Viernes 30 de agosto de 2024, p. 30
Washington. El gobierno de Estados Unidos reanudará una versión actualizada de un programa de patrocinio de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que suspendió a principios del verano boreal por temor a fraudes, informó ayer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.
Con estos procedimientos actualizados, el DHS reinicia la emisión de nuevas autorizaciones anticipadas de viaje y supervisará de cerca cómo funciona este nuevo proceso más adelante.
El programa forma parte de un esfuerzo de la administración del presidente demócrata Joe Biden para aumentar las vías legales de entrada a Estados Unidos y con ello desalentar los cruces ilegales en la frontera con México, pero ha sido criticado por los republicanos por considerarlo excesivamente permisivo.
El programa permite la entrada en Estados Unidos de hasta 30 mil personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela si tienen patrocinadores y cumplen otras condiciones.
Los patrocinadores deben residir legalmente en Estados Unidos y disponer de recursos económicos suficientes para mantener a la persona a la que patrocinan durante toda su estancia.
Las medidas de investigación modificadas incluyen un mayor escrutinio de los registros financieros y antecedentes penales de los patrocinadores, investigación para identificar perfiles de protectores fraudulentos, y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de presentación en serie, expuso el departamento ayer.
Añadió que ahora también exigirá las huellas dactilares de los patrocinadores.
Hasta el 30 de junio, 495 mil personas de esos cuatro países habían entrado a Estados Unidos bajo el programa, que comenzó para los venezolanos en 2022 y para las otras nacionalidades en 2023, refieren las estadísticas del DHS.
La migración desde la frontera entre Estados Unidos y México es un tema clave en las elecciones estadunidenses del 5 de noviembre, en las que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris se enfrenta al ex presidente republicano Donald Trump.
Así las cosas, Harris prometió consecuencias para los migrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos si gana las elecciones, durante una entrevista en CNN. Creo que debería haber consecuencias. Tenemos leyes que deben cumplirse y ser aplicadas, que abordan y tratan el problema, dijo.
PJ: contra la reforma, la mentira
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres aseguró que no hay ninguna base legal para el paro de actividades que llevan a cabo los integrantes del Poder Judicial (PJ), pues no existe un pliego petitorio, ni un emplazamiento, ni siquiera una demanda laboral fundada.
En efecto, la parálisis de los tribunales –que afecta a todos los ciudadanos que requieren tramitar asuntos de toda índole ante instancias judiciales– no responde a ningún daño actual o latente a las condiciones de trabajo de los empleados de la judicatura. Por el contrario, forma parte de la campaña de desinformación, extorsiones y golpeteo mediático con que la cúpula de esa rama del Estado defiende el autoritarismo, la arbitrariedad, el nepotismo, el tráfico de influencias, el enriquecimiento inmoral (y en muchos casos, posiblemente ilícito) y el resto de prácticas abusivas que adorna con el eufemismo de independencia judicial.
En este contexto, acciones como el anunciado boicot al inicio de sesiones de la próxima legislatura del Congreso de la Unión no constituyen modalidades de protesta laboral, desobediencia civil o resistencia pacífica, sino la puesta en escena de intereses facciosos aferrados a los privilegios y al acaparamiento del poder fuera de todo control democrático.
En cuanto a los comunicados y manifestaciones de estudiantes de derecho de universidades mayoritariamente privadas, pero también públicas, cabe preguntarse si los grupos estudiantiles que repudian la reforma impulsada por el gobierno federal forman parte de lo que hoy se denomina nepobabies (hijos de quienes conforman las élites políticas y económicas), o si son víctimas de la manipulación informativa.
Si se trata de lo segundo, resulta lamentable que los futuros abogados se sumen a la defensa de un sistema en el que tienen escasas o nulas posibilidades de progresar, puesto que en su actual configuración el PJ se encuentra cerrado a quienes no tienen relaciones de parentesco, amistad o clase con ministros, magistrados o jueces.
Mentira deliberada o confusión, el hecho es que quienes se oponen al saneamiento del PJ se basan en premisas falsas. Sostienen, por ejemplo, que con la elección democrática de los togados cualquier persona podría ser juez, lo cual supone un absurdo: quienes se presenten a los comicios tendrán que haber cumplido previamente los requisitos académicos y profesionales; lo que cambiará es que las designaciones ya no se harán por dedazos cupulares.
También se asegura que la iniciativa atenta contra la división de poderes, pero ocurre al revés: con las normas vigentes, la próxima titular del Ejecutivo podría nombrar a tres ministros de la SCJN, mientras con la reforma serán los ciudadanos quienes los elijan.
El más descarado de estos bulos es el que denuncia la reforma como un atentado a la democracia. Se puede debatir, con argumentos y razones fundadas, acerca de cuál es el método idóneo para el nombramiento de los togados, pero decir que su elección a través del voto popular atenta contra el sistema democrático es una grosera falacia, particularmente reveladora del concepto de democracia enarbolado por las derechas: uno en el que las élites usan el mito del ascenso mediante el mérito a fin de instalar una oligarquía que despoja al pueblo de su derecho a decidir el modo de gobernarse.
Los miembros de la judicatura deben cesar sus engaños a la opinión pública, deponer su actitud beligerante, reconocer que en un régimen democrático la soberanía reside en el pueblo y aceptar que, mediante el voto, la mayoría de los mexicanos ha respaldado un proceso de transformación que exige a los funcionarios aunar la pericia profesional con la sensibilidad social y la búsqueda del bien común.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM que marcharon contra la reforma al Poder Judicial.Foto Germán Canseco
Por demás ilustrativo resulta el mapa que La Jornada publicó en su portada de ayer, en el que queda claro dónde, cómo y por quiénes se eligen jueces en Estados Unidos, es decir, quienes son un riesgo para la democracia (Ken Salazar dixit) y quiénes no en las 50 entidades del siempre entrometido vecino del norte. Con aires de procónsul, el embajador gringo reivindicará que allá sí es posible, porque son muy demócratas, pero en México no, simplemente porque se le pega la gana.
Bien lo dice el presidente López Obrador: me llama la atención, ¿por qué intervienen (los gringos) tanto en este asunto que corresponde a los mexicanos? No encuentro una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico, suena metálico. Pero es sorprendente. Imaginen también cómo se alborotan los proextranjeros. Que siempre nos ha pasado en la historia, ¿no?, fueron a buscar a Santa Anna los conservadores, fueron luego a buscar a Maximiliano. Ahora nos acusan en Estados Unidos. ¿Y qué quisieran, que México no ajuste su política exterior a lo que establece nuestra Constitución? Nuestra Constitución establece que somos un país libre, independiente, soberano. Y no es para pelearnos con nadie, es nada más aclarar las cosas.
Pues bien, el citado mapa deja en claro los distintos métodos de elección de jueces en Estados unidos y los corresponsales de La Jornada en aquel país, David Brooks y Jim Cason, lo explican a detalle: la mayoría de los estados elige a sus jueces, y la Constitución establece que todo juzgador federal debe ser nombrado por el presidente y ratificado por el Senado. A escala local, hay varios sistemas para seleccionar a togados en todos los niveles.
Por ejemplo, detallan, 20 estados (40 por ciento del total) lo hacen mediante elecciones no partidistas, otros nueve por comicios, donde los candidatos son afiliados a un partido, y en siete más primero son nombrados por el gobernador para un primer periodo, pero después deben someterse a relección, según datos compilados este mes por el centro no partidista Brennan Center for Justice. En otros estados, el gobernador o la legislatura nombran a jueces y en otros se emplea un sistema híbrido. Unas 14 entidades los seleccionan del Tribunal Estatal Supremo, y hay otros sistemas para seleccionar a jueces a tribunales de apelación estatales. La Constitución de Estados Unidos requiere que todo juez federal, desde la Suprema Corte, las cortes de apelación y tribunales federales sea nominado por el presidente y ratificado por el Senado, y sus plazos son vitalicios.
Entonces, que diga Ken Salazar: ¿cuál de esos métodos para elegir jueces en su país es un riesgo para la democracia y cuál no?, aunque en esos menesteres el embajador no se mete ni califica, porque, diría, es un asunto interno, de soberanía, de decisiones que sólo corresponden a los estadunidenses y nadie debe cuestionarlo. Pero él sí cree tener el derecho (como su par canadiense, la banca trasnacional, las calificadoras, las empresa foráneas y conexos) de meter las narices donde no debe y armar tremendo ruido desestabilizador en terceras naciones.
Pues bien, ¿qué dirá Salazar sobre esos métodos para elegir jueces en su país? ¿Democráticos, antidemocráticos? ¿El utilizado en elecciones no partidistas, el aplicado a los candidatos afiliados a un partido o los designados por los gobernadores para un primer periodo? ¿Todos, ninguno o algunos? Que lo esclarezca con su sabiduría injerencista.
Y el presidente López Obrador le recuerda: el único asunto, como diría el filósofo Cantinflas, y ahí está el detalle, es que aprendamos a respetar nuestras soberanías. Si se logra, se va a fortalecer mucho la región y le va a ir muy bien al pueblo de Estados Unidos, al pueblo de México, a las dos naciones. Todo va a depender del respeto, o sea, que no se actúe así, porque es ofensivo, no es de buenos vecinos, no significa respeto a la soberanía, es un acto de prepotencia.
Las rebanadas del pastel
Estudiantes de Derecho en varias instituciones universitarias marcharon para repudiar la reforma al Poder Judicial que se cocina en el Congreso. Válida la libre manifestación de ideas, pero sería muy sano para el país que los alumnos no se queden en el no queremos, no aceptamos, en línea con el discurso de la oposición que a todo ha dicho, sin más, simplemente no a lo largo de los últimos seis años. Presenten propuestas, alternativas, no se queden en la negativa a priori, porque eso no ayuda en nada ni a nadie, comenzado por ellos mismos.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
