Foto Jair Cabrera Torres / archivo. Foto autor
Rosa Miriam Elizalde
18 de junio de 2026 00:04
La idea de un asedio medieval contra Cuba ha dejado de ser una metáfora. Describe una realidad material que se vive cotidianamente y ya tiene expresiones dramáticas con niños que mueren al nacer, alimentos que no llegan y contenedores de ayuda humanitaria detenidos porque no hay combustible ni transporte ni capacidad logística. Un estudio del Center for Economic and Policy Research (CEPR) estima que la mortalidad infantil en Cuba pasó de 4 por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9.9 en 2025, un aumento de 148 por ciento.
El mismo informe calcula que, si la tasa se hubiera mantenido en los niveles previos, alrededor de mil 800 bebés no habrían muerto. Cubadebate publicó, por su lado, una radiografía demoledora del impacto actual del bloqueo estadunidense. Según sus datos, mil 400 megavatios de generación eléctrica distribuida no pueden utilizarse porque Cuba no logra adquirir el diésel y el fueloil necesarios para grupos electrógenos, motores y patanas generadoras.
No es una cifra menor: equivale a casi la mitad de la demanda eléctrica nacional en horario pico y a cerca de cinco termoeléctricas Antonio Guiteras (la mayor de la isla) funcionando al mismo tiempo. El resultado de su ausencia es conocido por cualquier familia cubana: más de 20 horas, en promedio, de apagones diarios con efectos directos sobre la cocción de alimentos, el bombeo de agua, la conservación de medicinas, las comunicaciones y el funcionamiento básico del país. La salud pública cubana, durante décadas reconocida por sus indicadores de primer mundo, está siendo empujada a una situación desesperada.
La supervivencia de niños con cáncer ha descendido a 65 por ciento, frente a un 85 por ciento registrado antes del recrudecimiento del bloqueo energético. Más de 100 mil personas esperan cirugías electivas o reconstructivas, entre ellas 5 mil 152 pacientes oncológicos y unos 12 mil niños. También se describe el deterioro en la atención a 2.8 pacientes que dependen de hemodiálisis, un tratamiento que exige agua, electricidad, insumos y equipamiento especializado. La agresión se expresa también en los medicamentos.
De los 395 fármacos que Cuba produce dentro de su cuadro básico de salud, 300 están en falta por dificultades para acceder a materias primas e insumos farmacéuticos. El asedio medieval no sólo impide importar productos terminados; también asfixia la producción nacional. Lo mismo ocurre con pruebas diagnósticas esenciales, incluidas las que se utilizan para la detección precoz del cáncer. El cerco también llega a los alimentos. Más de 100 mil niños no reciben diariamente el litro de leche subsidiado por el Estado, principalmente por la falta de combustible para transportarla hacia las ciudades.
Las dificultades para comprar trigo han dejado al país con apenas la mitad de la harina necesaria, mientras el pan racionado, que aún se entrega milagrosamente a cada familia, ha bajado de 80 a 60 gramos. No es una presión contra una “élite”, como dice el sicópata secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, obsesionado con Cuba, sino contra la mesa familiar. Incluso la ayuda humanitaria queda atrapada dentro del mismo mecanismo de asfixia. Según los datos de Cubadebate, 170 contenedores de productos esenciales, valorados en 6.3 millones de dólares, no han podido ser repartidos por falta de combustible.
El Programa Mundial de Alimentos mantiene 11 mil toneladas de alimentos básicos en almacenes cubanos, pero se distribuyen a un ritmo mucho más lento del necesario. La Unicef y el PNUD también han informado de contenedores en puertos cubanos cuya extracción avanza con enorme lentitud. El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, dijo esta semana, literalmente, que “Cuba se está ahogando”. El caso cubano muestra una forma moderna de guerra sin bombardeos masivos, pero con consecuencias igualmente devastadoras sobre la población civil.
No hace falta cercar una ciudad con murallas y catapultas cuando se puede impedir que entren combustible, piezas de repuesto, medicinas, materias primas, pagos bancarios o donaciones. El asedio contemporáneo se ejecuta con bancos, aseguradoras, navieras, listas negras, amenazas regulatorias y sanciones extraterritoriales. Por tanto, la pregunta central no es si Cuba tiene dificultades internas, errores propios o problemas de gestión.
El asunto es si alguna nación puede garantizar condiciones normales de vida en esta atmósfera medieval en que se intenta por todas las vías la destrucción implacable de un pueblo. Destrucción silenciosa, además, porque éste es el mundo de Canudos, la comunidad acorralada que describe Mario Vargas Llosa en La guerra del fin del mundo, donde “es más fácil imaginar la muerte de una persona que la de cien o mil. Multiplicado, el sufrimiento se vuelve abstracto”.
Rosa Miriam Elizalde
18 de junio de 2026 00:04
La idea de un asedio medieval contra Cuba ha dejado de ser una metáfora. Describe una realidad material que se vive cotidianamente y ya tiene expresiones dramáticas con niños que mueren al nacer, alimentos que no llegan y contenedores de ayuda humanitaria detenidos porque no hay combustible ni transporte ni capacidad logística. Un estudio del Center for Economic and Policy Research (CEPR) estima que la mortalidad infantil en Cuba pasó de 4 por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9.9 en 2025, un aumento de 148 por ciento.
El mismo informe calcula que, si la tasa se hubiera mantenido en los niveles previos, alrededor de mil 800 bebés no habrían muerto. Cubadebate publicó, por su lado, una radiografía demoledora del impacto actual del bloqueo estadunidense. Según sus datos, mil 400 megavatios de generación eléctrica distribuida no pueden utilizarse porque Cuba no logra adquirir el diésel y el fueloil necesarios para grupos electrógenos, motores y patanas generadoras.
No es una cifra menor: equivale a casi la mitad de la demanda eléctrica nacional en horario pico y a cerca de cinco termoeléctricas Antonio Guiteras (la mayor de la isla) funcionando al mismo tiempo. El resultado de su ausencia es conocido por cualquier familia cubana: más de 20 horas, en promedio, de apagones diarios con efectos directos sobre la cocción de alimentos, el bombeo de agua, la conservación de medicinas, las comunicaciones y el funcionamiento básico del país. La salud pública cubana, durante décadas reconocida por sus indicadores de primer mundo, está siendo empujada a una situación desesperada.
La supervivencia de niños con cáncer ha descendido a 65 por ciento, frente a un 85 por ciento registrado antes del recrudecimiento del bloqueo energético. Más de 100 mil personas esperan cirugías electivas o reconstructivas, entre ellas 5 mil 152 pacientes oncológicos y unos 12 mil niños. También se describe el deterioro en la atención a 2.8 pacientes que dependen de hemodiálisis, un tratamiento que exige agua, electricidad, insumos y equipamiento especializado. La agresión se expresa también en los medicamentos.
De los 395 fármacos que Cuba produce dentro de su cuadro básico de salud, 300 están en falta por dificultades para acceder a materias primas e insumos farmacéuticos. El asedio medieval no sólo impide importar productos terminados; también asfixia la producción nacional. Lo mismo ocurre con pruebas diagnósticas esenciales, incluidas las que se utilizan para la detección precoz del cáncer. El cerco también llega a los alimentos. Más de 100 mil niños no reciben diariamente el litro de leche subsidiado por el Estado, principalmente por la falta de combustible para transportarla hacia las ciudades.
Las dificultades para comprar trigo han dejado al país con apenas la mitad de la harina necesaria, mientras el pan racionado, que aún se entrega milagrosamente a cada familia, ha bajado de 80 a 60 gramos. No es una presión contra una “élite”, como dice el sicópata secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, obsesionado con Cuba, sino contra la mesa familiar. Incluso la ayuda humanitaria queda atrapada dentro del mismo mecanismo de asfixia. Según los datos de Cubadebate, 170 contenedores de productos esenciales, valorados en 6.3 millones de dólares, no han podido ser repartidos por falta de combustible.
El Programa Mundial de Alimentos mantiene 11 mil toneladas de alimentos básicos en almacenes cubanos, pero se distribuyen a un ritmo mucho más lento del necesario. La Unicef y el PNUD también han informado de contenedores en puertos cubanos cuya extracción avanza con enorme lentitud. El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, dijo esta semana, literalmente, que “Cuba se está ahogando”. El caso cubano muestra una forma moderna de guerra sin bombardeos masivos, pero con consecuencias igualmente devastadoras sobre la población civil.
No hace falta cercar una ciudad con murallas y catapultas cuando se puede impedir que entren combustible, piezas de repuesto, medicinas, materias primas, pagos bancarios o donaciones. El asedio contemporáneo se ejecuta con bancos, aseguradoras, navieras, listas negras, amenazas regulatorias y sanciones extraterritoriales. Por tanto, la pregunta central no es si Cuba tiene dificultades internas, errores propios o problemas de gestión.
El asunto es si alguna nación puede garantizar condiciones normales de vida en esta atmósfera medieval en que se intenta por todas las vías la destrucción implacable de un pueblo. Destrucción silenciosa, además, porque éste es el mundo de Canudos, la comunidad acorralada que describe Mario Vargas Llosa en La guerra del fin del mundo, donde “es más fácil imaginar la muerte de una persona que la de cien o mil. Multiplicado, el sufrimiento se vuelve abstracto”.
Colombia: el peligro de asociarse con Trump
Foto Afp. Foto autor
Mark Weisbrot*
18 de junio de 2026 00:03
El presidente Donald Trump ha dado su “apoyo total y completo” al candidato derechista de línea dura a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, para la segunda ronda de la elección presidencial el próximo domingo. Más que expresar su preferencia personal, el Ejecutivo estadunidense también anotó que “los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y para su relación con Estados Unidos”, y que Abelardo “tendrá el apoyo y fuerza total de Estados Unidos detrás de él”.
Que un presidente intervenga de esta forma en una elección de otro país viola normas internacionales. Desde luego, podría haber alguna reacción contraria de los electores colombianos, quienes lo verán como un asalto a la democracia y a la soberanía nacional. En especial porque Trump, quien cuenta con las fuerzas armadas más poderosas del planeta, amenazó con acción militar contra Colombia hace menos de cinco meses. “Vengan por mí”, respondió entonces el presidente colombiano, Gustavo Petro.
A raíz de ello, Petro fue invitado a reunirse con Trump en la Casa Blanca, donde el estadunidense se mostró en definitiva mucho más amistoso. Hasta que decidió –él o sus consejeros, con Marco Rubio a la cabeza– apostar por un presidente colombiano de derecha que favorezca sus intereses.
De la Espriella parece apropiado para la tarea, al proponer una alianza de “dos líderes que se respetan y comparten los mismos valores y principios inamovibles” y solicitar “unirse a la Alianza del Escudo de las Américas”. El Escudo de las Américas es una coalición de gobiernos de derecha en la región, formada en marzo y conducida por el gobierno de Trump.
En la primera ronda, De la Espriella quedó en primer lugar por 2.8 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, senador por el izquierdista Pacto Histórico, encabezado por Petro. Durante la presidencia de Petro, de 2022 a 2025, el salario mínimo ajustado a la inflación se elevó 39 por ciento.
La tasa de pobreza ha caído de manera sustancial, a 23.5 por ciento, de 2022 a la fecha. Más de 3.9 millones de personas han sido sacadas de la pobreza. La tasa de pobreza extrema se redujo aún más en términos porcentuales: 30 puntos, o 1.9 millones de personas. La pobreza extrema se define como un ingreso demasiado bajo para cubrir necesidades básicas; la línea de pobreza extrema en Colombia fue de 58 dólares al mes en 2025, alrededor de 1.90 dólares al día.
Cepeda se ha comprometido a continuar poniendo énfasis en reducir la pobreza y aumentar el ingreso por persona, así como la red de seguridad de la mayoría. En contraste, De la Espriella favorece el enfoque “motosierra” de derecha, que incluye una reducción de 40 por ciento del tamaño del gobierno y el recorte de 70 mil empleos. Esto no va a reducir la pobreza ni a elevar los niveles de vida de la mayoría de los colombianos.
Sin embargo, peores cosas podrían ocurrir con un presidente como De la Espriella, aliado con Trump. Tal presidencia conllevaría un alto riesgo de muerte y destrucción en un país que durante décadas ha tenido enorme sufrimiento por la violencia y el conflicto armado. El peligro puede verse en las cercanas conexiones que de tiempo atrás tiene De la Espriella con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales le dan su apoyo. Se trata de la organización paramilitar históricamente más grande y letal del país, responsable de decenas de miles de asesinatos, con abrumadora mayoría de civiles.
De la Espriella se hizo prominente en un principio como abogado de las AUC, pero también ha sido cercano a sus líderes y ha trabajado en otras formas para ellos. Por ejemplo, desplegó esfuerzos significativos para presentar a personas que cometieron masacres y otros crímenes de lesa humanidad como actores políticos que no deben ser procesados. No es sorprendente que De la Espriella haya hecho campaña contra los acuerdos de paz de 2016 en Colombia, así como contra su puesta en vigor.
Favorece un despliegue militar más extenso, así como “megaprisiones” para encarcelamientos en masa, según el modelo de Nayib Bukele en El Salvador –otro miembro del Escudo de las Américas de Trump–, que ha triplicado la población encarcelada en ese país. Esos son los “valores y principios inamovibles” que observamos. En este marco mental, la guerra es la respuesta. Trump sacudió a buena parte del mundo cuando expresó esos valores en una amenaza a los 90 millones de pobladores de Irán, el 7 de abril: “una civilización entera perecerá esta noche para no volver jamás”, dijo.
La forma más generosa de describir a líderes como Trump y De la Espriella es decir que han perdido la mayor parte de su humanidad. De allí la amenaza que una alianza entre ellos representa para Colombia. El equipo de Trump parece haber ido a grandes extremos para buscar conflicto violento en este hemisferio desde el principio de su periodo presidencial.
Empezó con la designación de “cárteles y otras organizaciones” como organizaciones terroristas extranjeras el primer día de su presidencia, y luego con el bombardeo y matanza de decenas de personas en pequeñas embarcaciones inermes, en el Caribe y el Pacífico Occidental.
Esto, de acuerdo con expertos en derecho militar, es asesinato porque las víctimas no eran combatientes. En general, no se ofrecieron pruebas del supuesto tráfico de drogas. Hubo algunas acusaciones absurdas, como que se transportaba fentanilo, el cual ni siquiera llega a Estados Unidos desde América del Sur.
Culminó con la “victoria” de Trump al capturar el petróleo venezolano y a su presidente. Y ahora, la constante amenaza de atacar a Cuba, que ya sufre enormemente por el bloqueo estadunidense, el cual es, por definición, un crimen de guerra conforme a la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe el castigo colectivo cuando hay un conflicto armado. Incluso antes de que el bloqueo cortara el petróleo y la mayor parte de la electricidad de Cuba, el endurecimiento de sanciones por parte de Washington a partir de 2019 ha incrementado 148 por ciento la tasa de mortalidad infantil en la isla.
Trump parece decidido a ser un presidente en guerra, y este hemisferio ha sido el teatro escogido por Rubio. De la Espriella ha propuesto llevar de vuelta las bases militares estadunidenses a Colombia para crear el Plan Colombia 2.0, según su dicho. Está recordando al pueblo colombiano que no le importa en absoluto la inminencia del sufrimiento humano que la guerra ha causado y que puede acarrear de nuevo.
*Mark Weisbrot es codirector del Centro para la investigación de economía y políticas, y autor de Failed: What the ‘experts’ got wrong about the global economy
Publicado originalmente en Los Angeles Times
Traducción: Jorge Anaya
La agonía del libre comercio
En entrevista con este diario, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que el mundo atraviesa un momento de agonía del libre comercio internacional, el cual ha derivado en una incertidumbre que pasa factura a las tasas de crecimiento económico en México. El funcionario destacó que el punto de inflexión se produjo cuando Estados Unidos –en su calidad de primera economía y cuyo gobierno fue el principal promotor de la hiperglobalización en los pasados 40 años– dio un viraje “radical, drástico, de todo el manejo comercial”, dominado ahora por un enfoque de seguridad económica y de diseño geopolítico en las relaciones mercantiles. Como para darle la razón al ex canciller, ayer el presidente Donald Trump insistió en que a su país le va mejor sin el tratado comercial con México y Canadá (T-MEC); si bien abrió la posibilidad de firmar el acuerdo que se renegocia hasta el 1º de julio.
Para entender la “agonía” del libre comercio hay que remontarse a los orígenes de la última gran oleada de liberalización. A finales de la década de 1970, las clases empresariales de las naciones más industrializadas del bloque occidental enfrentaban un “problema”: las altas tasas de sindicalización y el poder de los obreros organizados impedían a los dueños de capitales aumentar la explotación de los trabajadores y obtener los rendimientos deseados por sus inversiones. La respuesta fue “deslocalizar” la producción, es decir, trasladar las fuentes de trabajo a países en vías de desarrollo donde se pagaban salarios bajos y los gremios eran débiles o estaban supeditados al poder político, por lo que los derechos laborales eran papel mojado. La apertura de China bajo Deng Xiaoping y sus sucesores, el colapso de la Unión Soviética en 1991 y la crisis de la deuda en América Latina (creada, en gran medida, por el Departamento del Tesoro estadunidense) en la década de 1980 pusieron a disposición de las corporaciones occidentales un contingente enorme e inesperado de mano de obra dispuesta a aceptar cualquier empleo.
En ese contexto global, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se impuso en nuestro país el neoliberalismo y se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) con el propósito de atar al país a dicho modelo económico, de tal manera que ningún gobierno futuro pudiera revertir la supeditación a Estados Unidos y la primacía de la acumulación de capital sobre cualquier consideración social, ambiental, soberana o de otro tipo. A partir de la entrada en vigor del TLC en 1994 y hasta la actualidad (aunque con importantes cambios desde 2019), buena parte de la actividad productiva privada se reorganizó de tal forma que cada fábrica, oficina corporativa, call center, plantación o laboratorio funcionara como un engrane en la maquinaria del capital global centrado en Estados Unidos. La industria dejó de satisfacer necesidades nacionales para enfocarse en ensamblar bienes destinados al mercado de consumo masivo estadunidense. El campo negligió los cultivos básicos y viró a los cultivos de exportación, como el aguacate y las berries.
Este modelo funcionó para Occidente hasta que llegaron la pandemia de covid-19, la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania y la conciencia de que China había rebasado al resto del mundo en capacidad productiva, y de que estaba a punto de hacerlo en tecnologías de punta. A raíz de estos fenómenos, Washington y sus aliados dejaron atrás la lógica de llevar la producción al lugar más barato posible. Ahora les apura mantener la exclusividad sobre los pocos sectores que todavía lideran y proteger sus industrias, incapaces de competir en costos y calidad con las manufacturas chinas.
Así pues, aunque no ha desaparecido el modelo en torno al cual México organizó durante tres décadas lo sustancial de su actividad económica, cabe advertir que se encuentra seriamente amenazado, no sólo por el drástico viraje de la globalización al proteccionismo, sino también por el declinante protagonismo de Estados Unidos –adonde se envían 85 por ciento de las exportaciones mexicanas– en la economía mundial. Por ello, no es recomendable esperarse a ver si los ataques contra el T-MEC son un capricho trumpiano que se esfumará en cuanto llegue un nuevo inquilino a la Casa Blanca. Es preciso, en cambio, repensar a profundidad el lugar de México en la economía mundial y diseñar políticas de largo aliento que sustenten el desarrollo del país en un contexto mundial marcado por la incertidumbre.
¿Restricciones presupuestales o decisiones políticas?
Orlando Delgado Selley
A la justa demanda del magisterio democrático de abrogar la Ley del Issste de 2007, que sustituyó el sistema solidario de pensiones por el de cuentas individuales, se ha respondido que no es posible por razones presupuestales. Se les ha dicho que no se puede hacer lo imposible. En efecto, el regreso al sistema pensionario solidario cuesta mucho: 20 por ciento del PIB, dice el secretario de Hacienda, pretendiendo con esto que descalifiquemos su justa petición. El cambio al sistema de cuentas individuales para el retiro forma parte de las reformas neoliberales y fue aprobada en 2007, en el gobierno de Calderón, por las bancadas del PAN, PRI, Verde, Panal y Alternativa, con la oposición del PRD.
Con la llegada de la Cuarta Transformación (4T), pensábamos que las reformas neoliberales se abrogarían. Algunas se han eliminado, pero otras permanecen, llevando a que todos los trabajadores, incluyendo a los maestros, tengan que pensionarse con base en sus aportaciones a la Afore correspondiente o al Pensionissste. Dichas pensiones son absolutamente insuficientes, lo que condena a los trabajadores a jubilarse en condiciones que los condenan a la pobreza. Decirles que no está presupuestado y que, por ello, no es posible regresar al sistema solidario es absolutamente inadecuado.
Morena se comprometió a implementar programas sociales universales, que benefician a toda la población que cumple las condiciones, como el apoyo a los adultos mayores o el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro. Aceleró la política de recuperación del salario mínimo real, que se inició en 2017. Estas acciones permitieron reducir la pobreza y la pobreza extrema y disminuyeron también la desigualdad. Pero sigue habiendo pobres y México sigue siendo un país extremadamente desigual. Pero una asignatura pendiente son las pensiones para que quien ha trabajado toda su vida pueda retirarse con recursos suficientes.
Esta desigualdad extrema no es nueva, pero se exacerbó en los años neoliberales, es decir, entre 1982 y 2018. En México siempre hubo ricos y muy ricos, pero no había milmillonarios. Diez familias poseen una riqueza mayor a mil millones de dólares, es decir, 16 mil 500 millones de pesos. Su fortuna nació en esos tiempos neoliberales o se incrementó aceleradísimamente en esta época. Los gobiernos de Morena se comprometieron a no hacer una reforma fiscal. La 4T ha cumplido cabalmente este compromiso con los milmillonarios y con los ricos mexicanos.
Morena también se comprometió a eliminar la reforma a la Ley del Issste de 2007. Sheinbaum dijo en campaña: “Vamos a echar para atrás la ley de pensiones de 1997 y de 2007 para recuperar las pensiones dignas”. El cumplimiento de este compromiso público beneficiaría a todos los trabajadores. Este compromiso no lo han cumplido porque no está incluido en el presupuesto de este año y no lo estará tampoco en el de los siguientes cuatro años. El presupuesto puede modificarse si el gobierno decide aumentar los ingresos públicos como resultado de una reforma tributaria progresiva.
Obviamente, si los ingresos públicos aumentan, puede aumentar el gasto sin tomar deuda adicional. Elevar la contribución tributaria del 10 por ciento más rico de la población incrementaría los ingresos públicos varios puntos porcentuales del PIB, dependiendo de la profundidad de la reforma. Como bien dicen los maestros democráticos, la abrogación de la ley de 2007 no afectaría inmediatamente al presupuesto, puesto que “los compañeros que actualmente están en cuentas individuales estarían en posibilidad de jubilarse en 10 años, y dependerá de su antigüedad”. Para entonces, la reforma fiscal ya habría madurado y sería posible que estuviera presupuestado.
La solución a las movilizaciones magisteriales no es consultando directamente a las bases, mucho menos cerrando el diálogo. La solución está en modificar el presupuesto aumentando los ingresos tributarios para poder incrementar el gasto en pensiones. Grave será que el gobierno de la 4T acuerde con los charros del SNTE, pretendiendo que tienen representatividad. Plantear que los maestros democráticos están aliados con la ultraderecha, porque defienden un derecho que les quitaron los neoliberales, es un agravio. La CNTE representa lo mejor del magisterio nacional y funciona democráticamente desde hace 47 años.
Aceptar esta importante demanda del magisterio es cumplir con un compromiso político de enorme importancia para millones de empleados públicos y avanzar en la superación del neoliberalismo. Para cumplir con los maestros hay que modificar el acuerdo con los milmillonarios y con los empresarios, planteando un nuevo pacto fiscal. El presupuesto no es el problema. El problema es político. Por el bien de todos, primero los maestros y después los empresarios.
odselley@gmail.com
