Cabe saludar este avance que representa un alivio sustancial para las finanzas públicas al cesar los injustificables subsidios a poderosas trasnacionales, que supone la recuperación del papel rector del Estado en el diseño y operación de este sector estratégico y que posibilitará la reorientación de la infraestructura eléctrica del lucro rapaz a una perspectiva de desarrollo social. Tales beneficios derivan de la neutralización de las catastróficas disposiciones constitucionales impuestas mediante la reforma energética que los partidos del Pacto por México aprobaron en diciembre de 2013, de espaldas a la sociedad, mediante corruptelas, como se ha sabido posteriormente, y violentando los procedimientos legislativos. Sin embargo, no puede soslayarse que la contrarreforma neoliberal continúa vigente, y extenderá sus perniciosos efectos en tanto no se deroguen las alteraciones que introdujo a la Constitución.
En su momento, este diario ya advirtió que el contenido de la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto dejaba pocas esperanzas de cumplimiento a las grandilocuentes promesas que en torno a ella realizaron el ex presidente, los partidos oficialistas y los medios de comunicación afines, y que auguraba, en cambio, graves quebrantos para la hacienda pública, así como cesiones difícilmente reversibles de la soberanía nacional. El tiempo ha confirmado tales vaticinios, que incluso se quedaron cortos ante las dimensiones del saqueo perpetrado al amparo de esas leyes. Una enumeración exhaustiva resulta imposible en este espacio, pero cabe reseñar el contrato entre Petróleos Mexicanos y la filial de Odebrecht Braskem-Idesa, por el cual la empresa del Estado debía entregar al consorcio privado 66 mil barriles de gas etano al día por 20 años, a un precio 30 por ciento por debajo de su valor de mercado, así como el hecho de que diversas compañías nacionales y extranjeras mantengan improductivas con fines meramente especulativos las amplias porciones del territorio nacional que se les adjudicó para extraer y exportar petróleo. Tampoco puede olvidarse el enorme daño financiero y humano que causó el abandono de las estaciones hidroeléctricas de la CFE a fin de honrar lesivos contratos de compra de energía generada por los actores privados.
Ejemplos como los anteriores recuerdan la necesidad de avanzar en la anulación tanto de la reforma energética peñista como de las disposiciones privatizadoras adoptadas durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Esta tarea debe emprenderse porque así lo decidieron los ciudadanos en las elecciones federales que pusieron fin al dominio de los partidos pactistas, pero también porque así lo demandan la seguridad y la soberanía energética de la nación, cuyos objetivos no pueden quedar supeditados a la lógica de obtención de dividendos. Ante las voces que mantienen un apego fanático a las supuestas bondades del libre mercado, sólo queda recodar las recientes heladas en Texas, las cuales demostraron de manera trágica que la privatización a ultranza supone un incremento descontrolado de costos que no se ve compensado con mejoras en la eficiencia o la estabilidad del servicio.
Escenario complicado
Orlando Delgado Selley
Tres informaciones dan cuenta de lo que está pasando y constituyen señales para lo que pudiera ocurrir este año y el siguiente: un primer dato importante son las remesas recibidas en enero y el monto total que nuestros paisanos enviaron a sus familias en 2020; la segunda es la significativa contracción del crédito al consumo en enero y, finalmente, las expectativas que se registran por parte de los especialistas a los que consulta el Banco de México. Las remesas, como se ha informado, constituyen una de las razones fundamentales por las que la contracción de 8.5 por ciento del PIB en 2020 no resultó tan grave en términos de la demanda agregada.
El dato de este enero es impresionante porque hubo 11.01 millones de operaciones, es decir, 11 millones 10 mil mexicanos en el extranjero enviaron a sus familias recursos que en promedio fueron por 349.28 dólares. En enero de 2020, antes de que la pandemia apareciera, se registraron 9 millones 612 mil remesas con un valor promedio de 343 dólares. Así que este primer mes del año, en el marco de una pandemia muy larga, respecto de 2020 casi un millón 400 mil más mexicanos en el extranjero enviaron dinero a su gente. Se trata, como es claro, de recursos que van a los deciles más pobres del país. Les permite enfrentar las difíciles circunstancias con cierta capacidad para resolver los requerimientos esenciales. El esfuerzo de nuestros paisanos es extraordinario y gracias a ellos el país ha sufrido un poco menos.
Una segunda información muestra una situación negativa. El dato de que el crédito al consumo se redujera 11.5 por ciento señala un comportamiento que da cuenta de disminuciones en el consumo de muchos hogares. El crédito al consumo representa 20 por ciento del financiamiento total que otorga la banca en nuestro país y contribuye de forma importante a la rentabilidad general de los bancos. Esta contracción mensual de enero es la undécima registrada en línea, es decir, desde abril de 2020 se ha venido reduciendo el volumen de recursos que la banca presta a los hogares. Esta contracción crediticia es un indicador de las perspectivas pesimistas de los usuarios de crédito para los meses siguientes y, por ello, es previsible que la reducción de la demanda de crédito persista durante un tiempo.
Dos informaciones contrarias, para la economía, para el país y, por supuesto, para los hogares: una en la que gracias a las remesas se mantiene el consumo de familias de escasos recursos y otra en la que acreditados bancarios, demandantes regulares de crédito para complementar sus ingresos, reducen sus compromisos preparándose para los difíciles meses siguientes.
Un tercer elemento es el registro de las expectativas entre especialistas y consultores económicos que mes a mes publica el Banco de México. El dato es que lo que ese grupo espera para este año y el que sigue mejora ligeramente, aunque se mantienen lejos de lo que se esperaba a principios de 2020. En este febrero se estima que la economía del país crezca 3.89 por ciento en 2021 y que en 2022 el registro sea de 2.65.
Si se combinan estas expectativas de crecimiento para 2021 y 2022, con lo registrado en 2019 y 2020, que mostraron caídas de 0.1 y 8.5 por ciento, tendríamos a finales de 2022, después de cuatro años de gestión de AMLO, que la economía sería 2.4 puntos porcentuales menor a la que recibió en 2018. Por supuesto, la explicación no está solamente en una mala gestión, sino en la contundencia de los impactos negativos de la pandemia.
Lo relevante de la situación que posiblemente enfrentaremos es que puede modificarse. Se trata de perspectivas, apreciaciones de lo que le espera a la economía del país y también de lo que hogares ubicados en diferentes deciles de ingreso esperan y que determinan sus decisiones económicas, particularmente el uso del crédito.
Estas expectativas, por supuesto de muy diversa naturaleza, pueden y debieran modificarse con acciones del gobierno federal que impulsen decisivamente a la economía. En condiciones como las que vivimos y que se están alargando mucho, resulta muy necesario que se emprendan acciones masivas que, como en el caso del paquete acordado por el Congreso estadunidense, son de alivio a dificultades mayores.
Decisiones de este tipo modifican rápidamente la situación: los recursos públicos enviados a las familias se convierten inmediatamente en demanda y, en consecuencia, generan actividad económica, nuevos empleos, renovadas posibilidades para inversiones rentables. No puede, ni debe, persistir en mantener el discurso de que vamos bien, cuando las evidencias señalan lo contrario. Sin duda, el país no se ha derrumbado, pero las dificultades que viven amplios grupos de la población son mayores y corresponde al estado ayudar a enfrentarlas. Este es el desafío que está planteado.
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