Periódico La Jornada Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 30
Luisiana. Un grupo de manifestantes se reunió en las calles de Kenner, en Luisiana, para protestar contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, luego de que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció el operativo contra extranjeros sin documentos Catahoula Crunch, en el área de Nueva Orleans.
La economía de Kenner, la ciudad con la mayor concentración de residentes hispanos en Luisiana, está siendo devastada por la campaña migratoria federal que tiene el objetivo de detener a 5 mil personas. La localidad atravesaba ya dificultades por el aumento de las medidas de control impuestas tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De acuerdo con algunos empresarios locales, la medida ha tenido repercusiones de gran alcance, tanto para migrantes como para ciudadanos estadunidenses.
Las autoridades estatales y federales siguen de cerca las críticas en redes sociales y las protestas contra las redadas en Nueva Orleans, con un monitoreo las 24 horas a los foros de mensajes para detectar “amenazas a los agentes”, al tiempo que recopilan el “sentimiento” público en torno a los arrestos, reportó Ap.
La recopilación de inteligencia se produce incluso cuando las autoridades han divulgado pocos detalles sobre los primeros arrestos realizados la semana pasada, lo que ha provocado exhortos a una mayor transparencia por parte de las autoridades municipales, las cuales afirman que les ocultaron prácticamente todos los detalles de la nueva ofensiva contra los inmigrantes.
Mamdani remarca derechos
El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video en el que explicó el derecho de los inmigrantes a negarse a hablar con los agentes del ICE o acatar sus órdenes, días después que oficiales federales realizaron una redada en Manhattan.
“Todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos”, aseguró.
Gobierno de Trump vigila las redes sociales de quienes critican redadas migratorias en Nueva Orleans
Ap
07 de diciembre de 2025 14:19
Nueva Orleans. Las autoridades estatales y federales están siguiendo de cerca las críticas en línea y las protestas contra las redadas migratorias en Nueva Orleans, implementando las 24 horas vigilancia a través de redes sociales para detectar amenazas a los agentes al tiempo que recopilan actualizaciones regulares sobre el "sentimiento" público en torno a los arrestos, según registros de las fuerzas policiales revisados por The Associated Press.
La recopilación de inteligencia se produce incluso cuando las autoridades han divulgado pocos detalles sobre los primeros arrestos realizados la semana pasada como parte del operativo "Catahoula Crunch", lo que ha provocado exhortos a una mayor transparencia por parte de las autoridades municipales que afirman que se les ocultaron prácticamente todos los aspectos de la operación.
"Las opiniones en línea siguen siendo mixtas, con algunos apoyando los operativos y otros en contra", afirmó un informe distribuido a las fuerzas del orden el domingo por la madrugada. Boletines anteriores señalaron "una combinación de grupos instando a la población a grabar a ICE y la Patrulla Fronteriza" y el revelar las "ubicaciones adicionales donde los agentes pueden encontrar inmigrantes".
Las autoridades de inmigración han insistido en que las redadas están dirigidas a "extranjeros ilegales criminales". Pero los registros de las fuerzas del orden detallan antecedentes penales para menos de un tercio de las 38 personas arrestadas en los primeros dos días de la operación.
Líderes locales dijeron a la Ap que esos números —que se advirtió a los funcionarios de las fuerzas policiales que no distribuyeran a los medios— socavan el objetivo declarado de la redada. También expresaron su preocupación de que la vigilancia en línea sea una violación a la libertad de expresión al tiempo que las autoridades amenazan con acusar a cualquiera que interfiera con la aplicación de la ley de inmigración.
"Confirma lo que ya sabíamos: esto no se trata de seguridad pública, se trata de fomentar el caos y el miedo y aterrorizar a las comunidades", sostuvo el senador estatal, Royce Duplessis, un demócrata que representa a Nueva Orleans. "Está fomentando una narrativa enfermiza de estereotipos de que los inmigrantes son violentos".
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a preguntas sobre la recopilación de inteligencia y remitió a la Ap a un comunicado de prensa anterior que anunciaba "docenas de arrestos". La agencia no ha publicado un recuento de los detenidos arrestados ni de sus antecedentes penales.
El DHS ha detallado públicamente solo seis arrestos derivados de la operación, todas personas con antecedentes penales, incluyendo a un hombre que dijeron vagamente que fue condenado por "homicidio" y otro condenado por agresión sexual.
La agencia, que tiene varios cientos de agentes en el terreno en el sureste de Luisiana, ha afirmado que tiene como objetivo realizar al menos 5 mil arrestos en la región durante una operación que se espera dure hasta dos meses.
Pedro Sánchez cesa al coordinador político de presidencia española por presunto caso de acoso
El funcionario habría encubierto a uno de los ex asesores del mandatario, acusado de abusos
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 31
Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, cesó ayer a Antonio Hernández, director del departamento de Coordinación Política de la Presidencia, por su estrecha vinculación y presunta colaboración en el encubrimiento de un caso de acoso sexual en el que está involucrado Francisco Salazar, quien fue, hasta hace sólo unos meses, uno de los asesores más cercanos al mandatario y que estaba destinado a ocupar la Secretaría de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Salazar es acusado por varias mujeres, tanto del partido como de la oficina de la presidencia, de diversos episodios de presunto acoso sexual y vejaciones.
El caso de Francisco Salazar provocó un alud de críticas contra el gobierno de Sánchez, tanto desde los sectores feministas del propio partido como desde la oposición, al acusarlo de “proteger a los aco-sadores” frente a las víctimas, ya que desde que se interpusieron las denuncias en el canal interno del PSOE, hasta que se apartó del cargo al presunto acosador, pasaron meses y para ello tuvo que salir a la luz el caso en los medios de comunicación.
Salazar era el coordinador Territorial del Palacio de La Moncloa y uno de los colaboradores más estrechos de Sánchez. Cuando fue revelada la polémica estaba a punto de asumir la Secretaría de organización del partido, precisamente un cargo que ha estado salpicado de presuntos escándalos, ya que los pasados dos políticos en ejercerlo fueron José Luis Ábalos, que se encuentran en la cárcel acusado de varios delitos de corrupción, y Santos Cerdán, en libertad bajo fianza también señalado por presunto cohecho y amaño en obra pública.
El cese de Antonio Hernández se circunscribe, en todo caso, a la figura de Francisco Salazar, quien dimitió de todos sus cargos durante julio y se dio de baja como militante socialista a principios de diciembre.
El Consejo de Ministros del próximo martes hará oficial su separación del cargo, con el que el gobierno de Sánchez y el propio PSOE intentan cerrar este nuevo escándalo del círculo más cercano al presidente español.
