La multiplicación de atrocidades como la relatada, aunada a la presencia esporádica y testimonial de las autoridades, ha obligado a los pobladores a tomar medidas tan drásticas como la entrega de armas a niños de sólo seis años y su integración a los cuerpos de vigilancia comunitaria. Ayer, el poblado de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja, conmemoró el 102 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata con la presentación del nuevo destacamento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), conformado por 31 niños y niñas cuyas edades van de seis a 11 años.
Un dirigente ejidal, que habló con nuestro corresponsal bajo condición de anonimato, señaló a la minería como uno de los factores de esta escalada de violencia: vienen por los yacimientos de oro y plata, que se hallaron desde 1985 en el Cerro de la Lumbrera y en el pueblo de Agua Escondida, que están en nuestro ejido, por eso crean terror, por eso están desplazando a los pueblos. De acuerdo con el defensor de los bosques en la región donde vivía Carlos Marqués, los habitantes, mayoritariamente indígenas, enfrentan una concatenación de ataques a su integridad y a sus formas de vida: primero debieron dejar sus cultivos para sembrar amapola, luego la caída de los precios de esta materia prima para la elaboración de estupefacientes atrajo a los talamontes y finalmente el deseo de explotar los yacimientos metálicos se ha convertido en el móvil de los delincuentes.
Se ha documentado la existencia de una relación compleja y en ocasiones paradójica entre la minería y los grupos que tienen como actividad primaria el narcotráfico. Por una parte, las extorsiones, los cobros de derecho de piso y los secuestros llevados a cabo por el crimen organizado obligan a las compañías mineras a destinar hasta 10 por ciento de su presupuesto a la contratación de seguridad y guardias armados. Además, deben hacer erogaciones en seguros que las cubran ante eventuales ataques criminales y gastan un monto indeterminado en los pagos exigidos a cambio de que las dejen operar, por lo cual varias empresas han reducido su presencia en territorio nacional o han preferido no invertir en México. Sin embargo, en no pocas ocasiones los grupos delictivos se convierten en aliados estratégicos de las mineras, al punto de ser quienes hacen posible su incursión en zonas donde los pobladores rechazan la actividad extractiva: los sicarios aparecen para amedrentar, asesinar y poner en fuga a quienes rehúsan ceder sus tierras para la instalación de minas, así como a quienes se organizan para denunciar los daños ocasionados a la salud y al medio ambiente por el manejo negligente de las sustancias tóxicas usadas en la extracción de minerales.
La confluencia de minería, narcotráfico, tala ilegal y otras operaciones, delictivas en sí mismas o que se realizan con complicidad criminal, han mantenido a Guerrero entre las entidades más peligrosas del país durante años –aunque en 2020 se experimentó una sensible disminución en el número de asesinatos–, y ha dado pie a situaciones dramáticas en que las comunidades prácticamente desaparecen por éxodo forzado de sus habitantes. Es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno atiendan los llamados de auxilio de los pobladores, actúen contra los grupos criminales que se han apoderado de vastas franjas del territorio guerrerense y restituyan el estado de derecho en esta entidad asfixiada por la delincuencia y la impunidad.
Los desastres y las sospechas
Antonio Gershenson
De acuerdo con las opiniones de técnicos de Pemex, del grupo Encuentro Nacional Petrolero, que directamente se encargan de la seguridad en las diversas secciones de cada refinería, el esclarecimiento de la explosión debe arrojar información para evitar otros eventos similares.
En el caso de la refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, Veracruz, la opinión generalizada es que no sería fácil un atentado. La falla humana, poco probable, y un accidente por fallas en el equipo, debido a la precariedad del mantenimiento preventivo que tuvieron en sexenios pasados, sí tiene mayor lógica.
La capacidad de refinación en Minatitlán es de 285 mil barriles diarios, hasta el momento, y por sí sola aún no es suficiente. Con la total rehabilitación y la extracción programada, se espera que el rendimiento sea mayor.
Pero existe otro criterio, en lo general, en cuanto a que la rehabilitación de las seis refinerías necesita más presupuesto y una programación más rigurosa para optimizar su producción. En este sexenio se ha dado prioridad al cálculo de la cantidad de petróleo que debe extraerse, a fin de no desperdiciar ni agotar los yacimientos de forma irresponsable.
El accidente en la torre 5 de la refinería, según informaron algunos técnicos de esa planta y de otras, nos acerca a la afirmación de que la fuga fue causada por el mal funcionamiento de una válvula y se agrega el problema de la posible falta de personal experimentado en determinadas áreas (recordemos que los despidos fueron el común denominador de la impuesta reforma energética). No se puede asegurar, como lo celebran algunos personajes adversos al gobierno actual, que la falta de conocimiento del personal y la negligencia fueron las principales causas. Sin embargo, podemos decir que profesionales con amplia experiencia debieron integrarse a este importante y necesario proyecto que es el rescate de las refinerías. Recordemos que está en juego la soberanía energética.
Este accidente no demerita el proyecto de poner al servicio de los mexicanos el abasto de las gasolinas necesarias. Sí alerta a la base trabajadora y a la directiva de Pemex para acelerar el paso en la pronta funcionalidad de las siete refinerías y la proyección de otras que consoliden los pasos hacia una transición energética.
Medios locales documentaron que la explosión en la torre 5 ocasionó heridos que no son de gravedad; sin embargo, no se sabe cuántos son hasta el momento.
Sin gasolinas, se retrasa la utilización de las otras fuentes de energía. Todas dependen, hasta ahora, del petróleo.
Nuevos hallazgos perfilan hacia una depuración de la tecnología de la exploración y la extracción de hidrocarburos. Pero, además, como he mencionado en otros artículos publicados en La Jornada, se debe poner mayor atención en la inclusión de la población local cuando se desarrollen las tareas de Pemex en todas sus áreas. La conservación del medio ambiente es un medidor de que la empresa productiva del Estado se apega a sus leyes internas.
Necesitamos las refinerías. El petróleo sigue siendo una necesidad y alternativa para contar con todo lo que produce la industria petrolera. Tabasco sigue ofreciendo el recurso no renovable con el yacimiento que recientemente se dio a conocer en la conferencia matutina presidencial. El yacimiento Francisco J. Mújica generará ganancias importantes, así como otros que se han encontrado en la misma zona.
Los campos Dzimpona 1, Valeriana y Racemosa tienen un volumen estimado entre mil y mil 200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El potencial energético es muy grande, cubriría la demanda nacional y fortalecería la soberanía, no sólo la energética de hidrocarburos, sino la alimenticia y otras. Por ahora, la refinería Lázaro Cárdenas suspende operaciones.
La búsqueda de otros yacimientos y campos en territorio nacional no sólo se lleva a cabo en México. Tampoco es la negativa al desarrollo de otras fuentes de energía. Por ejemplo, la Corporación Nacional de Petróleo Submarino de China descubrió, según un boletín del 22 de febrero de Xinhua, un yacimiento en el mar Bohai, con reservas aproximadas de 100 millones de toneladas de crudo equivalente. Y, hacemos hincapié, el gobierno de Xi Jinping acelera la búsqueda del control de los efectos nocivos del cambio climático.
Otro ejemplo lo tenemos con Rusia. En la Universidad Estatal de San Petersburgo, el profesor Oleg Levin informó que experimentaron con polímeros de nitroxilo con actividad redox. Esta batería puede cargarse 10 veces más rápido que una batería de iones de litio tradicional.
El uso del petróleo no tiene que traducirse como una actividad ajena o en contra de la transición energética. Son pasos que se tienen que dar con la mayor responsabilidad y conciencia ambientalista.
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