Foto Europa Press / Archivo Foto autor
Ap, Sputnik
17 de septiembre de 2025 12:22
Bruselas. El Colegio de Comisarios de la Unión Europea aprobó este miércoles la propuesta de imponer un paquete de sanciones a Israel, declaró la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Kaja Kallas.
El martes, Kallas, instó a las 27 naciones miembros a aumentar los aranceles sobre algunos productos israelíes e imponer sanciones a 10 líderes de Hamas, colonos israelíes y dos miembros del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu: el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich.
“He presentado un amplio paquete de sanciones contra (el movimiento palestino) Hamas, los terroristas, los ministros extremistas del Gobierno de Israel, así como los colonos y las organizaciones que respaldan la impunidad en Cisjordania (reocupada). La Comisión aprobó la propuesta sobre la suspensión parcial de los beneficios comerciales", informó Kallas.
Ap, Sputnik
17 de septiembre de 2025 12:22
Bruselas. El Colegio de Comisarios de la Unión Europea aprobó este miércoles la propuesta de imponer un paquete de sanciones a Israel, declaró la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Kaja Kallas.
El martes, Kallas, instó a las 27 naciones miembros a aumentar los aranceles sobre algunos productos israelíes e imponer sanciones a 10 líderes de Hamas, colonos israelíes y dos miembros del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu: el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich.
“He presentado un amplio paquete de sanciones contra (el movimiento palestino) Hamas, los terroristas, los ministros extremistas del Gobierno de Israel, así como los colonos y las organizaciones que respaldan la impunidad en Cisjordania (reocupada). La Comisión aprobó la propuesta sobre la suspensión parcial de los beneficios comerciales", informó Kallas.
Cuando la batalla cultural se convierte en guerra
John Saxe-Fernández
Estados Unidos parece envuelto en una ola de violencia que si bien no es ajena a la vida política, social y cultural en la historia de ese país, en este segundo gobierno de Trump parece adquirir contornos muy graves y complejos que conforman un contexto de violencia que se ha venido exacerbando desde la época de los magnicidios y asesinatos del liderato político en los años 60, entre ellos John F. Kennedy, su hermano Robert, Martin Luther King, Malcolm X, o la explosión social de 1992 por el asesinato de Rodney King, que convirtió a Los Ángeles en tierra de nadie durante tres días, “después de la explosión iracunda de una frustración amasada por las minorías étnicas en Estados Unidos durante años de miseria, demagogia y una obvia segregación racial que detonó con la absolución de los policías que golpearon al joven negro Rodney King” (Ángeles Vázquez, “La explosión social de Los Ángeles, Página uno, 10/5/1992) o el caso de George Floyd cuya muerte por brutalidad policiaca el 25 de mayo de 2020, en plena pandemia, detonó una de las protestas más grandes contra el racismo institucional no sólo en Estados Unidos, sino a nivel mundial .
Dice Keeanga-YamahttaTaylor en su libro De #BlackLives Matter a la liberación negra (Ed. Traficantes de Sueños, 2017) que aunque se dice “la raza no importa”, lo cierto es que el espectáculo de la brutalidad y los asesinatos policiales desenfrenados derivan fácilmente en crisis políticas que se ven desde el poder como el actuar de hordas con banderas de izquierda para abrir espacios fascistas.
El ataque político del bipartidismo contra el estado de bienestar con políticas que esconden un ataque mucho más amplio contra los trabajadores, incluyendo blancos y latinos que si bien los afroamericanos sufren desproporcionadamente “en un país con desigualdad económica creciente entre los más ricos y los más pobres, los presupuestos austeros ponen en peligro a toda la gente común”. p 28.
Llegamos así al punto en que la política exterior agresiva e injerencista que ahora amenaza con un ataque militar a Venezuela se traslada al plano interno como una forma de guerra interna con una política de cacería a los inmigrantes, de militarización de ciudades de los propios Estados Unidos como si fuesen potencias enemigas, por tener gobiernos de mayoría demócrata, y desde el gobierno de Joe Biden, hay que decirlo, reprimiendo, arrestando y deportando a todos aquellos que protesten por el genocidio en Gaza, sean estudiantes, docentes, funcionarios públicos, militares e inmigrantes, como lo documentan David Brooks y Jim Cason en La Jornada.
El hecho coyuntural que desata la reflexión sobre la violencia estructural es el asesinato con un balazo en el cuello frente a una audiencia estudiantil muy nutrida en la Universidad de Utah el pasado 10 de septiembre de Charlie Kirk, un joven líder de opinión ultraconservador, quien fue el creador de una organización con donaciones millonarias por parte de élites y grupos de interés llamada Turning Point USA, con la pretensión de ser núcleo de un movimiento político y cultural de jóvenes y estudiantes para la batalla cultural.
Como dice Danny Haiphong: “vivimos en un país que genera violencia no sólo en el extranjero, sino también en casa. La sociedad estadunidense está militarizada, alienada y polarizada hasta el punto de la explosión, con una creciente desigualdad y ruptura de la cohesión social. La policía y las agencias de inteligencia están fuera de control. Los medios corporativos fingen que este evento surge de la nada, pero décadas de guerras bipartidistas, desigualdad y censura han creado un entorno político inestable”.
Muchos congresistas del Partido Demócrata advierten que Donald Trump utilizará el asesinato del activista conservador como pretexto para aplastar a su oposición política y anular a la disidencia por medios violentos. Stephen Miller, encargado de la cruel política antimigración señaló: “tenemos que desmantelar y enfrentar a las organizaciones de izquierda radical en este país que están fomentando la violencia”.
Cuando se supo que el presunto asesino –hay muchas dudas al respecto– es un joven de 22 años, Tyler Robinson, quien creció en una familia mormona, conservadora y republicana, una familia normal que defiende con fuerza el derecho a tener armas según la Segunda Enmienda constitucional, la narrativa no cambió, reforzando la idea de que las redes, la universidad como centro de adoctrinamiento de izquierda ( sic) o su novia trans lo desviaron del camino.
Fácil de incriminar, fácil también buscar excusas para intensificar la represión interna, ahora contra quienes toman las calles para las protestas masivas que hacen frente a las políticas de este gobierno que confunde la batalla cultural, como confrontación de ideas, con una verdadera guerra, deslegitimando a las instituciones y utilizando toda la fuerza del Estado, por medio de la intimidación.
No es lo mismo “ganar la cultura para después ganar el poder” (Gramsci) a usar el poder para controlar (aplastar) la cultura (Trump).
Piratas y corsarios del siglo XXI acechan a Venezuela y el Gran Caribe
Irene León
18 de septiembre de 2025 00:02
Un submarino nuclear de ataque rápido, destructores lanzamisiles, cruceros de misiles guiados, anfibios portahelicópteros, sofisticados dispositivos de espionaje y más de 4 mil militares han sido desplegados por el gobierno estadunidense al Gran Caribe. El pretexto: “combatir el narcotráfico”, aun si el Informe Mundial sobre las Drogas evidencia que ese negocio ilícito casi no opera en ese mar y que Venezuela, blanco de ataque de ese operativo, no figura en el mapa de productores y es casi nula la incidencia del tráfico proveniente de su vecino del sur.
Pero, aunque las más confiables fuentes evidencian que se equivocaron de mar y también de objetivo, en lugar de enmendar y volcarse a cuidar sus importaciones y comercialización interna, la movilización bélica estadunidense se fortalece, llegando hasta a forjar un cártel hipotéticamente liderado por el presidente Nicolás Maduro, para habilitar la declaratoria de amenaza para la seguridad nacional y legitimar el despliegue bélico.
El gobierno estadunidense alude a Venezuela, pero sus líneas estratégicas evidencian un radio mucho mayor. Por eso, en lo inmediato Guyana y Trinidad y Tobago se han involucrado directamente, mientras Colombia ha expresado su voluntad de defender la paz junto a Venezuela. Cuba ha reiterado su postura de defensa de la soberanía y la autodeterminación al unísono con ALBA-TCP, instancia de integración regional de la que hacen parte San Vicente y las Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, a más de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
De modo que se trata de una problemática geopolítica de gran envergadura, pues es una zona que cubre por lo menos un tercio de la región latinoamericana y caribeña. Son 22 países sudamericanos, centroamericanos e insulares; incluso México colinda con este enclave geopolítico, conformado adicionalmente por 15 países aún en situación colonial, como Puerto Rico o Martinica. Aún más, esa incursión belicista involucraría a estados no caribeños como Paraguay, Argentina y Ecuador, cuyos gobiernos son anuentes con la estrategia estadunidense. Incluso Francia, país colonizador, ha entrado en la ronda desplegando un buque, y no se descarta que Gran Bretaña y Holanda, también colonizadores, tomen parte.
Y esto sólo refiere a los últimos despliegues, pues de hecho hay una presencia militar permanente. La Cuarta Flota está en la escena desde 2008 y las operaciones de guerra económica, sicológica, cognitiva y otras son parte de una bandeja de presiones fijas dirigidas principalmente a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países señalados como una amenaza para la seguridad nacional estadunidense.
Y justamente, ocupando territorio cubano, Estados Unidos mantiene ilegalmente en Guantánamo la mayor base militar del Caribe, como también instalaciones y bases en Curazao, Aruba, Bahamas, Antigua y Barbuda, Puerto Rico y Republica Dominicana. En el continente, están en Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, y se han realizado flamantes “actualizaciones” para la Fuerza de Defensa de Guyana, país que, al unísono con la trasnacional petrolera ExxonMobil, azuza una confrontación con Venezuela.
Corporaciones asociadas al Complejo Industrial Militar Digital y al Ejecutivo estadunidense tienen relevantes intereses en el Caribe, es más, a tono con las dinámicas de afianzamiento del mercado total y privatización de la defensa y seguridad, empresas como Academi o Vectus Global, de Erik Prince, han incursionado en la puja desde para atentar contra el presidente Nicolás Maduro hasta para “conciliar” Haití.
El gobierno haitiano suscribió con el mercenario Erik Prince un acuerdo de 10 años para la “pacificación” de su país asolado por un caos que los mismos oferentes de “soluciones” indujeron. Ese acuerdo involucra incluso el restablecimiento del sistema fiscal y de tributación aduanera, especialmente en la frontera con República Dominicana.
No se explicita en el acuerdo haitiano la eventual prospección de minerales y tierras raras, pero el hecho evoca la experiencia de la República Democrática del Congo, uno de los países más afectados por violaciones a los derechos humanos en el mundo, donde la empresa de Prince fue contratada para “proteger” las riquezas minerales y también mejorar la recaudación de impuestos y controles fronterizos.
Así, el botín ambicionado por Estados Unidos y sus corporaciones comprende riquezas ad infinitum, especialmente una vasta superficie terrestre y marina con biodiversidad, ecosistemas, reservas ecológicas únicas, agua, hidrocarburos, tierras raras, enclaves estratégicos para la producción de hidrógeno limpio, minerales, agricultura, flora y fauna, y un gran etcétera. Para lograrlo, están en el escenario acciones políticas como inducciones al fraccionamiento de la Caricom o de ALBA-TCP y la militarización como medida de fuerza ante los cambios geopolíticos regionales y globales.
