El presidente López Obrador ofreció esta mañana su conferencia de prensa desde Hermosillo, Sonora. Foto cortesía Presidencia
Hermosillo, Son. Ante los reclamos de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, de que México no ha cedido la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó claramente su postura "porque yo no quiero entregarle a un gobierno que considero espurio", por lo que dijo que a través del canciller, Marcelo Ebrard, se va a consultar al Grupo de Río, qué hacemos, cuál es la alternativa.
Durante su conferencia matutina efectuada en esta ciudad, López Obrador fue claro nuevamente frente a la crisis política peruana: "Lo vamos a notificar. Si ellos dicen que entregue la presidencia, lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque no quiero legitimar un golpe de Estado, es contrario a las libertades, derechos humanos y es anti democrático".
A pregunta expresa sobre la inconformidad de Boluarte, dijo en el caso de la Aliaza del Pacífico estamos buscando la manera de entregar la presidencia que le correspondía al Perú pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión no le permitieron al presidente, Pedro Castillo, salir de su país. Posteriormente íbamos a visitar Perú y "lo detuvieron con esto que fue un golpe de Estado, fue un acto ilegal, arbitrario, anti democrático. No se respetó la voluntad del pueblo".
Señaló que Castillo enfrentó cinco o seis intentos de destituirlo, e incluso no tenía ni un mes en el gobierno cuando ya lo querían quitar del puesto y lo meten a la cárcel. No hubo fundamentos legales, pues lo que hay en el fondo es una actitud clasista, racista, porque era un maestro humilde".
Por otro lado, confirmó que en septiembre próximo podría realizar una gira de trabajo a Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Será muy cerca del 50 aniversario del asesinato del presidente Salvador Allende, durante el golpe de Estado ocurrido en 1973. Se buscará analizar problemáticas comunes como la forma de enfrentar el fenómeno inflacionario.
Tesla: entusiasmo con prudencia
En días recientes ha generado revuelo la posibilidad de que Tesla instale una planta en nuestro país. La expectativa es producto del volumen de la inversión esperada (se estima que sería de miles de millones de dólares), del hecho de tratarse de la empresa automotriz más grande del mundo por capitalización de mercado, y todavía la mayor productora de autos eléctricos, así como del estatus de celebridad de su director general y principal accionista, Elon Musk. También ha sido motivo de interés mediático el planteamiento del gobierno federal para que las instalaciones se construyesen en Hidalgo y no en Nuevo León, pese a que el gobernador de esta última entidad, Samuel García Sepúlveda, ha cabildeado de manera intensa desde el año pasado para atraer a la compañía.
Ayer, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una conversación telefónica con Musk para definir el anuncio de la posible llegada de la automotriz. El canciller aseguró que Tesla busca desarrollar un ecosistema en México con sus proveedores (20 por ciento de los componentes que emplean sus vehículos ya son manufacturados aquí), logística y el potencial para diversificar su producción. Además, mencionó la oportunidad de una sinergia con la industria de baterías de litio que arranca en Sonora.
Cuando ya se da prácticamente por sentado que la multinacional arribará a territorio mexicano, y que lo hará en el norte del país, es necesario exponer algunas consideraciones en torno a lo que se ha convertido en el movimiento corporativo más comentado en años. Sin subestimar la importancia y los beneficios de una inversión de esta magnitud, es necesario cuidar que, en el afán de cortejar a la iniciativa privada, no se incurra en políticas erróneas como las que tuvieron lugar durante el auge de la industria maquiladora, es decir, atraer capitales a costa de los salarios, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y la hacienda pública, por ejemplo, al dar tantos incentivos para que en realidad la inversión termine corriendo a cuenta del erario. En este sentido, es una señal de preocupación que desde junio de 2022 el gobierno de García Sepúlveda entregó a los proveedores de Tesla un carril exclusivo en un puesto de control fronterizo, sin brindar a la ciudadanía información alguna acerca de los términos en que se pactó este privilegio ni de cómo se gestionan los trámites de cruce de dichas empresas.
El tema laboral cobra particular relevancia por la conocida hostilidad del magnate de origen sudafricano a la organización de los trabajadores y las múltiples denuncias de malas prácticas patronales en sus compañías, las cuales se han disparado desde que se hizo con el control de Twitter, en octubre pasado. Sin ir más lejos, esta semana más de 30 empleados de la planta ubicada en Búfalo, Nueva York, fueron despedidos tras intentar sindicalizarse. Como en otras ocasiones, Musk mostró su desprecio por la ley al imponer una nueva directriz que prohíbe grabar las reuniones en el lugar de trabajo sin el permiso de todos los participantes, lo cual contraviene tanto la normativa federal estadunidense como las disposiciones neoyorquinas. Curiosamente, quienes mantienen un golpeteo permanente contra el gobierno mexicano por las supuestas infracciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia energética, nada dicen de las dificultades de conciliar las embestidas antilaborales del multimillonario con los compromisos del acuerdo trilateral para la protección del derecho de los trabajadores a la libertad sindical y la negociación colectiva.
Cabe esperar que la esperada inversión de Tesla se concrete para beneficio de la zona donde finalmente se instale y del conjunto de la economía nacional, pero también que las autoridades tomen todas las previsiones a su alcance con el propósito de evitar que las buenas noticias financieras acarreen indeseables costos sociales y humanos.