Carlos Fernández-Vega
▲ La suspensión a los efectos del decreto que modifica la Ley de la Industria Eléctrica no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas, sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio, explicó el juez Juan Pablo Gómez Fierro en su sentencia.Foto cortesía de CFE
Lo dicho: todo cabe en un amparo sabiéndolo comprar, y los consorcios privados participantes en el mercado de la energía eléctrica simplemente seleccionaron un juez a modo, llegaron a un acuerdo (es obvio de qué tipo) y de inmediato obtuvieron la protección de la justicia para que las recientes modificaciones a la ley respectiva no alteren su plan de negocios, que no es otro que la succión permanente y abundante de los recursos de la nación, gracias a la libre competencia que les garantizaron los gobiernos neoliberales.
Apenas el pasado miércoles entraron en vigor las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica (cambios promovidos por el presidente López Obrador y aprobados por las cámaras de Diputados y de Senadores), y 24 horas después –ayer– un juez federal (Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones) otorgó los primeros amparos a empresas particulares para que tales modificaciones no las toquen ni con el pétalo de un rosa. Así, más tardaron los poderes Ejecutivo y Legislativo en armar, presentar, discutir y autorizar dichas modificaciones que un solo juez en echar todo para atrás, de un plumazo y en cuestión de horas, para proteger los intereses de solo ¡¡¡dos!!! consorcios privados.
A Gómez Fierro –integrante de la aceitada maquinaria neoliberal que defiende la libre competencia– le tiene sin cuidado el daño que provoque a la nación, porque otros son los factores que le interesan. Sobran ejemplos de ese tipo de resoluciones maiceadas, y los delincuentes de cuello blanco lo saben perfectamente, pero nunca está de más destacar que la supuesta procuración de justicia es un estercolero, al servicio de los grupos oligopólicos, a la vez que lucrativa industria sin chimeneas que a todo le pone precio, sin importar a quién se lleve entre las patas.
La Jornada lo reseñó así: la medida cautelar es para efecto de suspender todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. El juez indicó que a pesar de que solamente dos empresas solicitaron el recurso, el efecto de las suspensiones será general. Consideró que otorgar la suspensión a un particular no sólo daría una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en el mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar, porque las citadas modificaciones podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico.
Como ahora todos son ecologistas de ocasión, el citado juez asegura que los mencionados cambios legales producirían daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomentan la producción y el uso de energías convencionales y desincentivan la producción de energías limpias. La finalidad de la reforma energética (la de Peña Nieto, claro está) y de las normas que derivaron de ésta, era la de establecer un nuevo modelo que permitiera garantizar la competencia y libre concurrencia en el sector eléctrico, con el objeto de obtener las mejores condiciones en la generación y el abasto de electricidad a precios competitivos, en beneficio de la población en general, y aduce razones de libre competencia para justificar su decisión.
Pues bien, el discurso de Gómez Fierro sólo repite el banal discurso de los defensores de la libre competencia en las cámaras de Diputados y Senadores a la hora de votar la iniciativa preferente del presidente López Obrador, es decir, la perorata de quienes sin decoro alguno recibieron multimillonarios moches para aprobar la reforma peñanietista en materia energética.
Entonces, ¿obtener multimillonarios subsidios del erario y desangrar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de las empresas privadas es sinónimo de libre competencia? ¿Saquear al país es igual a ser competitivos? ¿Amerita que la justicia congele todo, porque apenas dos empresas privadas lo solicitaron? ¿En serio?
Las rebanadas del pastel
Si de buitres se trata, las mineras canadienses se frotan las manos, porque en su radar ya está el litio mexicano.
cfvmexico_sa@hotmail.com
Regulación del cannabis: paso a medias
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles en lo general la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que permite a los adultos la posesión para el consumo personal de hasta 28 gramos de mariguana y autoriza la producción con fines de autoconsumo. Lo avalado también abre la puerta a la producción con fines industriales y de investigación, y regula toda la cadena de producción, distribución y venta, con lo cual se esperan grandes beneficios en términos de recaudación fiscal, así como frenar el narcomenudeo, el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Horas después, durante la discusión del texto en lo particular, Morena introdujo cambios para establecer penas por posesión de la droga sin autorización: a partir de 29 y hasta 200 gramos se considerará falta administrativa y se sancionará con una multa y arresto; a partir de 201 gramos y hasta cinco kilogramos se aplicará, además de multa, prisión de 10 meses a cuatro años, y a partir de cinco kilogramos se considerará como narcotráfico. A ello debe añadirse la existencia de todo tipo de restricciones y permisos que complican el disfrute del derecho que se pretende habilitar, al tiempo que crean una pesadilla jurídica en la persecución de las eventuales transgresiones. Los consumidores han ganado, sí, un espacio legal, pero ambiguo y riesgoso
En el afán de conciliar intereses contrapuestos –los de los detractores y los promotores de la legalización de la mariguana– la ley devuelta al Senado presenta contradicciones e inconsistencias y en el proceso de su aprobación se eludió el que habría de ser el punto central del debate: si el Estado puede arrogarse de manera legítima la atribución de dictar a los ciudadanos qué sustancias pueden consumir y cuáles no. Por añadidura, al establecer sanciones administrativas o penales, la legislación se mantiene en el paradigma prohibicionista que se pretende superar, y poco abona al tránsito hacia un enfoque de combate a las adicciones basado en la educación, la prevención y el tratamiento desde una perspectiva de salud integral.
El hecho es que resulta insostenible prohibir el cannabis u otras de las coloquialmente llamadas drogas cuando se tolera una amplia gama de sustancias o prácticas adictivas y potencialmente dañinas: desde el azúcar refinado hasta el tabaco y el alcohol, así como la industria de los juegos de azar, generadora de ludopatías.
Los argumentos que apuntan a justificar este sinsentido por motivos de salud pública, de moralidad o una manida defensa de la juventud y la infancia se revelan falaces e hipócritas ante la realidad de que penalizar y perseguir la producción, distribución, comercialización y posesión de drogas no sólo no ha reducido en grado alguno el consumo de dichas sustancias, sino que ha creado nuevos problemas, como la violencia extrema que azota a amplias franjas de México y otros países. En efecto, debe recordarse que el repunte de la criminalidad asociada a los estupefacientes no proviene de los consumidores, sino de las estructuras delictivas que han medrado con un modelo de negocio basado, precisamente, en el carácter ilegal de su mercancía.
El prohibicionismo vigente no se finca en razones científicas ni en consideraciones sobre salud pública, sino en las presiones de Washington para la aplicación extraterritorial de sus leyes, en una moral oscurantista e hipócrita de ciertos sectores sociales y en el respaldo de intereses económicos inconfesables.
Desde luego, el Estado no debe renunciar a sus facultades para velar por la salud y el orden públicos, ni debe tolerarse que se promueva el uso de la mariguana o cualquier otro estupefaciente, pero sí aceptar que las adicciones y el narcotráfico son problemáticas distintas, con causas y consecuencias fácilmente diferenciables, por lo que confundirlas y abordarlas con un mismo paquete de medidas resulta contraproducente e incluso nocivo para los consumidores y el conjunto de la sociedad.
