El pasado 10 de abril, el ex alcalde benitojuarense exigió medidas cautelares de manera urgente para que se censuren todos los contenidos que lo relacionan con el cártel inmobiliario, alegando que tales expresiones implican una campaña negra y de calumnia, lo que afecta la equidad de la contienda, su candidatura y su derecho a ser votado, además de que perjudica la emisión del voto libre e informado. En este sentido, si el aspirante a gobernar la capital del país no quería que las conductas ilícitas de sus correligionarios dañen su imagen y afecten su campaña, no debió haber guardado silencio ante las conductas de sus antecesores, ni mantenido en sus cargos a funcionarios vinculados con esa trama corrupta. En cambio, siguió el mismo camino de la candidata panista a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, quien pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que hiciera campaña a su favor. A diferencia de la ex senadora, cuyas demandas fueron ignoradas por el árbitro comicial, Taboada tuvo éxito en poner a su servicio al IECM.
El proyecto del Organismo Público Local Electoral (OPLE) capitalino es la más reciente prueba de la deriva censora e inquisitorial de las instituciones supuestamente llamadas a proteger la democracia, una forma de gobierno inseparable de la libertad de expresión que el IECM ataca. Ha de recordarse que, desde 2021, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mantienen un acoso implacable contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para impedirle que se defienda de las calumnias, invectivas y campañas de odio de las que es objeto todos los días y a todas horas. En su afán de silenciar al mandatario, atentan contra el conjunto de la sociedad, pues impiden al titular del Ejecutivo ejercer sus funciones y mantener la comunicación debida con los gobernados. Estos organismos han ido tan lejos como para buscar que no se difundiera una entrevista periodística, lo cual habría supuesto una regresión infame en materia de libertad de prensa. El magistrado y ex presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón (de largo pasado en las filas de Acción Nacional) incluso intentó sacar de circulación un libro escrito por el mandatario.
Además de constituir un acto de censura inadmisible en democracia, el escudo en torno a Taboada tiene el inocultable propósito de distorsionar las campañas a favor de la derecha capitalina, pues implica que el PAN y sus aliados pueden atacar a sus contrincantes, mientras que éstos se exponen a ser sancionados y hasta a perder sus candidaturas si se atreven a replicar. En suma, nos encontramos ante la enésima demostración de que los órganos electorales pretendidamente autónomos fueron capturados por grupos de poder que se atrincheraron en ellos a fin de obtener por la puerta trasera lo que no les dan las urnas. En lo inmediato, es urgente que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México deje sin efecto las medidas cautelares dictadas por el IECM y restablezca tanto la equidad en la contienda por el gobierno de la capital, como el derecho a la libertad de expresión.
En tanto, hoy es más evidente que nunca la necesidad de emprender una reforma de fondo en el sistema electoral para evitar repetir decisiones aberrantes como la comentada.
Pánico a las urnas
Pedro Miguel
Todos los ejercicios demoscópicos serios y profesionales coinciden en otorgar a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, una abrumadora ventaja sobre la aspirante presidencial del Prian, Xóchitl Gálvez, en la intención de voto para las elecciones del próximo 2 de junio. En términos de cálculo probabilístico, las posibilidades de una victoria de la segunda son casi iguales a cero. En la capital de la República, Clara Brugada tiene un margen consistente sobre Santiago Taboada, de quien, sin violentar el principio de presunción de inocencia, se puede afirmar que está situado en el centro de una constelación de delincuentes, imputados y prófugos. Es previsible, además, que Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, cosecharán unas cuantas gubernaturas adicionales a las 22 que ya tienen. La gran incógnita es si la Cuarta Transformación logrará, como es deseable y necesario, hacerse con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en dos tercios de los legislativos estatales para realizar las modificaciones constitucionales que su proyecto de nación requiere.
Resulta impostergable, en efecto, modificar la Carta Magna a fin de sanear, democratizar y poner al servicio de la población al Poder Judicial y los organismos electorales, que hoy son trincheras de la oposición retardataria y oligárquica, y desde los cuales se ha venido boicoteando de manera sistemática las políticas públicas y las acciones gubernamentales, especialmente las que apuntan a impulsar el desarrollo social, fortalecer la soberanía, combatir la delincuencia de cuello blanco, recuperar la seguridad y avanzar en el establecimiento de la democracia participativa. Se hará posible, además, rediseñar, ajustar o desaparecer organismos supuestamente autónomos que hoy en día gozan de facultades desmesuradas e irracionales, de administraciones opacas y de presupuestos injustificables. Para lograrlo se necesita convertir en votos el respaldo mayoritario a lo ya realizado desde la Presidencia por Andrés Manuel López Obrador y a la continuidad y profundización de las líneas fundamentales de gobierno que ha propuesto Claudia Sheinbaum.
Toda elección tiene un grado de incertidumbre previa, pero la de junio próximo ocurrirá en condiciones sumamente favorables para la 4T, por más que el Prian se empeñe en desconocerlo. Hasta los comentócratas más fieles a la causa de la reacción y la restauración oligárquica dan por perdidos esos comicios. En ellos cosecharán su segunda derrota al hilo después de la de 2018 y será, probablemente, más devastadora. Si las tendencias del momento se mantienen –y no hay razón a la vista para que se alteren–, el PRI y el PAN perderán su razón de ser (el PRD la perdió desde hace tiempo) y el bando oligárquico se quedará sin representaciones partidistas. Ello deberá llevar a una reorganización general de las derechas en el país y, sobre todo, a un severo ejercicio de autocrítica y al reconocimiento del daño que sus políticas causaron a México hasta 2018, más el que ha venido provocando desde entonces la falta de ellas; es decir, su incapacidad o falta de voluntad para sentarse a concebir un proyecto de nación distinto al que está en construcción, pero distante también del neoliberalismo salvaje y corrupto que impusieron al país durante más de tres décadas.
En tales circunstancias, es entendible que en las filas de la oposición reaccionaria cunda el pánico al ejercicio ciudadano, democrático y pacífico en el cual se dirime una disputa al que esa oposición acude desprovista del armamento principal: un programa coherente de gobierno. A falta de eso, Xóchitl Gálvez y sus vocerías han enunciado un manojo de ocurrencias, propuestas regresivas y hasta plagios al prontuario obradorista. Pero la reacción ha entendido ya que con eso no va a lograr ningún resultado electoral favorable y en consecuencia ha recurrido a la insidia, la calumnia abierta, la desinformación, las campañas de miedo y la invención, siembra y magnificación de problemas. Ha dibujado una descripción desfigurada del gobierno de López Obrador y ha tratado de colgarle los atributos propios de sí misma cuando tuvo en sus manos el poder presidencial: corrupción, autoritarismo, violencia, ineptitud, derroche, represión, fraude electoral y hasta sumisión ante el extranjero. El retrato así compuesto es, en realidad, un autorretrato.
Es inocultable que la reacción opositora le tiene pavor al contenido real de esas palabras que ha venido enarbolando como si fueran sus causas: libertad, democracia, legalidad, verdad. Pero previsiblemente serán esos principios los que saldrán triunfantes de los comicios próximos y hoy es necesario hacer todos los esfuerzos por lograr que ese triunfo sea lo más grande y rotundo. Hay que quitarle a la transformación las anclas y las rémoras que los opositores llaman contrapesos y que no son sino obstáculos al cumplimiento de la voluntad popular.
Y ya falta poco.
X: @PM_Navegaciones navegaciones@yahoo.com
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ En la mañanera de ayer el Presidente se refirió a la campaña de Tv Azteca.Foto Cuartoscuro
Para el deudor de más de 63 mil millones de pesos en impuesto evadidos (algo así como 28 por ciento de la fortuna que le reconoce la revista especializada Forbes), bien vale utilizar una concesión del Estado para armar una campaña por demás sucia y utilizarla como ariete en contra de quienes, legalmente, osen cobrarle esa voluminosa cantidad que, por ley, le corresponde a la nación. Eso, y algunos milloncitos más (tanto como mil 800) que su Afore se niega a entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ello, sin olvidar concesiones mineras canceladas, un campo de golf que no es de su propiedad y muchísimo más detalles adicionales.
Parece que al tercer hombre más rico del país se le derrumba su muy personal estilo de hacer lo que él llama negocios, siempre a costillas de la nación (impuestos no pagados, privatizaciones, concesiones, contratos públicos, Fobaproa, subsidios cambiarios, etcétera), desde que su amigo Carlos Salinas de Gortari, junto a su hermano Raúl, decidió entregarle, en 1993 lo que fue el Instituto Mexicano de la Televisión (Imevisión), hoy Tv Azteca.
En 1994 Salinas Pliego apareció por primera vez en el inventario de multimillonarios autóctonos (gracias a la privatización de Imevisión, que compró con un crédito, nunca pagado, de Raúl Salinas de Gortari y Carlos Peralta) y Forbes le atribuyó una fortuna de mil 200 millones de dólares, con lo que ocupó el escalón número 13 de 24 posibles, casi todos ellos asociados al mismo negocio: el Estado. Treinta años después, esa cantidad se incrementó mil por ciento.
Cerca del 30 por ciento de esa fortuna (63 mil millones de pesos) es lo que el cavernícola del Ajusco está obligado a pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero se niega, hace berrinche, chantajea, amenaza y arma campañas sucias (que para ello tiene una concesión del Estado), siempre con el silencioso cuan solidario apoyo de sus amigos en el convenientemente parsimonioso Poder Judicial, en donde igual le esconden y congelan, por meses, los expedientes acusatorios (¡saludos!, ministro Luis María Aguilar Morales) que olvidan pronunciarse, dar su fallo, sobre el citado delito fiscal que data desde tiempos de otro impresentable: Vicente Fox, aunque sus sucesores hicieron lo mismo.
Pero Salinas Pliego se topó con pared, se acabaron los sexenios del cambalache, del intercambio de favores, y ya no sabe ni qué hacer, salvo utilizar descaradamente su televisora concesionada (en donde mantiene a su equipo de achichincles a quienes ordena qué decir, a quién pegar y con qué intensidad, y él lo reconoce) para golpear, amenazar y chantajear.
Ayer lo recordó el presidente López Obrador: en apenas unos meses, de la fétida pantalla de Tv Azteca han salido, cuando menos, cuatro grandes campañas sucias (que no las últimas): contra los comunistas libros de texto gratuito; a favor de su campo de golf en Huatulco (en realidad, propiedad de la nación); contra el robo del Estado por querer recuperar la citada deuda fiscal, y ahora se va a la yugular de los gobiernícolas por el atraco del Fondo de Pensiones del Bienestar (en los hechos, el atracador es él que se niega a entregar al IMSS cerca de mil 800 millones de pesos por cuentas inactivas en otra de sus concesiones del Estado (Afore Azteca), porque, jineteado, ese monto obtiene pingües rendimientos, siempre, como acostumbra, con dinero ajeno (tanto como 203 millones de pesos, sólo el año pasado, que sin más se embolsó).
Entonces, dice el mandatario, estoy en contra de la riqueza mal habida, de quienes de la noche a la mañana se hacen inmensamente ricos o incrementan sus fortunas al amparo del poder público mediante la corrupción, y en este tenor Salinas Pliego ha utilizado la concesión de Tv Azteca (desde los tiempos del chupacabras a la fecha) como ariete para proteger sus intereses y obtener todo tipo de beneficios. Y eso no es libertad de expresión.
Las rebanadas del pastel
Demasiado circo para una demanda laboral que le provoca escalofríos: el secretario del Trabajo, Marath Baruch, envió a cinco abogados –también participó uno del INDEP– para intentar resolver un asunto muy espinoso para él. Pero ni así. Se trata de la presentada por la ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez, a quien pretende liquidar con menos de 10 por ciento de lo que por ley le corresponde, y ayer la audiencia no se llevó a cabo por una chicana, aunque la nueva cita es dentro de 15 días. Entonces, que aceite bien a sus leguleyos, porque hay otras 20 en lista de espera.
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