Luis Linares Zapata
10 de junio de 2026 00:01
Resiliencia de la izquierda o entreguismo de la derecha: opciones actuales del juego geopolítico Latinoamericano. Y, por lo visto, no hay escapatoria que encuentre un sitio alterno. El reto se tiene que enfrentar, a costa de las intervenciones arbitrarias y poderosas si se opta por salvaguardar independencia soberana.
La resistencia, es decir, el apego a los intereses populares, tiene que llevarse a cabo en medio de la confluencia de intereses internos con los del imperio. Una muy añeja pareja que conjuga a fuerzas disparejas en este subcontinente y con los resultados ya bien conocidos y explorados. Pero esas son las condiciones que rigen la actualidad.
Hasta una patrocinada coalición de países, con gobiernos subyugados de la derecha criolla y externa, se formó, con sede en la “imparcial” ciudad de Miami, en espera de cualquier emergencia. Integran un frente de seguridad, presto a colaborar en la prevalencia del mando al intemporal llamado del amo.
Dos naciones, una colombiana, con próximas elecciones, y la otra peruana, son los teatros de este combate estratégico. Al parecer la izquierda peruana está dando cerrada pelea en el conteo de sus votos ya emitidos. Dar votos a la derecha de Fujimori equivale a contemplar un rival –por no decir enemigo– temible.
La mujer lleva en su arsenal una cauda de trucos y traiciones documentadas. Esta señora, consumada perdedora pero irredenta manipuladora, mantiene el dominio del congreso, y bien se sabe cuales son las consecuencias de tal situación: llevó y mantiene en la cárcel al electo presidente Pedro Castillo, acusado de conspiración. Ahora, y a pesar del estrecho margen del virtual ganador Roberto Sánchez, haber logrado la hazaña de resistir los embates derechistas y corruptos es mérito más que sobresaliente.
La tarea a cumplir, además de la legítima estabilidad, implica la revisión de las ya apabullantes concesiones que la anormalidad deja instaladas. Por ahí flotan abusos trumpianos en el manejo de un puerto edificado con inversiones chinas y, en espera, las grandes concesiones mineras que serán constante preocupación y causa de protestas populares.
En cuanto a Colombia, la intervención de Washington en apoyo del candidato de la derecha para hacerlo competir en la segunda vuelta, no fue más abierta porque sería abrumadora arbitrariedad. La pelea que el mismo presidente Gustavo Petro está dando puede rendir frutos indispensables para nivelar la arena.
Lo importante, además de lo relatado, yace un tanto más allá de esta circunstancia y tiene que ver con Brasil. Tal parece que Lula da Silva se mantiene con fuerza y perspectiva ganadora, pero no se puede descuidar ni un momento. El clan Bolsonaro conserva fuerza y bastos apoyos, no sólo al interior, sino también dentro de los clanes republicanos del norte y los intereses privados gringos.
La escala de mayor interés del gobierno de Trump mira hacia México y sus elecciones electorales intermedias: ahí centran sus movimientos para debilitar el poder de Morena. Tienen, como escenario a conseguir, imprimir la imagen de una confluencia del crimen organizado con los actores políticos de nivel.
Les subyuga, les ilusiona plasmar, en la imaginaria colectiva, la versión encerrada en el concepto de narcopolíticos y el dominio del crimen en la gobernanza nacional. Un día tras otro, algún opinócrata muy placeado lo usará, sin faltar un columnista cuestionado que lo repita o un académico, con olor a respeto, exigiendo colocarlo conductor de programa noticioso o simple reportero asegurando que el panorama está impregnado por doquier de criminales.
Lanzan sus seguridades con una pasmosa, aunque falsa seguridad de investigadores avezados, probados y conocedores hasta el mínimo detalle de tal tragedia, aunque también acarician llegar a consolidar la idea de una elite incapaz de gobernar debidamente. Mostrar ese tinglado oficial ineficiente es objetivo y el elemento primario de apoyo, a tal incapacidad, provendría de una economía sin recursos para funcionar debidamente.
En efecto: tratan de introducir un horizonte congestionado donde el desarrollo incluye nulo crecimiento actual y futuro. La consecuencia, inevitable, redundaría en no poder continuar con los beneficios que se han venido otorgando. No crecer implica escasos recursos para la inversión, y ello condiciona la capacidad del gobierno para sostener su política social que tanto éxito ha dado a la izquierda para llegar y mantenerse en el poder.
Esa será la condicionante de la derrota izquierdista venidera tal y como ha sucedido en incontables ocasiones, argumentan incansablemente. Aunque también surge, desde la realidad, una imagen para contrariar tan usada consecuencia: la derecha no tiene argumentos efectivos para el convencimiento popular, y un gobierno que ha probado su identidad con las masas, conserva fuerza persuasiva y confianza de trabajo leal. Los ejemplos mencionados arriba ilustran el argumento.
Buscan boicotear a Pedro Sánchez: líder independentista vasco
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Miércoles 10 de junio de 2026, p. 23
Madrid. La lectura que hace el líder de la izquierda independentista vasca, Arnaldo Otegi, del cúmulo de procesos judiciales que afectan de lleno al núcleo duro del Ejecutivo de España presidido por el socialista Pedro Sánchez es nítido: “Hay un impulso político, a mi no me cabe la menor duda”.
El coordinador general de la coalición EH Bildu relacionó los problemas judiciales del ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, en que era el interlocutor del separatismo vasco y catalán y el responsable de muñir las alianzas necesarias para aprobar iniciativas en el Parlamento.
En una entrevista con Radio Euskadi, Otegi se mostró convencido de que “hay una operación política” para destruir al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene abiertos numerosos procesos judiciales en gente de su entorno político y familiar más próximo, entre ellos su propia esposa, Begoña Gómez, acusada de corrupción en los negocios y prevaricación; su hermano, David Sánchez, acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; sus dos ex secretarios de Organización en el partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que acumulan una docena de delitos por corrupción y evasión fiscal.
Además están en la mira de la justicia otras personas próximas a Sánchez, como su ex jefe de gabinete, Francisco Salazar, que dimitió y se fue a vivir a Argentina después de una campaña en la que fue acusado por trabajadoras de acoso sexual del propio Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Y, finalmente, el caso abierto sobre la supuesta trama amparada por el propio Santos Cerdán para desactivar las causas judiciales contra Sánchez y su entorno y en el que está en el centro de la operación la ex militante Leire Díez, procesada también por varios delitos.
Hacer justicia
Con este escenario, el diagnóstico de Otegi es que “hay una operación política” para acabar con Sánchez y con las alianzas que ha construido en los últimos años con el separatismo catalán y vasco, algo inédito en la historia reciente de este país. Creo que esta es una lección que deberíamos de aprender. La justicia no consiste en destruir personas, consiste en hacer justicia. Consiste en respetar a las víctimas, consiste en respetar su dolor, consiste sobre todo en respetar sus decisiones.
“Veo un impulso político en las causas en las que está envuelto Santos Cerdán, que no hay que olvidar que era el interlocutor principal de la izquierda independentista y el interlocutor principal del señor Puigdemont. Aquí está resultando una cosa curiosa, todos los que tienen relaciones con la izquierda independentista catalana o vasca van entrando a los sumarios, debe ser casualidad, debe ser que todos están implicados en la misma trama, pero desde nuestro punto de vista que hay un impulso político, a mí no me cabe la menor duda”, indicó.
Otegi añadió que “repito, para que quede claro, la corrupción es sistémica en el Estado español, pero aquí no hay una operación de la Guardia Civil para acabar con la corrupción, hay casos de corrupción, por supuesto, hay que combatirlos, sin duda.
“El objetivo de esta operación política es que se cierre la ventana de oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Ese es el objetivo. Y para eso necesitan destruir este PSOE y que venga el PSOE que hizo la transición, que es el PSOE de gente muy conocida que está pidiendo elecciones anticipadas, como el señor García Page o el señor Felipe González”, concluyó Otegi.
Justicia colombiana ordena retirar símbolos patrios de campaña de Abelardo de la Espriella
Europa Press
09 de junio de 2026 20:09
Bogotá. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes de manera provisional al candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, quien se disputará en segunda vuelta la presidencia de Colombia con el oficialista Iván Cepeda el próximo 21 de junio, a retirar de su campaña electoral toda aquella propaganda política que contenga símbolos patrios, así como abstenerse de utilizar oraciones como "firmes por la patria" o "defensores de la patria".
La orden responde a una decisión adoptada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, de la sala segunda de decisión laboral del referido tribunal bogotano, quien dictaminó que en un plazo de 24 horas De la Espriella; su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo; el grupo significativo de ciudadanos 'Defensores de la patria', y demás personas y entidades vinculadas a ello, deberán "retirar toda aquella propaganda política" que emplee símbolos patrios.
Concretamente, el texto alude a todo aquel material alojado en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en los cuales hace uso de elementos como la bandera y escudo de Colombia; imágenes alusivas a instituciones militares y policiales; saludos y emblemas representativos de entidades castrenses, y el uso de las frases "firmes por la patria" o "defensores de la patria", que constituyen parte del slogan de su campaña.
Foto AP Foto autor
Ap
09 de junio de 2026 14:25
Un segundo detenido falleció en menos de dos meses en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Luisiana, donde un reciente informe de inspección encontró condiciones insalubres, problemas con la atención médica y el uso de fuerza excesiva.
Mamuka Artmeladze, un hombre de 43 años originario de Georgia, fue hallado inconsciente el 4 de junio en el Centro Correccional Winn, en Winnfield, Luisiana, anunció el ICE en un comunicado de prensa.
El ICE indicó que el personal de la instalación inició maniobras para salvarle la vida antes de que fuera trasladado en ambulancia a un hospital local, donde un médico lo declaró muerto menos de una hora después. No se disponía de más información sobre las circunstancias de la muerte, y el ICE señaló que la causa de muerte está pendiente de una autopsia.
Artmeladze había estado detenido en dicha instalación, administrada por la Oficina del Sheriff del Distrito de Winn y por LaSalle Corrections (un contratista del ICE), durante casi cuatro meses.
El centro alberga a más de mil 500 detenidos varones y, como la mayoría de ellos, Artmeladze no tenía antecedentes penales.
Artmeladze ingresó a Estados Unidos sin papeles en una fecha desconocida y la Patrulla Fronteriza le permitió permanecer temporalmente en el país bajo supervisión del ICE después de encontrarlo en septiembre de 2022, informó el ICE. Fue arrestado en Alabama en febrero después de que el ICE determinó que ya no tenía estatus legal para permanecer en el país.
Informes de la DEA y las investigaciones de agencias federales de EU catalogan e identifican a detalle a estructuras de grupos de la delincuencia en México y otros países sudamericanos, pero los registros de desmantelamientos a cárteles dentro de sus fronteras son escasos.
Ap
09 de junio de 2026 14:25
Un segundo detenido falleció en menos de dos meses en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Luisiana, donde un reciente informe de inspección encontró condiciones insalubres, problemas con la atención médica y el uso de fuerza excesiva.
Mamuka Artmeladze, un hombre de 43 años originario de Georgia, fue hallado inconsciente el 4 de junio en el Centro Correccional Winn, en Winnfield, Luisiana, anunció el ICE en un comunicado de prensa.
El ICE indicó que el personal de la instalación inició maniobras para salvarle la vida antes de que fuera trasladado en ambulancia a un hospital local, donde un médico lo declaró muerto menos de una hora después. No se disponía de más información sobre las circunstancias de la muerte, y el ICE señaló que la causa de muerte está pendiente de una autopsia.
Artmeladze había estado detenido en dicha instalación, administrada por la Oficina del Sheriff del Distrito de Winn y por LaSalle Corrections (un contratista del ICE), durante casi cuatro meses.
El centro alberga a más de mil 500 detenidos varones y, como la mayoría de ellos, Artmeladze no tenía antecedentes penales.
Artmeladze ingresó a Estados Unidos sin papeles en una fecha desconocida y la Patrulla Fronteriza le permitió permanecer temporalmente en el país bajo supervisión del ICE después de encontrarlo en septiembre de 2022, informó el ICE. Fue arrestado en Alabama en febrero después de que el ICE determinó que ya no tenía estatus legal para permanecer en el país.
“El cártel que no se nombra”
Foto Ap / archivo Foto autor
Juan Becerra Acosta
10 de junio de 2026 00:04
Durante la administración de Ronald Reagan, en 1986, el gobierno de Estados Unidos financió de manera ilegal la guerrilla “Contra” en Nicaragua; la CIA ignoró una prohibición del Congreso y protegió a redes de narcotráfico que introducían cocaína a territorio estadunidense, lo que desató la epidemia del crack en su territorio.
Una investigación oficial del Senado liderada por John Kerry (el Informe del Comité Kerry de 1989), concluyó que funcionarios estadunidenses sabían que los “Contras” recibían financiamiento y apoyo logístico de narcotraficantes, y que la política exterior de Estados Unidos subordinó la lucha contra el narcotráfico a la estrategia geopolítica anticomunista.
Veinte años después, se dio la fallida operación “Rápido y Furioso”, operativo con el que agencias de seguridad estadunidenses permitieron que el crimen organizado se fortaleciera bajo el pretexto de una estrategia de rastreo de armas; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ordenó permitir el contrabando ilegal de más de 2 mil armas de alto calibre a México para abastecer a la delincuencia organizada.
Entre 2010 y 2012, una investigación del Senado de Estados Unidos demostró que HSBC Holdings plc, filial estadunidense de HSBC, permitió el lavado de al menos 881 millones de dólares pertenecientes al cártel de Sinaloa y al cártel del Golfo. A pesar de las pruebas criminales masivas, el Departamento de Justicia decidió no procesar penalmente a ningún ejecutivo bancario. En su lugar, firmaron un “acuerdo de enjuiciamiento diferido” a cambio de una multa económica equivalente a semanas de ganancias del banco.
En 2010, la institución financiera Wachovia Bank (ahora parte de Wells Fargo) admitió en documentos judiciales federales haber lavado entre 2004 y 2007 más de 378 mil millones de dólares a través de casas de cambio mexicanas vinculadas al narcotráfico. Ningún banquero fue a prisión.
Los informes de la DEA y las investigaciones de agencias federales de Estados Unidos catalogan e identifican a detalle a estructuras de grupos de la delincuencia en México y otros países sudamericanos, pero los registros de desmantelamientos a cárteles estadunidenses dentro de sus fronteras son escasos y de bajo impacto, ello a pesar de que la droga se distribuye y comercializa en su territorio, lo que genera miles de millones de dólares que se limpian en un sistema financiero, el estadunidense, a través de redes locales invisibilizadas que operan de manera impune.
El discurso antidrogas de Estados Unidos sigue utilizándose no necesariamente para combatir el tráfico o el consumo de estupefacientes, sino como herramienta para alcanzar otro fin. Las operaciones encubiertas en Venezuela son muestra de cómo el discurso antinarcóticos es en realidad una justificación para forzar cambios de régimen o asegurar intereses energéticos.
Donald Trump ordenó en enero de 2026 una intervención militar en Venezuela bajo pretexto antinarcóticos, pero luego declaró que Estados Unidos gobernaría el país y que empresas estadunidenses tomarían control de su industria petrolera, la más grande del mundo.
Estados Unidos bombardea embarcaciones que “presume” son narcolanchas. Sin pruebas, lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales contra civiles a los que impide tener un juicio que determine su culpabilidad o inocencia.
“Mátenlos en caliente” es la orden, en clara violación a la presunción de inocencia. Las operaciones de Estados Unidos contra al tráfico de drogas fuera de su territorio no afectan el suministro ni modifican los precios en las calles, evidencia de una gigantesca e invisible red de distribución no desmantelada.
Si Estados Unidos estuviese en verdad interesado en detener el tráfico de droga en su territorio, llevaría a cabo más operativos, mayores estrategias, y arrestos de alto impacto.
Antes de iniciar guerras fuera de sus fronteras tendría que establecerlas dentro. ¿Por qué no detiene a los capos de la droga que lideran las redes criminales en sus poblaciones o a sus operadores financieros?
El combate al narcotráfico funciona como una estrategia de control geopolítico e intervencionismo por parte de Estados Unidos; traslada la culpa del consumo interno hacia la producción exterior. Utiliza la seguridad interna para vulnerar soberanías extranjeras.
Lejos de erradicar el problema, esta supuesta guerra fragmenta los cárteles, lo que genera una violencia permanente que debilita el tejido social de los países afectados. Así, Estados Unidos asegura recursos estratégicos, frena gobiernos que le son incómodos, y mantiene tutela permanente sobre regiones mientras justifica su injerencia en la política interna de sus vecinos.
