FBI frenó investigación del asesinato de Renee Good por agentes federales: NYT
De La Redacción
Periódico La Jornada Domingo 8 de febrero de 2026, p. 16
Un tribunal federal estadunidense de apelaciones dio luz verde esta semana para detener a inmigrantes que están en proceso de “solicitud de asilo” en el país, en un nuevo esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump de encarcelar a las personas que busca deportar, incluso si no tienen antecedentes penales o han residido en Estados Unidos durante décadas, reportó el medio Político.
El tribunal del quinto circuito concluyó que la opinión de la Casa Blanca “es la interpretación correcta del poder del gobierno federal para detener a personas destinadas a la deportación”.
La jueza Edith Jones, integrante de un panel de tres jueces dividido, escribió que “el hecho de que las administraciones anteriores hayan decidido utilizar menos de su plena autoridad para hacer cumplir la ley no significa que no tuvieran la autoridad para hacer más.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) adoptó este nuevo enfoque de la norma en julio, lo que provocó un aumento en los arrestos y detenciones, además de una avalancha de demandas de detenidos que argumentaban que habían sido encerrados ilegalmente sin el debido proceso.
El núcleo del problema, señaló Politico, reside en una ley migratoria de 30 años de antigüedad que exige la detención, sin derecho a fianza, de todos los solicitantes de admisión que buscan ingresar al país. El medio añadió que el tema podría pasar a consideración de la Suprema Corte.
Por otra parte, la policía de Portland disparó y mató a un sospechoso armado que presuntamente se hizo pasar por un agente del Servicio Secreto y tenía mensajes amenazantes escritos en los cartuchos de la escopeta con el nombre Trump.
Las autoridades señalaron que la víctima había apuntado y disparado contra un agente de seguridad, pero el arma no detonó. Pese a que escapó, el individuo fue identificado.
Agentes acudieron a su domicilio con una orden de arresto y, luego de reiteradas llamadas para que saliera de la propiedad, los uniformados lanzaron municiones de gas irritante al apartamento y el sospechoso salió al pasillo con una pistola. Los elementos dispararon tras acusar que había apuntado el arma contra ellos.
Altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglás en inglés), Kash Patel, intervinieron para impedir que agentes federales realizaran una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo en el que Renee Good fue asesinada por un agente de inmigración.
El día del tiroteo, el fiscal federal Joseph Thompson, con sede en Minesota , supuestamente solicitó una orden para registrar el vehículo de Good en busca de pruebas, parte de un esfuerzo que, según afirmó a sus colegas, involucraría a la oficina de Aprehensión Criminal del estado e investigaría si el tiroteo estaba justificado o violaba los derechos de la madre asesinada. Sin embargo, una vez que los agentes de la FBI obtuvieron una orden para documentar salpicaduras de sangre y agujeros de bala en la camioneta de Good, recibieron órdenes de detenerse presuntamente por temor a que dicha investigación socavara las afirmaciones del jefe de la Casa Blanca, reportó The New York Times.
También en Mineápolis, Jake Lang, un influencer de ultraderecha que participó en el asalto al Capítolio en 2021, y que fue indultado por Trump, fue arrestado por vandalismo luego de que dañó una escultura de hielo que decía “procesen a ICE” frente al Capitolio estatal en St. Paul, y en cambio dejó el mensaje “Pro ICE”.
Municiones del ejército de Estados Unidos llegan a los cárteles mexicanos
▲ Los cartuchos de alto poder para uso militar pueden destruir vehículos y aviones ligeros.Foto tomada de redes sociales
De la redacción
Periódico La Jornada Domingo 8 de febrero de 2026, p. 6
La policía mexicana se encuentra “abrumada” por los cárteles de la droga debido al uso de armamento y municiones hechos para el ejército de Estados Unidos, publicó el New York Times. Los narcotraficantes emplean munición calibre .50, producida en una planta propiedad del ejército estadunidense y luego contrabandeada a través de la frontera, en ataques contra civiles mexicanos y policías, añadió.
El periódico estadunidense destacó un hecho en particular que tuvo lugar la mañana del 30 de noviembre de 2019, cuando un convoy de camionetas con hombres armados con una ametralladora pesada y potente, y rifles calibre .50, entraron en la ciudad de Villa Unión y abrieron fuego contra el edificio de la presidencia municipal.
Su poder armamentístico fue claramente superior al de los oficiales de la policía estatal y local, que pidieron refuerzos militares. Los residentes, aterrorizados, se escabulleron para refugiarse de la lluvia de balas.
“El olor a humo llenaba las calles y los casquillos usados cubrían el suelo como ‘hojas caídas’”, relató al medio estadunidense Luis Manzano, un periodista que condujo hasta la ciudad durante el tiroteo. Pero su recuerdo más vívido fue el trueno de los cañones. “El suelo temblaba” mientras disparaban, dijo. “Nunca había experimentado algo así”.
Cuando llegaron los militares, ahuyentaron a los agresores. El saldo del ataque fue de cuatro policías, dos civiles y 19 miembros del cártel muertos.
Los investigadores que recogieron pruebas de la escena reunieron casquillos calibre .45 y .50 con las iniciales LC, que corresponden a la planta de municiones del ejército de Estados Unidos en Lake City, a las afueras de Kansas City, propiedad del gobierno federal y el mayor fabricante de cartuchos de rifle utilizados por los efectivos del Pentágono.
La fábrica también provee municiones a los consumidores estadunidenses, incluidos cartuchos calibre .50. Estas potentes balas –tan grandes como un cigarro de tamaño mediano y diseñadas para ser usadas por los militares para destruir vehículos y aviones ligeros– están disponibles para la compra por civiles en todo Estados Unidos, reportó el NYT.
Estados Unidos, armero del narco
The New York Times aseguró que la policía mexicana se encuentra “abrumada” por los cárteles de la droga debido al uso de armamento y municiones hechos para el ejército de Estados Unidos. En particular, el rotativo documentó que el 30 de noviembre de 2019, un convoy de camionetas con hombres armados “con una ametralladora pesada y potente, y rifles de calibre 50” entró a la ciudad de Villa Unión, Coahuila, y abrió un fuego tan nutrido que hizo temblar la Tierra. Al reunir los casquillos de la escena donde fallecieron 19 presuntos delincuentes, cuatro policías y dos civiles, los investigadores hallaron que la munición estaba marcada con las iniciales LC, usadas por la planta de cartuchos del ejército de Estados Unidos en Lake City, propiedad del gobierno federal y el mayor fabricante de cartuchos de rifle utilizados por los efectivos del Pentágono.
Aunque las balas de calibre 50 son tan potentes que se emplean para destruir vehículos e incluso aviones ligeros, en Estados Unidos se encuentran en venta libre para el público en general como parte del conocido libertinaje que caracteriza a la comercialización, posesión, portación y uso de armas de fuego en ese país. Vale la pena recordar que, pese a los trágicos tiroteos que devastan escuelas, templos religiosos, supermercados, conciertos y cines en el territorio estadunidense, las armerías apenas rechazan 0.5 por ciento de las peticiones de compra; en algunos estados, ni siquiera se necesita ser mayor de edad para adquirirlas, y una ley aprobada durante el reaganismo prohíbe a gobiernos estatales o locales preservar información personal de los dueños de armas de fuego, por lo que ni siquiera se cuenta con un registro de quiénes y cuántas tienen en su poder. Es decir, cualquiera puede adquirir una cantidad ilimitada de municiones en las 9 mil 811 armerías existentes en las cuatro entidades que comparten frontera con nuestro país y contrabandearlas hacia el sur sin que siquiera se registre su nombre.
Por estos motivos, desde agosto de 2021, el gobierno federal mexicano ha presentado demandas en cortes estadunidenses contra fabricantes de armas que diseñan, comercializan y distribuyen sus productos de formas que facilitan activamente el tráfico ilícito hacia México. Pese a que el Poder Judicial de Washington optó por proteger a la industria de la muerte, el Estado mexicano obtuvo una victoria moral al probar la responsabilidad estadunidense en proveer al crimen organizado la potencia de fuego que le permite plantar cara a las autoridades y arrebatar cientos de miles de vidas tanto de personas involucradas en actividades ilícitas como de civiles que no tienen nada que ver con la delincuencia.
Ahora se sabe que no sólo la iniciativa privada, sino el propio gobierno estadunidense es un proveedor de primer orden para los cárteles que la Casa Blanca dice perseguir con todo su poderío. Se trata de una confirmación contundente de la hipocresía que tiñe todos los aspectos de la falsa “guerra contra las drogas” y de que para Washington el combate a las organizaciones criminales es un mero pretexto para violentar la soberanía de otras naciones, injerencismo que tiene como principal víctima a la región de América Latina y el Caribe.
El presidente Donald Trump, quien en varias ocasiones se ha ufanado de conocer todos los movimientos y tener localizados a todos los narcotraficantes al sur del río Bravo, haría bien en usar el formidable aparato de espionaje con que afirma contar para controlar lo que pasa con el crimen dentro de su propio país, en vez de derrochar dinero público en secuestrar mandatarios, cazar niños de cinco años y respaldar el genocidio contra el pueblo palestino.
