Antonio Gershenson
El Sutin fue un referente del sindicalismo combativo y siempre aliado a las luchas por las reivindicaciones laborales. Con el apoyo de otras organizaciones gremiales, incluso con el amplio apoyo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) durante la dirección de Joaquín Hernández Galicia ( La Quina), líder durante varios años e influyente personaje del STPRM, el Sutin ha continua-do su lucha.
La fuerza sindical que destacó al STPRM fue destruida durante el sexenio de Carlos Salinas, quien mandó encarcelar al líder de los petroleros y sus actos incluyeron la destrucción de importantes instalaciones, especialmente, la refinería de Poza Rica que, hasta ese momento, era la más importante y productiva de Pemex desde la Expropiación Petrolera.
Posteriormente, el STPRM fue infiltrado con líderes corruptos hasta la actualidad, en detrimento del desarrollo y crecimiento de Pemex. En esta lucha por la democratización del STPRM, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP) ha venido denunciando la situación y así continúa.
Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, uno de los primeros presidentes millonarios inexplicablemente, los petroleros fueron a la huelga debido a las violaciones de las garantías laborales y los actos de corrupción delatados ampliamente por Natalio Vázquez Pallares en sus innumerables artículos y condensados en el libro En defensa de nuestro Petróleo, de Ediciones Solidaridad, cuyo prólogo en 1979 tuve el honor de escribir.
La corrupción dentro de los sindicatos mexicanos ha sido característica, y su mayor ejemplo fue el líder eterno Fidel Velázquez. Durante 47 años fue el represor más eficaz al servicio del priísmo contra los movimientos obreros progresistas.
Consecuencia de esos años represivos y violatorios, hoy la CTM enfrenta 168 juicios de amparo. Quieren seguir gozando de privilegios, aunque lo niegue Ángel Celorio, coordinador jurídico de la CTM.
Los sindicatos tendrán que modificar sus estatutos internos, porque es un paso a la democratización. Y tendrán que homologarse a la Reforma Laboral promulgada el 1º de mayo de 2019. El voto libre, secreto y directo no lo conocen, todavía, las bases trabajadoras de innumerables sindicatos. La democracia sindical, tarde o temprano, se ejercerá.
Dentro del movimiento democratizador sindical, el economista Napoleón Gómez Urrutia, actual senador de la República, dirige la Central Internacional de Trabajadores, con más de 150 sindicatos y 190 federaciones.
Recordemos que, en el sexenio de Enrique Peña, Urrutia fue perseguido por supuesto fraude a los trabajadores mineros. Vivió exiliado en Canadá y debido a la presión internacional los cargos fueron retira-dos. La Comisión de Control de los Ficheros de la OIPC-Interpol consideró que no existieron elementos sustantivos para marcarle una ficha roja para ser perseguido y capturado.
De hecho, las demandas por parte del gobierno mexicano fueron rechazadas, ya que las autoridades no presentaron evidencias concretas del fraude, y tampoco se cumplía con las normas de la Interpol. Por lo tanto, en enero de 2014 fue exonerado y a Gómez Urrutia se le adjudicó el carácter de perseguido político. En ese mismo año, recibe la Medalla de Oro IPPY por la publicación de su libro.
Desde hace 86 años en el sindicato minero defendemos los derechos de nuestros compañeros trabajadores y luchamos por defender sus condiciones. Las campañas de desprestigio, lejos de destruirnos, nos han consolidado. Somos referente nacional e internacional, afirmó.
Por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) existe la inquietud de acercamiento a la CIT, con la finalidad de solicitar el apoyo oficial para que esta industria mexicana retome su desarrollo en cuanto a las plantas nucleares para la producción de energía nuclear y eléctrica.
De la misma forma, debe reactivarse la explotación de uranio, ya que es una fuente de trabajo y, al mismo tiempo, se rescataría una opción de energía eléctrica.
El vicio de la antidemocracia sindical está por terminar.
antonio.gershenson@gmail.com
El pin parental, peligro de retroceso educativo
Comprensible preocupación muestra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a las iniciativas de reforma, en algunas entidades federativas, para promulgar leyes que permitan a los padres de familia impedir a sus hijos que asistan a los cursos sobre educación sexual y salud sexual y reproductiva, cuando estos no coincidan con sus convicciones (las de los padres) morales o religiosas. Según el argumento de quienes promueven esas iniciativas, a los progenitores correspondería decidir el tipo de educación que reciben sus vástagos, en especial en temas relacionados con la sexualidad y los modelos de integración familiar, desconociendo eventualmente los programas educativos oficiales basados en el respeto y promoción de los derechos y valores humanos.
Las iniciativas de reforma, que en México han sido presentadas o están en distintas etapas de ese proceso en varios estados (Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Veracruz), tienen como eje el llamado pin parental. Sintéticamente descrito, este recurso consiste en una solicitud por la cual las autoridades de los centros educativos deberían informar previamente a los padres de los estudiantes sobre materias, cursos y talleres relacionados con algunos aspectos de la sexualidad, a fin de que aquéllos den –o no– su consentimiento para que sus hijos asistan. En esencia, el pin parental propone que el derecho de los padres a educar a sus hijos e hijas según sus criterios morales esté por encima del derecho de los niños y niñas a recibir una educación laica, científica y cuyos contenidos obligatorios se incluyan en programas y planes de estudio como lo dispone el artículo 3 constitucional, la perspectiva de género y una orientación integral que aborde el conocimiento (…) de la salud sexual y reproductiva.
Ya antes del pronunciamiento de la CNDH sobre el tema, la Secretaría de Gobernación había dado a conocer un comunicado donde describía en términos inequívocos el carácter de las iniciativas de reforma comentadas. Afirmaba el texto del comunicado que el denominado pin parental es ...una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. Y remataba expresando que niega el derecho a una educación con perspectiva de género, como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia. Como consecuencia de ese análisis, la Secretaría de Gobernación (junto con otros organismos cofirmantes del comunicado) instaba a los congresos estatales a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus padres y madres.
El enfoque propuesto por los promotores del pin parental comenzó a tomar fuerza en España hace un par de años, a instancias del ultraderechista partido Vox, y desató una polémica tan áspera como la que podría desatarse en nuestra nación si dichas iniciativas encuentran eco en las legislaturas locales. De ahí la oportunidad del pronunciamiento de la CNDH sobre la cuestión y su señalamiento de que esas iniciativas, además de ser inconstitucionales, atentan contra los derechos humanos en general y los que conciernen a la niñez y la adolescencia en particular.
