Congelan cuentas bancarias del ex senador por Campeche y de su esquema de blanqueo
▲ De izquierda a derecha, el ex senador Jorge Luis Lavalle, encarcelado este viernes por acusaciones de delitos financieros y corrupción. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actualmente sujeto a un juicio de procedencia en el Congreso de su estado, por acusaciones penales en su contra, y Roberto Gil Zuarth, ligado al delitos financieros, según la Unidad de Inteligencia Financiera.Foto Yazmín Ortega Cortés, Cristina Rodríguez y Cuartoscuro
Roberto González Amador
Periódico La Jornada Sábado 10 de abril de 2021, p. 3
Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vincula a los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle, encarcelado este viernes, y Roberto Gil Zuarth, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de actos de corrupción.
Las cuentas bancarias personales de Jorge Luis Lavalle y de su esquema de lavado fueron congeladas a petición de la UIF, según información obtenida por este diario y confirmada con esa instancia de la Secretaría de Hacienda.
Bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto
Jorge Luis Lavalle, ex senador por el estado de Campeche, fue detenido este viernes bajo cargos de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, relacionadas con sobornos recibidos para aprobar, cuando era senador, reformas promovidas por el ex presidente Enrique Peña Nieto, entre ellas la que permitió la entrada de particulares en áreas que estaban reservadas al Estado en el sector energético.
En el proceso contra el ex parlamentario Lavalle, la Unidad de Inteligencia Financiera participó como parte ofendida y coadyuvó con la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de la investigación, en el contrainterrogatorio, de acuerdo con la información obtenida de fuentes de la citada unidad. En la investigación sobre Jorge Luis Lavalle se vincula también al ex senador Roberto Gil y a García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, y ex senador panista por ese estado cuando fue aprobada la reforma energética en el gobierno anterior, según las fuentes consultadas.
En el caso particular de Lavalle, la denuncia de la UIF en la Fiscalía Anticorrupción y el congelamiento de cuentas bancarias fue por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La unidad también proporcionó información sobre Jorge Luis Lavalle y sus operaciones financieras a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (Seidf), que es la instancia que realiza particularmente la investigación sobre posibles actos de corrupción en el marco de la reforma que privatizó la industria energética en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Presentada el 13 de octubre de 2020, la querella está radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), identificada como DEN/UIF/89-2020.
Hace tres semanas, Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que el gobernador García Cabeza de Vaca se ha hecho de propiedades con valor superior al de sus ingresos declarados, además de participar en actos de corrupción y en el uso de recursos de procedencia ilícita. El mandatario, que está sujeto a un juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, negó las acusaciones que se le imputan.
También el panista Gil Zuarth ha rechazado los señalamientos de haber participado en actos de corrupción durante el proceso legislativo de aprobación de la reforma energética.
Avances contra la corrupción
En días recientes se han dado a conocer dos importantes movimientos en la lucha contra la corrupción que plagó a la vida pública durante los sexenios pasados. Por una parte, el ex senador Jorge Luis Lavalle se convirtió en el primer político encarcelado por su presunta implicación en el caso Odebrecht, el esquema de sobornos que habrían sido repartidos a los legisladores a cambio de su voto favorable a las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México, y en particular para aprobar la privatización del sector energético. Cabe recordar que las pesquisas contra Lavalle derivan del testimonio de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos y primer procesado por el escándalo Odebrecht, quien se encuentra en libertad en calidad de testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.
En la misma investigación que llevó al arresto de Lavalle se encuentran involucrados los ex senadores Roberto Gil Zuarth –también ex diputado y ex secretario particular de Felipe Calderón– y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas. Mientras al primero se le dictó prisión preventiva por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, a Gil y García se les investiga por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de actos de corrupción.
De manera sólo aparentemente aislada de lo anterior, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) reactivó las pesquisas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal contra Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz. De acuerdo con funcionarios entrevistados por este diario, el caso es manejado por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Seido, la cual ha integrado a la indagatoria carpetas de investigación con denuncias presentadas desde 2016. La nueva carpeta se encuentra en etapa de integración y está por verse si se logra llevar ante la justicia al político señalado por apropiarse 3 mil millones de pesos cuando Calderón lo puso al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Además de ser protagonizadas por prominentes figuras del Partido Acción Nacional (si bien Lavalle renunció a su militancia en 2018), cuyas carreras políticas iniciaron o despegaron al amparo del calderonato, las pesquisas contra estos cuatro políticos tienen en común la activa colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), enfocada en investigar a los llamados delincuentes de cuello blanco.
Estos casos han permitido conocer la magnitud de la corrupción que caracterizó a la clase política del periodo neoliberal. Al salir a la luz los patrones de enriquecimiento ilícito mediante el desvío de recursos públicos, o la obtención de sobornos a cambio de legislar en contra de los intereses nacionales, se ha exhibido también el tejido corrupto que unía –y une– a estos personajes. Cabe esperar que las indagatorias en curso lleven a la impartición efectiva de justicia y a la sanción de quienes resulten responsables por los daños al patrimonio público.
