Carlos Fernández-Vega
En el régimen neoliberal ninguno de los integrantes del Poder Judicial impugnó la inconstitucionalidad de la política privatizadora en tiempos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, ni puso peros a Peña Nieto. Nada oyó, nada vio, nada dijo, pero todo avaló. Ejemplos de lo anterior sobran, pero basta con recordar el rescate bancario y la silenciosa entrega del sector eléctrico al capital privado.
En cambio, 24 horas resultaron más que suficientes para que un juez federal congelara, a petición de tan solo dos empresas, y otorgara suspensión definitiva, por inconstitucionales, a las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente López Obrador y aprobada por el Congreso. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen neoliberal y el gobierno actual?
La investigadora Carmen Silvia Zepeda Bustos (UAM Unidad Azcapotzalco, El Cotidiano, número 172, marzo-abril, 2012) nos permite dar un paseo temático, de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes).
Mediante el sesgo de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 (Salinas), a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) Zedillo abrió parcialmente la posibilidad de la inversión privada en el sector, otorgando concesiones a partir de 1995, sobre todo bajo la figura de productor independiente de energía (PIE), mecanismo en ascenso por la inconstitucional venta de energía para el servicio público. También bajo lo que se pretendió hacer pasar como generación distribuida, en las modalidades privatizadoras de autoabastecimiento y cogeneración. A escala más baja, la modalidad de exportación.
Bajo esta estrategia se abrió el sector eléctrico mexicano que hasta 1992 operaba de forma integral para que, a través de un alza en las tarifas domésticas no subsidiadas y transfiriendo el riesgo-combustible a las empresas públicas, permitiera al capital privado apropiarse de buena parte de la renta eléctrica nacional, a través no sólo de la compra de energía (a los PIE) para el servicio público, sino mediante la creación de un mercado eléctrico privado.
Los PIE rompieron el monopolio estatal en generación. La nueva capacidad fue financiada por el sector privado (y entregada a éste), y se redujeron los subsidios a las tarifas domésticas (de alto consumo), dando cumplimiento a parte de los lineamientos de los organismos financieros mundiales en cuanto a la reforma estructural del Estado.
A lo largo de los años la participación de los PIE ha derivado en un encarecimiento de la energía eléctrica en México y una dependencia de importación de gas natural. En febrero de 1999 Zedillo envió al Congreso una iniciativa que proponía modificar la Constitución y permitir la inversión privada en el sector eléctrico, contemplada ya desde 1995, en la Estrategia de Asistencia al País (CAS) del Banco Mundial.
En el Informe de Avance del CAS 1998 ese organismo financiero hizo un llamado al gobierno mexicano para privatizar los sectores eléctrico y petroquímico, como condición para otorgar ayuda económica internacional y apoyo de garantía del BM para inversión privada en el país. El de 1999 destacó que en la agenda estaba pendiente la privatización de algunos sectores, como el de electricidad.
En 1999 Zedillo envió una propuesta al Congreso para atraer inversión privada a la industria eléctrica. No pasó, pero de todas maneras se crearon condiciones para establecer un inconstitucional mercado eléctrico privado especulativo.
Todos los permisionarios fueron filiales de empresas extranjeras. Con Calderón las españolas Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa resultaron ser las principales beneficiadas de la privatización de energía eléctrica, y Repsol ocupa un lugar destacado como abastecedora de gas para las plantas de ciclo combinado privadas en México.
En 2003, legisladores priístas acusaban los beneficios a los permisionarios a quienes se les cobraban tarifas subsidiadas por el uso de la red de transmisión eléctrica, causando un severo daño patrimonial a la CFE. El porteo se cobra a los privados a 0.0284 pesos por KWh, que sólo cubre una parte (29 por ciento) de los costos reales en que incurre la CFE por prestar ese servicio, pese a que lo correcto sería 0.0982, según la media internacional.
Se conoce qué ocurrió a partir de Peña Nieto, cuando la situación empeoró pero esos mismos legisladores aplaudieron a rabiar.
Las rebanadas del pastel
Y de todo esto nada impidió el Poder Judicial.
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Aumento a pensiones, medida correcta
Ayer, en el acto conmemorativo del aniversario del nacimiento de Benito Juárez, en Guelatao, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) se incrementará en forma paulatina de los 2 mil 700 pesos bimestrales que actualmente se entregan a 6 mil pesos en 2024. El aumento progresivo comenzará en julio próximo, con un alza de 15 por ciento, y los tres años siguientes ésta será de 20 por ciento más la inflación, hasta llegar a seis mil pesos.
Asimismo, el mandatario informó que la edad mínima para recibir la PUAM bajará de los 68 a 65 años, que es en la cual ese beneficio se entrega en las comunidades indígenas, y se comprometió a impulsar un incremento a los salarios mínimos al término de su gobierno a fin de que éstos hayan recuperado la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron durante el periodo neoliberal, así como a actualizar conforme a la inflación la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sirve de base para el cálculo de las pensiones. López Obrador señaló que la primera de estas medidas implicará elevar el presupuesto destinado a la PUAM de 135 mil millones de pesos a 370 mil millones en 2024, y que los recursos correspondientes deben obtenerse sin recurrir al endeudamiento y sin elevar los impuestos.
Ciertamente, las acciones anunciadas representan un paso en la corrección de un sistema de pensiones terriblemente injusto, como el que está vigente. La sola adopción de la PUAM a escala nacional ha representado un alivio para millones de adultos mayores que están fuera del sistema de pensiones –una gran proporción de ese grupo etario, habida cuenta del tamaño del sector informal de la economía– o que, estando en él perciben jubilaciones del todo insuficientes para su manutención. Sin ser una panacea, la PUAM ha otorgado a esas personas un ingreso mínimo del que carecían, o bien ha atenuado la estrechez de sus percepciones monetarias. También ha sido de gran importancia la inclusión del programa en la Constitución, lo que asegura su permanencia más allá del sexenio lopezobradorista.
Así pues, con el fortalecimiento de la pensión establecida por este gobierno y los ajustes a la UMA, que rigen el sistema de pensiones formado por las Afore y otras instancias, se zanja el debate de si las jubilaciones debían calcularse con base en el salario mínimo o mediante la unidad de medida.
Los incrementos en salarios y en pensiones no son aún suficientes para garantizar una vida digna a los asalariados en activo o en retiro, y no será fácil recuperar todo lo que unos y otras perdieron entre 1982 y 2018. Para ilustrar el gravísimo retroceso, baste citar el dato de que, a pesar de los aumentos logrados en lo que va de esta administración, el poder adquisitivo de los salarios mínimos sigue siendo inferior a su nivel de 1938. Sin embargo, las decisiones anunciadas ayer representan un paso en el camino correcto.
