Los agresores, cubanos // Murieron cuatro y seis resultan lesionados // Con más información actuaremos en consecuencia, afirma Marco Rubio
▲ El gobierno cubano informó que el grupo de agresores llevaba fusiles de asalto, explosivos artesanales, chalecos antibalas y uniformes. En la imagen, guardias costeros del Ministerio del Interior.Foto Cubadebate
Cubadebate
Periódico La Jornada Jueves 26 de febrero de 2026, p. 24
La Habana. El gobierno de Cuba denunció ayer que hombres armados a bordo de una lancha rápida, con registro en Florida, dispararon contra una unidad de guardacostas en aguas territoriales de la isla, y aseguró que eran parte de un “comando de infiltración terrorista”. Agregó que cuatro de los atacantes murieron cuando las fuerzas antillanas repelieron la agresión.
El grupo de infiltrados estaba formado por 10 sujetos, señaló anoche el Ministerio del Interior (Minint) en un comunicado.
El reporte oficial, que contenía las pruebas de que se trató de un intento de “infiltración terrorista”, fue divulgado horas después de otra nota precedente del propio Ministerio del Interior, la cual refirió que sus soldados abatieron a cuatro personas e hirieron a seis a bordo de una lancha rápida registrada en Florida que ingresó en aguas territoriales de la isla, cerca de Villa Clara, en la región central.
La embarcación disparó a los uniformados, causando heridas al comandante cuando intentaban identificarla. Además de los cuatro fallecidos en la nave intrusa, otras seis personas resultaron lesionadas, fueron evacuadas y se les brindó atención médica.
La mayoría de los atacantes tenía “un historial conocido de actividad delictiva y violenta” y reconocieron sus “intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, añadió el Minint.
“Se confiscaron fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”, indicaron las autoridades.
Todos los participantes son cubanos residentes en Estados Unidos.
Entre los primeros identificados figuran Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, sobre quienes pesan órdenes de búsqueda y captura por su participación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones en relación con “actos de terrorismo”, señaló el gobierno.
También fueron capturados Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.
Entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova y se trabaja en el reconocimiento de los otros tres.
Paralelamente, el gobierno indicó que se detuvo en tierra a Duniel Hernández Santos, “enviado desde Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”.
El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, anunció que “a medida que reunamos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia. No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió”.
El funcionario agregó que “tenemos nuestra embajada en La Habana trabajando en esto” y aseguró que se va a determinar si los ocupantes del barco eran ciudadanos estadunidenses o residentes legales, al tiempo que negó que personal de Washington hubiera participado en la operación.
“Ojalá no sea tan grave como tememos”, declaró el vicepresidente estadunidence, JD Vance.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, declaró a Fox News que “no se puede confiar en el gobierno cubano y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para hacer rendir cuentas a estos comunistas”.
El enfrentamiento ocurrió “dentro de las aguas territoriales cubanas”, cuando la lancha se acercó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, cerca de Villa Clara, precisó el Minint.
El incidente ocurrió en un contexto en el que el ejército estadunidense ha bombardeado en el Caribe pequeñas embarcaciones que, asegura sin pruebas, estaban involucradas en el tráfico de drogas.
El presidente Donald Trump extendió el pasado 13 una orden que autoriza interceptar barcos que se dirigen a Cuba, bajo el argumento de que La Habana tiene “una disposición pronta e imprudente para usar fuerza excesiva” contra aviones y barcos que entran en su territorio.
Cuba: ¿imprudencia o provocación?
Autoridades cubanas detectaron ayer por la mañana una lancha rápida con matrícula estadunidense a una milla náutica (1.8 kilómetros) de Cayo Falcones, en el noroeste de la isla y a 50 kilómetros de la célebre zona de Varadero. El punto más cercano de Estados Unidos se ubica aproximadamente 180 kilómetros al norte, en los Cayos de Florida. Cuando una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras se acercó para proceder a la identificación del buque y sus tripulantes, éstos abrieron fuego e hirieron al comandante de la nave oficial. Tras la respuesta de los agentes, el saldo fue de cuatro muertos y seis detenidos en la lancha con placas FL7726SH.
Las primeras reacciones de Washington fueron inusualmente institucionales y contenidas para los estándares del trumpismo. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que La Habana lo puso al tanto de los sucesos y que la embajada estadunidense está trabajando para contactar a los detenidos, con el fin de determinar si son ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes. Asimismo, quienes resultaron heridos ya reciben atención médica y su gobierno esperará a contar con más información para actuar en consecuencia, dijo. Por su parte, el vicepresidente JD Vance sostuvo: “estamos siguiendo la situación; esperamos que no sea tan grave como tememos, pero no puedo decir más, porque simplemente no sé más”. De manera poco sorpresiva, el tono fue muy distinto en Florida, cuyos funcionarios y legisladores echaron mano de una rancia retórica propia de la guerra fría para culpar a Cuba sin disponer de dato alguno sobre los acontecimientos.
Cabe destacar que, pese al incidente, horas después la Casa Blanca anunció un relajamiento –parcial e insuficiente– de su bloqueo ilegal contra los envíos de petróleo a la isla. La nueva política habilita licencias de exportación de crudo mientras no beneficien a “personas o entidades asociadas con las fuerzas armadas cubanas, servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales”, una restricción que, en la práctica, excluye a cualquier organismo cubano con la capacidad para coordinar y recibir los cargamentos.
En este clima de ambigüedad, es necesario prevenir ante todo intento del trumpismo de usar lo ocurrido como pretexto para escalar las agresiones contra el pueblo cubano, ya sea reforzando (si ello es posible) la asfixia económica, o lanzando operaciones militares a fin de concretar el cambio de régimen que Washington ansía desde 1960. No puede olvidarse que en 1898, Estados Unidos recurrió a otro incidente naval para declarar la guerra a España y apoderarse de sus entonces colonias: la propia Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hoy es sabido que la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana fue, en el mejor de los casos, un accidente por el incendio de un depósito de carbón y, en el peor, un ataque de falsa bandera en el que la potencia emergente sacrificó a sus soldados para facilitar sus objetivos imperiales. No se trata de una lección de historia, sino de presente: aunque el Maine se hundió hace 128 años, Puerto Rico sigue bajo dominio colonial, y las fuerzas armadas estadunidenses mantienen bases en Filipinas y en la bahía de Guantánamo.
Denunciar las tácticas del imperialismo estadunidense es un asunto de supervivencia para todas las naciones que aspiran a la libertad, y en particular para México, víctima del mayor robo territorial perpetrado por Washington: en 1846, el presidente James K. Polk ordenó al general Zachary Taylor avanzar tropas hacia el río Bravo, 200 kilómetros al sur de la frontera vigente entonces, a fin de forzar un enfrentamiento con las tropas mexicanas. Las acciones de defensa de las huestes nacionales fueron clasificadas por Polk como una agresión, en la cual fundamentó la invasión que se prolongó hasta 1848 y se saldó con el despojo de las tierras donde hoy se asientan los estados de Nuevo México, Arizona, Nevada, California, Utah, así como partes de Colorado, Wyoming, Oklahoma, Kansas y Texas.
Cabe esperar, finalmente, que la incursión floridana en aguas cubanas no haya sido más que una imprudencia de particulares y que el gobierno de Washington se abstenga de explotarla para fines políticos o militares.
Contra la falacia del “Estado fallido”
Rosa Miriam Elizalde
26 de febrero de 2026 00:01
No hay nada más cómodo que etiquetar y descalificar. Eso liquida cualquier discusión, cualquier matiz, todo intento de comprender lo que vivimos –y lo que viviremos–.
El Observatorio de Medios de Cubadebate ha estudiado las principales etiquetas peyorativas que utiliza la administración Trump para referirse a Cuba, y, entre ellas, la más común es “Estado fallido” (failed state). Concluye que la fuerza de esta fórmula no reside en la precisión analítica, sino en su utilidad política. Convierte la crisis compleja de un país en un veredicto simple –“no hay Estado, por tanto, hay que forzar el cambio”– y desplaza el debate público desde la pregunta legítima (¿son legales y eficaces las sanciones?) hacia otra tramposa (¿cómo se gestiona un colapso?; https://acortar.link/Bm15jf).
Cuando Washington llama a Cuba “failed state” no informa sobre un país ni evalúa su cohesión social ni su identidad histórica: intenta deslegitimar al Estado cubano para disciplinar a toda la nación. Donald Trump y Marco Rubio, que han realizado un particular aporte al perfeccionamiento del uso de los poderes públicos como instrumento para el crimen, el robo y el chantaje, buscan normalizar el asedio económico como si fuera una respuesta “responsable” ante un supuesto vacío institucional.
Bajo esa lógica, la escasez y la precariedad de la vida cotidiana en Cuba pasan a leerse como “fracaso interno”, mientras se oculta el impacto acumulado de más de seis décadas de medidas coercitivas unilaterales, hoy empujadas al paroxismo. La narrativa funciona como puerta giratoria en la que el deterioro provocado por las sanciones alimenta la etiqueta, y la etiqueta legitima políticas que agravan aún más ese deterioro.
Ahora bien, un Estado fallido, en sentido estricto, no protege a su población, no ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza, no garantiza el imperio de la ley ni sostiene servicios básicos. Por eso conviene distinguir fragilidad de falla. Puede haber debilidad sectorial –energía, abastecimiento, transporte– y aun así existir un Estado funcional. En Cuba, ese umbral no se ha cruzado.
Primero, el país cumple los requisitos clásicos de Estado (según la Convención de Montevideo): población permanente, territorio definido, gobierno efectivo y capacidad de relacionarse internacionalmente. El subtexto de que “ha dejado de ser Estado” no se sostiene ni jurídica ni políticamente.
Segundo, lo que caracteriza el colapso estatal no es la escasez, sino la emergencia de autoridades paralelas que controlan territorios, cobran tributos, administran justicia propia e imponen reglas de circulación. En Cuba no existen actores armados o políticos con control territorial o fiscal que sustituyan al Estado. No hay conflicto armado interno ni insurgencia sostenida ni guerra de cárteles ni captura de territorios. No impera la “ley de la selva”.
Tercero, hay continuidad administrativa y capacidad de implementación.
Aun bajo estrés, operan ministerios, registro civil, sistema educativo y sanitario; se ejecutan campañas de salud pública y protección civil; existe regulación y persecución de mercados ilícitos. Un Estado realmente colapsado no logra sostener esas cadenas de mando, provisión y control.
Cuarto, Cuba conserva capacidad efectiva de política exterior. Mantiene relaciones bilaterales y multilaterales con más de un centenar de países, participa en organismos internacionales, negocia acuerdos y despliega misiones en el exterior. Esa agencia no es simbólica; es un indicador material de funcionamiento estatal, no de “vacío” y “colapso”, como repiten los mentideros de Miami.
Quinto, es visible la capacidad de sostén institucional ante shocks energéticos, financieros o logísticos. La respuesta en la isla no es la disolución estatal, sino la adaptación. Lo vemos cuando se activan las estructuras de contingencia y coordinación territorial, en la prioridad que siguen teniendo los servicios esenciales –salud, agua, alimentos básicos, comunicaciones– y en el reordenamiento administrativo de recursos escasos mediante mecanismos de distribución regulada y protección social. Esta misma semana se anunció, por ejemplo, la creación de una nueva empresa conjunta de los ministerios de Salud Pública y Transporte (Transmed), que destinará una flota de microbuses para trasladar hacia los hospitales de La Habana al personal médico y a pacientes que requieren tratamientos especiales, en medio del cerco al combustible decretado por Trump.
Puede discutirse la suficiencia de esas respuestas en un contexto de crisis material severa y asfixia económica, pero su existencia y su ejecución desmienten el cuadro de parálisis y vacío estatal que Washington repite hasta el hartazgo.
Por eso, con razón, Cubadebate concluye que etiquetas como “Estado fallido” no son categorías analíticas fiables, sino recursos propagandísticos para mantener las sanciones, el aislamiento, la presión diplomática y los escenarios de “transición” inducida.
No describen, prescriben.
Canadá anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba
Foto Jair Cabrera Torres Foto autor
Afp
25 de febrero de 2026 14:30
Toronto. El gobierno de Canadá anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba por unos 5.8 millones de dólares, a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y de la Unicef, para garantizar que "llegue directamente al pueblo cubano".
"Mientras el pueblo de Cuba enfrenta importantes dificultades, Canadá se mantiene solidaria y proporciona asistencia focalizada para atender las necesidades urgentes", declaró este miércoles la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand.
Tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un ataque de fuerzas estadunidenses el 3 de enero, Venezuela cesó el suministro de petróleo a Cuba, lo que ha agudizado la crisis en la isla.
Este miércoles, Washington confirmó que permite la venta de petróleo y gas a Cuba para uso del sector privado.
