Foto Néstor Jiménez Foto autor
Víctor M. Quintana S.
20 de mayo de 2026 00:05
Si el debate sobre lo que sucede en Chihuahua se centra en si fue un éxito o un fracaso la Marcha por la Seguridad y Soberanía convocada por Morena el sábado 16, se yerra el tiro. Aunque la manifestación es la más concurrida que del partido en la entidad, los organizadores hubieran deseado que asistiera más gente y el gobierno del Prian, que asistiera menos.
Más allá de la marcha, hay un hecho innegable: en diversos sectores sociales hay indignación por la violación de la soberanía nacional perpetrada por el gobierno del estado, al aceptar la participación de agentes de la CIA en diversos operativos sin los requisitos que la ley señala y dando acceso al espacio y a los datos de la Torre Centinela a las agencias estadunidenses DEA, FBI e ICE. Desde el lunes 4 de mayo se dio una primera manifestación, no organizada por Morena, y a partir de entonces se empezó a conformar el Frente por la Defensa de la Soberanía en varios municipios de la entidad. Luego vinieron la marcha y el mitin del fin de semana.
La demanda fundamental de estos sectores es que la violación a la soberanía perpetrada por el gobierno de María Eugenia Campos no quede impune y que se castigue conforme marca la ley, independientemente del número de personas que tomen las calles o de los cientos de miles de firmas que se recaben para demandar el juicio político a la titular del ejecutivo estatal.
No sólo se ha violado la soberanía: el gobierno del estado, pensando que, restándole fuerza a la marcha minimizaría su confabulación con la CIA, desde el 15 de mayo ejecutó diversas acciones contra las garantías individuales: montó bloqueos en varios puntos carreteros, incluso con funcionarios públicos, para impedir la llegada a la marcha; suspendió el servicio de transporte urbano en la capital; abrió zanjas en el recorrido de la manifestación. En los bloqueos carreteros se exigía a la gente que se identificara y se le señalaba que si venía del sur del país no tenía derecho a manifestarse contra la gobernadora. Incluso se lesionó al periodista Israel Beltran Silva por demandar el libre tránsito.
El operativo gubernamental fue acompañado por una profusa campaña propagandística resaltando el combate a las drogas de la gobernadora, denunciando a los “narcogobiernos de Morena”, descalificando las acusaciones de traición a la patria y resaltando, con ribetes racistas y clasistas, el carácter “luchador, trabajador y libre de los chihuahuenses” frente al centralismo y los “sureños”. El gobierno del estado derrochó en portales digitales, pendones, espectaculares, además de los mil 600 millones de pesos que ha gastado en cooptar medios informativos y pagar granjas de bots para insultar a quienes osen criticar a su gobernadora.
Terminar con esta impunidad es impostergable, porque en Chihuahua hay un indudable proyecto intervencionista, más allá del problema del narco: se quiere sembrar la semilla de la desestabilización y gestar un poder paralelo a la 4T. Ese proyecto va más allá de Trump y las elecciones de 2027. Es la punta de lanza para el control de las cadenas de suministro, el acceso a los recursos naturales, al monopolio del comercio de drogas y la construcción de una alternativa política maleable para los intereses corporativos trasnacionales en un estado clave de la frontera.
Por esto deben tener presente el gobierno de la 4T y Morena que no basta con ganar las elecciones de 2027 si no se responde a profundas demandas y agravios de diversos sectores de la región. En primer lugar, las de los pueblos originarios, como lo expuso la indígena rarámuri Patricia Castillo al abrir el mitin: “Para el pueblo rarámuri, para las comunidades originarias, perder el territorio por la violencia y la omisión del Estado, es robarnos nuestra historia, es enfermar de tristeza, lejos de nuestros pinos… de nuestra raíz. El gobierno de Maru Campos ha sido incapaz de frenar la destrucción del bosque talado y ha dejado solos a los defensores de la sierra, cuya vida se apaga ante la indiferencia de las autoridades”.
Habría que añadir la insuficiencia de los servicios de salud en la Sierra, los desplazamientos forzados en varios municipios, el despojo de los territorios, la imposición de proyectos mineros y turísticos, el extactivismo de la naturaleza.
La 4T y Morena deben estar conscientes que se debe atender a las y los agricultores chihuahuenses: aplicar con criterios regionales programas como Producción, Fertilizantes para el Bienestar y Sembrando Vida; ordenar los mercados del frijol y el maíz; atender los problemas del agua y la energía en agricultura; reactivar el crédito al campo. Hay un cansancio por la homogenización a rajatabla de las políticas públicas federales y la inopia de recursos en las instituciones como el IMSS, por gobernantes corruptos de todos los partidos, por la inseguridad pública que no disminuye.
Lo que está en juego en Chihuahua va más allá de ganar las elecciones de 2027. Es acabar con la corrupción; atender las justas demandas de la población en toda su diversidad. Demostrar que el famoso segundo piso de la 4T es abrirse y atender las especificidades regionales. La soberanía del todo se construye desde las partes.
Víctor M. Quintana S.
20 de mayo de 2026 00:05
Si el debate sobre lo que sucede en Chihuahua se centra en si fue un éxito o un fracaso la Marcha por la Seguridad y Soberanía convocada por Morena el sábado 16, se yerra el tiro. Aunque la manifestación es la más concurrida que del partido en la entidad, los organizadores hubieran deseado que asistiera más gente y el gobierno del Prian, que asistiera menos.
Más allá de la marcha, hay un hecho innegable: en diversos sectores sociales hay indignación por la violación de la soberanía nacional perpetrada por el gobierno del estado, al aceptar la participación de agentes de la CIA en diversos operativos sin los requisitos que la ley señala y dando acceso al espacio y a los datos de la Torre Centinela a las agencias estadunidenses DEA, FBI e ICE. Desde el lunes 4 de mayo se dio una primera manifestación, no organizada por Morena, y a partir de entonces se empezó a conformar el Frente por la Defensa de la Soberanía en varios municipios de la entidad. Luego vinieron la marcha y el mitin del fin de semana.
La demanda fundamental de estos sectores es que la violación a la soberanía perpetrada por el gobierno de María Eugenia Campos no quede impune y que se castigue conforme marca la ley, independientemente del número de personas que tomen las calles o de los cientos de miles de firmas que se recaben para demandar el juicio político a la titular del ejecutivo estatal.
No sólo se ha violado la soberanía: el gobierno del estado, pensando que, restándole fuerza a la marcha minimizaría su confabulación con la CIA, desde el 15 de mayo ejecutó diversas acciones contra las garantías individuales: montó bloqueos en varios puntos carreteros, incluso con funcionarios públicos, para impedir la llegada a la marcha; suspendió el servicio de transporte urbano en la capital; abrió zanjas en el recorrido de la manifestación. En los bloqueos carreteros se exigía a la gente que se identificara y se le señalaba que si venía del sur del país no tenía derecho a manifestarse contra la gobernadora. Incluso se lesionó al periodista Israel Beltran Silva por demandar el libre tránsito.
El operativo gubernamental fue acompañado por una profusa campaña propagandística resaltando el combate a las drogas de la gobernadora, denunciando a los “narcogobiernos de Morena”, descalificando las acusaciones de traición a la patria y resaltando, con ribetes racistas y clasistas, el carácter “luchador, trabajador y libre de los chihuahuenses” frente al centralismo y los “sureños”. El gobierno del estado derrochó en portales digitales, pendones, espectaculares, además de los mil 600 millones de pesos que ha gastado en cooptar medios informativos y pagar granjas de bots para insultar a quienes osen criticar a su gobernadora.
Terminar con esta impunidad es impostergable, porque en Chihuahua hay un indudable proyecto intervencionista, más allá del problema del narco: se quiere sembrar la semilla de la desestabilización y gestar un poder paralelo a la 4T. Ese proyecto va más allá de Trump y las elecciones de 2027. Es la punta de lanza para el control de las cadenas de suministro, el acceso a los recursos naturales, al monopolio del comercio de drogas y la construcción de una alternativa política maleable para los intereses corporativos trasnacionales en un estado clave de la frontera.
Por esto deben tener presente el gobierno de la 4T y Morena que no basta con ganar las elecciones de 2027 si no se responde a profundas demandas y agravios de diversos sectores de la región. En primer lugar, las de los pueblos originarios, como lo expuso la indígena rarámuri Patricia Castillo al abrir el mitin: “Para el pueblo rarámuri, para las comunidades originarias, perder el territorio por la violencia y la omisión del Estado, es robarnos nuestra historia, es enfermar de tristeza, lejos de nuestros pinos… de nuestra raíz. El gobierno de Maru Campos ha sido incapaz de frenar la destrucción del bosque talado y ha dejado solos a los defensores de la sierra, cuya vida se apaga ante la indiferencia de las autoridades”.
Habría que añadir la insuficiencia de los servicios de salud en la Sierra, los desplazamientos forzados en varios municipios, el despojo de los territorios, la imposición de proyectos mineros y turísticos, el extactivismo de la naturaleza.
La 4T y Morena deben estar conscientes que se debe atender a las y los agricultores chihuahuenses: aplicar con criterios regionales programas como Producción, Fertilizantes para el Bienestar y Sembrando Vida; ordenar los mercados del frijol y el maíz; atender los problemas del agua y la energía en agricultura; reactivar el crédito al campo. Hay un cansancio por la homogenización a rajatabla de las políticas públicas federales y la inopia de recursos en las instituciones como el IMSS, por gobernantes corruptos de todos los partidos, por la inseguridad pública que no disminuye.
Lo que está en juego en Chihuahua va más allá de ganar las elecciones de 2027. Es acabar con la corrupción; atender las justas demandas de la población en toda su diversidad. Demostrar que el famoso segundo piso de la 4T es abrirse y atender las especificidades regionales. La soberanía del todo se construye desde las partes.
EU: cooperación en entredicho
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Estados Unidos no ha satisfecho ninguna de las 269 solicitudes de extradición planteadas por México desde el 1º de enero de 2018 hasta el 13 de mayo pasado. De ese total, 36 requerimientos fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir; de estos últimos, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
La mandataria destacó que las negativas y las inexplicables dilaciones tienen lugar pese a la gravedad de las acusaciones por las que se busca a los imputados, pues entre ellos hay personas involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude fiscal y una red contrabando de combustibles (entre los ilícitos atribuidos al ex gobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca); el autor intelectual del asesinato de nuestro compañero Javier Valdéz, Dámaso López Serrano, El Mini Lic, así como defraudadores de los fondos de vivienda de los trabajadores. Por su parte, el canciller Roberto Velasco señaló que las peticiones se han acompañado de todos los elementos necesarios para satisfacerlas, como claridad en la expresión del delito y la manifestación de que hay una orden de aprehensión.
Este caso ilustra la abismal asimetría en la supuesta cooperación de México y Estados Unidos en materia de seguridad, no sólo porque en menos de un año las autoridades mexicanas han cumplido casi un centenar de solicitudes de extradición de Washington, sino también porque en los últimos siete años aquí se ha detenido a cabecillas y operadores financieros, se han desmantelado laboratorios clandestinos, se han confiscado volúmenes récord de estupefacientes y se ha apuntado a las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado. Mientras tanto, al norte del río Bravo se permite y hasta se financia el flujo de armas para los criminales; se ha reforzado el sistema de secreto bancario y empresarial que hace de Estados Unidos el mayor centro de lavado de dinero del planeta, se desfinancian los de por sí nimios programas orientados a atajar el problema del consumo, se fortalece una industria farmacéutica que es la creadora de adictos a opioides como el fentanilo y se desvían los recursos del combate al narcotráfico a la cacería de trabajadores migrantes. Cuando los tribunales estadunidenses procesan a personas acusadas de trasiego de estupefacientes, muchas veces lo hacen sin intención de esclarecer, impartir justicia y frenar el tráfico de drogas.
En lugar de la aplicación de la ley, los guía la agenda intervencionista de su país, en la que los narcotraficantes –reales o presuntos– son usados como parte de operaciones de golpeteo político, en las que se crean narrativas que habilitan acciones desestabilizadoras.
La historia de Dámaso López Serrano, apodado El Mini Lic porque a su padre se le conoce como El Licenciado, ejemplifica las malas prácticas del sistema jurídico estadunidense. En 2017, tras el fracaso de una intentona de su padre para hacerse con el control del cártel de Sinaloa, López Serrano se entregó al gobierno de Estados Unidos, el cual le dio el estatus de testigo protegido y lo recompensó por sus servicios, poniéndolo en libertad condicional en 2022. Esto, pese a que desde 2020 la Fiscalía General de la República solicitó su extradición a fin de que responda sobre su papel como autor intelectual del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Culiacán, cuyo trabajo es fundamental para entender el fenómeno delictivo en Sinaloa.
El 13 de diciembre de 2024, la FBI arrestó al Mini Lic en una trampa montada para probar que coordinaba la entrega de tres kilos de fentanilo a un socio en Los Ángeles. Washington mostró que lo sigue tratando como un aliado más que como un delincuente pues la pena que se le impuso es la mitad de la mínima establecida para quien trafica más de 400 gramos de fentanilo.
En suma, está a la vista la hipocresía de señalar que México “es gobernado por los cárteles y por nadie más”, cuando todos los indicios apuntan a que es Washington el que está en constante trato con ellos, les da protección y les ofrece un “ambiente de negocios” propicio para sus actividades.
Con esta evidencia, es claro que las relaciones bilaterales en materia de seguridad deben replantearse seriamente, pues resulta inaceptable que nuestro país haga todo el trabajo sin recibir a cambio más que recriminaciones, calumnias y hostigamiento.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ La infraestructura hotelera de Cuba, operada en gran parte por cadenas internacionales, garantiza estándares internacionales, afirmó ayer la diplomática Aleinor Zerquera. La imagen, en La Habana.Foto Jair Cabrera
Se aproximan las elecciones intermedias en Estados Unidos (la perspectiva es una gran derrota para Donald Trump) y, por lo mismo, el delirante magnate naranja aumenta los decibeles e intensifica su campaña contra México –a su lado, como siempre, el coro de la ultraderecha autóctona–, de tal suerte que un día sí y el siguiente también aprieta, chantajea y exige para que terceras naciones hagan el trabajo de “limpieza”, pero “olvida” hacerlo en su propio territorio, en donde el narco y las bandas delictivas gozan de cabal impunidad. Entre lo más reciente, que no lo último, está el caso de los 10 sinaloenses (incluido Rubén Rocha) a los que la Casa Blanca acusa de colusión con el narcotráfico, y al gobierno mexicano exige su extradición a la de ya, sin mayor trámite, a la par que el secretario estadunidense del Tesoro “invita” al sistema financiero internacional a “responder con fuerza” en contra de “estos terroristas”, dejando de lado que su propio país es el mayor lavadero de dinero sucio, y no a partir de ahora.
La presidenta Sheinbaum puso en la agenda este desbalanceado trato y clarificó la situación: de enero de 2018 a la fecha, el gobierno mexicano ha formulado al gobierno estadunidense 269 requerimientos de extradición (36 ya fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir; de estos, 183 son de extradición y 50 de detención provisional con fines de extradición) de casos relevantes, y ni uno solo ha sido atendido, sin olvidar que en esta materia, dados los acuerdos bilaterales, la relación es obligadamente recíproca. “No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México; ninguno”, precisó la mandataria. Y en ese inventario “hay casos gravísimos”.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló algunos de ellos: Francisco Javier N (García Cabeza de Vaca), caso Tamaulipas, con varios delitos: uso ilegal de atribuciones y facultades; delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. “¿Qué sucedió con nuestra solicitud de detención provisional? Se solicitó información adicional. Después, se solicitó presentar una solicitud formal”.
Otro: Víctor Manuel N (Álvarez Puga), acusado de un tema relacionado con las factureras, delincuencia organizada también. “Se negó, por no ser un delito violento y para que ustedes sepan que también es incluso normal que una solicitud de detención provisional se niegue y se requiera al Estado presentar una solicitud formal.
Rafael N y Elías N (Zaga), caso Infonavit: delito, delincuencia organizada. Se solicitó petición formal a México por no ser delito violento ni considerarse, los acusados, un riesgo para la sociedad. ¿Por qué esto es importante? Porque cada país, conforme a su legislación, también hace un análisis de estas solicitudes de detención provisional, no es un análisis literal del tratado, como si existiera en el vacío legal, como han sugerido algunas personas.
José Ulises N (Bernabé García), caso Ayotzinapa: delincuencia organizada. “Se nos requirió información adicional y pruebas en el proceso. Esto se presentó desde 2024. Pablo N (Vega Cuevas), apodado Transformer, miembro de Guerreros Unidos, también caso Ayotzinapa: delincuencia organizada, también. Se nos solicitó presentar la petición formal”. Uno más: William N, un caso de trata de personas: “Se negó la detención provisional; es una práctica común entre los dos países; los dos hacemos un análisis exhaustivo de las solicitudes de extradición y detención provisional, y tiene fundamento legal clarísimo”.
La mandataria señaló que “hay una ofensiva de la derecha mexicana, con la gran mayoría de los medios de comunicación, los comentócratas, que ahora más que nunca dicen exactamente lo mismo, sin variación, tomando la decisión de solicitar la orden urgente de detención con fines de extradición del gobierno de Estados Unidos: ‘nosotros (el gobierno mexicano) no queremos entregar a nadie’; y en su momento lo aclaramos: ‘a ver, presenten pruebas’, lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros pedimos una orden de extradición”.
Entonces, “si hubiera realmente un interés de algunas instancias del gobierno estadunidense de disminuir la violencia en México y el consumo de drogas en su país, pues hay otras formas: atender la adicción en Estados Unidos, el tráfico de armas a México y la delincuencia organizada en su territorio. Es como si allá no existiría nada y todos los ojos en México”.
Las rebanadas del pastel
Transcurren días, semanas, años, décadas y nadie mueve un dedo para detener el genocidio en Gaza y juzgar a los responsables por crímenes de guerra. Ignominioso.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Es nefasta la hispanidad del Vox español
Bernardo Barranco
20 de mayo de 2026 00:01
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desató agudas controversias en la relación entre el gobierno mexicano de la 4T y los sectores ultraconservadores españoles vinculados al partido político Vox. Hay que recordar que es la tercera fuerza política de España y el partido que más ha crecido en los últimos 10 años.
Además de rendir homenaje a Hernán Cortés, Díaz Ayuso proclamó en la Asamblea de Madrid que “México no existió hasta que llegaron los españoles”. Defendió fervientemente la hispanidad y el mestizaje, denunciando a la izquierda mexicana y española de fomentar la “leyenda negra” para presentar a España, en su periodo imperial, como excepcionalmente cruel, intolerante, codiciosa, fanática e ignorante.
Isabel Díaz Ayuso levantó de nuevo viejas polémicas que los mexicanos hemos deliberado desde el siglo XIX. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de abierto rechazo por desplantes ideológicos no sólo conservadores, sino que denotan una visión de imperio. Ante el homenaje a Cortés, le cuestionó al alentar el “discurso colonial y pro despojo”.
El concepto de hispanidad conservadora española es pernicioso y hasta fascista. Los ultraderechistas de Vox y del Partido Popular (PP) son los principales promotores de un nuevo enfoque ideológico y político de la hispanidad. Afirman que la hispanidad es uno de los mayores éxitos de la historia de la humanidad. La conquista de América tuvo la impronta española y católica, equiparada a la helenización o romanización de la cultura occidental.
Cuando la derecha menciona la colonización americana, establece que liberó a los pueblos mesoamericanos del yugo sangriento de los aztecas, que la conquista aportó la religión verdadera y un auténtico orden civilizatorio, cuando en realidad fue una masacre demográfica, cultural y social para la población ya existente. Un holocausto y genocidio de la población indígena que habitaba el continente antes de la llegada de los europeos. Por tanto, justifican la colonización de América como un cometido de libertad, de civilización y evangelización. En suma, Vox defiende la conquista como una hazaña histórica de expansión insistiendo, con torpeza, en que España no colonizó, sino que fundó provincias hermanadas por la religión, la lengua e implantación de referencias étnicas.
Santiago Abascal, líder de Vox, lo resume así: “España fue potencia de primer nivel en el plano internacional antes del descubrimiento de América. Llevó la civilización a todos los rincones del continente y formó un inmenso patrimonio cultural y humanístico compartido, denominado hispanidad”. Para Vox, el concepto de hispanidad y el imperio español son ejes centrales de su identidad. Hay una nostalgia inspirada en el franquismo, su retórica es belicosa, su postura es combativa hacia las minorías, su rechazo es tajante al feminismo, así como la exaltación militarista de la identidad nacional.
Vox, por conducto de su Fundación Disenso, introdujo el término “Iberósfera”, que se transformó en una bandera ideológica para consolidar una alianza internacional de líderes y partidos de derecha y derecha radical tanto en España como en América Latina, cuya misión era combatir el comunismo y los gobiernos progresistas de la región agrupados por el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Tiene un enfoque geopolítico e ideológico fuertemente centrado en el eje Atlántico. Es un concepto que abarca lo lingüístico e incorpora a todas las regiones que hablan español y portugués en el mundo, agregando también tangencialmente a países de África como Angola, Guinea Ecuatorial y países de Asia como Filipinas.
Vox está emparentado política e ideológicamente con el Yunque mexicano. Los orígenes del partido español fueron promovidos por los yunquistas. Ahora Vox y sus organizaciones cívicas financian y capacitan a más de 60 organizaciones afines en todo el mundo. Esto se desprende de los más de 200 mil documentos exhibidos por Wikileaks. Los conceptos hispanismo étnico o etnicismo hispanista están sustanciados también en la Carta de Madrid en 2020, un intento neocolonialista de cómo concebir Latinoamérica.
El afán conquistador perdura en la ultraderecha española y también en el Yunque mexicano, heredero directo de los cristeros. Para el hispanismo étnico la historia gravita, porque ha fructificado ricas configuraciones culturales que los españoles derechistas creen suyas. El pasado compartido sedimenta y se torna sustrato que pasa por lo religioso. Mientras los latinoamericanos festejamos la Independencia, los yunquistas y sus primos hermanos españoles neofranquistas deploran la conmemoración.
La confrontación entre la 4T y la ultraderecha española tiene antecedentes. En marzo de 2019, AMLO envió cartas individuales al rey Felipe VI de España y al papa Francisco. El objetivo de las misivas era que ambas instituciones pidieran perdón a los pueblos originarios por los abusos, matanzas y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la conquista y la época colonial. Gran parte de la clase política y de los medios conservadores calificaron la exigencia de “afrenta”, y “ofensa intolerable”. Más que mirar el pasado habría que pensar en el futuro, dijeron. La misiva de AMLO atizaba las entrañas hispanofílicas de la ultraderecha.
El meollo de la discusión no es conceptual, es ideológica, política y teológica. El avance la ultraderecha en España y en el mundo incita al PAN a mostar a una tendencia cada vez más inclinada a la derecha radical. ¿Asistiremos a un PAN pro franquista y cercano al Yunque? Y dónde queda la postura estadunidense que ha revitalizado la Doctrina Monroe, que dicta que América es para los americanos. Desde la derecha mexicana se vienen tiempos de redefinición llamativos.
