El defecto más escandaloso en el caso es la pérdida de la información del teléfono celular del único sospechoso arrestado, Fernando Andrés Sabag Montiel, quien el jueves de la semana pasada, por la noche, jaló en dos ocasiones el gatillo de una pistola semiautomática apuntada al rostro de la funcionaria a unos centímetros de distancia.
Los datos del dispositivo, fundamentales para el esclarecimiento del fallido magnicidio, desaparecieron en algún punto de la cadena de custodia, desde la sede de la Policía Federal a la que fue conducido el acusado, y cuyos agentes no tuvieron éxito en desbloquearlo, hasta el juzgado que lleva la causa.
En algún momento el sobre sellado en el que era transportado el aparato fue abierto, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la que enseguida se acudió para intentar extraer los datos del teléfono móvil, reportó haber recibido el sobre abierto y el aparato, reseteado y encendido.
Los responsables del traslado fueron los custodios de la jueza que lleva la causa, María Eugenia Capuchetti.
Por otra parte, el informe policial de que Sabag Montiel utilizó una pistola Bersa Lusber calibre 7.65 mm, cuya foto fue divulgada por los medios, a pesar de que no tenía las huellas dactilares del detenido, ha sido cuestionada por expertos que afirman que el arma que se vio en los diversos videos que captaron el momento del atentado fallido fue más bien una Bersa Thunder calibre .380 ACP, sin que hasta el momento haya podido establecerse a ciencia cierta cuál de las dos versiones es la correcta.
Un hecho parece claramente establecido: si la pistola no funcionó fue porque el que la manipulaba omitió el procedimiento necesario para montar una bala en la recámara. Y con ese antecedente, resulta ominoso, por decir lo menos, que poco después del atentado el periódico Clarín, de filiación oligárquica, haya publicado una infografía en la que explica la manera correcta de activar ese modelo de pistola.
Otro elemento oscuro del intento de asesinato es el comportamiento de los custodios de la vicepresidenta, cuya actuación ha sido señalada por varios analistas como ineficiente, en el menos peor de los casos.
Lo cierto es que la pesquisa ha sido manchada desde sus primeros pasos por contradicciones y actos equívocos que podrían ser resultado de una extremada torpeza policial o de un afán de encubrimiento y desviación de la justicia.
Debe considerarse que todo lo anterior ocurre en un entorno sumamente polarizado y con el telón de fondo de una ofensiva judicial que no va únicamente dirigida contra la vicepresidenta, sino que apunta al gobierno peronista de Alberto Fernández y de campañas de odio atizadas desde la derecha oligárquica y sus medios con un sesgo inequívocamente golpista.
En tal circunstancia, no pocas voces de la oposición han buscado presentar el fallido atentado contra Fernández de Kirchner como un montaje o un autoatentado y han minimizado la posibilidad de que sea resultado de una conjura política criminal. Los errores e inconsistencias de la investigación fortalecen la segunda de esas sospechas.
México SA
SCJN: ¿que simpre no? // Supremo poder conservador // ¿Y la separación de poderes?
Carlos Fernández-Vega
Jaloneo en la tremenda corte por el asunto de la prisión preventiva oficiosa. Unos a favor, otros en contra, pero el punto esencial fue aportado por el presidente López Obrador: si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deroga esa figura jurídica, no sólo violaría la Constitución, sino que esa institución se convertiría en el supremo poder conservador. ¡Zas!
Hasta ahora, cuatro ministros de la SCJN (tres nominados por Andrés Manuel y uno por el Borolas) se han pronunciado en contra de proceder en el sentido descrito, lo que supondría que no se alcanzaría mayoría calificada para avanzar en el tema, pero falta camino por recorrer y habrá que esperar el fallo definitivo. Por cierto, de los 11 ministros del máximo tribunal del país, incluido el presidente Arturo Zaldívar, cinco fueron nominados por Felipe Calderón, dos por Enrique Peña Nieto y cuatro por Andrés Manuel López Obrador.
La Jornada (Eduardo Murillo) lo reseñó así: “cuatro de los 11 ministros de la SCJN han rechazado la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales (también nominado por el Borolas) para ‘inaplicar’ el artículo 19 de la Constitución y con ello invalidar la prisión preventiva oficiosa (PPO). Esto hace inviable que se alcance la mayoría calificada de ocho votos para que el pleno de ministros invalide, por esa razón, esta medida cautelar. Los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá señalaron que la SCJN carece de facultades para no observar o reformar la Constitución, pues ésta es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. ‘No me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quién para desprender hojas de la Constitución”, afirmó Pérez Dayán. Mientras, la ministra Loretta Ortiz afirmó que la inaplicación de la Constitución por parte de la SCJN cuestionaría la división de poderes y el estado de derecho. ‘Sería una falacia que, al tiempo que estamos llamados a defender la ley suprema, llamáramos a desaplicarla’, afirmó la ministra Ortiz”.
El presidente López Obrador defiende el respeto a la Constitución y a la división de poderes, por lo que ha advertido sobre los efectos de desaparecer, de un plumazo, la figura de la prisión preventiva oficiosa. Por ello, en la mañanera de ayer dijo que cualquier cambio lo tendría que ver el Poder Legislativo, pues si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes.
Ante la posibilidad de que, al final, la SCJN logre echar para atrás la figura de PPO, el mandatario subrayó: el Legislativo tendría que actuar; no creo, la verdad, que se atrevan (los ministros), porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al Legislativo. Y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino el supremo poder conservador. También depende de cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien y hay que te-ner confianza. Incluso son muy buenos abogados constitucionalistas; la diferencia que tene-mos con ellos es que no se les da mucho el apoyar al pueblo, les cuesta trabajo ponerse del lado del pueblo; se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados, su mundo es el de los abogados, los fiscalistas, los lobistas de empresas extranjeras, no todos, desde luego, pero hay esa tendencia.
Hay que esperar el fallo de la SCJN, pero en vía de mientras recuérdese que entre los delitos que ameritan PPO o automática (artículo 19 constitucional) están: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana, corrupción como enriquecimiento ilícito, robo al autotransporte de carga, todo lo relacionado con el huachicol, robo de hidrocarburos, delitos violentos cometidos con armas de fuego, portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y aquellos que atenten contra la seguridad de la nación (Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública).
Las rebanadas del pastel
Lamentable: en Chile, las víctimas de la dictadura siguen votando a favor de los victimarios.
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