La determinación fue criticada por el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, que el pasado fin de semana envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, una carta en la que cuestionó la aplicación oficiosa del derecho de amparo a quienes no lo pidieron, así como la competencia de Gómez Fierro en el caso, y pidió que el Consejo de la Judicatura Federal, que también encabeza Zaldívar Lelo de Larrea, investigue la legalidad de la actuación de Gómez Fierro.
En su respuesta, el presidente del Poder Judicial ofreció a López Obrador remitir la queja contra Gómez Fierro al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso proceda, en el marco de la autonomía del Poder Judicial. Ambos documentos fueron hechos del dominio público.
Ciertamente, la pública inconformidad de López Obrador ante el amparo otorgado por Gómez Fierro planteó un conflicto entre poderes, una circunstancia que no es inusual en las prácticas democráticas, por más que en México tal situación resultara extremadamente rara: en el pasado las discordancias entre el Ejecutivo y el Judicial solían gestionarse en forma soterrada y fuera de la mirada de la sociedad y casi siempre se resolvían en favor del primero, mediante el tutelaje de facto que la Presidencia ejercía sobre los otros dos Poderes de la Unión, en el marco de lo que fue bautizado con cinismo como facultades metaconstitucionales del titular del Ejecutivo federal.
A la luz de esos antecedentes, el intercambio entre el mandatario y el ministro Zaldívar Lelo de Larrea es un hecho inédito por su transparencia y por la manera abierta de dirimir un asunto de evidente interés público. Tanto la carta de López Obrador como la del titular del Poder Judicial están redactadas en un tono respetuoso al estado de derecho y en ambas resalta la disposición a observar los mecanismos legales previstos para tales casos.
Todo indica que el litigio seguirá por los cauces legales previstos: por una parte, es previsible que el gobierno federal eleve el diferendo a una segunda instancia o al ámbito de la propia SCJN y, por el otro, corresponderá a la Judicatura Federal decidir si es procedente o no la petición presidencial de emprender una investigación sobre los actos de Gómez Fierro. Por lo pronto, el episodio sienta un precedente positivo de transparencia e institucionalidad en la relación entre ambos poderes.
México y EU sortean a duras penas la presión migratoria en su frontera
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Foto/AFP
HOUSTON, 15 de marzo . — Los gobiernos de México y EU sorteaban a duras penas la presión migratoria que se veía venir en la frontera tras el fin de la era de la tolerancia cero de Donald Trump y el fin del infame programa de "Permanece en México.
Mientras del lado estadounidense centenares de niños y adolescentes inmigrantes se encuentran detenidos en condiciones de hacinamiento en una instalación de tiendas de campaña de la Patrulla Fronteriza, del lado mexicano la presión, y la desesperación, aumentan rápidamente entre las familias atrapadas en México.
Las esperanzas de los migrantes han sido alimentadas por los coyotes que prometen que el gobierno del presidente Joe Biden los recibirá.
Al sur de la frontera, los refugios y los funcionarios tienen dificultades para ayudar a estos contingentes.donde algunos duermen en el piso porque las colchonetas son insuficientes, según abogados de organizaciones sin fines de lucro que supervisan centros de reclusión de inmigrantes.
Del lado estadounidense, los abogados entrevistaron el pasado jueves a más de una docena de niños en Donna, Texas, donde la Patrulla Fronteriza tiene a más de 1.000 personas. Algunos jóvenes dijeron a los abogados que han permanecido una semana o más en ese lugar a pesar del límite de detención de tres días que tiene la agencia para el caso de menores. Muchos dijeron que no se les ha permitido llamar por teléfono a sus padres ni a parientes que podrían estar preguntándose dónde se encuentran.
A pesar de las preocupaciones por el coronavirus, los menores son mantenidos a una distancia tan estrecha que pueden tocar a quien esté al lado, según los abogados. Algunos tienen que esperar cinco días o más para bañarse, y no siempre hay jabón disponible, sólo shampoo, añadieron.
El gobierno del presidente Joe Biden negó a los abogados el acceso a la instalación de tiendas de campaña. Durante el gobierno del expresidente Donald Trump, las visitas de abogados a estaciones de la Patrulla Fronteriza sacaron a la luz problemas serios, como el encierro de docenas de niños en una estación rural sin suministro adecuado de alimentos, agua y jabón.
“Es bastante sorprendente que el gobierno hable de la importancia de la transparencia y luego no permita a los abogados de los menores ver dónde se están quedando", dijo una abogada, Leecia Welch, del Centro Nacional para el Derecho de la Juventud. “Me parece muy decepcionante”.
Aunque ninguno de los menores informó de situaciones tan severas como las que existían durante el gobierno de Trump, Welch dijo que los abogados “no pudimos hacer la corroboración por nosotros mismos, así que sólo reconstruimos lo que contaron”.
Un arreglo judicial de 1997, conocido como el acuerdo Flores, estableció las normas a las que debe sujetarse la detención de niños inmigrantes por parte del gobierno. En conformidad con ese acuerdo, los abogados tienen derecho a supervisar la detención de los menores. El Departamento de Justicia declinó el jueves hacer declaraciones sobre el motivo por el que se negó el acceso a los abogados. El gobierno de Biden no ha respondido a diversas solicitudes de The Associated Press para que le permita ingresar en la instalación.
Las cifras gubernamentales muestran una crisis creciente debido a la detención de centenares de niños que cruzan a diario la frontera. Actualmente la Patrulla Fronteriza tiene la cifra histórica de más de 3.000 menores detenidos, según cifras oficiales obtenidas por la AP. Ese número sube casi a diario.
Un número mayor de niños permanecen más tiempo del establecido en custodia de la Patrulla Fronteriza porque las instalaciones de largo plazo a cargo del Departamento de salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) están prácticamente llenas. Centenares de niños son capturados a diario a un ritmo que rebasa por mucho el de su entrega por parte del HHS a parientes o patrocinadores. El HHS tarda en promedio 37 días para entregar a un menor.
Biden ha puesto fin a la práctica del gobierno de Trump de expulsar a los niños inmigrantes que cruzan solos la frontera, pero mantiene la deportación de familias de inmigrantes y adultos solos. Aunque su gobierno ha intentado disuadir el ingreso de inmigrantes en Estados Unidos, muchos de ellos consideran que ahora tienen más oportunidades. También han aumentado los reportes sobre padres que envían a sus hijos a que crucen solos la frontera mientras ellos permanecen en México o América Central.
La mayoría de las estaciones de la Patrulla Fronteriza fueron diseñadas para una reclusión breve de adultos, con celdas frías de concreto e iluminación siempre encendida. La instalación de tiendas de campaña de Donna tiene divisiones y colchonetas para dormir, según imágenes difundidas por el gobierno.
Seis niños fallecieron después de que agentes fronterizos los detuvieran durante el gobierno de Trump. Uno murió de gripa en la estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco, Texas, donde hay menores recluidos.
El HHS ha dicho a sus contratistas que cancelen las restricciones de cupo decretadas durante la pandemia y agilicen la entrega de los menores pagándoles el boleto de avión, en lugar de cobrárselo a los patrocinadores.
No obstante, expertos y abogados que trabajan con menores aseguran que el gobierno puede hacer más.
Aunque la mayoría de los menores detenidos por el gobierno son adolescentes, la Patrulla Fronteriza y el HHS mantienen recluidos a niños muy chicos que en algunos casos fueron separados de los adultos que los cuidaban.
The Associated Press entrevistó esta semana a la madre de una niña de 4 años de Guatemala que cruzó la frontera el 5 de marzo con su tía. Las autoridades fronterizas expulsaron a la tía y determinaron que la niña estaba sin un adulto acompañante, colocándola en la instalación de tiendas de campaña de Donna.
Los padres de la niña viven en Maryland. Su madre dijo a la AP que se enteró del paradero de su hija hasta el domingo y pudo conversar con ella el lunes. Según la madre, la niña fue incapaz de hablar durante la llamada telefónica de casi 20 minutos. La AP no identificó a la menor ni a la madre para proteger la privacidad de la niña.
“Ella lloraba como si algo estuviera pasándole, como si estuviera asustada”, dijo la madre esta semana. “Yo comencé a llorar cuando la escuché así. No me parecía bien”.
Los padres solicitaron que la niña les fuera entregada directamente, pero el lunes la menor fue enviada del sur de Texas a custodia temporal en Michigan.
Cuando la niña habló con su madre el martes en la mañana ya no estaba llorando, pero aún no podía pronunciar palabra.
“No decía nada”, dijo la madre. “Intenté todo pero nada”.
Seguridad Nacional y el HHS dijeron inicialmente que no podían entregar directamente a la niña a su madre. Pero después de que los abogados advirtieran que presentarían una demanda y la AP hiciera algunas indagaciones, el gobierno avisó el miércoles a la madre que le entregaría a la niña rápidamente.
Amy Maldonado, abogada de la familia, dijo que los procesos a menudo complicados del gobierno y los espacios inadecuados para mantener a niños en la frontera anteceden al gobierno de Biden.
No lo responsabilizo de todo”, afirmó Maldonado. “Pero esta niña podía ser entregada a su mamá y eso recae en el gobierno actual”.
Foto/AFP
HOUSTON, 15 de marzo . — Los gobiernos de México y EU sorteaban a duras penas la presión migratoria que se veía venir en la frontera tras el fin de la era de la tolerancia cero de Donald Trump y el fin del infame programa de "Permanece en México.
Mientras del lado estadounidense centenares de niños y adolescentes inmigrantes se encuentran detenidos en condiciones de hacinamiento en una instalación de tiendas de campaña de la Patrulla Fronteriza, del lado mexicano la presión, y la desesperación, aumentan rápidamente entre las familias atrapadas en México.
Las esperanzas de los migrantes han sido alimentadas por los coyotes que prometen que el gobierno del presidente Joe Biden los recibirá.
Al sur de la frontera, los refugios y los funcionarios tienen dificultades para ayudar a estos contingentes.donde algunos duermen en el piso porque las colchonetas son insuficientes, según abogados de organizaciones sin fines de lucro que supervisan centros de reclusión de inmigrantes.
Del lado estadounidense, los abogados entrevistaron el pasado jueves a más de una docena de niños en Donna, Texas, donde la Patrulla Fronteriza tiene a más de 1.000 personas. Algunos jóvenes dijeron a los abogados que han permanecido una semana o más en ese lugar a pesar del límite de detención de tres días que tiene la agencia para el caso de menores. Muchos dijeron que no se les ha permitido llamar por teléfono a sus padres ni a parientes que podrían estar preguntándose dónde se encuentran.
A pesar de las preocupaciones por el coronavirus, los menores son mantenidos a una distancia tan estrecha que pueden tocar a quien esté al lado, según los abogados. Algunos tienen que esperar cinco días o más para bañarse, y no siempre hay jabón disponible, sólo shampoo, añadieron.
El gobierno del presidente Joe Biden negó a los abogados el acceso a la instalación de tiendas de campaña. Durante el gobierno del expresidente Donald Trump, las visitas de abogados a estaciones de la Patrulla Fronteriza sacaron a la luz problemas serios, como el encierro de docenas de niños en una estación rural sin suministro adecuado de alimentos, agua y jabón.
“Es bastante sorprendente que el gobierno hable de la importancia de la transparencia y luego no permita a los abogados de los menores ver dónde se están quedando", dijo una abogada, Leecia Welch, del Centro Nacional para el Derecho de la Juventud. “Me parece muy decepcionante”.
Aunque ninguno de los menores informó de situaciones tan severas como las que existían durante el gobierno de Trump, Welch dijo que los abogados “no pudimos hacer la corroboración por nosotros mismos, así que sólo reconstruimos lo que contaron”.
Un arreglo judicial de 1997, conocido como el acuerdo Flores, estableció las normas a las que debe sujetarse la detención de niños inmigrantes por parte del gobierno. En conformidad con ese acuerdo, los abogados tienen derecho a supervisar la detención de los menores. El Departamento de Justicia declinó el jueves hacer declaraciones sobre el motivo por el que se negó el acceso a los abogados. El gobierno de Biden no ha respondido a diversas solicitudes de The Associated Press para que le permita ingresar en la instalación.
Las cifras gubernamentales muestran una crisis creciente debido a la detención de centenares de niños que cruzan a diario la frontera. Actualmente la Patrulla Fronteriza tiene la cifra histórica de más de 3.000 menores detenidos, según cifras oficiales obtenidas por la AP. Ese número sube casi a diario.
Un número mayor de niños permanecen más tiempo del establecido en custodia de la Patrulla Fronteriza porque las instalaciones de largo plazo a cargo del Departamento de salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) están prácticamente llenas. Centenares de niños son capturados a diario a un ritmo que rebasa por mucho el de su entrega por parte del HHS a parientes o patrocinadores. El HHS tarda en promedio 37 días para entregar a un menor.
Biden ha puesto fin a la práctica del gobierno de Trump de expulsar a los niños inmigrantes que cruzan solos la frontera, pero mantiene la deportación de familias de inmigrantes y adultos solos. Aunque su gobierno ha intentado disuadir el ingreso de inmigrantes en Estados Unidos, muchos de ellos consideran que ahora tienen más oportunidades. También han aumentado los reportes sobre padres que envían a sus hijos a que crucen solos la frontera mientras ellos permanecen en México o América Central.
La mayoría de las estaciones de la Patrulla Fronteriza fueron diseñadas para una reclusión breve de adultos, con celdas frías de concreto e iluminación siempre encendida. La instalación de tiendas de campaña de Donna tiene divisiones y colchonetas para dormir, según imágenes difundidas por el gobierno.
Seis niños fallecieron después de que agentes fronterizos los detuvieran durante el gobierno de Trump. Uno murió de gripa en la estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco, Texas, donde hay menores recluidos.
El HHS ha dicho a sus contratistas que cancelen las restricciones de cupo decretadas durante la pandemia y agilicen la entrega de los menores pagándoles el boleto de avión, en lugar de cobrárselo a los patrocinadores.
No obstante, expertos y abogados que trabajan con menores aseguran que el gobierno puede hacer más.
Aunque la mayoría de los menores detenidos por el gobierno son adolescentes, la Patrulla Fronteriza y el HHS mantienen recluidos a niños muy chicos que en algunos casos fueron separados de los adultos que los cuidaban.
The Associated Press entrevistó esta semana a la madre de una niña de 4 años de Guatemala que cruzó la frontera el 5 de marzo con su tía. Las autoridades fronterizas expulsaron a la tía y determinaron que la niña estaba sin un adulto acompañante, colocándola en la instalación de tiendas de campaña de Donna.
Los padres de la niña viven en Maryland. Su madre dijo a la AP que se enteró del paradero de su hija hasta el domingo y pudo conversar con ella el lunes. Según la madre, la niña fue incapaz de hablar durante la llamada telefónica de casi 20 minutos. La AP no identificó a la menor ni a la madre para proteger la privacidad de la niña.
“Ella lloraba como si algo estuviera pasándole, como si estuviera asustada”, dijo la madre esta semana. “Yo comencé a llorar cuando la escuché así. No me parecía bien”.
Los padres solicitaron que la niña les fuera entregada directamente, pero el lunes la menor fue enviada del sur de Texas a custodia temporal en Michigan.
Cuando la niña habló con su madre el martes en la mañana ya no estaba llorando, pero aún no podía pronunciar palabra.
“No decía nada”, dijo la madre. “Intenté todo pero nada”.
Seguridad Nacional y el HHS dijeron inicialmente que no podían entregar directamente a la niña a su madre. Pero después de que los abogados advirtieran que presentarían una demanda y la AP hiciera algunas indagaciones, el gobierno avisó el miércoles a la madre que le entregaría a la niña rápidamente.
Amy Maldonado, abogada de la familia, dijo que los procesos a menudo complicados del gobierno y los espacios inadecuados para mantener a niños en la frontera anteceden al gobierno de Biden.
No lo responsabilizo de todo”, afirmó Maldonado. “Pero esta niña podía ser entregada a su mamá y eso recae en el gobierno actual”.
