domingo, 28 de marzo de 2021

Subsidios públicos, ganancias privadas.

Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, los directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y de CFEnergía, Miguel Santiago Reyes, detallaron los múltiples mecanismos a través de los cuales la empresa productiva del Estado y su filial subsidian a grandes compañías privadas, tanto al adquirir energía con sobrecosto a los productores como al venderla por debajo de su costo de generación a los usuarios corporativos.
Uno de los esquemas más dañinos, urdidos por los gobernantes del ciclo neoliberal, es el del autoabasto, mediante el cual las grandes empresas privadas usan de manera gratuita la red eléctrica construida con recursos del erario, registran a clientes de paja que con un peso o un dólar acceden a los mismos privilegios de las corporaciones más importantes y quitan 76 mil clientes a la CFE, causando a ésta pérdidas por 437 mil millones de pesos. Además, al estar obligada a comprar la energía generada por privados, la compañía debe frenar o subutilizar la mitad de sus centrales, lo que le supone pérdidas de 215 mil millones de pesos. Otros 222 mil millones se pierden en la compra de electricidad a generadores privados.
No para ahí el carrusel del saqueo elevado a rango de ley por los partidos del Pacto por México en la reforma energética aprobada en 2013. Ésta supone un quebranto adicional a las arcas públicas de 471 mil 200 millones de pesos, distribuidos en 209 mil millones por subsidios (diferencia entre la compra a grandes empresas y la venta a usuarios), 60 mil 200 millones de apoyo por no despacho de centrales privadas, 29 mil millones por transmisión, 21 mil millones por respaldo y 11 mil 509 millones de pesos por riesgo inflacionario, entre otros factores.
Como destacaron los funcionarios, la reforma neoliberal es una transferencia de la riqueza desde las clases bajas y medias hacia ese uno por ciento de la población que acapara 59 por ciento de la renta nacional. Así, mientras un hogar mexicano paga 2.3 pesos por cada kilowatt hora, Bimbo paga un peso; WalMart, 1.1, y Oxxo, 1.2. Este subsidio a las grandes fortunas se traduce en que mientras las tiendas de conveniencia de Femsa pagan 14 mil 52 pesos (por consumo de 7 mil 807 KWh), una tienda de abarrotes, un micronegocio de propiedad familiar, eroga 40 mil 592.
De esta manera, las decisiones administrativas y los cambios legales emprendidos por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto causaron un quebranto incuantificable a las arcas públicas y pervirtieron el objetivo con que el presidente Lázaro Cárdenas creó la CFE. De ser una palanca para el desarrollo nacional, ésta pasó a ser el vehículo de una desvergonzada y criminal transferencia de rentas públicas a manos privadas.

Mineras foráneas tienen en la mira el litio mexicano
Tramitan concesiones por 527 mil hectáreas
▲ Las salinas en la zona semidesértica entre SLP y Zacatecas son susceptibles de explotación de litio. Imagen de archivo.Foto Alfredo Valadez Rodríguez
Braulio Carbajal
 Periódico La Jornada  Domingo 28 de marzo de 2021, p. 19
Pese a que la Secretaría de Economía (SE) se ha encargado en varias ocasiones de enfriar las expectativas sobre el potencial que tiene México en la producción de litio, un grupo de empresas mineras, todas extranjeras, tienen solicitudes en trámite que quintuplican el área de concesión que ya poseen.
Según cifras del Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), en México hay concesiones vigentes para explotar litio por 94 mil 740 hectáreas. Sin embargo, hay otras tantas que están en trámite, es decir, no han sido aprobadas por el gobierno, y que representan 527 mil hectáreas del territorio nacional.
Las concesiones que actualmente están vigentes, en las cuales incluso ya hay proyectos de extracción de litio en marcha, fueron concedidas en su mayoría por las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En cuanto a las que actualmente están en trámite, éstas fueron solicitadas durante la administración pasada; sin embargo, en estos momentos están detenidas, dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que durante su mandato no se concederá una sola concesión minera.
El mandatario ha justificado su negativa a dar nuevos permisos para la explotación de tierras debido a que en los gobiernos anteriores hubo una gran cantidad, los cuales ascendieron a alrededor de 60 millones de hectáreas del territorio nacional. Aunque su postura al respecto es pública, el apetito de las mineras por el litio no ha cesado, pues el año pasado López Obrador aseguró que la Secretaría de Economía, que encabeza Graciela Márquez, estaba revisando casos de empresas que habían mostrado interés en la extracción de este mineral en suelo mexicano.
Ante esta situación, algunos legisladores, como el senador de Morena Alejandro Armenta, han amagado con una iniciativa para nacionalizar el litio al catalogarlo como una fuente de energía estratégica para el desarrollo económico del país.
El litio es un mineral clave para la elaboración de baterías de coches eléctricos, mercado que se espera en algunos años supere el de autos de combustión interna que usan gasolina, lo que elevará la demanda del llamado oro blanco, o nuevo petróleo.
Las interesadas
El crecimiento acelerado en el uso del litio ha provocado que la tonelada de este mineral haya disparado su precio desde los 350 dólares que costaba en 2003, a 3 mil dólares en 2009 y logrando proyecciones que estiman su costo entre 8 mil y 10 mil dólares por tonelada actualmente.
Según estimaciones de los organismos Mining Watch Canada y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, con base en datos del SINEM y de las mismas empresas, las 527 mil 633 hectáreas que hay en trámite corresponden a 17 concesiones que han solicitado siete compañías mineras extranjeras.
La primera en la fila es la canadiense Organimax, la cual actualmente posee cinco concesiones vigentes para explotar litio en México que equivalen a 21 mil 905 hectáreas, no obstante, tiene dos más en trámite que abarcan 303 mil 351 hectáreas.
La siguiente es Bacanora Lithium, dueña del yacimiento de este mineral más grande que hay en México producto de tener en sus manos 16 permisos que abarcan 15 mil 62 hectáreas. Sin embargo, la inglesa tiene en trámite una más que equivale a 87 mil 87 hectáreas. 
En la lista hay otras dos canadienses: One World Lithium y Radius Gold, la primera tiene en trámite tres concesiones que abarcan 73 mil 547 hectáreas y la segunda otras tres equivalentes a 29 mil 769 hectáreas del territorio nacional.
Después está la australiana Infinite Lithium con dos concesiones en trámite por 20 mil 920 hectáreas; la canadiense Rock Tech Lithium, con un permiso solicitado por 11 mil 784 hectáreas y la británica Alien Metals, que solicitó cinco concesiones que representan mil 502 hectáreas de suelo mexicano.