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Afp
30 de agosto de 2024 22:49
Sao Paulo. El bloqueo en Brasil de la red social X, propiedad del multimillonario Elon Musk, comenzó en la madrugada de este sábado, horas después de que un juez de la corte suprema ordenara su suspensión alegando incumplimientos judiciales de la plataforma, constató la AFP.
El acceso al sitio web del medio social, antes conocido como Twitter, ya no es posible para algunos usuarios en ese país sudamericano, que se encuentran con un mensaje que les pide recargar el navegador sin que en ningún momento consigan ingresar de forma exitosa.
La aplicación móvil, de su lado, ya no ofrece nuevos contenidos ni permite realizar publicaciones o interacciones.
Según la prensa local, el apagón de X arrancó en ciertas compañías proveedoras de internet y se prevé que en el transcurrir del día haya un bloqueo total, en cumplimiento del dictamen judicial.
La medida responde a una decisión tomada la noche del viernes por el magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF).
Lo hizo luego de que la firma incumpliera un ultimátum lanzado el miércoles que le ordenaba a X nombrar un representante legal en el gigante latinoamericano so pena de bloquearla.
Moraes ordenó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) adoptar "todas las medidas necesarias para poner en práctica la acción" de la justicia en un plazo de hasta 24 horas.
El plazo venció la noche del jueves, tras lo cual la red social afirmó en un comunicado que esperaba ser bloqueada "en breve" y acusó motivaciones políticas del juez, quien desde hace meses sostiene un pulso con Musk sobre los límites de la libertad de expresión.
Según el portal especializado DataReportal, X tiene 22 millones de usuarios en Brasil, el país más grande de Latinoamérica con más de 200 millones de habitantes.
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30 de agosto de 2024 22:49
Sao Paulo. El bloqueo en Brasil de la red social X, propiedad del multimillonario Elon Musk, comenzó en la madrugada de este sábado, horas después de que un juez de la corte suprema ordenara su suspensión alegando incumplimientos judiciales de la plataforma, constató la AFP.
El acceso al sitio web del medio social, antes conocido como Twitter, ya no es posible para algunos usuarios en ese país sudamericano, que se encuentran con un mensaje que les pide recargar el navegador sin que en ningún momento consigan ingresar de forma exitosa.
La aplicación móvil, de su lado, ya no ofrece nuevos contenidos ni permite realizar publicaciones o interacciones.
Según la prensa local, el apagón de X arrancó en ciertas compañías proveedoras de internet y se prevé que en el transcurrir del día haya un bloqueo total, en cumplimiento del dictamen judicial.
La medida responde a una decisión tomada la noche del viernes por el magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF).
Lo hizo luego de que la firma incumpliera un ultimátum lanzado el miércoles que le ordenaba a X nombrar un representante legal en el gigante latinoamericano so pena de bloquearla.
Moraes ordenó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) adoptar "todas las medidas necesarias para poner en práctica la acción" de la justicia en un plazo de hasta 24 horas.
El plazo venció la noche del jueves, tras lo cual la red social afirmó en un comunicado que esperaba ser bloqueada "en breve" y acusó motivaciones políticas del juez, quien desde hace meses sostiene un pulso con Musk sobre los límites de la libertad de expresión.
Según el portal especializado DataReportal, X tiene 22 millones de usuarios en Brasil, el país más grande de Latinoamérica con más de 200 millones de habitantes.
No hay derechos humanos sin democracia
Mariana Bermúdez
Cuando hablamos de democracia, ¿a qué nos referimos?, ¿al poder del pueblo o de la mayoría? ¿Como un fin o un medio?, ¿para quién o quiénes es ese modelo democrático? De acuerdo con Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; sin embargo, cuando hablamos de controles gubernamentales y contrapesos para una representación plural y equitativa, ¿cómo podríamos hacerlo posible? La democracia ha sido un modelo de gobierno que se ha dialogado desde los pensadores griegos hasta la actualidad, cuyos debates continúan intentando resolver esos cuestionamientos. Ha sido este marco institucional el que ha permitido colocar a los derechos humanos en el centro de la discusión, bajo el principio de representatividad e inclusión para construir condiciones de vida digna para todas las personas, donde las desigualdades estructurales sean desmontadas.
Uno de los elementos fundamentales de la democracia es la división de poderes, cuyo objetivo es mantener un equilibrio entre los distintos agentes y órganos de gobernanza, los cuales velarán el bien común de la ciudadanía. En consecuencia, debería existir un sistema de frenos y contrapesos que garantice la autonomía de las instituciones responsables de proteger los derechos humanos, así como la participación de la ciudadanía en mecanismos de toma de decisiones, donde la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y colectividades de víctimas sean sumamente importantes para la visibilización y atención a sus problemáticas. Sin embargo, estos elementos claves no han sido considerados por el representante del Ejecutivo federal; al contrario, ha limitado, estigmatizado y criminalizado la labor de las personas y organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos.
Aunado a la actual reforma al Poder Judicial, se pone en jaque al sistema democrático, pues no hay democracia sin contrapesos ni equilibrio de poder. Mucho menos habrá justicia para las miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos que hay en el país, donde la aquiescencia del Estado mexicano hacia empresas y grupos del crimen organizado ha sido considerable. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es importante reflexionar cuáles serán los impactos de estos cambios para las víctimas, sus procesos de búsqueda de justicia y reparación integral del daño para quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Si bien, es necesario reconocer que el sistema de justicia del país requiere modificaciones para que protejan y garanticen los derechos de las víctimas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, es un peligro que se proponga la elección de jueces y magistrados por voto popular, pues no se estarían protegiendo los principios de independencia e imparcialidad.
Es importante señalar que el problema no es el voto popular, sino la falta de condiciones para llevar a cabo este mecanismo. Por un lado, en un país donde el reciente contexto electoral fue considerado uno de los más violentos en la historia de México, sumado a la presencia constante del crimen organizado para cooptar el voto y/o colocar candidaturas coludidas con estos agentes, ¿qué condiciones podríamos esperar para quienes deben ejercer la justicia hacia ellos? Por otro lado, la preocupación latente hacia la posible ausencia de organismos autónomos que promueven mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones, cuya existencia se logró gracias a la lucha de la sociedad civil organizada derivada de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Lo anterior, se consideró un elemento fundamental para la democracia y el gobierno abierto y ha sido gracias a estos organismos que se ha logrado publicitar información sustancial para las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, así como lo referente al actuar y quehacer gubernamental, visibilizando las dinámicas de corrupción, impunidad y desvío de recursos de la nación.
En el contexto actual se deja entreabierta la posibilidad de retroceder no sólo en derechos humanos, sino en la historia de México al transitar de un modelo democrático a uno de presidencialismo. Por tanto, es necesario que, como ciudadanía y sociedad civil organizada, nos informemos y analicemos críticamente los cambios legislativos que se están revisando, pues no es una cuestión aislada de nuestras vidas, sino que podría perpetuar y agudizar las condiciones de impunidad en nuestro país. A su vez es preocupante que estas transformaciones obstaculicen aún más el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, donde el Estado mexicano no solamente se deslinde simbólicamente de sus responsabilidades, sino que consiga la legitimidad para ya no garantizarlos con base en los más altos estándares de derechos humanos por mucho tiempo más.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ El ex presidente Ernesto Zedillo habla durante una comida de aniversario del Club de Banqueros, en noviembre de 2000. Lo flanquean, entre otros, Roberto Hernández, entonces accionista de Banamex, y Héctor Rangel Domene, director de Bancomer y presidente de la Asociación de Bancos de México.Foto José Antonio López
Concluye el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y el marcador del rescate bancario resulta espeluznante: banqueros 5, mexicanos 0, es decir, cinco gobiernos al hilo y el único logro ha sido el permanente incremento de la deuda pública resultante del ilegal rescate bancario con recursos del erario, ordenado en 1995 por Ernesto Zedillo y, tres años, después, legalizado por priístas y panistas, justo el día de la Guadalupana, en 1998. Y a punto de iniciar el periodo constitucional de Claudia Sheinbaum, se corre el riesgo de que tal marcador suba a 6-0.
Este país ha sido víctima de brutales saqueos desde la llegada de los conquistadores españoles, pero ya (supuestamente) sin ellos, el latrocinio de las hordas autóctonas ha sido de proporciones verdaderamente espeluznantes, y el rescate bancario se posiciona entre los primeros lugares del ranking, con los responsables (públicos y privados) impunes al ciento por ciento.
Cuando rindió su segundo informe de gobierno, Zedillo (alias el procurador del capital financiero) reconoció que se han comprometido recursos fiscales, estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años, dinero público (los denominó apoyos) ilegalmente canalizados a través del sistema bancario.
(Como cápsula de memoria, hay que recordar que en enero de 1995, desatada la crisis bancaria nacional, el primer gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, aseguraba que el apoyo económico del erario, vía Fobaproa, a las 18 instituciones bancarias reprivatizadas por Carlos Salinas de Gortari a favor de sus amigos “no rebasaría los 50 millones de dólares –algo así como 400 millones de pesos al tipo de cambio de entonces–, y la ayuda sería temporal y sólo en caso de necesitarse”, lo que resultó ser una tomadura de pelo para los mexicanos.)
Bueno, Zedillo dijo lo citado, pero lo cierto es que cuando los prianistas legalizaron (12 de diciembre de 1998) la deuda del Fobaproa y aprobaron la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el saldo de esos apoyos sumaba 552 mil 300 millones, es decir, tres veces más de lo que reconoció el susodicho, sin considerar que al cierre de su sexenio llegó a 648 mil 570 millones. Desde entonces, el aumento ha sido permanente, sin visos de solución y siempre a cargo de las espaldas de los mexicanos.
Si se considera el primer monto reconocido por Zedillo (los 180 mil millones de pesos) y se compara con la última información oficial disponible (un billón 86 mil 492 mil millones), entonces entre el 1º de septiembre de 1996 y el de junio de 2024, el saldo de los pasivos del Fobaproa-IPAB se ha multiplicado por 6.04 veces y contando, a pesar de que año tras año el Presupuesto de Egresos de la Federación destina una partida (entre 40 y 50 mil millones) para amortiguar el costo del rescate bancario.
Con todo, en las casi tres décadas transcurridas desde que Ernesto Zedillo decidió rescatar y apoyar a los banqueros privados depredadores (todos amigos y beneficiarios de Carlos Salinas de Gortari, pues fue él quien reprivatizó la banca expropiada por José López Portillo en 1982 y se la entregó mayoritariamente a especuladores bursátiles sin mínima experiencia), los mexicanos han pagado entre un billón 160 mil y un billón 450 mil millones de pesos, y aún les falta por cubrir casi un billón 100 mil millones adicionales (si las cosas no cambian, y cambiarán, porque esta última cifra es la que la Secretaría de Hacienda reconoce como el saldo del rescate bancario al cierre de junio de 2024).
En el balance, en su sexenio los apoyos a los banqueros reconocidos por Ernesto Zedillo se incrementaron 360 por ciento (más el inicio de la extranjerización de la banca otrora mexicana); con el mariguanero en Los Pinos, Vicente Fox, aumentaron 8.15 por ciento, sin considerar los cerca de 240 mil millones que les pagó por los pagarés Fobaproa ni la evasión fiscal legalizada que les permitió, y aceleró la extranjerización. Lo mismo con Felipe Calderón, en cuyo sexenio el saldo del rescate creció 18 por ciento; ya con Peña Nieto, el débito avanzó 21 por ciento, y con López Obrador, 15 por ciento. Y lo que falta.
Colofón: en este cuento que no es cuento, el rescate bancario resulta ser el atraco perpetuo, mientras los responsables se mantienen tan tranquilos.
Las rebanadas del pastel
Son tan miserablemente chiquitos, que ahora, por ejemplo, el esperpéntico Germán Martínez Cázares nomina a su paisano Marco Antonio Solís, El Buky, ¡a la medalla Belisario Domínguez! Agárrense.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
