Esa guerra se tradujo en cientos de miles de muertes, en decenas de miles de desapariciones forzadas, en la devastación de pueblos enteros y en una masiva violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales, y la gran mayoría de esos crímenes permanece, hasta la fecha, en la impunidad. Más aún, las consecuencias de eso que fue llamado estrategia –y que, hoy se sabe más allá de toda duda, consistió en realidad en un pacto entre el gobierno calderonista y uno de los grupos delictivos que se disputaban el control del territorio nacional– persisten y siguen generando pérdidas de vidas, rupturas regionales del estado de derecho, inseguridad y violencia.
Ciertamente, es lamentable e incluso vergonzoso que el más notorio delincuente de entre los que actuaron desde el poder durante el calderonato haya debido ser juzgado en Estados Unidos y no en territorio nacional, pero al mismo tiempo es evidente que en el país no hay un Poder Judicial capaz de impartir justicia en casos como éste. Para corroborarlo basta con recordar que tanto la esposa de García Luna como uno de sus más prominentes operadores, Luis Cárdenas Palomino, recibieron sendos amparos para evitar el bloqueo de sus cuentas bancarias, en las que es por demás razonable suponer que se resguardan recursos procedentes de actividades criminales.
Es frustrante, asimismo, que el sonado juicio de Nueva York haya sido acotado a la persona del ex secretario de Seguridad Pública, como si éste hubiese podido actuar en solitario, sin el conocimiento, la aprobación o la complicidad del propio Calderón, de los procuradores de su sexenio, de quienes fueron titulares de la Secretaría de Gobernación y de otros altos funcionarios mexicanos. Del proceso se excluyó también la participación de dependencias del gobierno de Estados Unidos, pese a que varias de ellas –es el caso de la DEA y la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, entre otras– realizaron documentadas actividades ilícitas en nuestro país, como lavado de dinero y contrabando de fusiles de alto poder para el cártel protegido por García Luna. Fuera del juicio quedaron también los abundantes elogios, las deferencias y las distinciones que Washington brindó al sentenciado a lo largo de todo el sexenio de Calderón. En ese sentido, el juicio del superpolicía calderonista puede verse como una operación de control de daños consistente en concentrar en un solo individuo un vasto entramado delictivo binacional que necesariamente tuvo que contar con la anuencia de altas esferas en ambos gobiernos.
Pero incluso con sus limitaciones y delimitaciones, la culpabilidad del ex secretario de Seguridad Pública deja ver la ambiciosa podredumbre, la ambición desmedida, el desprecio a las leyes y el desdén por la vida humana que imperaron en varios sexenios del ciclo neoliberal, empezando por el de Vicente Fox –quien puso a García Luna al frente de la extinta Agencia Federal de Investigación, AFI– y terminando con el de Enrique Peña Nieto, el cual continuó, en lo esencial, la contraproducente y trágica estrategia de seguridad de su predecesor. Más allá de la esfera estrictamente legal, en las sesiones del tribunal neoyorquino fue todo un régimen el que se sentó en el banquillo de los acusados.
Es importante considerar que, aunque derrotados en las urnas en 2018, los exponentes y partidarios de ese régimen siguen conservando importantes posiciones de poder –como en el referido caso del Poder Judicial– y gozando de impunidad y protección legal, como sucede con el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, o con el aún fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, mencionado ayer en este espacio.
En estas circunstancias, el proceso contra García Luna coloca al país y a sus instituciones ante la ineludible obligación de esclarecer, procurar e impartir justicia en el entramado de poder político y fortunas mal habidas que derivó en una ola perdurable de destrucción, muerte y sufrimiento sin precedente para millones de mexicanos. Caiga quien caiga.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ En la corte de Nueva York donde se juzga a Genaro García Luna, un hombre pide enjuiciar también a la ex secretaria de Estado estadunidense Hillary Clinton.Foto Afp
No podía ser de otra manera: Genaro García Luna, culpable de narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaración. Demoledor el veredicto de los 12 hombres y mujeres que integran el jurado en Nueva York: culpable en cinco de los cinco cargos en contra del ex titular foxista de la Agencia Federal de Investigaciones y ex secretario calderonista de Seguridad Pública, lo que pinta de cuerpo entero lo que para México y los mexicanos significaron los dos tenebrosos gobiernos panistas, con su río de sangre, corrupción e impunidad.
Sólo resta la sentencia del juez Brian Cogan (¡hasta el 27 de junio!), aunque desde el inicio del juicio se mencionó que para García Luna la condena podría ser de entre 20 años y prisión perpetua. Sin embargo, conocido el veredicto del jurado, expertos en estos temas consideraron que la mínima sería de 55 años. De cualquier suerte, no volverá a caminar por las calles.
Eso en Nueva York, pero en México, ¡otra vez el Poder Judicial! echó a caminar la aceitada maquinaria protectora de delincuentes de cuello blanco: los integrantes del decimoséptimo tribunal en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México (Rolando González Licona, presidente; Eduardo Baltazar Robles y Amanda Roberta García González, magistrados) revocaron la sentencia de un juzgado que negó el amparo promovido por Linda Cristina Pereyra Gálvez en contra de su inclusión en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero, pese a que ella, esposa de Genaro García Luna, está denunciada en el país por operaciones con recursos de procedencia ilícita y en Estados Unidos ante una corte civil ( La Jornada, Dora Villanueva).
Se trata de la esposa y socia de quien ha sido declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada, es decir, la misma que en el juicio en contra de su marido testificó, sin sonrojarse, que el progreso natural de la familia, el universo de propiedades que registra la pareja y sus voluminosas cuentas bancarias, provienen de hipotecas y préstamos, más el finiquito que su cónyuge recibió como director de la AFI, al concluir el sexenio foxista. Así es: ¡con 2 millones 700 mil pesos de finiquito, más unas cuantas hipotecas y préstamos construyeron su imperio inmobiliario!
La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que Pereyra Gálvez fue denunciada ante la Fiscalía General de la República por las citadas operaciones ilícitas, y por lo mismo, desde el 9 de diciembre de 2019 se le incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que ella formó parte de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna. Una joya, al igual que su marido.
No se puede olvidar que días atrás Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, también fue protegido por el Poder Judicial, pues los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito (Jorge Antonio Cruz Ramos, presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina) ordenaron desbloquear las cuentas bancarias del policía torturador, es decir, las que utilizaba (y ahora utiliza) para operaciones con recursos de procedencia ilícita, congeladas por la UIF como parte de la investigación en su contra.
El caso de Pereyra Gálvez también recuerda el de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, sobre quien, hace un año, pesa una orden de extradición del gobierno británico, pero no deja de vivir lujosamente en Londres. Eso sí, no faltará integrante del Poder Judicial mexicano que lo evite. En ambos casos, los esposos encarcelados y ellas gozando de una fortuna mal habida.
Parece que García Luna pasará el resto de su vida tras las rejas, pero el asunto de los narcogobiernos panistas no puede quedar en el olvido. Resulta insostenible que Vicente Fox, Felipe Calderón y sus pandillas no supieran de las andanzas del ex director de la AFI y ex secretario de Seguridad Pública, de tal suerte que, cuando menos el mariguanero y El Borolas deben ser los siguientes en la lista.
Las rebanadas del pastel
Si de cínicos e hipócritas se trata, el gobierno estadunidense grita ¡presente!: ahora se rasga las vestiduras porque el presidente Vladimir Putin anunció la suspensión (temporal, porque no sale del acuerdo) del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, cuando en agosto de 2019 los mismos gringos se retiraron, formalmente, del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, firmado con Moscú en 1987.
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