Cierto es que la drástica medida que promovió el impetuoso mandatario centroamericano por medio de las bancadas de su partido Nuevas Ideas y algunos aliados menores –que lograron una aplastante mayoría tras los comicios del 28 de febrero de este año– violenta los principios de separación de poderes y el respeto a las maneras institucionales, pero también lo es que, tanto los magistrados como el fiscal destituidos habían llegado a sus cargos como resultado de negociaciones entre la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), las dos fuerzas políticas que se alternaron el poder de 1989 al año antepasado, que propiciaron el florecimiento de una corrupción sin precedentes en las instancias públicas, y fueron sorpresivamente reducidas a la oposición en los comicios presidenciales de 2019, en los que Bukele logró la mayoría absoluta.
Los funcionarios destituidos el fin de semana pasado representaban, pues, una correlación de fuerzas que dejó de existir desde hace dos años y recibió la última puntilla en las elecciones legislativas de febrero pasado. Por añadidura, los ex magistrados y el ex fiscal obstaculizaban en forma sistemática la realización del programa de gobierno aprobado por los electores el año antepasado y abrumadoramente refrendado en el actual con la altísima votación conseguida por el partido del Presidente.
Más allá de los alegatos legales esgrimidos por cada parte, la cuestión de fondo del episodio es el conflicto entre un mandato popular de nuevo signo y los remanentes institucionales de un régimen bipartidista que en tres décadas cosechó el hartazgo social y fue reducido a la irrelevancia por la voluntad popular, y que a pesar de ello decidió atrincherarse en posiciones decisivas en órganos del Estado.
Posiblemente Bukele y su partido habrían podido resolver esta confrontación por cauces menos disruptivos y con cariz menos autoritario, como reformas constitucionales o juicios políticos individuales.
En todo caso, tanto la conformación como la reconfiguración de la institucionalidad en El Salvador corresponde exclusivamente a la ciudadanía de ese país y las expresiones injerencistas, particularmente las procedentes de Washington –tanto las del gobierno estadunidense como las de la OEA y las de los organismos civiles financiados por la potencia del norte– son inadmisibles e impresentables.
México SA
Grandes contribuyentes, evasores// Mimados por el régimen neoliberal// Pandemia e incumplimiento fiscal
Carlos Fernández-Vega
Por las cifras que recién divulgó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no queda duda del impacto fiscal provocado por la pandemia, pues muchos mexicanos debieron escoger entre pagar impuestos en tiempo y forma o tomar las precauciones económi-cas del caso para seguir en movimiento. Un golpazo, cierto es, pero, como es tradición, los grandes contribuyentes –que con la presencia del bicho no dejaron de ganar dinero– (ahí está el informe sobre el crecimiento de las fortunas de los barones autóctonos marca Forbes) utilizaron de pretexto el Covid-19 para hacer lo mejor que saben: no cumplir con sus obligaciones tributarias, en espera de que la autoridad respectiva condone y/ o cancele sus adeudos, tal cual sucedía en el régimen neoliberal.
Cómo olvidar que Ernesto Zedillo les canceló, vía Fobaproa, todas las deudas que tenían en el sistema bancario (que ellos mismos reventaron) y alegremente la factura la trasladó a los mexicanos, quienes, les guste o no, por esa salvajada no han dejado de pagar (alrededor de un billón de pesos hasta ahora) y aún deben un titipuchal de dinero (cuando menos otro billón). También está el caso de Vicente Fox, que no solo presumió la extranjerización de la banca (rescatada por el Fobaproa con dinero de los mexicanos), sino que celebró (venta del siglo, decía) la compraventa libre de impuestos. Por ejemplo, los accionistas mexicanos de Banamex y Bancomer, que debieron enterar al fisco algo así como 5 mil millones de dólares, no pagaron un solo centavo.
O Felipe Calderón, que nada más instalándose en Los Pinos ordenó a su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, publicar un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación para condonar –total o parcialmente– créditos fiscales por 500 mil millones de pesos (acumulados en tiempos de Fox), la mayoría concedidos a un grupo de grandes empresas. Pero no paró ahí la cosa, porque, además de ese monto, a lo largo de su sexenio el Borolas condonó casi 170 mil millones adicionales a los mismos. Y Enrique Peña Nieto, que perdonó cerca de 250 mil millones de pesos en impuestos no pagados por los amigos del régimen. Un verdadero atraco a las arcas nacionales.
Pues bien, sirva lo anterior para contextualizar lo que el SAT ha documentado: “los adeudos de contribuyentes –detectados luego de diversos actos de fiscalización– aumentaron 34.1 por ciento a lo largo de los últimos 12 meses y sumaron un billón 48 mil 888 millones de pesos en el primer trimestre de 2021; empresas e inversionistas concentran 92 por ciento de los impuestos presuntamente evadidos”, y en el detalle dicha institución aporta que de acuerdo con lo informado a marzo pasado, el billón de pesos que el SAT detectó como presunta evasión, está 79.3 por ciento integrado por adeudos de empresas, 13 por empresarios, y 7.7 por el resto de personas físicas sin actividad empresarial ( La Jornada, Dora Villanueva).
El SAT explica que sólo en los grandes contribuyentes (aquellos con ingresos superiores a mil 500 millones) de esta clasificación los recursos litigados en créditos fiscales pasaron de 700 mil pesos a 428 millones 600 mil pesos, un crecimiento superior a 61 mil por ciento.
Pero hay más: alrededor de la mitad de los adeudos está congelada en litigio. Hay 613 mil 226 millones de pesos en la cartera de créditos fiscales controvertidos, lo que significa que los contribuyentes iniciaron un proceso judicial para evitar el pago de unos recursos que bien alcanzarían para duplicar el presupuesto público para la función de salud ( ídem).
El SAT documentó que cuatro sectores acumulan los siguientes adeudos fiscales: en los servicios profesionales, científicos y técnicos se presumen evasiones por 146 mil 217.9 millones de pesos; en el comercio al por mayor, 136 mil 27.2 millones; 108 mil 745.3 millones más en las industrias manufactureras y 108 mil 745 millones en la construcción. Entonces, la pandemia, sí, pero las viejas mañas no se les quitan.
Las rebanadas del pastel
Quienes no paran de aportar a sus familias y a la economía nacional son los paisanos: en marzo pasado sus remesas sumaron 4 mil 151 millones de dólares, la mayor cantidad para cualquier mes desde que hay registros, de acuerdo con el Banco de México. Sólo en el primer trimestre del año, el acumulado fue de 10 mil 623 millones de billetes verdes.
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