Ante nuestros ojos, el colonialismo revive mostrándonos que el acaparamiento de terrenos para exploración minera continúa. Hoy aumenta el interés por el litio y las empresas extranjeras preparan su defensa para seguir saqueando. El compromiso de parar esta nueva colonización no sólo corresponderá al presente gobierno, sino también al que viene, así como a los congresos futuros.
No es una cuestión de sexenios, es una tarea permanente y de toda la sociedad, de las autoridades presentes y de las futuras, hasta terminar con este abuso continuo e histórico. El hecho de que se hayan otorgado un porcentaje inadmisible de hectáreas a las empresas extranjeras, en el siglo XXI, es una muestra del atraso democrático.
La historia de la explotación minera extranjera en México es muy larga. Lo increíble es que todavía forme parte de la realidad del país. Desde finales del siglo XIX se ha tenido demasiada consideración a las empresas privadas. El pretexto ha sido el supuesto beneficio de la inversión extranjera.
No se ha dado oportunidad a la industria minera mexicana para desarrollarse al máximo. Empresas estadunidenses y canadienses, básicamente, han tenido siempre un contrato ejecutándose en nuestro territorio. Volvemos al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice:
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
“(Reformado, Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992). La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.”
Los intereses canadienses siguen aquí, nunca se han ido. Sus metas han sido obtener las mejores condiciones para sus empresas y para su gobierno. Como en la conquista, pretenden cambiar oro por cuentas de vidrio. Es dudosa la supuesta política de solidaridad con la población del país, del que están extrayendo grandes cantidades de metales y otros elementos. Es poco creíble que vengan a apoyar para disminuir la pobreza. En cuanto a la empresa canadiense que actualmente tiene interés en seguir extrayendo el litio, no ha presentado una propuesta al gobierno de la Cuarta Transformación.
Son interesantes los trabajos de investigación acerca de la resistencia popular en contra de los trabajos de minería que afectan y han afectado, desde hace años, a la población local. Los mismos estudiosos canadienses han escrito sobre el daño de las empresas de su país y sobre la forma en que han dañado económicamente con diversos proyectos mineros locales.
La Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (ACDI) apoya “a las empresas canadienses (en el extranjero) para aliviar la pobreza… En otras palabras, a la ACDI le toca engañar con regalos a las poblaciones locales para que las mineras puedan más fácilmente saquear los recursos.”
En cuanto a la extracción del litio, éstas son algunas empresas extranjeras y otras eventuales que han tenido interés en invertir o han invertido en México: Citic Guoan Group, LG (Corea del Sur), Sutti Courtade, Advance Gold Corporation, aprovechando, sobre todo, las máximas garantías y facilidades que los gobiernos anteriores les ofrecieron.
El interés continúa, aunque no conocemos a fondo las condiciones actuales de los contratos y si éstos permitirán desarrollar la tecnología mexicana que, ya se sabe, se está estudiando en el Cinvestav para beneficio de la industria minera nacional.
Hoy, con la revisión de contratos, se tendrá una resolución justa. Con las modificaciones al artículo 27 constitucional se tendrá mayor seguridad para que no se cometan más abusos con los recursos naturales que, no hay que olvidarlo, pertenecen de manera absoluta al pueblo de México.
antonio.gershenson@gmail.com
Aplicaciones de reparto: simulación y precarización
Además del personal sanitario, hay un grupo de trabajadores cuya función se volvió vital para millones de personas durante la pandemia en curso: los repartidores al servicio de las plataformas de aplicaciones, quienes llevan comida, medicinas, víveres y todo tipo de productos a quienes no pueden salir de sus hogares o han decidido permanecer en ellos para prevenir contagios.
Pese a su contribución a reducir la propagación del Covid-19 y a mantener la marcha de la economía durante el confinamiento, los repartidores son víctimas de formas extremas de precarización laboral, con ingresos promedio de 300 pesos por jornadas de 10 horas diarias, negación de su estatus de empleados, exposición constante a los accidentes viales y carencia de seguridad social para encarar las consecuencias físicas y económicas. Entrevistados por este diario, repartidores de UberEats, Rappi y DidiFood manifestaron que sólo la última de estas empresas les ha entregado equipos de protección ante el coronavirus. Como sucede en múltiples ámbitos, las agresiones sexuales son un elemento adicional de hostilidad para las mujeres dedicadas al reparto.
Las plataformas involucradas en esta forma de simulación suelen justificarla con discursos basados en las presuntas virtudes de la flexibilidad y en la falacia de que sus repartidores o conductores no son empleados, sino socios o contratistas independientes, ya que pueden decidir cuándo y cómo prestar sus servicios. En los hechos, existen tiempos mínimos que los trabajadores deben cubrir para no ser dados de baja de las aplicaciones; para cubrir sus necesidades se ven forzados a trabajar jornadas más largas que los empleados formales y deben apegarse a protocolos y reglamentos que anulan la supuesta autonomía en que se basa la justificación ideológica de las nuevas formas de explotación.
Las plataformas de aplicaciones no inventaron la perversa práctica de clasificar a sus empleados como contratistas o asociados para negar la existencia de cualquier vínculo laboral y eludir sus obligaciones patronales y fiscales. Sin embargo, han llevado a un nuevo nivel esta forma de despojo al trasladar todos los costos operativos a los trabajadores, quienes deben proporcionar no sólo su mano de obra, sino también cada uno de los instrumentos de trabajo, desde la conexión a Internet y los teléfonos celulares, hasta bicicletas o motocicletas; así como la gasolina, los seguros y las refacciones que conlleva el uso de sus vehículos. Pese a lo que los clientes de estas aplicaciones suelen creer, los repartidores cargan incluso con el costo de la mochila en la cual cargan los alimentos, que las empresas les venden en 500 pesos. Para colmo, les hacen pagar los impuestos generados en cada pedido, mermando sus de por sí exiguas percepciones. De esta manera, personas cuyos ingresos apenas rozan 15 dólares diarios pagan los insumos y la tributación de compañías cuyos valores de mercado alcanzan miles de millones de dólares.
Antes de la pandemia, millones de personas ya habían visto cómo el reparto a domicilio les ahorraba tiempo e inconvenientes en la adquisición de todo tipo de bienes, y con la crisis sanitaria la sociedad ha encontrado en los repartidores aliados fundamentales para cuidarse y cuidar a sus seres queridos de un posible contagio. Si los derechos laborales deben defenderse en cualquier circunstancia, es un imperativo ético dignificar las condiciones de quienes exponen sus propias vidas al hacer una labor imprescindible en favor de los demás.
