La sesión, en receso, porque un magistrado pidió más tiempo para estudiar el pedido de la defensa
▲ Muestra de apoyo al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ayer, frente a la Corte Suprema en Brasilia.Foto Ap
Eric Nepomuceno Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Miércoles 10 de marzo de 2021, p. 22
Río De Janeiro., Responsable por el juicio y la detención del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la Operación Lava Jato (Lavado Rápido), conducida por el ex juez Sergio Moro, pasa por una situación crítica: el Supremo Tribunal Federal (STF) analiza un pedido de la defensa del ex mandatario para declarar al magistrado sospechoso de haber actuado con parcialidad.
Si es aprobada, la medida tendrá un efecto mucho más amplio y devastador sobre los juicios a los que el ex mandatario (2003-2011) responde que la decisión tomada el lunes por el juez Edson Fachin, también integrante de la Suprema Corte, que anuló las condenas impuestas y transfirió las causas a otro tribunal.
Si el STF declara que Moro actuó de manera parcial y manipuladora, todos los actos de investigación que él autorizó como juez serán anulados. Eso incluye órdenes de búsqueda y captura a revelación de registros telefónicos y bancarios, además de interceptaciones telefónicas.
El lunes, al anular las condenas y enviar los procesos a la justicia federal de Brasilia, Fachin había determinado que nuevos jueces evaluaran si sería posible aprovechar los actos del juicio conducidos por Sergio Moro. Si se declara, tal como hay fuertes indicios, que fue parcial, a los nuevos jueves les tocaría evaluar si los procesos deben empezar de cero.
De los cinco integrantes de la mesa encargada de analizar el pedido enviado por la defensa de Lula en 2018, dos ya habían votado en favor de rechazarlo. Pero cuando un integrante de la Corte Suprema pide vistas, es decir, más tiempo para estudiar pedidos, todo el procedimiento es postergado.
Curiosamente, el mismo integrante del TSF, Gilmar Mendes, que hizo tal pedido a finales de 2018, ahora reabrió el tema. Y lo hizo con un voto largo –casi dos horas– y con contundencia inusual.
Señaló, entre otras cosas, que la conducta de Moro y de la Operación Lava Jato constituyen el mayor escándalo de la historia de la justicia brasileña.
Defendió con enfásis que todas las pruebas obtenidas sean sumariamente anuladas. Criticó duramente que Moro haya aceptado ser ministro de Justicia del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, elegido en una contienda que tenía a Lula como claro favorito pero que, a raíz de su prisión decretada por el entonces juez, no pudo disputar.
Ha sido un aluvión de críticas, con la lectura de material obtenido por hackers que invadieron conversaciones entre Moro y los fiscales, revelando que todo el juicio fue manipulado claramente.
Quedó evidente, dijo Mendes, una confusión entre las atribuciones de juzgar y acusar por parte del magistrado Moro.
Otro integrante del grupo de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, ha sido igualmente duro en sus críticas para justificar ser favorable a que se declare sospechoso a Moro.
Se trató de un verdadero simulacro de acción penal
En su voto aseguró que Lula no fue sometido a un juicio justo, sino a un verdadero simulacro de acción penal, cuya nulidad salta a los ojos.
Cuando le tocó votar, Kassio Nunes Marques, el más reciente integrante de la Corte, señalado por el ultraderechista Bolsonaro, bajo el argumento de que recién llegó y necesitaba más tiempo para examinar el proceso, pidió vistas.
Aunque parezca razonable, su pedido despertó rumores indicando que, antes de votar, iría a consultar no sólo a Bolsonaro, sino también a sondear la reacción de los militares incrustados en el gobierno frente a la más que posible anulación de todo el juicio contra Lula.
Otro punto que llamó la atención de juristas y analistas políticos: la ministra Carmen Lucia, que en 2018 había votado contra el pedido de la defensa de Lula, refirió que esperaría por el voto de Nunes Marques antes de emitir el suyo.
Eso fue considerado señal de que pretende cambiar su voto, derecho que le es asegurado, pasando a condenar Moro y todas sus acciones.
Si se confirman esos indicios, Lula da Silva habrá obtenido, finalmente, lo que siempre reivindicó: que se declare su inocencia y la manipulación de un ex juez que ahora es consultor de empresas que tratan exactamente de administrar lo que quedó de empresas que su Lava Jato llevó a la quiebra.
De las barbaries del Poder Judicial (Lula, Cristina y Correa)
José Steinsleger
La anulación de las causas abiertas en la justicia de Brasil contra Luiz Inácio Lula da Silva (junto con la recuperación de sus derechos políticos), y la vibrante intervención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante un tribunal que insiste en condenarla por corrupción, anuncian vientos nuevos en América del Sur.
Antes de seguir, dos digresiones relativas: 1) ¿De qué democracia se trata cuando uno de los tres poderes republicanos, el Judicial, consiente (cuanto mucho), que el pueblo vote libremente para elegir a sus representantes? 2) ¿Puede hablarse de estado de derecho cuando la politización de la justicia y la judicialización de la política ( lawfare) rigen los dictámenes de un Poder Judicial que, en principio, fue concebido para garantizar la convivencia social?
Desde el año bisagra de 1990, la intelectualidad fifí y neoliberal, repite que nuestros países recuperaron la democracia y el estado de derecho. Lamentando, simultáneamente, que las democracias que supimos ganar, serían jóvenes e inexpertas. Ajá: ¿y cuáles serían los referentes concretos de su eventual madurez?
Modos eufemísticos de adherir al common law, que caracteriza la administración de justicia en Estados Unidos. Sin comentar el enfermizo mierdero racista y xenófobo que, por tercera vez en poco más de un siglo, está devorando a la ultracivilizada Europa. Puntualización que dejo, por razones de espacio, a los estudiantes de derecho.
Interesa destacar, ahora, que en esos eufemismos que distinguen a la intelectualidad neoliberal de excelencia académica se omiten, con curiosa precisión, el golpismo parlamentario en Perú (1992), Paraguay (2012) y Brasil (2016); el intervencionismo militar de Washington en Venezuela (2002), Haití (2004) y Honduras (2009); la desestabilización de Nicaragua (2018); la despiadada represión en Chile (2018-21), el sangriento golpe de Estado en Bolivia (2019), y el crónico asedio del imperialismo yanqui a Cuba y Venezuela. Perdón, y pregunto: ¿soy muy antiguo si persisto en llamarlo así, imperialismo yanqui?
Junto con ello, el genocidio sanitario y el ecocidio amazónico de Jair Bolsonaro, el acoso mediático a Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, y el lawfare a Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. Apenas tres, de la decena de estadistas que, en el primer tramo del siglo, despertaron grandes esperanzas en los castigados pueblos de América Latina (1999-2016).
Los casos del infame lawfare contra Lula, Cristina y Correa fueron y son un disparate jurídico de cabo a rabo. A Lula lo encerraron 580 días en una celda solitaria (abril 2018/marzo 2019). Cristina se salvó por sus fueros y jueces que no se animaron a encarcelar a la jefa del mayor movimiento organizado de masas del continente.
Sin embargo, el Poder Judicial la persiguió con superlativa crueldad, al punto de manchar durante 10 años la memoria de su esposo, Néstor Kirchner (1950-2010), y acusar a la hija desde sus 12 años, hasta causarle un grave cuadro de estrés que logró superar gracias a la solidaridad de Cuba. Y Rafael Correa, quien favoreció a los pobres de Ecuador y puso por primera vez a su país en el mapa subregional, tuvo que exiliarse en Bélgica.
Cristina habla poco. Pero en su alocución convalidó la idea de que cuando lo hace, todo gira en torno a lo que dice y no dice. Empezando por los medios hegemónicos, obligados a sintonizar sus palabras que generaron, más allá de las fronteras nacionales, puntos máximos de rating en medios audiovisuales, redes sociales y tirada de revistas y periódicos.
Con objetividad, Lula escribió que el lawfare es un fenómeno que, “pese a ser mundial, ha venido desarrollándose sistemáticamente y con una frecuencia indeseable en América Latina […] La lucha contra la corrupción no es sino el pretexto del cual aquellos sectores [los derrotados en las urnas], buscan imponer sus intereses por sobre la soberanía popular […] El objetivo es criminalizar y destruir la política, tratando de imponer la idea de que todos los políticos son corruptos”.
Cristina anonadó a sus jueces y estuvo a la altura de Danton, Robespierre o el Fidel de 1953: “El lawfare –dijo– castiga a millones de seres humanos con la ‘miseria planificada’”. Expresión que empleó Rodolfo Walsh en su célebre carta a la dictadura militar, poco antes de su caída en combate, secuestro y desaparición (1977).
Y con perfume de mujer, añadió: “Ustedes, desde el Poder Judicial –no miren para otro lado– ustedes son responsables, junto con los medios de comunicación, de la debacle económica que sufren los argentinos”.
Oxímoron final. ¿A causa de qué los poderes judiciales que en América Latina presumen de honorables y fueron pensados para regular las premisas de la democracia, suelen negar las bellas y altisonantes cartas constitucionales fallando, invariablemente, en favor de los privilegios de casta y clase?
