Resolución permite al gobierno de Trump deportar a 350 mil haitianos y sirios
▲ Activistas estadunidenses, que han organizado protestas ante la Suprema Corte (en la imagen, marcha del 29 de abril pasado), denuncian que la decisión jurídica viola leyes y convenios internacionales, incluso la Constitución local.Foto Afp
Jim Cason y David Brooks Corresponsales
Periódico La Jornada Viernes 26 de junio de 2026, p. 20
Washington y Nueva York., La Suprema Corte de Estados Unidos dio luz verde a dos iniciativas claves de la agenda antimigrante del gobierno de Donald Trump, al permitir la expulsión de un millón de extranjeros hasta ahora protegidos de la deportación por casos de violencia e inseguridad en sus países de origen y, por otro lado, al autorizar el rechazo de solicitantes de asilo que intenten entrar por la frontera con México.
“El fallo de hoy viola la ley internacional, como también la intención expresa del Congreso, la cual consagró los derechos y obligaciones de la Convención sobre Refugiados en la ley federal hace más de 40 años. Durante décadas, Estados Unidos ha permitido que individuos y familias que huyen de la persecución, tortura y muerte soliciten protección en las fronteras estadunidenses y ejerzan su derecho legal a solicitar asilo”, declaró Erika Pinheiro, directora ejecutiva de Al Otro Lado, la organización que impulsó la demanda legal que buscaba el cambio de esa política del gobierno del republicano.
En su argumento en contra del fallo –aprobado por una votación de seis a tres–, la juez suprema Sonia Sotomayor fue franca: “las consecuencias de la determinación de hoy son predecibles, más gente morirá”. Agregó que cuando las solicitudes de asilo no se pueden hacer en los cruces fronterizos del gobierno estadunidense, “más personas intentarán atravesar de manera ilegal, algunos lo lograrán y otros no”.
Aún se esperan fallos adicionales sobre política migratoria, incluidos los esfuerzos del gobierno de Trump de negar ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nacen en Estados Unidos. Observadores del tribunal supremo indican que los jueces emitirán una resolución contra este planteamiento para anular un derecho que hasta ahora ha sido garantizado por la 14 Enmienda de la Constitución.
Confirman cierre de Alcatraz de los caimanes
A pesar de sus triunfos ante la Suprema Corte, la agenda contra los inmigrantes de Trump enfrenta retrocesos y derrotas. Este jueves, el gobernador Ron DeSantis, de Florida, confirmó que será clausurado el famoso centro de detención para extranjeros sin documentos apodado Alcatraz de los caimanes. Activistas afirman que esto es en parte resultado de sus incesantes protestas sobre las condiciones inhumanas dentro de esa instalación.
A la vez, los operativos masivos antimigrantes perpetrados por miles de agentes federales se han reducido en Los Ángeles, Mineápolis, Chicago y otras ciudades donde coaliciones de organizaciones y líderes municipales han denunciado abusos y han impuesto restricciones sobre ese tipo de actividades. En días recientes, un juez federal prohibió que agentes federales arresten a personas que acuden a citas en tribunales de inmigración alrededor del país, una práctica favorita del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Por otra parte, el Departamento de Seguridad Interna busca vender siete de los 11 almacenes que había adquirido para usar como centros de detención de inmigrantes, reportó The New York Times.
Pero el gobierno de Trump procede en su ofensiva antimigrante y el otro fallo de la Suprema Corte de ayer le permitirá proceder con la deportación de hasta 350 mil inmigrantes de Haití y Siria que habían permanecido en este país bajo una medida establecida por el Congreso llamada Estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que se otorga a inmigrantes provenientes de naciones con condiciones sumamente peligrosas. La resolución indica que, a falta de acción legislativa sobre el asunto, el Ejecutivo tiene el derecho de evaluar y revocar la medida.
Expertos calculan que hay 1.3 millones de personas de más de una decena de países que residen de manera documentada en Estados Unidos bajo el TPS, y ahora todos están en riesgo.
Sólo el Congreso puede revertir el fallo. Legisladores demócratas y varios republicanos ya elaboran un proyecto de ley para frenar la anulación del TPS para haitianos, quienes entre otros son parte de la columna vertebral del sistema de salud en varias partes de Estados Unidos.
Anular el TPS causará “una crisis en nuestros hospitales”, advirtió el legislador republicano Mike Lawler, una de las muchas voces que protestaron por la decisión.
La resolución que permite al gobierno limitar el derecho al asilo en la frontera con México es un retorno a una política adoptada por el gobierno de Barack Obama, en la cual solicitantes fueron físicamente bloqueados de cruzar y pisar territorio estadunidense, donde tendrían derecho a presentar una petición de residencia bajo la ley estadunidense. La primera administración de Trump adoptó esa política y trabajó con el gobierno de México para frenar el flujo a la frontera estadunidense.
Ahora, con las medidas extremas para frenar el acceso a la frontera durante este segundo periodo del republicano en la Casa Blanca –lo cual incluye el despliegue de 9 mil militares a la frontera– muy pocos inmigrantes han podido llegar a los cruces oficiales estadunidenses para solicitar asilo. Defensores critican que las autoridades mexicanas son cómplices en las medidas.
“El gobierno de Estados Unidos se coordina con el mexicano para desplegar a la Guardia Nacional armada con rifles como también agentes mexicanos en diferentes puntos en la fila para peatones y verificar si individuos cuentan con documentos para ingresar, así asegurando que nadie pueda llegar a la línea fronteriza”, explicó Nicole Ramos, la abogada encargada del proyecto de derechos para Al Otro Lado.
“Ha habido instancias donde hemos estado con grupos de niños inmigrantes no acompañados y hemos creado distracciones para estos agentes y con ello lograr que lleguen al lado estadunidense”. Invito a los políticos, jueces de la Suprema Corte y otros a visitar la frontera para ver todo esto, “es muy fácil hablar de algo que nunca has visto”.
La Suprema Corte también emitió otros fallos este jueves. Amplió los derechos de dueños de armas de fuego y, por otro lado, protegió a la trasnacional Bayer Chemical de miles de demandas legales relacionadas a daños causados por el glifosato, que es ingrediente del herbicida Roundup.
DEA permitió el reparto de cientos de miles de pastillas de fentanilo en Nuevo México
Ap
Periódico La Jornada Viernes 26 de junio de 2026, p. 21
▲ El agente de la DEA David Howell denunció en una indagatoria interna que el plan de la DEA envenenó a la comunidad.Foto Ap
Washington. La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos solicitó ayer al Departamento de Justicia investigar las denuncias de un informante, según las cuales integrantes de la agencia permitieron que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México.
La petición se efectuó después de que una investigación de The Associated Press encontró que los agentes vigilaron repetidamente –pero no incautaron– grandes cargamentos del opioide sintético, en un intento por construir casos penales de mayor envergadura entre 2023 y 2025.
En una carta enviada ayer al inspector general del Departamento de Justicia, el administrador de la DEA, Terry Cole, escribió que es necesaria una investigación interna porque “las acusaciones han generado una atención pública significativa y han suscitado interrogantes sobre las decisiones operativas de la DEA, la supervisión por parte de los directivos y la respuesta a las preocupaciones”.
En un comunicado público, Cole señaló que su solicitud “no debe interpretarse como falta de confianza en el profesionalismo o la integridad del personal de la DEA, ni en las decisiones de investigación tomadas en este asunto”.
Agentes actuales y antiguos de la DEA revelaron a la Ap que la estrategia de dejar que los analgésicos falsificados “circulen” pone en riesgo la seguridad pública en un estado devastado por la epidemia de fentanilo y que podría haber violado normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades de una droga que la Casa Blanca designó el año pasado como un “arma de destrucción masiva”.
La investigación de la Ap citó a tres agentes actuales y antiguos, así como registros gubernamentales, incluido un informe interno sobre una entrega de 74 mil pastillas en 2023 que la DEA observó mientras ocurría en un parque de casas móviles en Albuquerque. Uno de esos oficiales, David Howell, planteó por primera vez serias preocupaciones sobre esta estrategia en una denuncia interna en 2023. Siguió expresando sus objeciones internamente y habló extensamente con la Ap sobre lo que describió como una estrategia que “envenenó a nuestra comunidad para armar casos”.
En una declaración anterior a la Ap, un portavoz de la DEA afirmó: “las descripciones públicas que plantean que la agencia permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan de manera fundamental los hechos”.
La solicitud de la DEA sobre la investigación llega apenas un día después de que la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, pidió al fiscal general estatal que examine si las acciones de la agencia violaron la ley del estado, un desafío extraordinario a una agencia federal en un momento en que el fentanilo sigue siendo una de las amenazas de salud pública más mortales de Estados Unidos.
“No hay palabras para describir lo temerarias y peligrosas que fueron estas decisiones”, manifestó Lujan Grisham en un comunicado. “Que no haya dudas: la DEA sabía que la gente moriría si estas pastillas llegaban a las comunidades de Nuevo México y aun así la agencia dejó que ocurriera”.
El Departamento de Justicia expresó en un comunicado que acoge con beneplácito una alianza con los gobernantes de Nuevo México para mantener seguro al estado.
“Proteger al público requiere más que abordar transacciones individuales a medida que ocurren”, declaró en el texto. “Requiere identificar las fuentes de suministro, a las personas que dirigen la actividad criminal y a las organizaciones responsables de trasladar drogas peligrosas a nuestras comunidades”.
América Latina en la estrategia imperial
"Estados Unidos puede tolerar que China tenga estrechas relaciones económicas con América Latina, pero no puede aceptar que tengan relaciones militares porque echaría por tierra la Doctrina Monroe". Foto Afp / archivo Foto autor
Raúl Zibechi
26 de junio de 2026 00:02
John Mearsheimer pasa por ser el analista geopolítico más importante en estos momentos de caos y colapso sistémicos, con análisis tan claros y sencillos como profundos. Vale la pena escucharlo. En una reciente entrevista sostiene que desde 2017 ingresamos en un mundo multipolar con Estados Unidos, China y Rusia configuradas como grandes potencias (Infobae, 9 de mayo de 2026).
Ese tránsito de la unipolaridad a la multipolaridad, tiene consecuencias profundas en el escenario global y abre un período de gran inestabilidad, aunque no lo menciona de este modo. Como latinoamericanos, nos interesa su punto de vista sobre el papel de nuestro continente en la estrategia de Washington. “América Latina es el área más importante del mundo desde un punto de vista estratégico para Estados Unidos”, dice Mearsheimer.
“La clave es que Estados Unidos es un hegemón en el hemisferio occidental. Es, por lejos, el Estado más poderoso del hemisferio: domina militar y económicamente a todos los países de América Latina. Por lo tanto, no enfrenta amenazas de seguridad provenientes de sus vecinos latinoamericanos y se encuentra notablemente seguro dentro del hemisferio occidental. Eso le permite concentrarse en Asia oriental, Europa y el golfo Pérsico”, concluye.
Estados Unidos puede tolerar que China tenga estrechas relaciones económicas con América Latina, pero no puede aceptar que tengan relaciones militares porque echaría por tierra la Doctrina Monroe.
Desde el sur, la brasileña Carolina Silva Pedroso, especialista en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, sostiene que según la Estrategia de Seguridad Nacionald difundida en 2025, “América Latina pasa a ocupar una posición prioritaria en la política estadunidense, sustituyendo a Oriente Medio como la región de interés central” (IHU, 23 de junio de 2026, subrayados míos).
Aunque estas ideas ya las había formulado Nicholas Spykman en las primeras décadas del siglo pasado, es necesario actualizar estos recordatorios: el continente latinoamericano es vital para que Estados Unidos mantenga una posición dominante en el sistema internacional. Más aún, cabe agregar, cuando la potencia hegemónica está en declive y por momentos se acerca a su colapso como nación.
A partir de estos análisis, me parece necesario y urgente comprender cómo esta realidad afecta y afectará a los movimientos populares y a los pueblos en movimiento de nuestra región. No es más de lo mismo, no es sólo una repetición de la larga historia del “patio trasero”, sino que hay cambios estratégicos que debemos considerar.
La primera es la permanente y profunda militarización del continente. Lo que antes podía ser temporal y coyuntural, hoy se ha convertido en estructural. La militarización de todas las facetas de la vida, desde la relaciones sociales hasta la naturaleza, llegó para quedarse, es el núcleo de la economía y la clave de bóveda de la acumulación de capital. Nadie debe creer que se trata de una desviación de la norma (como lo fueron los golpes de Estado), sino la norma misma durante un periodo imposible de determinar, pero que no será breve. Por lo tanto, debemos reflexionar cómo vamos a resistir ante esta nueva realidad.
La segunda es que la militarización no depende de quienes gobiernen, precisamente porque es una cuestión estructural del capitalismo actual. En este sentido, no hay fronteras geográficas ni políticas. Observemos a los gobiernos progresistas, y veremos que ellos han dado pasos sustanciales hacia la militarización, en todos y cada uno de los países.
La tercera es que el patriarcado y el colonialismo son también funcionales a la lógica militarista, lo que los vuelve mucho más peligrosos. De ahí la expansión brutal de los feminicidios, de sus modos tremendamente depredadores que destruyen vidas y cuerpos de mujeres y personas del color de la tierra.
La cuarta es que el militarismo se presenta de muy diversos modos: desde el crimen organizado hasta los programas sociales, incluyendo la “cultura” que emana de los medios de comunicación y los modos como se practican los deportes mercantilizados.
Ante este panorama, no puede llamar la atención que lleguen al gobierno personajes como Keiko Fujimori, Bukele y ahora De la Espriella, que tienen en común su desprecio a la vida y la alianza con el crimen y los paramilitares. Es el tipo de personas que el capitalismo necesita en este momento.
Es urgente cambiar de estrategias, cuando los estados-nación han sido blindados para servir al capital y los estados del bienestar han sido demolidos. La estrategia en dos pasos, que denunciaba Wallerstein como error de las viejas izquierdas (llegar al poder para luego cambiar el mundo), nunca funcionó, pero ahora tiene un sesgo peligroso, porque entrampa a los pueblos.
Las nuevas estrategias son las que están implementando algunos pueblos y movimientos en las últimas tres décadas: defensa del territorio, autogobierno y autodefensa, o sea construcción de autonomías.
Sube el precio del petróleo por ataque a embarcación frente a costa de Omán
Reuters
Periódico La Jornada Viernes 26 de junio de 2026, p. 22
Nueva York., Los precios del petróleo subieron más de 2 por ciento ayer, después de que un buque de carga fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido cerca de Omán, lo que desató preocupación sobre cuánto tiempo tardará el flujo de crudo en Medio Oriente en volver a los niveles anteriores a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Brent escaló 1.52 dólares, a 75.26 por barril, y el estadunidense West Texas Intermediate (WTI) subió 1.58 dólares, a 71.92.
La mezcla mexicana de exportación sumó 49 centavos, para llegar a 68.12 dólares el barril.
A primera hora de la sesión, las cotizaciones del crudo habían caído a sus niveles más bajos desde el 27 de febrero, el día anterior a que comenzara la guerra, mientras los envíos a través del estrecho de Ormuz alcanzaron su máximo desde el comienzo del conflicto.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, había dicho que los flujos por el estrecho de Ormuz se acercaban a los niveles previos a la guerra, pero señaló que la normalización llevaría unas semanas, ya que es necesario retirar las minas de la vía marítima.
“Los tanques de almacenamiento de todo el Pérsico están llenos entre 50 y 60 por ciento, por lo que, si el tráfico de petroleros por el estrecho no repunta a corto plazo, se tendrá que reducir la producción y la recuperación total se trasladará al año que viene”, explicaron en un informe analistas de la consultora Rystad Energy.
El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra ha permitido reanudar el tráfico por el estrecho, que Irán había bloqueado. No obstante, el jueves, un buque de carga denunció un presunto ataque cuando intentaba atravesar el estrecho de Ormuz cerca de la costa de Omán, reportó la organización británica Maritime Trade Operations.
El Fondo Monetario Internacional dijo que ha observado una caída en los precios de la energía y las materias primas desde el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para detener las hostilidades.
