manera muy negativa al empleo, la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad. Según estimaciones de la Cepal, la contracción económica sería de 5.3 por ciento del PIB regional, lo que podría provocar un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3.4 puntos porcentuales.
De acuerdo con la OIT, la crisis causará una reducción de alrededor de 10.3 por ciento de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de trabajadores a tiempo completo (suponiendo un tiempo de trabajo de 40 horas semanales).
Asimismo, se espera un marcado deterioro de la calidad del empleo, debido al aumento de la informalidad y la reducción de las jornadas laborales y de los salarios, lo que repercutirá en los indicadores sociales. La Cepal estima que la tasa de pobreza podría aumentar hasta 4.4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2.6 puntos con respecto de 2019.
Las rebanadas del pastel
No es lo mismo que lo mesmo. El presidente López Obrador deja en claro que su gobierno no está en contra de la generación de energías limpias, sino de la corrupción, el saqueo, los contratos leoninos y el influyentismo que prevaleció durante el periodo neoliberal en la industria eléctrica. Y ante la campaña de los empresarios del ramo subraya: ese es el fondo del asunto; no se suspende, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo.
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