Aunque todavía no se encuentran en el escenario de rebasar el pico de casos de 2020, Chile y Colombia han reaccionado con el reforzamiento de las medidas de contención: mientras el país austral decretó el cierre de sus fronteras por un mes, el adelanto en la hora de inicio del toque de queda y la limitación de actividades consideradas hasta ahora esenciales, la nación caribeña reinstauró la exigencia de pruebas de laboratorio con resultado negativo como requisito para ingresar al país vía aérea, hará cambios en los protocolos de bioseguridad en vuelos, y continuará con medidas recientes como toques de queda nocturnos para ciudades con una ocupación mayor a 70 por ciento de las unidades de cuidados intensivos.
La situación no es más halagüeña al otro lado del Atlántico: mientras Francia acaba de decretar un mes de confinamiento nacional y otros países europeos le acompañan en el endurecimiento de las restricciones, la Organización Mundial de la Salud calificó ayer deinaceptable la lentitud de las campañas de vacunación en el Viejo Continente. Además de que su ritmo de inoculación es casi tres veces inferior al desplegado en Estados Unidos (0.31 contra 0.85 por ciento de la población inmunizada al día), Europa presenta disparidades tan fuertes que las cuatro principales economías de la zona euro (Alemania, Francia, España e Italia) ya administraron al menos una dosis a 12 por ciento de sus habitantes, pero países como Ucrania y Moldavia han inmunizado a uno por ciento, o menos, de sus pobladores.
En lo que se refiere a las medidas adoptadas por los gobiernos sudamericanos para tratar de atajar la tercera ola de la pandemia, y dejando de lado la temeraria irresponsabilidad de Jair Bolsonaro en Brasil, sería imprudente descalificar de manera apriorística unas u otras políticas, pues las estrategias de cada país responden a su realidad específica, a su estructura y distribución demográfica, a patrones culturales y a los recursos económicos e institucionales de los que cada gobierno puede echar mano.
Sin embargo, el desarrollo de la pandemia ha dejado dolorosamente expuesta la ausencia de coordinación multilateral en Latinoamérica, pero sobre todo en el Cono Sur, lo que de paso exhibe la total inoperancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para gestionar algo más que golpes de Estado. No es exagerado afirmar que la falta de esa coordinación es resultado del desmantelamiento de instancias como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), conformadas por los gobernantes de signo progresista a partir de la década antepasada, y atacadas sistemáticamente por las administraciones de derecha o ultraderecha, con el auspicio de Washington.
Habida cuenta de la intensidad de los intercambios materiales y humanos entre naciones que comparten fronteras e indisolubles lazos culturales e históricos, queda claro que la única estrategia viable de combate al Covid-19 pasa por un esfuerzo internacional concertado por encima de intereses mezquinos y fobias ideológicas. La incapacidad de articular tal mecanismo denota la tragedia que ha significado la pérdida de organismos regionales eficientes, así como la imperiosa necesidad de reconstruirlos.
México SA
Reducen 95% robo de combustibles // Evitan pérdidas por 137 mil millones
Carlos Fernández-Vega
A escasos días de iniciar su administración, el presidente López Obrador puso en marcha su plan urgente de combate al robo de combustibles, delito que en gobiernos anteriores alcanzó niveles escalofriantes. Entonces, el mandatario reveló que sólo en 2018 el huachicol significó a Petróleos Mexicanos una pérdida cercana a 60 mil millones de pesos, sin dejar a un lado que el grueso del hurto se realizaba en las mismas instalaciones de la empresa petrolera.
Al detallar su estrategia, el tabasqueño explicó que “hay la hipótesis de que de todo el robo de combustible sólo 20 por ciento se da con la ordeña de ductos; era una especie de pantalla, pues la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y una red de distribución. Entonces hay huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba. Desde hace tres sexenios se conocía el incremento sustancial del robo de combustible, que iba mucho más allá de la ordeña de ductos; se detectó que en las grandes obras realizadas por los contratistas en los pasados años había depósitos de combustible robado que se vendía”.
Tan sólo en 2018, explicó, “se robaron diariamente más de 600 pipas; no estamos hablando sólo de huachicol, sino de un plan que tiene vinculación dentro del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil vender 600 pipas de gasolina al día” y anunció que con la participación del Ejército y la Marina ya se resguardan 58 instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (entre ellas 6 refinerías, 30 terminales de abastecimiento y despacho, y 12 estaciones de rebombeo); se iniciaron procesos administrativos y penales contra una red interna de funcionarios, y en los siete días de operación (del plan urgente) se redujo 17 por ciento la ordeña de ductos. También se registraron los lamentables sucesos en Tlahuelilpan, Hidalgo.
Una vez puesto en marcha, se registraron atorones en la distribución de combustibles y se descubrió que a lo largo y ancho de la República un buen número de estaciones de servicio vendía al público gasolina y diésel robado. El abasto se regularizó y aparentemente el tema pasó al olvido, pero en su más reciente informe, el presidente López Obrador detalló que a lo largo de su administración los delitos relacionados con el huachicol se han reducido 95 por ciento, y no hay marcha atrás.
Y por esas fechas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda denunciaba que la suma de dinero blanqueado en gasolineras que operan en el territorio nacional alcanza 45 mil millones de pesos. Estamos hablando de corrupción política, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
Bien. Sirva lo anterior para dar contexto al reciente informe de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez: de diciembre de 2018 a la fecha, las acciones en contra del huachicol han evitado pérdidas para las finanzas públicas por alrededor de 137 mil millones de pesos, y contando, porque el plan urgente puesto en marcha en el inicio de la presente administración sigue su curso.
De hecho, la misma funcionaria informó ayer que el reporte de un fuerte olor a combustible en parte del Túnel Emisor Oriente permitió que el gobierno federal descubriera dos predios que almacenaban cantidades industriales de combustible robado de ductos de Pemex, en cientos de contenedores de mil litros, en Ecatepec, estado de México. También se localizaron tomas clandestinas que han operado durante varios años en los kilómetros 290 a 295 del ducto Tuxpan-Azcapotzalco. Con estas acciones el robo de combustible disminuirá aún más.
El de López Obrador no es el primer plan urgente, porque Fox, Calderón y Peña Nieto pusieron en marcha (eso dijeron) su respectivo operativo de combate integral al huachicol, aunque en los hechos lo único que lograron fue el incremento sostenido del robo de combustibles. De 2003 a 2018 el número de tomas clandestinas se incrementó de unas cuantas decenas a más de 15 mil en 2018. Ese fue el resultado concreto, es decir, un jugoso negocio (a costillas de la nación, desde luego) en el que participaban políticos, funcionarios, empresarios, gasolineros, fuerzas de seguridad, narcotraficantes y personal de base de Pemex.
Las rebanadas del pastel
¿Y por qué tanto escozor, tanto furor? ¿Será porque tras la encuerada que les pusieron quedó claro de dónde comen y a quiénes sirven?
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