Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que cerca de 80 por ciento de la inversión en medicamentos que se realice en 2021 –equivalente a alrededor de 60 mil millones de pesos–, se hará a través de licitaciones a cargo de la Organización Mun-dial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De acuerdo con Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU, organismo al que se encuentran adscritas la OMS y la OPS), una vez que se pongan en marcha los convenios necesarios, el Estado no tendrá que efectuar cada licitación de manera individual, sino que las agencias mencionadas las gestionarán en conjunto. Con esta medida, que complementa a la consolidación de las adquisiciones del sector público implementada en el primer semestre del año, será posible ejercer un mejor control y fiscalización de las compras, obtener mejores precios por tratarse de operaciones al mayoreo, y cerrar muchos de los canales de corrupción existentes en los procesos de licitación que hasta ahora se encontraban dispersos en una multitud de instancias federales y locales.
Sin embargo, debe considerarse que esta política no pondrá fin por sí misma a todos los problemas existentes en el abasto de medicamentos y otros artículos imprescindibles para el sector salud. En primer lugar, debe tenerse presente que en el contexto actual ninguna instancia se encuentra libre del riesgo de incurrir en actos de corrupción, ya sea por una podredumbre sistémica o por la falta de probidad de alguno de sus miembros.
Lo anterior, que es cierto para las organizaciones de los sectores público, privado y social, debe aplicarse también para la OMS y a su rama hemisférica, por lo que será ineludible desarrollar mecanismos de vigilancia de las operaciones que realicen con dinero del erario mexicano. Por otra parte, es sabido que no todos los quebrantos al bien público tienen lugar en la fase de adquisición de bienes: una parte desconocida, pero sin duda sustancial, de los desvíos se perpetra una vez que el material ha llegado a los institutos encargados de distribuirlos entre la población.
En este sentido, los fuertes indicios de irregularidades en el manejo de material médico en niveles intermedios del aparato de salud pública obligan a las autoridades federales y estatales a robustecer y agilizar sus sistemas de vigilancia. De no hacerlo, los medicamentos adquiridos no llegarán a quienes los necesitan, por muy transparentes que sean los mecanismos de licitación.
A la supervisión gubernamental debe sumarse una vigilancia ciudadana, pues solamente la denuncia constante de cualquier mala práctica detectada permitirá erradicar estos delitos, que no sólo atentan contra los recursos públicos, sino que constituyen un execrable ejemplo de lucro a expensas de la salud y la vida de miles de personas.
México SA
Empleo y Covid-19 // Regresa Lozoya
Carlos Fernández-Vega
Desde 2018 se veía venir una nueva crisis económica (característica del modelo neoliberal), pero la repentina aparición del bicho sólo la aceleró y profundizó, y hoy el mundo se jalonea entre decisiones que privilegian la vida y las que intenta imponer el gran capital para que sus abundantes negocios no dejen de producir ganancias, porque, a su juicio, lo demás es lo de menos.
Sin duda el sector laboral resultó el primer afectado por la pandemia y de la noche a la mañana no sólo desaparecieron millones de empleos en todo el planeta, sino que el de por sí deteriorado poder adquisitivo de la mayoría se hundió aún más. En consecuencia, las estimaciones internacionales sobre el crecimiento de la pobreza se modifican –al alza, desde luego– día tras día.
Para el caso mexicano, más allá de los empleos cancelados, en pocos meses las principales empresas contratistas de la construcción, de la industria automotriz, de la electrónica, el comercio y el turismo han reducido en los hechos 25 por ciento los salarios, lo que provoca una disputa intersectorial entre los trabajadores por mantener el empleo, incluso a costa de aceptar peores condiciones salariales y laborales, advierte el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM en su más reciente análisis –del que se toman los siguientes pasajes– de la realidad nacional ( Los costos sociales por la pandemia de Covid-19).
Para tratar de nivelar su calidad de vida, los trabajadores han tenido que aumentar el tiempo laboral, rebasando las ocho horas que la ley establece, por lo que se normalizaron jornadas de 12 o hasta 16 horas por día. En 1988 existían poco más de 2 millones de trabajadores que laboraban más de 48 horas semanales; para 2019 el registro superó los 15 millones, lo que significa una tasa de crecimiento acumulada de 750 por ciento, es decir, el gobierno mexicano durante la fase neoliberal ha precarizado brutalmente el mercado de trabajo.
En el primer trimestre de 2020 se observa una disminución del número de trabajadores que han tenido que laborar más de 48 horas a la semana y ello se debe, en gran medida, al incremento del desempleo y como resultado de la implantación del llamado trabajo en casa, que en realidad implica rebasar por mucho la barrera legal, pues para cumplir con los estándares productivos laborales el trabajador se impone jornadas que se extienden hasta 16 horas diarias, con grandes ahorros para los empresarios.
Las consecuencias sociales que tendrá el aumento del desempleo mundial y la pérdida de las fuentes de trabajo por la pandemia son clara muestra de una guerra que como pocas veces se ha visto en contra de los trabajadores del mundo. De acuerdo con el propio Banco Mundial y la OIT, para el presente año se estima una pérdida mundial de 350 millones de empleos.
Lo anterior tendrá efectos negativos en las formas de contratación en todo el mundo, dejando en la informalidad a prácticamente 2 mil 150 millones de trabajadores, casi un tercio de la población mundial, o si se prefiere algo así como 55 por ciento de los habitantes de este planeta en condiciones de trabajar. Ello desencadenará, por un lado, un mayor número de conflictos laborales en el mundo y, por otro, una mayor presión hacia las direcciones sindicales para ceder en las necesidades de los capitalistas por instrumentar una serie de medidas que permitan aumentar los niveles de explotación y precarización de los trabajadores buscando contrarrestar la caída tendencial de la tasa media de ganancia.
En el caso de México, lo que han tenido que hacer las familias es integrar al mercado laboral cuando menos a tres de sus miembros, en condiciones de subcontratación y sin prestaciones, de tal suerte que, para el primer trimestre de 2020, eran ya más de 13 millones de subordinados y remunerados sin prestaciones.
Las rebanadas del pastel
Emilio Lozoya viene de regreso (la FGR ya le envió avión), con la expresa voluntad (versión oficial) de encender el ventilador e involucrar a sus ex compañeritos de la escuela de rateros. ¿Quién será el primero en caer? Se reciben apuestas.
cfvmexico_sa@hotmail.com
