Militares estadunidenses duermen en el interior del capitolio. Foto Afp /Archivo
Nueva York. Ex secretarios de Defensa y ex jefes del estado mayor expresaron que existe una “tensión extrema” en la tradicional relación civil-militar en Estados Unidos generada en parte por una polarización política “que culminó en la primera elección en más de un siglo donde el traslado pacífico del poder fue irrumpido y puesto en duda”.
En una evaluación que antes sólo se hacia sobre países del llamado “tercer mundo”, ocho ex secretarios de Defensa y cinco ex jefes del estado mayor advierten del desafío en mantener las relaciones militares-civiles en Estados Unidos, ahora en peligro por las consecuencias de una serie de factores -desde la evolución de la situación geopolítica global, el impacto de la pandemia de coronavirus, “dislocaciones económicas” y la polarización política.
“Viendo hacia adelante, todos estos factores bien podrían empeorarse antes de mejorar”, advierten y por lo tanto enumeran los “principios centrales” y “mejores prácticas” que históricamente han mantenido la relación cívico-militar y que ahora se deben fortalecer, escribieron en una carta abierta publicada en el portal War on the Rocks especializado en temas militares.
Resaltan que el “control civil de lo militar” es fundamento de la democracia estadunidense, señalando que “el proyecto democrático no está amenazado por la existencia de fuerzas armadas poderosas siempre y cuando civiles y militares -y las filas que encabezan- abrazan e implementan el control civil efectivo”.
Agregan que los oficiales militares hacen un juramento de defender la Constitución y no “un juramento de lealtad a un individuo o puesto”. Subrayan que los militares están obligados a obedecer a los líderes civiles y sus órdenes, siempre y cuando éstas sean “legales”. Los militares, recuerdan, “son obligados (por ley y por ética profesional) a rehusar llevar a cabo una política/orden/acción ilegal o inconstitucional”.
A la vez, recuerdan que hay un papel muy limitado y definido de los militares en tareas de seguridad pública bajo la Constitución y las leyes.
Enfatizan que “líderes militares y civiles tienen que ser diligentes en mantener a los militares separados de actividad política partidaria”, y que al fin es el pueblo, y “no los militares” quienes eligen al comandante en jefe -aclaración significativa ya que el ex comandante en jefe Donald Trump estaba contemplando ordenar a los militares intervenir en la elección incluyendo hasta confiscar las urnas (aunque la carta nunca menciona al ex presidente por nombre).
Que los ex máximos jefes civiles y militares del Pentágono que sirvieron bajo presidentes de ambos partidos -entre ellos dos secretarios de Defensa de Trump- se vean obligados a publicar esta carta abierta es, en sí, algo extraordinario en la historia moderna del país [la carta se puede revisar en: https://warontherocks.com/2022/09/to-support-and-defend-principles-of-civilian-control-and-best-practices-of-civil-military-relations/].
Uno de los firmantes de la carta, el almirante Mike Mullen, quien fue jefe del estado mayor en las presidencias del republicano George W. Bush y el demócrata Barack Obama, comentó al Washington Post que, después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, está preocupado de que su país “está en el umbral de perder una democracia”.
No es la primera vez que ex jefes del Pentágono, tanto civiles como militares, han expresado sus preocupaciones sobre el deterioro de no sólo la relación cívico-militar sino del uso de las fuerzas armadas en la pugna política interna del país, sobre todo bajo Trump.
En junio de 2020, casi 90 altos oficiales y ex secretarios de Defensa deploraron que Trump había contemplado ordenar una represión de manifestaciones antiracistas por fuerzas militares, mientras que su propio ex secretario de Defensa James Mattis calificó a su ex jefe como una amenaza a la democracia al “burlarse de nuestra Constitución”.
Reino Unido trabaja en paquete de ayudas ante crisis energética
La nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, pronuncia su primer mensaje a la nación afuera del número 10 de Downing Street, en Londres, Reino Unido, el 6 de septiembre de 2022. Foto Xinhua
Helsinki. La nueva primera ministra británica está trabajando en lo que parece ser el mayor paquete de ayudas por la crisis energética en Europa hasta la fecha, mientras los países europeos se esfuerzan por proteger a los hogares y a las empresas de la subida de las facturas y por apuntalar a proveedores en apuros.
Liz Truss, que sustituyó a Boris Johnson este martes, planea congelar las facturas energéticas de los hogares al nivel actual durante este invierno y el próximo, lo que pagará con préstamos a los proveedores respaldados por el gobierno, informó la BBC, que cifró el costo entre cien mil millones y 130 mil millones de libras (116 mil millones y 151 mil millones de dólares).
El gobierno también está trabajando en la ayuda a las empresas, pero es probable que sea más complejo y se revise con más frecuencia, dijo la BBC.
Costos de gas en Europa se han disparado 340% en un año
Los gobiernos europeos están impulsando paquetes multimillonarios para evitar el colapso de los servicios públicos y proteger a los hogares en un contexto de subida de los costos energéticos provocada principalmente por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.
Los precios de referencia del gas en Europa se han disparado 340 por ciento en un año, y el lunes se elevaron 35 por ciento, después que la empresa controlada por el Estado ruso, Gazprom, anunció el cierre indefinido del importante gasoducto Nord Stream 1.
Europa ha acusado a Rusia de militarizar el suministro de energía en represalia por las sanciones occidentales impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania. Rusia culpa a esos castigos de provocar los problemas de abastecimiento de gas, que achaca a fallos en los gasoductos.
Alemania lanza medidas para proteger a hogares y empresas por el encarecimiento
Alemania dijo el domingo que gastaría al menos 65 mil millones de euros en proteger a los clientes y a las empresas de la inflación disparada, provocada principalmente por el alza de la energía.
Varios países también están proporcionando miles de millones de euros en ayudas a los distribuidores de energía expuestos a las salvajes oscilaciones de los precios, que les obligan a desembolsar enormes garantías para el suministro.
La empresa energética noruega Equinor ha calculado que estos pagos de garantías, conocidos como “margin calls”, ascienden al menos a 1.5 billones de euros (1.5 billones de dólares) en Europa, sin contar Gran Bretaña.
El alza de los precios está obligando a las industrias que consumen mucha energía a reducir su producción, lo que aumenta las posibilidades de que las economías europeas entren en recesión.