La decisión del presidente Joe Biden, el pasado 15 de abril, de expulsar a 10 diplomáticos del Kremlin y de imponer nuevas sanciones contra Rusia por su alegada injerencia en las elecciones presidenciales estadunidenses de 2020 –a lo cual ya contestó Rusia– se produjo pocos días después de que el Pentágono realizara ejercicios navales frente a costas de China. Las dos acciones representan una escalada de las agresiones con el afán de Washington de intensificar la nueva guerra fría en contra de Rusia y China, llevando al mundo cada vez más hacia la conflagración político-militar internacional.
La mayoría de los observadores atribuyen esta guerra, instigada por Estados Unidos, a la rivalidad y la competencia sobre la hegemonía y el control económico internacional. No obstante, estos factores sólo explican en parte esta guerra. Hay un cuadro más amplio –que ha sido pasado por alto– que impulsa este proceso: la crisis del capitalismo global.
Esta crisis es económica, de estancamiento crónico en la economía global. Pero también es política, una crisis de la legitimidad del Estado y de la hegemonía capitalista. En Estados Unidos, los grupos dominantes se esfuerzan por desviar la inseguridad generalizada producida de la crisis hacia chivos expiatorios, como los inmigrantes o enemigos externos como China y Rusia. Las crecientes tensiones internacionales legitiman el aumento en presupuestos militares y de seguridad y abren nuevas oportunidades lucrativas mediante los conflictos y la extensión de los sistemas trasnacionales de control social y represión.
Los niveles de polarización social global y la desigualdad registrados en la actualidad están en niveles sin precedente. En 2018, el uno por ciento más rico de la humanidad controló más que la mitad de la riqueza del mundo mientras el 80 por ciento más pobre tuvo que conformarse con apenas 5 por ciento. Estas desigualdades socavan la estabilidad del sistema, mientras crece la brecha entre lo que el sistema produce o podría producir y lo que el mercado puede absorber.
Las corporaciones trasnacionales registraron niveles récord de ganancias entre 2010 y 2019, al mismo tiempo que las inversiones corporativas disminuyeron. El monto total de dinero en reservas de las 2 mil corporaciones no financieras más grandes en el mundo pasó de 6.6 billones de dólares a 14.2 billones entre 2010 y 2020 –cantidad por encima del valor total de todas las reservas en divisas de los gobiernos centrales del planeta– al mismo tiempo que la economía global se quedó estancada.
La economía mundial ha llegado a depender cada vez más del desarrollo y despliegue de los sistemas de guerra, de control social trasnacional, y de represión, simplemente como medio para sacar ganancia y seguir acumulando el capital de cara al crónico estancamiento y la saturación de los mercados globales. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 marcaron el inicio de una era de guerra global permanente en que la logística, la guerra, la inteligencia, la represión, el monitoreo y rastreo, y hasta el personal militar son cada vez más el dominio privado del capital trasnacional.
El presupuesto del Pentágono creció 91 por ciento en términos reales entre 1998 y 2011, mientras a escala mundial, el conjunto de los presupuestos militares estatales creció 50 por ciento entre 2006 y 2015, de 1.4 billones de dólares, a 2.03 billones. Durante este lapso, las ganancias del complejo militar-industrial se cuadruplicaron.
Los múltiples conflictos y campañas del control social en el mundo entrañan la fusión de la acumulación privada con la militarización estatal. En esta relación, el Estado facilita la expansión de las oportunidades para que el capital privado acumule ganancias, como facilitación de la venta global de armamentos por parte de compañías del complejo militar-industrial-seguridad. Las ventas globales de armamentos por parte de los 100 fabricantes más grandes aumentaron 38 por ciento entre 2002 y 2016.
En 2018, el entonces presidente estadunidense, Donald Trump, anunció la creación de un sexto servicio de sus fuerzas armadas, la llamada Fuerza Espacial, con el pretexto de que era necesario para que Estados Unidos enfrentara crecientes amenazas internacionales. Pero tras bastidores, un pequeño grupo de ex funcionarios gubernamentales con fuertes lazos con la industria aeroespacial hicieron cabildeo para su creación con el fin de ampliar el gasto militar en satélites y otros sistemas espaciales.
En febrero pasado, la Federación de Científicos Estadunidenses denunció que detrás de la decisión de Washington de invertir no menos de 100 mil millones de dólares en una renovación del arsenal nuclear, se dio un constante cabildeo por parte de las compañías que producen y mantienen dicho arsenal. La administración Biden anunció con fanfarrias a principios de abril que iba a retirar todas las tropas estadunidenses en Afganistán. Sin embargo, sus 2 mil 500 soldados en ese país palidecen en comparación con los más de 18 mil contratistas de auxilio privados desplegados por Estados Unidos, entre ellos al menos 5 mil soldados bajo la planilla de las corporaciones militares privadas.
Pero si bien la ganancia de capital trasnacional y no la amenaza externa es la explicación para la expansión de la maquinaria estadunidense de guerra estatal y corporativa, esta expansión necesita ser justificada por la propaganda oficial del Estado y la nueva guerra fría cumple con esa finalidad.
El afán del Estado capitalista de externalizar las consecuencias políticas de la crisis incrementa el peligro de que las tensiones internacionales conduzcan a la guerra. Los presidentes estadunidenses históricamente registran el índice de aprobación más alto cuando lanzan las guerras. El de George W. Bush alcanzó el máximo histórico de 90 por ciento en 2001, en el momento en que su administración se alistaba para invadir a Afganistán, en tanto el de la administración de su padre, George H. W. Bush, alcanzó un índice de 89 por ciento en 1991, a raíz de su declaración de que concluyó exitosamente la (primera) invasión a Irak y la liberación de Kuwait.
* Profesor de sociología y estudios globales de la Universidad de California, en Santa Bárbara. Siglo XXI recién publicó su libro El capitalismo global y la crisis de la humanidad
Colombia: ¿cederá el gobierno?
Ángel Guerra Cabrera
¡Nos están matando! El grito sale del pueblo, millones se rebelan contra el uribismo, la forma más cruel del neoliberalismo en nuestra América. La protesta contra la reforma tributaria entra en su séptimo día aunque el gobierno haya dicho que la retira. Pero va mucho más allá, contra los abusos cometidos en su guerra contra el pueblo por la oligarquía sometida al imperio, que ha convertido a Colombia en el segundo país más desigual de la región, donde, pese a los acuerdos de paz, las masacres y asesinatos son pan de cada día. La movilización, convocada por el Comité Nacional del Paro (CNP) desde el 28 de abril, continuaba ayer. El organismo, surgido con el estallido de septiembre de 2019, reúne a todas las centrales sindicales y organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes. Han marchado y acatado el paro algunos uribistas y muchas personas que votaron por el presidente Iván Duque. Ellas y ellos agraviados por este gobierno y, con frecuencia, desencantados del ex presidente Uribe que, secreto a voces, es quien gobierna el país.
El presidente Duque hoy es prisionero de Uribe –denuncia el senador Gustavo Petro, ex candidato presidencial y líder del partido Colombia Humana–; purgó al ejercito y la policía de los mandos partidarios de los acuerdos de paz y entregó la cúpula de ambas fuerzas a Uribe y también el manejo del dinero, poniendo a sus órdenes al renunciado ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, autor de la citada reforma, quien sólo obedecía a Uribe y a los banqueros. Petro coincide con varios investigadores y analistas sobre lo que hay detrás de la reforma tributaria que intentaba imponerse con grave daño a importantes sectores asalariados y de clase media baja. La medida fiscal buscaba tapar un enorme boquete en las finanzas públicas debido en parte a enormes transferencias de dinero del presupuesto del Estado a las arcas de los bancos. Dos graves errores de política económica cometió Carrasquilla, afirma el senador: el primero, hacer aprobar la reforma tributaria de 2019, donde se rebajaban entre 9 y 15 billones de pesos los impuestos que pagaban petroleras, carboneras, bancos y otras grandes corporaciones. Segundo, ya con el Covid-19, sobrendeudar al Estado al gastar dinero de deuda pública para mantener las utilidades de los dueños de los bancos, que alcanzaron 14 billones de pesos el año pasado mientras el país quebraba y pasaba al hambre. En sólo dos años de gobierno, Carrasquilla desfinanció al Estado –prosigue Petro– y lo sobrendeudó, haciendo la situación insostenible. Desesperados, para remediar el déficit fiscal que ellos mismos crearon –continúa el senador–, Duque, Uribe y Carrasquilla acudieron a lo de siempre: pasarle la factura a los que menos tienen.
La factura implicaba subir el IVA a 19 por ciento a la mayoría de los productos de la canasta básica: gas, teléfono y electricidad; un aumento a la gasolina, imponer severos recortes al gasto social; congelar por cinco años los salarios de la administración pública; otorgar facultades extraordinarias por seis meses al presidente para enajenar, restructurar o fundir entidades y empresas del Estado. Léase, un gran recorte a las plantillas del aparato del Estado. En paralelo a esto el Ejecutivo ha presentado en las cámaras una iniciativa que profundiza la privatización del sector salud y fuentes afirman que hay en camino iniciativas de reforma laboral y salarial que –es sabido– implican grandes ataques a las conquistas obreras cuando se aplican por gobiernos neoliberales.
Esto en un país donde la pobreza por ingresos monetarios avanzó en 2020 6.8 por ciento para ubicarse en 42.5, lo que significa que 21.2 millones de personas carecen de medios para satisfacer sus necesidades básicas. Colombia subió de 4.6 millones de personas en pobreza extrema a 7.4 millones; 68 por ciento de la población ha pasado de ingerir tres comidas al día a sólo dos y 10 por ciento de los hogares ponen ahora alimento en la mesa sólo una vez por día. Incluso desde una subjetividad tan insensible y alejada de las necesidades populares, como la neoliberal, hay que reconocer que Duque, Uribe y quienes diseñaron esta reforma son posiblemente insuperables.
Petro le propone a Duque liberarlo de Uribe para que cumpla su último año de mandato y evite un golpe de Estado para cancelar las elecciones, que seguramente perdería el uribismo. Lo insta a abrir el diálogo franco y sincero con el movimiento social y a militares y protestantes a confraternizar y evitar enfrentamientos.
El gobierno parece ceder después de no menos de 20 muertos, cientos de heridos, 814 detenciones arbitrarias y 10 hechos de violencia sexual por la fuerza pública. Anuncia una agenda de reuniones con instituciones, incluido el CNP, que, afirma, ha aceptado una cita inicial el 10 de mayo. El problema es que la oligarquía nunca cumplió sus compromisos.
Twitter: @aguerraguerra
