Carlos Fernández-Vega
▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una tregua de cuando menos cinco años en favor de la paz entre todas las naciones para enfrentar los graves problemas económicos y sociales que atormentan a los pueblos del mundo, como en Europa, donde la crisis por el desabasto de gas disparó la inflación. En la imagen la refinería PCK Oil, subsidiaria alemana de Rosneft, en las afueras de Schwedt, al norte de Berlín.Foto Afp
Plantea el presidente López Obrador que es necesario preguntarnos si no se pudo evitar la guerra (en Ucrania) y si la Organización de Naciones Unidas y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia. Nada o muy poco se ha hecho en ese sentido: la ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental, en medio del reprobable proceder de las grandes potencias que, de manera explícita o silenciosa, se posicionan ante el conflicto sólo para servir a sus intereses hegemónicos.
Por lo anterior, el mandatario anunció que en los próximos días, México presentará, en el marco de la Asamblea General de la ONU, una propuesta para buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr una tregua de cuando menos cinco años en favor de la paz entre todas las naciones, para dedicar todo ese tiempo a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo.
De entrada, la guerra era evitable si las potencias occidentales (Estados Unidos y sus marionetas europeas) hubieran respetado los acuerdos de altísimo nivel pactados con la Unión Soviética, primero, y Rusia, después, mediante los cuales las primeras se comprometían a no extender ni una pulgada su poderío militar, por conducto de la OTAN, hacia el este, es decir, hacia las fronteras rusas.
En los estertores de la Unión Soviética, ello fue negociado entre Mijail Gorbachov y Ronald Reagan, primero, ratificado por George Bush padre, después, y más adelante con el impresentable Boris Yeltsin, ya como Rusia: la OTAN, geográficamente, no se movería hacia el este. Ese fue el compromiso y la garantía, en medio de la caída del Muro de Berlín, el desmoronamiento del bloque socialista, la caída de la URSS y el fin de la guerra fría (en febrero de 1991 desapareció el Pacto de Varsovia, contraparte de la organización atlántica).
En los hechos, de 1990 (con la reunificación alemana) a 2020 catorce países del ex bloque socialista (el este europeo) fueron incorporados oficialmente a la OTAN, con lo que este aparato militar controlado por Estados Unidos no avanzó una pulgada, sino cientos de kilómetros hacia el punto geográfico que se había comprometido a respetar.
En 2008 Ucrania y Georgia –ex repúblicas soviéticas– solicitaron formalmente su ingreso a la OTAN, y en ambos casos, hasta ahora, la adhesión está en veremos, sobre toda la del primer país citado, controlado por los neonazis que en 2014 dieron un golpe de Estado, con el apoyo de Estados Unidos. Así, Occidente no sólo violó los acuerdos, sino que estimuló la guerra.
Si Estados Unidos y sus aliados europeos hubieran cumplido los acuerdos diplomáticos, la guerra en Ucrania ni lejanamente hubiera estallado. Al mismo tiempo, si Washington se hubiera abstenido de enviar miles de millones de dólares en armamento a Ucrania (sin duda un jugosísimo negocio para la industria privada militar de ese país), probablemente una paz negociada hubiera llegado prácticamente de inmediato. Vamos, ni siquiera se hubiera disparado la primera bala. Pero como el hubiera no existe, el conflicto bélico se ha prolongado por casi siete meses.
Además, a Washington y sus aliados no se les ocurrió mejor idea que aplicar múltiples sanciones a Rusia que de inmediato impactaron brutalmente … en las propias economías estadunidense y europeas, y de ahí a todo el orbe, generando crisis por doquier: energética, alimentaria, inflacionaria, etcétera, etcétera, que no tiene visos de solución, porque Estados Unidos, día tras día, atiza la guerra en su afán de conservar su ya destartalada hegemonía.
Bien lo subraya el presidente López Obrador: grupos de interés, situados en posiciones de poder gubernamental o económico, se esmeran en conducir la política hacia el conflicto armado. Y una vez cometido este error, en lugar de enmendarlo, optan por profundizarlo sin que les importe el sufrimiento que infligen a la humanidad ni el daño que causan a la estabilidad de las naciones y al bienestar de las sociedades.
Las rebanadas del pastel
Lo dijo Vladimir Putin en diciembre de 2021: cualquier movimiento de la OTAN hacia el este es inaceptable. Es una cuestión de seguridad. ¿Qué pensarían los estadunidenses si, por ejemplo, decidiéramos desplegar misiles en sus frontera con Canadá y México?
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Desplazamiento forzado interno
Miguel Concha
El desplazamiento forzado interno en México aumenta cada vez más. Las crecientes violencias, muchas veces ocasionadas por el crimen organizado, o bien por megaproyectos, generan que cientos de personas, incluso comunidades enteras, tengan que desplazarse forzadamente de sus lugares de origen. A todo esto podemos sumar multiplicidad de conflictos de tipo electoral, religioso o agrario, así como los efectos del cambio climático, los desastres y la discriminación hacia los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, que agudizan el desplazamiento. Todo lo anterior refleja un contexto que, inscrito en la grave crisis de derechos humanos, lastima a personas y comunidades que habitan en los territorios mexicanos.
Sobre este asunto relevante dio cuenta recientemente la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary. La relatora presentó sus observaciones preliminares en días pasados, luego de visitar varias entidades del país y reunirse con diversas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia y con personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado interno, anunciando también sus recomendaciones generales para el Estado mexicano en junio del año próximo, asunto que amerita prestarle especial atención. Su visita se vuelve oportuna para atender realmente por parte del Estado las necesidades de personas y comunidades afectadas por el desplazamiento.
Entre los grupos con los que se reunió estuvieron articulaciones como el Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes (Colectivo de Víctimas de Desplazamiento), conformado por 12 comunidades y agrupaciones de personas desplazadas con presencia en siete estados del país, y que es acompañado por 16 organizaciones sociales.
Para la dimensión del problema de desplazamiento, la puesta en común de estrategias de incidencia y exigencia de derechos, incentivando articulaciones de víctimas y acompañantes, se vuelve fundamental . Tal colectivo compartió la urgencia para que el Estado mexicano garantice los derechos de personas desplazadas y reconozca la situación de violencia generalizada que se vive en la República, para poder atender de manera oportuna la problemática (comunicado, disponible: https://n9.cl/748e4). Por ello y luego de diversos intercambios, para la especialista de la ONU es vital implementar un enfoque integral en la atención de esta problemática, lo cual debe incluir la debida garantía de los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales, bajo los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que rigen la realización de los derechos humanos de todas y todos. Posibilitando medidas de prevención, atención y protección, también bajo un enfoque diferenciado e interseccional.
Fue especialmente enfática en lo relacionado a garantizar seguridad y el acceso a la vivienda, al agua y al saneamiento, así como a la alimentación culturalmente apropiada, la educación y los servicios de salud, incluyendo la salud reproductiva y sexual, y a la atención sicológica; necesidades que personas y comunidades víctimas le compartieron de viva voz. Asimismo, sugirió al Senado aprobar sin dilación la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno; en palabras de la relatora, contar con una legislación en la materia es un paso esencial para formalizar el reconocimiento de la problemática y cumplir con el rol primario del Estado en la atención integral del desplazamiento interno.
Vale señalar también la urgencia para que el marco legal y las instituciones encargadas no sean omisas en reconocer a víctimas de desplazamiento forzado interno, ahorrándoles procesos revictimizantes derivados de artilugios legales que se convierten en obstáculos para obtener apoyo y atención efectivas. Es fundamental, como bien señaló Jiménez-Damary, asegurar e incentivar la participación activa de las personas y comunidades desplazadas en cada acción o decisión que el Estado lleve a cabo, y que comprometa los derechos y bienestar de estas personas y grupos afectados.
De lo contrario, se violenta el principio de derechos humanos de participación de las víctimas, reconocido también en el marco normativo e institucional en México. Asimismo, dijo que el Estado debe garantizar el retorno seguro, digno y voluntario como medida de solución duradera, en los casos donde sea posible. Con la visita oficial de esta relatora, la sociedad civil y todas las instituciones del Estado deben seguir trabajando arduamente para prevenir y detener el incremento de desplazamientos forzados, así como lograr la efectiva atención de quienes ya son afectados. Para avanzar en tan intrincada tarea, las recomendaciones de la relatora y su plena observancia serán fundamentales.
