▲ El jefe de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos, Mark A. Schafer (izquierda), acudió en abril a unas operaciones conjuntas con la Armada argentina, en las cuales saludó al mandatario Javier Milei.Foto tomada de X
Stella Calloni Corresponsal
Periódico La Jornada Viernes 22 de mayo de 2026, p. 19
Buenos Aires. La embajada de Estados Unidos en Buenos Aires dio a conocer el martes pasado un comunicado del Comando Sur que anunciaba la firma de un convenio con Argentina supuestamente para patrullar e impulsar la “seguridad marítima del Atlántico Sur” durante cinco años, bajo el título “Protección de los Bienes Comunes Globales”, considerado una alianza estratégica, que se comenzó a plantear entre el presidente Javier Milei y su homólogo estadunidense, Donald Trump, en sus más recientes encuentros.
Bajo un aterrador silencio mediático se dio un paso más, no sólo en la militarización extranjera de Argentina, sino de la entrega de la soberanía nacional, que ya no tiene límites, como ejemplifica el hecho de llamar “bienes comunes” al Atlántico Sur o a la Antártida correspondiente al país sudamericano, destacaron analistas.
A menos de un mes de asumir el gobierno, el 6 de enero de 2024, Milei viajó con su hermana Karina apresuradamente y en la noche para firmar un acuerdo del que nadie habla, permitiendo la instalación de una base en ese lugar geoestratégico con el objetivo supuestamente de vigilar “la contaminación de las aguas” y reforzar la protección del medio ambiente.
El programa propuesto en este último acuerdo de “protección de los bienes comunes globales” comienza con la entrega de una cámara especializada “a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina”, que se realizará con “equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”.
Los firmantes fueron el almirante Juan Carlos Romay, jefe del estado mayor general de la Armada, y el contralmirante Carlos Sardiello, de las Fuerzas Navales del Comando Sur, para dar inicio a esta alianza estratégica y “fortalecer la seguridad regional”.
Comenzaron los ejercicios navales conjuntos
Esta “alianza” fue uno de los motivos de la visita de finales de abril del jefe de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos, contralmirante Mark A. Schafer, para participar en maniobras, ya que coincidió con la llegada del portaviones nuclear Nimitz, como parte de los ejercicios navales en lo que se conoce como la zona económica exclusiva de Argentina.
Milei, acompañado de su hermana Karina, visitó el Nimitz participando de una actividad conjunta organizada como parte de los ejercicios navales Passex, con algunas naves argentinas, lo que fue celebrado por el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien acompañó al mandatario y habló sobre la puesta en marcha de este ejercicio, asegurando que “con Argentina estamos construyendo un hemisferio occidental más fuerte y seguro”.
La lista de los acuerdos de entrega de Argentina a Estados Unidos e Israel nunca se ha mostrado, por lo cual la mayoría de la población no sabe nada sobre este tema.
En tanto, sí hay fuertes denuncias sobre el intento de privatizar el río Paraná, que afectará a todas las provincias del litoral, por el intento oficial de conceder en licitación la hidrovía que corre sobre el cauce hacia Paraguay, lo que es estratégico para la salida de los barcos que transportan granos con fines de exportación, sin aprobación del Congreso, como sucede con los acuerdos militares y de seguridad que se están firmando apresuradamente.
Extracción de crudo en las Malvinas
Tampoco la cancillería argentina informa sobre estos acuerdos como no lo hizo sobre el comunicado de Londres, donde se anunció que en la zona marítima del país sudamericano que rodea el archipiélago de las islas Malvinas, colonizadas por Inglaterra desde 1833, ya se trabaja activamente en la instalación de pozos petroleros, a cargo de dos grande empresas de Israel y Gran Bretaña, que esperan producir más de 55 mil barriles de petróleo por día en 2028, lo que viola incluso resoluciones de la Organización de Naciones Unidas sobre la descolonización propuesta en este caso, por vía de negociaciones diplomáticas.
Los intereses de la nación, en riesgo
Mientras, una delegación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA, autónoma), encabezada por su secretario general Hugo Godoy, participó el martes pasado en una reunión en la Cámara de Diputados sobre el intento del gobierno de Milei de firmar una concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay.
La reunión de la CTA para discutir la “agenda marítima y portuaria”, ante la necesidad de promover “estrategias conjuntas para intervenir en materia de soberanía”, se realizó con la Comisión de Intereses Marítimos, en la que ocupa el cargo de vicepresidente el ex canciller y diputado de Unión por la Patria, Jorge Taiana, quien organizó el encuentro.
Godoy expuso sobre la licitación de la vía navegable troncal del río Paraná y la intervención (y entrega) del puerto de Ushuaia, entre otros temas, que afectan gravemente a la soberanía nacional , que “está en juego”, como “buena parte de los intereses de la nación”, advirtió en su exposición y resaltó luego que hay una “intencionalidad geopolítica de dominación sobre el territorio y de fragmentación de la patria”.
Reanudan cientos las protestas en toda Bolivia; la policía abre corredor para abasto
Nombra presidente nuevo ministro del Trabajo para iniciar una “etapa renovada”
Xinhua, Ap y Afp
Periódico La Jornada Viernes 22 de mayo de 2026, p. 19
La Paz. Cientos de trabajadores, campesinos, maestros y transportistas retomaron las calles aledañas a la sede de gobierno de Bolivia, al cumplirse 21 días de manifestaciones debido a la “falta de soluciones y la criminalización de las protestas” por parte del presidente centroderechista Rodrigo Paz, quien nombró a un nuevo ministro de Trabajo con la intención de comenzar “una nueva etapa con energías renovadas”.
Sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) marcharon ayer en La Paz, mientras en siete de los nueve departamentos del país continuaron los bloqueos de carreteras, que impactan gravemente en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.
Ayer el hospital infantil de la sede de gobierno declaró el estado de emergencia debido a la alarmante disminución de sus reservas de oxígeno medicinal, fármacos y suministros esenciales.
El gobierno reportó al menos 54 puntos de bloqueo en esta jornada en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, Santa Cruz, Pando y Chuquisaca. Sólo Beni y Tarija mantienen libre tránsito.
La policía boliviana despejó ayer una ruta central en busca de establecer un corredor humanitario; usó gases lacrimógenos contra los bloqueadores y detuvo a nueve de ellos que atacaron a los agentes arrojándoles cartuchos de dinamita.
El gobierno recibió ayer cinco toneladas de alimentos provenientes de Chile en un avión Hércules, con el objetivo de mitigar el desabasto.
Tras reunirse con dirigentes sindicales, la Iglesia católica –que suele actuar como mediadora en los conflictos– solicitó a las autoridades “prudencia y responsabilidad” en sus declaraciones, considerando la actual tensión política y social en el país, informó Brújula Digital.
La crisis, que comenzó con reclamos sectoriales de diversas organizaciones sociales, evolucionó hacia una presión política contra el gobierno de Paz Pereira.
Con el nombramiento de Williams Bascopé como ministro de Trabajo –el primer cambio en el anunciado reajuste de su gabinete–, Paz aseguró que este “funcionario completamente nuevo puede marcar la diferencia en la visión de modernidad que el país necesita”.
El secretario general de la COB, Eduardo Ferrufino, advirtió que el cambio de ministro no frenará las medidas de presión, debido a que “los dirigentes están siendo judicializados”, al recordar que el secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, se encuentra “en la clandestinidad” tras una orden de aprehensión en su contra, bajo la acusación de instigación pública a delinquir y un posible delito de terrorismo.
“La cereza del pastel”
Simón Vargas Aguilar*
22 de mayo de 2026 00:04
La relación entre México y Estados Unidos continúa en uno de sus momentos más críticos en décadas, no se trata ya de tensiones migratorias o comerciales, sino de una ofensiva judicial y retórica sin precedentes que equipara a integrantes de la delincuencia organizada mexicanos con terroristas. El gobierno de Donald Trump ha puesto en la mira directa a servidores públicos y políticos mexicanos y esta situación en lugar de resolver se visualiza como una amenaza que podría fracturar aún más una relación bilateral ya de por sí frágil.
La semana pasada, el Departamento de Justicia estadunidense dio un paso significativo al instruir a sus fiscales federales perseguir a funcionarios mexicanos cómplices del tráfico de estupefacientes bajo legislación antiterrorista, el mensaje lo transmitió con crudeza Aakash Singh, vicefiscal general adjunto, en una conferencia interna con los 93 fiscales federales.
Pero lo más grave no fue la orden operativa, sino de acuerdo con datos del New York Times, el desdén fue explícito: “Si [las acusaciones] es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos […] Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”. Este tono es provocador, revela una estrategia deliberada de presión pública y judicial que busca no solo castigar, sino incluso hasta humillar.
Este endurecimiento tiene antecedentes legislativos claros, ya que recordemos que incluso los senadores John Cornyn (republicano de Texas) y Jacky Rosen (demócrata de Nevada) presentaron la Ley Para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles, conocida también como Stop Cartel Violence Act; su objetivo central es solicitar al Pentágono que informe al Congreso sobre el denominado huachicol fiscal y su vínculo directo con el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.
Los legisladores argumentan que el huachicol se ha convertido en la principal fuente de ingresos no relacionados con drogas para los cárteles, permitiéndoles diversificar sus operaciones, comprar armas y corromper instituciones. La iniciativa traslada un problema mexicano de corrupción energética al terreno de la seguridad nacional estadunidense, vinculándolo con violencia, fentanilo y migración irregular.
Por otro lado, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, ésta marcó un cambio histórico al reconocer, por primera vez de manera explícita, el fracaso de los modelos exclusivamente punitivos y enfatizar la salud pública como complemento necesario. Sin embargo, el eje central continúa siendo la confrontación directa con los cárteles, impulsando una estrategia que combina inteligencia, sanciones y presión diplomática; es así que los cárteles ya no son meros traficantes; son enemigos que amenazan la seguridad nacional.
La ofensiva se materializó también en el Capitolio ya que el director de la DEA, Terrance Cole, y el director de la FBI, Kash Patel, comparecieron simultáneamente ante el Senado y por separado, el secretario de Defensa ante la Cámara de Representantes; en ambas cámaras, el eje central de la discusión fue la seguridad fronteriza y el combate a los cárteles en México; incluso Cole fue particularmente contundente al afirmar que “esto es sólo el comienzo” con referencia al caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
Precisamente este caso ilustra la profundidad de la crisis, ya que al menos, hasta el momento dos de los 10 señalados en la acusación federal de Nueva York, el ex secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, se entregaron voluntariamente a las autoridades estadunidenses, este hecho es sumamente significativo porque envía un mensaje demoledor sobre la desconfianza en las instituciones mexicanas: ¿prefieren enfrentar la justicia estadunidense que la mexicana? Y ¿por qué? Quizá porque en Estados Unidos conciben un sistema con derechos procesales claros y confiables.
Esta entrega voluntaria es un golpe a sus cómplices, a las instituciones mexicanas y una probable confesión de que el Estado mexicano ha perdido credibilidad incluso ante sus propios compañeros de movimiento; pero este tema lo analizaré con mayor profundidad posteriormente.
La administración Trump actúa con la lógica de la protección a su política de seguridad nacional, México, por su parte, responde con una retórica de soberanía absoluta, pero sin ofrecer resultados tangibles en extradiciones, decomisos o desmantelamiento de redes de protección política y operativa.
La relación bilateral se encuentra muy cercana a una situación sin precedentes, sin una cooperación honesta el camino sólo lleva a más acusaciones y más sanciones. La cereza del pastel que tanto celebra Singh podría convertirse en el detonante de una ruptura de consecuencias imprevisibles para ambos países.
Además, no se puede perder de vista que Estados Unidos se encuentra procediendo contra otros servidores públicos y políticos, no sólo de México sino de diversos países en el mundo y continuará trabajando en su agenda, por lo que la pregunta ya no es si México se ofende, es si está dispuesto a verdaderamente actuar antes de que sea demasiado tarde.
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política
Narcoestado y estado de derecho
Pedro Miguel
22 de mayo de 2026 00:02
El Departamento de Justicia de Estados Unidos secuestró al presidente Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico que se cayeron solos y ahora está tratando de inventarle otros; imputó al ex presidente cubano Raúl Castro, figura histórica, por una acción que, como el derribo de dos avionetas de “Hermanos al rescate”, una organización terrorista con sede en Miami, fue estricta y legítima defensa de la soberanía y del espacio aéreo cubanos; al mismo tiempo, tramita indultos para narcotraficantes de talla mundial, como el hondureño Juan Orlando Hernández; gestiona indemnizaciones pecuniarias para los golpistas que el 6 de enero trataron de quebrantar el orden legal del país y para autores de atentados terroristas contra clínicas de interrupción del embarazo, y asiste al presidente en sus querellas judiciales contra el gobierno que encabeza.
Por lo demás, no se tiene noticia de una sola investigación emprendida por esa dependencia en torno a las decenas de ejecuciones extrajudiciales ordenadas por Donald Trump contra presuntos narcotraficantes, tanto en el Caribe como en el Pacífico, o sobre la masacre de unas 160 niñas que murieron en su escuela, atacada por un misil Tomahawk disparado por la US Navy. Nada tampoco, desde luego, sobre la estafa con criptomonedas con la que Trump inauguró su segundo periodo presidencial, ni sobre los conflictos de interés del mandatario con los especuladores de futuros petroleros que se hincharon de billetes gracias a las fluctuaciones de los mercados internacionales provocadas por los alocados y contradictorios anuncios de la Casa Blanca en torno a su desastrosa guerra contra Irán.
Lo anterior tendría que bastar para concluir que en Estados Unidos el grupo gobernante es el más contumaz violador de las leyes y que la delincuencia, la corrupción y la impunidad tienen en las altas esferas políticas de Washington sus principales bastiones. Más aun, hay sobrados elementos para sostener que la superpotencia es un narcoestado: el mayor mercado de drogas del mundo, el mayor productor de opiáceos legales, la mayor lavandería del planeta, el principal proveedor de armamento para los cárteles, el gran protector de delincuentes (como el ya referido hondureño y los 269 mexicanos a los que se niega a extraditar), el mayor beneficiario de una política “antidrogas” utilizada como instrumento de injerencia y desestabilización de otros países, el que urdió un esquema de tráfico de cocaína (escándalo Irán-contras), el que abasteció al cártel de Sinaloa con miles de fusiles de asalto, el que negocia impunidad y protección con culpables para que acusen a inocentes, el que exige determinación para combatir el tráfico de estupefacientes en otras latitudes pero no hace nada significativo para frenarlo en su propio territorio, el que mantiene un sistema aduanal escandalosamente poroso (y corrupto) por el que pasan toneladas de drogas importadas sin que nadie lo note.
Sería injusto circunscribir este estado de cosas a la presidencia trumpiana.
El florecimiento del narcotráfico en Estados Unidos data cuando menos de las primeras décadas del siglo XIX; curiosamente, empezó como una maniobra para contrarrestar el déficit que ya para entonces padecía el país vecino en su balanza comercial con China, nación a la que compraba grandes cantidades de muebles, seda, té y otros productos, pero a la que no encontraba qué vender. La Oficina del Historiador (Office of the Historian) del Departamento de Estado, “responsable, por ley, de la preparación y publicación de la historia documental oficial de la política exterior de Estados Unidos”, cuenta que, para corregir tal situación, los comerciantes estadunidenses copiaron a los británicos, quienes “ya habían descubierto un gran mercado en el sur de China para el opio de contrabando”, y recurrieron al trasiego de esa droga “para complementar sus exportaciones a China. Más allá de los problemas de salud relacionados con la adicción al opio, el creciente comercio de opio con las potencias occidentales significó que, por primera vez, China importara más bienes de los que exportaba”. A la postre, ese negocio desembocó en las Guerras del Opio (https://is.gd/Asn8mV).
El compartir 3 mil 145 kilómetros de frontera con un país en manos de un conglomerado de intereses corporativos, industriales, políticos y mafiosos, y que es aún la mayor economía y que solía ser hasta este año la mayor potencia militar del mundo, constituye un serio desafío para México. Gestionar la relación no ha sido nunca una tarea sencilla, y menos cuando su presidente se empeña en desarticularlo, chapotea en las aguas tóxicas de sus propios fracasos y gobierna a punta de ocurrencias tácticas pero carece de una estrategia definida. En tales circunstancias es de fundamental importancia consolidar y fortalecer el marco legal del país y su vigencia. En otros términos, lo más sensato que se puede hacer ante un narcoestado es vivir en un estado de derecho.
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