La vida política boliviana sigue a su ritmo vertiginoso. En poco más de una semana sucedieron dos hechos significativos que no pueden pasar inadvertidos. Primero fue el turno de las elecciones subnacionales y seguidamente tuvo lugar la aprehensión preventiva de la ex presidenta Jeanine Áñez, acusada de terrorismo, sedición y conspiración.
¿Cómo afectan ambos hechos al nuevo tablero político boliviano?
Comencemos por una obviedad: una cita electoral subnacional no es lo mismo que una nacional. En Bolivia eso ha sido así en las últimas décadas. Si echamos la vista atrás, observamos que el MAS siempre obtuvo una votación subnacional de entre 15 y 30 puntos debajo de lo logrado a escala presidencial. En esta ocasión ocurre algo parecido. Luis Arce obtuvo 55 puntos en elecciones generales del año pasado, y ahora el MAS logra 42.5 por ciento de los votos a escala gobernación (gana en tres de los nueve departamentos en primera vuelta y concurre a cuatro en segunda); mientras, a escala municipal, se ganó en 241 de un total de 337 o, visto de otro modo, alcanzó 33.3 por ciento de los votos. La única variable en la que sí hubo retroceso fue en cuanto a capitales más El Alto; obtuvo sólo 24.3 por ciento de votos (sólo se ganó Oruro).
Otra obviedad: el MAS aún es la principal fuerza electoral y política del país, con presencia en todo el territorio boliviano. No hay otro partido que tenga esa capacidad. Existe oposición, sí, pero muy atomizada geográficamente; hay liderazgos locales, sí, pero no a escala país.
Otra característica de la nueva oposición es que se bolsonarizó. La nueva derecha boliviana se escoró hacia el extremo, situándose en muchas ocasiones por afuera de los bordes de la democracia. Camacho, ahora gobernador electo de Santa Cruz, o Iván Arias, ex ministro de Áñez y ahora alcalde de La Paz, son buenos ejemplos de ese nuevo trumpismo latinoamericano que canta fraude cuando pierde, que reniega de la democracia cuando no le conviene y que tiene como centralidad el odio, el odio a lo popular, a lo indígena, a todo avance que implique una ampliación de derechos y libertades, y un freno a sus privilegios.
Pero no toda la nueva oposición es así. Una novedad resultante de esta cita electoral subnacional es que una escisión del MAS, la agrupación Jallalla Bolivia, emerge con fuerza. El caso de Eva Copa, ex presidenta del Senado, es el más notable: ganó la ciudad de El Alto, con una votación altísima. Es la primera vez que una opción que nace del MAS y decide ir por fuera tiene un resultado tan exitoso en una plaza electoral importante. Se trata de un hecho a considerar, nada desdeñable, porque podría tener consecuencias notables en la política boliviana en los próximos años.
Pero esta cita electoral, la subnacional, por muy importante que sea, que lo es, no tiene capacidad por sí sola para explicar el tablero político boliviano. El gobierno de Arce es indudablemente el que concentra la mayor parte de las expectativas de la ciudadanía. El bienestar cotidiano depende de la gestión del presidente en lo económico, en lo social. Tener un bono para salir de la pobreza, encontrar un trabajo, mejorar el ingreso, tener la vacuna, tener acceso a la educación pública y gratuita. Esas son todas las razones que hacen que la centralidad política siga estando el ámbito de la toma de decisiones del presidente.
Hasta ahora, Arce no ha decepcionado en cuanto a su gestión. En apenas cuatro meses, le ha dado tiempo para activar el Bono contra el hambre; ha creado un nuevo régimen de reintegro del IVA para familias de ingresos bajos; ha aumentado el ingreso de los jubilados; ha reducido los precios de los alimentos; ha implementado el impuesto a las grandes fortunas; ha ordenado la capitalización de 100 por ciento de los beneficios de 2020 de la banca; ha ayudado a refinanciar créditos; ha venido reactivando el sector agrario e industrial; ha devuelto el crédito malhabido de Áñez con el FMI y, por último, ha conseguido cientos de miles de dosis de vacunas para una población que había sido abandonada a su suerte.
A partir de aquí, el principal desafío del gobierno de Arce es doble: continuar con las políticas económicas, sociales y sanitarias que traigan resultados satisfactorios e inminentes a las familias bolivianas y procurar el encaje institucional y democrático de los nuevos representantes electos que pregonan posturas manifiestamente antidemocráticas. Es en este sentido que los procesos abiertos por la justicia contra la ex presidenta de facto Jeanine Áñez y parte de su gabinete adquieren una importancia fundamental para la senda de la consolidación democrática en el país. En el nuevo tablero político boliviano no puede haber lugar para la desestabilización, la violencia, el racismo y la ruptura de la democracia.
* Celag
La dictadora al bote
Ángel Guerra Cabrera
La investigación abierta y prisión preventiva contra Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de Bolivia –ex dictadora para mayor exactitud–, y dos ex integrantes de su gabinete, acusados de sedición, conspiración y terrorismo por los hechos que condujeron al golpe de Estado en 2019 contra el presidente Evo Morales, marca un hito fundamental en el restablecimiento del régimen constitucional y de la justicia en ese país. Habría que añadir el efecto ejemplarizante que el hecho tiene para América Latina y el Caribe, donde la impunidad ha sido la regla para los autores de las innumerables rupturas del orden democrático, incluyendo las más recientes contra presidentes de la ola progresista iniciada tras la elección de Hugo Chávez en 1998. Conviene recordar que Áñez se proclamó presidenta del Senado y más tarde presidenta de Bolivia en una sesión en la que sólo había nueve senadores y estaba ausente la mayoritaria bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Eso sí, recibió la banda presidencial de manos del jefe de las fuerzas armadas.
La fiscalía también emitió órdenes de captura contra los ex ministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Interior) y Fernando López (Defensa) y ex jefes militares y policiales. Entre los militares destacan el general Williams Kaliman, jefe de las fuerzas armadas que desencadenó el golpe al pedir la renuncia de Morales, y su sucesor Carlos Orellana, el primero residente actual en Estados Unidos y el segundo en Colombia. Murillo y López se ausentaron del país después de la arrolladora victoria electoral en noviembre de 2020 de los candidatos masistas a presidente y vicepresidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca.
Está también comprendido en esta investigación el recién electo gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los protagonistas fundamentales del golpe, aunque todavía la fiscalía no ha ordenado su captura. Existen más responsables del atentado al orden constitucional, dentro y fuera de Bolivia, unos visibles en extremo, como el secretario general de la fétida Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro; otros más encubiertos, como los oficiales de la CIA participantes en la operación, en estrecha unión con sus colegas británicos.
El portal inglés Declassified UK, dedicado a asuntos de política exterior e inteligencia, revela, citando documentos del Foreign Office, que la embajada británica en La Paz se movió rápidamente para apoyar el régimen golpista con los ojos puestos en los yacimientos bolivianos de litio, los mayores del planeta.
El golpe de Estado comenzó a prepararse con mucha antelación, cuando los medios hegemónicos locales e internacionales, destacadamente CNN y El País, comenzaron a vaticinar con derroche de mendacidad que La Paz preparaba un gran fraude electoral, noción que desgraciadamente caló en la cabeza de muchos dentro y fuera de Bolivia. Sobre esta matriz de opinión se montaron las acciones de Almagro, imprescindibles para precipitar y consumar el golpe, de modo que el uruguayo puede ser considerado tan responsable como Áñez de la muerte de 36 personas en las masacres de Sacaba y Senkata y otros hechos de sangre, como de los 100 heridos y mil 500 presos políticos resultantes de la inmisericorde cacería de demócratas desatada por la dictadura añecista. La cancillería boliviana, que analiza llevar a Almagro a juicio, ha expresado: El señor Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia después del daño profundo que hizo al pueblo boliviano. Sus acciones costaron vidas y debe rendir cuentas.
No ha de extrañar por eso el cínico cuestionamiento del turbio personaje a la posibilidad de un juicio justo en Bolivia para los personeros de la dictadura, actitud con la que una vez más se extralimita en sus funciones e irrespeta la soberanía boliviana. La secretaría general debe atender la naturaleza colegiada de su mandato y abstenerse de confrontarse con un gobierno electo democráticamente como es el boliviano, fustigó la cancillería mexicana.
La medida de prisión contra la ex dictadora y su entorno ha llevado a la activación sediciosa de los llamados Comités Cívicos de la parte oriental y separatista del país, nido de las corrientes más reaccionarias, proimperialistas y antibolivianas, tras los cuales se parapetan los partidos de extrema derecha y derecha. Siempre partidarios del golpismo, estos grupos oligárquicos no pueden aceptar que sean llevados a juicio sus pares del gobierno de facto, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino arder… No cabe duda del liderazgo de Camacho entre ellos, sujeto fascistoide que no tardará en buscar un choque con el gobierno del presidente Arce. El juicio contra Áñez se inserta centralmente en la disputa por nuestra región entre las fuerzas neoliberales, antidemocráticas por definición, y las progresistas, democráticas por vocación.
Twitter: @aguerraguerra
