Carlos Fernández-Vega
Los defensores de lo que cínicamente denominan libre competencia (léase atraco a la nación) en el sector energético del país están verdes de coraje, porque, una vez aprobadas por el Congreso, las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica promovidas por el presidente López Obrador fueron promulgadas y el decreto respectivo publicado, ayer, en el Diario Oficial de la Federación ( DOF).
Desmemoriados, esos mismos defensores que histéricamente se quejaron por la rapidez con que la mayoría morenista en las cámaras de Diputados y Senadores dictaminaron y aprobaron la citada iniciativa presidencial, parece que olvidaron lo que siete años atrás ellos mismos protagonizaron en el Congreso a la hora de aprobar las modificaciones legales propuestas por Enrique Peña Nieto y lo que, en su momento, propuso el tal Borolas.
Por ejemplo, a mediados de 2014 los neoporfiristas del PRI, PAN y PVEM concluyeron la discusión en lo general y lo particular del segundo dictamen de legislación reglamentaria de la reforma energética, con la aprobación de tres leyes que permitirán no sólo avanzar en el desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad, el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras, sino en la privatización del agua, para beneficiar a las empresas de geotermia ( La Jornada, Andrea Becerril).
La reseña subrayaba que a las comisiones respectivas “les bastaron 55 minutos para avalar las leyes de la industria eléctrica y de energía geotérmica, de nueva creación… No hubo debate, sólo presentación de posturas de los grupos parlamentarios, en la que destacaron que no se privatizará la CFE y que la intención es modernizar el sector y ampliar las redes de transmisión; el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad. La iniciativa que Enrique Peña Nieto envió al Senado sobre la nueva ley de la industria eléctrica no consideraba llegar a expropiar tierras y propiedades, pero en el proyecto de dictamen que ya circula en el Senado se incluyó esa medida” ( ídem).
Que digan misa, pero las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) recuperan para la nación lo que los citados desmemoriados entregaron – moches de por medio– al gran capital. Así, lo publicado ayer en el DOF deja en claro que a partir de hoy, miércoles, se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este decreto, y detalla que la Secretaría de Energía, la CRE y el Centro Nacional de Control de Energía dispondrán de un plazo máximo de 180 días naturales para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica, con el fin de alinearlos a lo previsto en el presente decreto.
Un elemento fundamental es que los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la CRE mediante el procedimiento administrativo correspondiente. En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a lo previsto en la LIE.
Además, los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal. En su caso, deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada.
En castellano simple, no más contratos leoninos ni multimillonarios subsidios para los consorcios privados a costillas del erario.
Las rebanadas del pastel
Atento recado para el carismático ex ministro del (d)año: Rosario Robles está dispuesta a aportar pruebas que involucran a Luis Videgaray en el cochinero de la estafa maestra. Cierto es que no es la primera vez que lo anuncia, pero es tal su desesperación por salir de Santa Marta Acatitla que parece que ahora va en serio.
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Gutiérrez de la Torre: poner fin a la impunidad
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció ayer que obtuvo órdenes de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) capitalino, y cuatro personas más por los delitos de trata de personas –en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa– y asociación delictuosa. Asimismo, informó que solicitó la colaboración de la Fiscalía General de República, del Instituto Nacional de Migración y de las fiscalías de las entidades federativas para la búsqueda, localización y aprehensión de los acusados.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que, tras una investigación conjunta con la FGJ-CDMX, congeló las cuentas bancarias de Gutiérrez de la Torre y sus ex colaboradores Claudia Priscila Martínez González, la diputada local plurinominal priísta Sandra Esther Vaca Cortés, Adriana Rodríguez Regalado y Roberto Zamorano Pineda.
Debe recordarse que en 2014 se dio a conocer una investigación que apuntaba al desvío de recursos públicos por parte del entonces dirigente priísta para operar una red de prostitución que reclutaba a mujeres de entre 18 y 32 años, a quienes se engañaba haciéndoles creer que trabajarían como edecanes o secretarias. En varias grabaciones se registra la manera en que las colaboradoras del entonces dirigente contrataban a las jóvenes y les describían las funciones de servicio sexual que debían prestarle. Las evidencias eran tan contundentes que ese mismo día el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor acordó separar a Gutiérrez de la Torre de su cargo directivo, y los coordinadores legislativos de los principales partidos de entonces –el propio PRI, más Acción Nacional y el de la Revolución Democrática– se manifestaron a favor de una investigación a fondo.
Sin embargo, menos de un año después, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priísta determinó que sólo suspendería temporalmente sus derechos políticos, en una decisión que fue vista como muestra del enorme poder del que goza el líder de pepenadores en la capital del país. La extensión de las redes de complicidad urdidas por Gutiérrez de la Torre quedó patente en julio de 2015, cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (antecesora de la FGJ-CDMX) resolvió no ejercer acción penal en su contra. En lo que parecía una apuesta del priísmo por la desmemoria, el 29 de febrero de 2020 la dirigencia del partido en la Ciudad de México fue asumida por Israel Betanzos Cortés, integrante del grupo político de Gutiérrez, quien lo acompañó durante el registro de su fórmula para ponerse al frente del PRI capitalino.
La impunidad y el probable encubrimiento con que se saldó el escándalo en la administración capitalina anterior causaron un daño adicional a las víctimas y a la credibilidad del sistema de impartición de justicia, pero también para los propios señalados: en ausencia de un juicio que determine su inocencia o culpabilidad, todos los implicados en la presunta red de prostitución quedan condenados por la opinión popular, y su descrédito mancha tanto a sus correligionarios como al instituto político que cobija sus carreras.
La única vía para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, fincar o deslindar las debidas responsabilidades y, ante todo, iniciar la reparación del daño a las víctimas es la que transita por la realización de un proceso legal con absoluto apego a derecho, en el cual fiscales y juzgadores deben corresponder al crédito ciudadano con una conducción ejemplar, y eso vale para Gutiérrez de la Torre y sus ex colaboradores, pero también para todas las figuras públicas que han recibido señalamientos por presuntos actos de violencia de género.
