La propuesta de celebrar un Día Mundial del Agua para recordar la relevancia de ese líquido esencial data de 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución para que el 22 de marzo se celebrara el Día Mundial del Agua. Se sumarían después otros actos, como el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua 2013 y en el actual decenio Agua para el Desarrollo Sostenible, 2018-2028. El propósito es insistir en que la conservación de las fuentes hídricas y de saneamiento son clave para combatir la pobreza, lograr un crecimiento económico menos injusto y con medio ambiente sostenible.
Todo lo anterior adquiere mayor importancia, pues más de 2 mil 300 millones de personas no tienen acceso al agua potable y el planeta enfrenta una crisis mundial de tan indispensable líquido. Entre los objetivos del desarrollo sostenible aprobados por la comunidad internacional destaca que dentro de 10 años la población mundial disponga de agua potable y saneamiento en sus viviendas.
Ese objetivo se frustra por el crecimiento de la población, las demandas de la agricultura y la industria y el cambio climático. La celebración del Día Mundial del Agua de este año sirvió para insistir en los graves desequilibrios que existen mundialmente en disponibilidad del recurso y su distribución desigual; cómo las políticas para privatizar un bien público siguen adelante en muchos países en perjuicio de la población. Y que el agua es indispensable para combatir el Covid-19. Por doquier se repite lavarse las manos para detener la propagación del virus. Pero 3 mil millones de personas no tienen agua suficiente para hacer realidad dicha práctica.
Eso ocurre en muchas partes de México, donde más de 9 millones de habitantes carecen de acceso al agua vía una toma en sus viviendas. Si bien las estadísticas oficiales señalan que en el medio rural 85 por ciento de ellas están conectadas a la red hidráulica, y en las urbanas más de 97 por ciento, el líquido no les llega en forma permanente ni de buena calidad. El ejemplo visible se tiene en las grandes urbes. En la capital del país, el caso emblemático es la alcaldía de Iztapalapa. Y en el estado de México, los populosos municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chalco.
Además, el agua distribuida deja mucho qué desear. Aunque en el sistema de distribución se inyecta como potable, al llegar a los hogares no lo es por mal estado de la red, extraerse cada vez a mayor profundidad y no estar limpias las cisternas y tinacos de almacenamiento. La gente suple entonces sus carencias comprándola en garrafones. Esto le significa una erogación que afecta especialmente a las familias pobres. La demanda de agua embotellada es el negocio más redituable y creciente del país en beneficio de las trasnacionales de refrescos y comida chatarra.
Aunque hay un impuesto destinado a dotar de agua potable a las escuelas del país, miles todavía no reciben el líquido. Otra fuente de ingresos para las embotelladoras de agua y refrescos que dañan la salud de los jóvenes.
Y en cuanto a la obligación de los centros urbanos de tratar sus aguas negras, ninguno la cumple al igual que miles de empresas.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, las instancias gubernamentales del país recordaron el contenido del Plan Nacional Hidráulico: lograr el uso sustentable del agua en las ciudades, el medio rural, las actividades económicas y los servicios. Garantizar el abasto ante sequías e inundaciones; contar con sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas negras; utilizar las herramientas técnicas, científicas y tecnológicas más efectivas para lograr todo lo anterior.
Igualmente, que los servicios para proveer de agua y drenaje a la población no deben privatizarse, pues son un bien público y un derecho humano consagrado en la Carta Magna. Un recordatorio oportuno, ya que ciertas ramas de la economía se benefician del agua a costa de la población rural. La minería, por ejemplo, que ocasiona también daños al ambiente y la salud.
No basta proclamar que el agua es un bien público, derecho humano. Ahora escasea virtualmente en todo el país, los embalses están en niveles críticos al igual que los mantos freáticos; falta en el agro para la población y las siembras. El peor de los escenarios en medio del optimismo oficial.
Caminos legales, no cierres fronterizos
Ana María Aragonés
El reciente viaje a México de funcionarios estadunidenses planteó como solución al problema migratorio el cierre de fronteras, para supuestamente detener no sólo a los centroamericanos, sino a los propios mexicanos. Justificó en parte esta estrategia por tener que aplicar el protocolo 42 debido a la pandemia y los posibles contagios. Las autoridades estadunidenses y mexicanas señalan enfáticamente que se busca establecer una migración ordenada y regular; sin embargo, no hay pistas de cómo quieren lograrlo y qué quiere decir con esto el gobierno de Estados Unidos, porque, justamente, ese ha sido el problema, la falta de caminos ordenados, legales, seguros y el cierre de las opciones para tramitar el asilo, razón por la cual los migrantes se ven en la dolorosa necesidad de travesías trágicas y al final tener que vivir como indocumentados. Cerrar fronteras no sólo no permite revertir los flujos migratorios, sino que se promueve a traficantes de personas, coyotes y polleros, quienes hacen su agosto, engañan a los migrantes al asegurarles pasarlos a Estados Unidos y, al menor problema los abandonan pero eso sí, llevándose miles de dólares en los bolsillos.
Urgen acciones directas, contundentes e integrales para frenar esas tragedias y dar paso a formas civilizadas y de beneficio múltiple para todas las partes. Lo primero y urgente son las actividades que los diplomáticos miembros de la embajada y consulados mexicanos en Estados Unidos deben llevar a cabo con el objetivo de contactar a legisladores para convencerlos de lo justo de la reforma migratoria integral propuesta por el presidente Joe Biden, apoyarse en los muy importantes grupos de activistas en favor de los migrantes que han hecho una tarea extraordinaria, así como otras instancias de abogados. Hay que recordar que se requieren 67 votos y los demócratas tienen 50.
La reforma migratoria integral debe ser un objetivo prioritario para México, porque de 11 millones de indocumentados en EU, más de 5 millones son mexicanos. Trabajadores que llevan décadas con la espada de Damocles sobre la cabeza, a pesar de pagar impuestos, tener hijos ciudadanos estadunidenses, pero marginados de los beneficios que una vida laboral intensiva debería otorgarles. Por otro lado, es probable que algunos sean familiares de esos niños migrantes no acompañados que se encuentran en refugios en la frontera y, por temor a la deportación, se retrasa su posible reunificación.
Otra acción que debe ponerse en marcha es proponer programas de trabajadores, pero de ninguna manera pueden ser temporales, sino con opción a la residencia permanente después de un tiempo de laborar y que sea decisión del propio trabajador. Hay que eliminar los trabajos en el marco de las famosas visas, entre ellas la H2A para trabajadores agrícolas. Cada año acuden decenas de autobuses repletos de campesinos que trabajan durante ocho meses. Lo primero que hacen los representantes de los granjeros es quitarles los documentos, para evitar que puedan irse, se les asigna un granjero, y si éste no cumple con lo acordado y abusa del trabajador, tienen que aguantarse, porque si se quejan van a las listas negras y no los vuelven a contratar; si llueve y no pueden trabajar se les descuentan los días, si se enferman les descuentan los días y tienen que pagar de su salario al médico, y al final regresan al país sin obtener nada, ni retiro, ni movilidad social, ni antigüedad. Esta es una forma de trabajo esclavo que no puede ni debe continuar.
Tan importante es atacar las causas que promueven los desplazamientos humanos en condiciones de enorme vulnerabilidad y peligro para todos, enmarcadas en la privación para una vida digna y segura en sus países de origen, como las restricciones comerciales impuestas por las regiones ricas que dificultan el desarrollo. Como señala Stephen Castles, las políticas del norte en materia de comercio, cooperación internacional y asuntos internacionales son las principales causas de los flujos migratorios que las políticas migratorias del propio norte pretenden controlar.
Por ello es fundamental poner en marcha el Plan de Desarrollo Integral para el Norte de Centroamérica y el Sur-Sureste de México, propuesto por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) enfocado en el desarrollo de la región. Resulta innovador por adoptar el enfoque de seguridad humana, como seguridad en el empleo, ingresos, educación, salud, protección social y medios de vida. Es considerado como el esfuerzo más integral a escala mundial para eliminar la migración forzada por necesidad y sobrevivencia.
Si bien es urgente que los países de la región lo adopten y trabajen arduamente para hacerlo realidad, es igual de importante que Estados Unidos se comprometa con las propuestas de este plan si verdaderamente le interesa la migración regular, ordenada y legal.
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