La historia política de América Latina se mueve al ritmo de oscilaciones pendulares. Tras las primeras décadas del siglo XXI, caracterizadas por la hegemonía del denominado “Socialismo del Siglo XXI” –impulsado por la chequera petrolera de Hugo Chávez y el diseño estratégico de La Habana–, la región experimenta una mutación estructural. Hoy, el péndulo oscila con fuerza hacia la de-recha. Sin embargo, no esta-mos ante la derecha tecnocrática o partidista de los 90,sino ante un fenómeno claro: el auge de los outsiders y la consolidación de un pragmatismo de “mano dura”.
De Argentina a Ecuador, pasando por El Salvador, Chile, Perú y los giros discursivos en Colombia, el mapa se reorganiza. Los nuevos liderazgos comparten un común denominador: emergieron del colapso del sistema de partidos tradicionales. Su legitimidad no emana de la militancia orgánica, sino de la promesa de orden y de un marcado contraste con la retórica de los derechos civiles, percibida por sectores amplios de la ciudadanía como ineficaz ante las crisis de seguridad y estancamiento económico. Este bloque, además, se alinea geopolíticamente de forma natural con Estados Unidos, particularmente sintonizado con el retorno de la era Trump y su visión transaccional de las relaciones internacionales.
El catalizador de este giro radical es, sin duda, el colapso del espejo en el que nadie quiere mirarse: Venezuela. El país sudamericano ha dejado de ser sólo una tragedia humanitaria para convertir-se en el epicentro de la reconfiguración geopolítica regional. Tras la captura de Nicolás Maduro, el régimen chavista ya pendía de un hilo, pero la estocada final parece haber llegado de la mano de la naturaleza. Los devastadores terremotos de la semana pasada terminaron por quebrar a un Estado ya rebasado y a una ciudadanía exhausta y abandonada a su suerte.
Este vacío institucional y el límite social han convertido a Venezuela en el escenario ideal para la consolidación del nuevo proyecto de Washington para el hemisferio. Desde una perspectiva analítica, resulta lánguido y trágico constatar que el cambio político no provendrá de los cauces democráticos e institucionales que el pueblo venezolano merecía, sino de una transición gestionada e inducida desde el exterior, acelerada por la catástrofe humanitaria. Es una amarga paradoja: la soberanía se diluye cuando el Estado se convierte en un cascarón vacío. Para México, esta narrativa de sismos que actúan como parteras de quiebres políticos y visibilizan la podredumbre institucional es una historia dolorosamente conocida.
Ante este panorama, cabe preguntarse qué le depara a la región. El horizonte latinoamericano parece delinearse bajo dos grandes faros metodológicos: el “modelo Bukele” en el eje de la seguridad y el “modelo Milei” en la gestión macroeconómica. Eficacia punitiva y desregulación drástica son las nuevas divisas de cambio. La ciudadanía, desencantada de las promesas distributivas de la izquierda que derivaron en inflación o corrupción, parece dispuesta a canjear ciertas libertades civiles a cambio de certidumbre económica y paz pública.
Este escenario plantea una interrogante ineludible para México. En nuestro país, el giro hacia la izquierda ocurrió de forma tardía en comparación con el resto del continente, lo que otorgó una falsa sensación de excepcionalidad. No obstante, las leyes de la gravedad política y económica son implacables. El desgaste del sistema de partidos mexicano es hoy tan evidente que las fuerzas de oposición ya no buscan liderazgos en sus filas tradicionales; buscan, con desesperación, a su propio outsider.
La pregunta que la democracia mexicana debería estarse formulando no es si el péndulo latinoamericano la alcanzará, sino cuándo y bajo qué forma lo hará. Las variables están puestas sobre la mesa: una vecindad inevitable con los Estados Unidos de Trump, la presión por resultados en seguridad y la tentación social de sacrificar instituciones a cambio de orden. México no está aislado del ecosistema regional; el péndulo viene de regreso. Al partido gobernante le alcanza aún para gestionar y administrar su legitimidad, ante el descrédito de eso que llamamos “oposición”. Pero el fenómeno latinoamericano es innegable, aunque Brasil y México sean una suerte de “resistencia” hacia la izquierda.
Modernos inquisidores
Arturo Balderas Rodríguez
Es sabido que no se puede esperar un gesto de buena voluntad de la administración del presidente Trump en muchos sentidos, pero principalmente en alivio a la precaria situación en la que viven cientos de miles de inmigrantes. Stephen Miller, su moderno inquisidor en jefe, ha perfeccionado algunas medidas para hacer su vida, de por sí precaria, aún más imposible. Una de ellas, la deportación masiva y el incremento de encarcelamientos en prisiones dentro y fuera del país. Como en El Salvador, donde los mantienen en las más inhumanas condiciones, según han documentado diversas asociaciones de derechos humanos, incluida la responsable de sancionarlos en Naciones de Unidas.
En una entrevista reciente, el corresponsal del New York Times Nicholas Nehamas da cuenta de la forma en que el sistema de las cortes de apelación a los procesos de deportación se ha convertido en un sistema que justifica los procedimientos para echar del país a cuantos inmigrantes sea posible, sin mediar las normas jurídicas más elementales de escuchar y analizar las solicitudes para reconsiderar las órdenes de deportación.
Quien cruza la frontera sin documentos migratorios y es detenido debe ser juzgado por un juez adscrito al sistema migratorio de justicia. El problema es que, a diferencia del sistema jurídico regular, los jueces del sistema migratorio son nombrados directamente por el presidente. En consecuencia, en vez de seguir los procedimientos jurídicos regulares, siguen los que autocráticamente emanan directamente de él.
Decenas de jueces que fueron entrevistados revelan la decisión del gobierno en convertir el sistema migratorio en una “línea en serie de deportaciones” para cumplir con la promesa del presidente de limpiar el sistema migratorio heredado de su antecesor. El resultado es que los jueces deben atender 100 audiencias diarias en casos en los que normalmente deben escuchar, analizar y decidir sobre cuestiones cuya complejidad va de problemas eco-nómicos, persecución política, amenazas del crimen organizado e incluso tragedias derivadas del medio ambiente. Más de 150 jueces han sido despedidos por la sospecha de ser demasiado complacientes al otorgar el asilo a muchos solicitantes. Para dar una idea del cambio radical en la orientación de los procedimientos migratorios, se estima que por cada dos casos que se atendían en la administración Biden uno recibía el beneficio de asilo; actualmente, sólo uno de cada tres lo reciben.
Muchas naciones son hoy más astringentes en sus sistemas migratorios. Pero, en el caso estadunidense, el vuelco ha sido espectacular, dejando atrás la política tradicional de bienvenida a los inmigrantes por el beneficio económico, cultural y especialmente humanitario mediante el que se fortalecía a esa nación.
Con un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos venezolanos.
Caballo de Troya europeo
Manuel Pérez Rocha L.* / II
29 de junio de 2026 00:03
No es fácil escribir sobre un tema que parece árido, cuando el dolor azota al pueblo venezolano. Pero el tema de las compras de gobierno no deja de ser importante y urgente, incluso para fortalecer la capacidad de los estados para la prevención y mitigación de desastres. Es urgente tocarlo en México porque el gobierno apuesta a una mayor apertura a empresas trasnacionales europeas con la firma de la “modernización” del TLC entre México y la Unión Europea (TLCUEM).
Las compras de los gobiernos son herramientas esenciales para el fomento del desarrollo económico nacional, local y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), ya que los gobiernos son, como en muchos países, los principales compradores de bienes y servicios. Las compras de gobierno generan mercados estables y predecibles, ayudando a empresas a su formalización y la de los empleos que generan; propician condiciones para impulsar las llamadas economías circulares, reduciendo la concentración de los mercados en pocas poderosas empresas. Las compras gubernamentales son tan importantes que instituciones como el Banco Mundial las consideran como una herramienta indispensable (https://www.worldbank.org/en/ topic/procurement-for-development).
Continúo mi respuesta a la Secretaría de Economía (SE) a su tarjeta informativa en torno a comentarios que hice en la revista Proceso, en el artículo “Acuerdo con la UE prioriza inversión extranjera, pero descuida a empresas mexicanas, alerta experto” (https://tinyurl.com/5n8fub2t). Según la SE, “los acuerdos no cambian las reglas de compras del gobierno mexicano ni quitan prioridad a las empresas nacionales. En México, la regla sigue siendo comprar primero a proveedores mexicanos, especialmente a pymes. Sólo cuando se demuestra, mediante estudios de mercado, que no existen empresas nacionales capaces de cubrir las necesidades del Estado, puede abrirse la participación a empresas de países con los que México tiene tratados comerciales y, posteriormente, a otros proveedores extranjeros (ver https://www.gob.mx/se/ prensa/tarjeta-informativa-426720).
Sin embargo, el mismo gobierno declara que “las empresas de México y la Unión Europea compiten en igualdad de condiciones sin ventajas automáticas para los proveedores locales, permitiendo a una empresa mexicana participar por contratos europeos y viceversa” (ver https://tinyurl. com/yfvydm2w), y que se le otorga trato nacional a toda empresa europea. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que “las empresas de México y la Unión Europea compiten en igualdad de condiciones, sin ventajas automáticas para los proveedores locales” (https://tinyurl. com/yfvydm2w).
Es cierto que el texto del tratado reconoce circunstancias específicas en que las normativas generales no son aplicables, como adquisiciones relacionadas con equipamiento militar o seguridad nacional, o para dar prioridad a personas con discapacidades e instituciones de beneficencia. Pero son excepciones a las reglas de Trato Nacional a empresas extranjeras.
La SE acusa que “de manera general, Pérez considera que hay una muy fuerte asimetría entre ganadores y perdedores de estos acuerdos de libre comercio”. Reafirmo que así es. Han habido décadas de luchas de países del llamado Sur global y de organizaciones sociales y civiles de todo tipo, enfrentando estas políticas de apertura a las corporaciones trasnacionales. Lo mismo con el tema de los tribunales internacionales de solución de controversias en inversiones (ver primera parte de este artículo https://www.jornada.com.mx/2026/06/01/ opinion/016a1pol).
Los tratados de libre comercio sustentan y expanden el neoliberalismo; reducen el espacio para políticas nacionales, locales y endógenas de desarrollo industrial. Convierten en obligaciones internacionales principios que limitan la posibilidad de favorecer a proveedores nacionales o locales (salvo reservas específicas). Esto significa que políticas orientadas al desarrollo de proveedores mexicanos, como en el Plan México, enfrentarán restricciones jurídicas internacionales.
Este aperturismo con los TLC es una contradicción con políticas industriales desarrolladas a nivel mundial. Para no ir más lejos, en Estados Unidos, de manera patriótica, se han reforzado programas de gobierno como Buy American, el Acta de Reducción a la Inflación y el Chips Act. Todas estas políticas utilizan compras públicas e incentivos nacionales para fortalecer la industria estadunidense. La propia Unión Europea ha desarrollado políticas de “compras verdes” y otras de contratación y autonomía estratégica y de políticas industriales para sectores críticos, favoreciendo a empresas europeas.
Aunque jurídicamente el acceso entre empresas de las UE y de México es recíproco, existen asimetrías importantes y más que evidentes. Después de 26 años de funcionamiento, la balanza comercial con la UE es cada vez más deficitaria para México. Y la experiencia demuestra que las empresas de países con mayor desarrollo tecnológico suelen capturar una gran proporción de los contratos abiertos internacionalmente. Una vez ratificado el TLC “modernizado” con la UE, el gobierno de México tendrá aún menor flexibilidad para introducir porcentajes obligatorios de compras nacionales, dar preferencias a mipymes y poder garantizar porcentajes de contenido nacional.
En un contexto global caracterizado por el impulso estatal a políticas industriales, de supuesta transición ecológica y de reorganizar las cadenas globales de suministro, es menester cuestionar si un país como México debería sacrificar permanentemente uno de los instrumentos más importantes para promover el desarrollo productivo. La cuestión no es cómo comprar de forma más eficiente, sino para que compren los gobiernos, y si las compras públicas deben enfocarse a obtener el menor costo posible o también servir para impulsar la innovación, fortalecer las mipymes, generar empleos formales y desarrollar capacidades productivas nacionales y locales. El problema principal del TLC con la UE es que todas las obligaciones de compras de gobierno se aplican a todos los niveles e instituciones de gobierno. Ahora le toca al Senado mexicano estudiar bien lo ya firmado para decidir si ratificar o no con base en el interés público. Los gobiernos y senados estatales deben opinar también. Los TLC no deben ser sólo de la competencia de la Secretaría de Economía. Son cuestión de debate sobre el futuro del país.
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
Ajuste en la exuberancia financiera
Foto Europa Press Foto autor
León Bendesky
29 de junio de 2026 00:04
El escritor inglés Martin Amis hizo una observación pertinente cuando escribió: “Al dinero no le importa si decimos que es funesto, va de fuerza en fuerza. Es una ficción, una adicción y una tácita conspiración”. Esta sátira es apropiada para situar las condiciones financieras de la industria de la tecnología en Estados Unidos. Es un ajuste de la exuberancia reinante.
La valuación de la industria tecnológica está catalogada hoy como masiva. La capitalización del mercado se refiere al valor total de las empresas que cotizan en la bolsa de valores y se calcula multiplicando el precio de la acción por el número de las mismas.
Este valor es del orden de 26.6 billones de dólares y, para ponerlo en perspectiva, representa más de una tercera parte del valor total del índice S&P 500 y contribuye de modo directo con cerca de 7.5 por ciento del PIB de ese país.
Estos escuetos datos indican la relevancia de la industria y las actividades relacionadas que la componen. El sector está muy concentrado: lo dominan las ya famosas empresas Siete Magníficas (a las que hay que añadir la reciente salida a la bolsa de SpaceX). Este conjunto representa una proporción relevante de la riqueza global.
Las cifras indican las magnitudes de las transacciones financieras asociadas con las expectativas de rentabilidad del sector. Éstas lo convierten en un factor significativo de la estabilidad del sector financiero, sobre todo en un periodo como el reciente en el que enfrentan valuaciones extremas y su consiguiente riesgo potencial. Hay una alta volatilidad en el precio de las acciones y ahora, también, del aumento de los precios de bienes de consumo que se producen.
Los inversionistas parecen retraerse y diversifican sus carteras en un entorno de alza de los costos de la infraestructura requerida por la IA, como ocurre, de modo relevante, con la construcción de los centros de datos. Éstos absorben miles de millones de dólares y se cuestiona si la industria podrá generar ingresos y utilidades suficientes, sostenibles y, además, en un plazo razonable para cerrar las cuentas.
Esta aparece como una de las cuestiones centrales del proceso de financiamiento del sector. Y de la acumulación de la deuda que esto representa.
Según informa The Economist, la consultora McKinsey ha proyectado una inversión de capital en microprocesadores, centros de datos y abasto de energía para la inteligencia artificial del orden de 5.2 billones de dólares en los próximos cinco años y con posibilidad de ser aun mayor; lo que pone la previsión “al rojo vivo”.
Esta es la parte que las empresas tecnológicas estiman necesaria para generar la oferta requerida de la IA generativa. El problema está del lado de la demanda y los ingresos asociados con ella. Lo que está en duda es que ambos lados de la ecuación se correspondan en un plazo determinado. El tiempo del financiamiento de los centros de datos es de largo plazo, mientras la acelerada dinámica de la innovación tecnológica los puede hacer obsoletos antes de su maduración financiera y, así, complicar el entorno financiero.
A todo esto, se superpone el estado de las expectativas macroeconómicas, que pueden propiciar un alza de las tasas de interés en los próximos meses, con el consiguiente aumento del costo de la deuda. Este ha sido el ambiente en el terreno de la política monetaria en el estreno del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.
La industria de los microprocesadores o chips contribuye ahora al escenario general de los riesgos. Según se reporta, el negocio de este sector enfrenta una paradoja, ya que la gran demanda que enfrenta está generando ingresos sin precedente, pero con el riesgo de que el auge presente del sector no se sostenga al ritmo esperado y no haya alternativas suficientes de generación de ingresos y rentabilidad.
Lo que se reporta es que el segmento de los chips enfrenta un problema de abasto, que afecta al mercado de los productos electrónicos de consumo. Las computadoras portátiles, las tabletas y los teléfonos celulares están ya subiendo de precio mientras los inventarios de chips se van consumiendo. Apple y Microsoft han alzado los precios de menudeo y se están alterando las condiciones generales del mercado.
En la prensa especializada se habla de que la industria de la tecnología y los mercados de capitales pasan por un momento de revisión de las expectativas y redefinición de estrategias, con empresas que no consolidan su condición de rentabilidad suficiente y podrían ser motivo de revisión en las decisiones de los inversionistas. A esto se denomina el “riesgo de la exuberancia”.
Las condiciones actuales apuntan a que aumenta la volatilidad de los precios de las acciones de empresas del sector, lo que significa un ajuste luego de un periodo de irrestricta participación en el mercado de la inteligencia artificial. Se observan de modo más cercano las expectativas de rentabilidad, que se confrontan con los datos de los costos de operación, las restricciones que han aparecido en las cadenas de suministros y las condiciones vigentes en el entorno económico general.
