El fin de semana tuvo lugar un nuevo episodio de bochornosa adulteración de la institucionalidad en Estados Unidos: la decisión del presidente de ese país, Donald Trump, de conmutar la pena de cárcel a la que fue condenado su amigo y ex asesor Roger Stone por mentir al Congreso, manipular a testigos, obstruir investigaciones legislativas y otras imputaciones.
Como se recordará, tales delitos fueron perpetrados en el contexto de las acusaciones contra el actual ocupante de la Casa Blanca por su supuesta colusión con empresarios y funcionarios rusos durante su campaña presidencial de 2016 para robar y divulgar documentos de su rival demócrata, Hillary Clinton.
Como lo señaló Robert Mueller en un artículo, el sábado, quien se desempeñó de fiscal especial para investigar la llamada injerencia rusa en el pasado proceso electoral, aunque no fue posible demostrar de manera fehaciente la existencia de una conspiración entre el equipo del entonces candidato republicano y funcionarios de Moscú, sí quedó establecido que Stone cometió delitos graves en el afán de impedir el esclarecimiento del episodio, por lo cual fue juzgado y sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel. Por ello, señaló Mueller, Stone sigue siendo un delincuente convicto.
Poco antes de que el condenado fuera internado en una prisión, Trump decidió llevar al límite su facultad constitucional de conmutación de pena, distinta a las figuras de amnistía y de indulto. Así, Stone queda en una suerte de limbo jurídico, pues su culpabilidad no está a discusión; simplemente es un criminal con permiso presidencial para permanecer en libertad. Como era de esperarse, el hecho ha provocado una nueva tormenta política y un nuevo escándalo mediático en un ambiente de por sí polarizado. Pero lo verdaderamente grave del asunto no es el enojo de los legisladores demócratas ni el clamor de los informadores, sino lo corrosivo que resulta para la institucionalidad estadunidense que un mandatario decida librar de la cárcel a un amigo suyo que fue condenado por actos ilegales cometidos con el propósito de defender a ese mismo mandatario. Es decir, se trata de un alarde de impunidad y de uso faccioso del poder presidencial para provecho propio.
El peligro evidente reside en la normalización de esta clase de acciones despóticas y abiertamente contrarias al espíritu de las leyes y de la justicia. El episodio, en suma, consolida la construcción, por parte de Trump, de una presidencia cínica.
México SA
Disminuye pérdida de empleo // GOAN: gritones y chantajistas
Carlos Fernández-Vega
Más allá del costo en vidas humanas, la pandemia ha pasado una gruesa factura al sector económico y, por ende, al laboral. Muchos patrones –en especial los de chequera más gruesa– simplemente despidieron personal y negaron cualquier tipo de apoyo, en espera, según dicen, de mejores tiempos. Muchos casos documentan lo anterior; uno de ellos, sólo uno, el del Grupo Alsea.
Abril fue el mes con la mayor factura laboral: en números cerrados, se cancelaron 555 mil empleos formales (registrados en el IMSS) y en mayo a esa cifra se añadieron 345 mil. Semanas atrás, el presidente López Obrador consideró que en esta materia ya pasó lo peor y estimó que en junio la pérdida de plazas formales sería mucho menor a las registradas en el par de meses que se cita.
Pues bien, ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) divulgó el resultado del sexto mes del año: a consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en junio se registró una disminución de 83 mil 311 empleos formales, equivalente a una tasa mensual de -0.4 por ciento, monto cuatro veces menor al reportado en mayo pasado.
El reporte del IMSS detalla que al cierre de junio pasado el instituto tiene registrados 19 millones 499 mil 859 puestos de trabajo, de los que 86.6 por ciento son permanentes y, eventuales, el 13.4 por ciento restante. En los últimos años, estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes.
Con lo anterior, apunta el organismo, de enero a junio de 2020 la caída del empleo formal, registrado en el IMSS, acumula 921 mil 583 plazas, de las cuales 73 por ciento corresponde a empleos permanentes y 27 por ciento a eventuales. Al anualizar las cifras, detalla que en los últimos 12 meses se registró una baja de 868 mil 807 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa anual de -4.3 por ciento.
De acuerdo con el IMSS, los sectores que reportan crecimiento anual en el número de puestos de trabajo son el agropecuario, con 3.5 por ciento) de avance; servicios sociales y comunales, con 2.3 por ciento; y electricidad, con 0.1 por ciento). Por entidad federativa, Tabasco, Michoacán y Baja California registran una variación anual positiva durante junio.
Es de esperar que con el sistema de semáforos del sistema sanitario nacional y, desde luego, con el decidido aporte de todos y cada uno de los mexicanos para reducir los efectos de la pandemia a su mínima expresión (“hay que aprender a vivir con ella, advierte el doctor López-Gattel), la situación económica mejore y, por lo mismo, también el panorama laboral.
En vía de mientras, el IMSS reveló que al cierre de junio pasado el salario base de cotización de los trabajadores asegurados en el instituto promedió 407.3 pesos, lo que representa un incremento anual nominal de 8.1 por ciento, el más alto para un mes igual en los últimos 10 años; desde enero de 2019, el salario base de cotización registra crecimientos anuales nominales superiores a 6 por ciento. Por lo que toca a los patrones, al 30 de junio se tenían registrados poco más de un millón.
Las rebanadas del pastel
Tras el llamado del doctor Hugo Ló-pez -Gattel (corresponsabilidad de todos para el control de la pandemia), la mafia de los gobernadores panistas chantajea para evitar que sobre los estados recaigan todas las obligaciones, mientras se preservan los derechos para el gobierno federal. Salvo endeudar a sus respectivas entidades, nada ha hecho para ampliar la captación interna ni maximizar los recursos que llegan de la Federación pero, eso sí, por gritos y sombrerazos no paran. Como muestra, un botón, que lo pinta muy bien: su nuevo presidente, Francisco Domínguez, mandatario de Querétaro, es el mismo que mintió al proporcionar el número real de camas disponibles para pacientes de Covid-19 y que por sus calzones reclasificó el color de semáforo en el que se encontraba la entidad (ver nota de Mariana Chávez, corresponsal de La Jornada (https://www.jornada.com.mx/2020/ 07/01/estados). Y en el mismo camino transita el tapatío Enrique Alfaro.
cfvmexico_sa@hotmail.com
