▲ La ex presidenta argentina, en imagen de marzo pasado en su casa, publicó una carta en medios de España, Francia y Brasil para denunciar las anomalías en su juicio.Foto Afp
Stella Calloni Corresponsal
Periódico La Jornada Jueves 30 de julio de 2026, p. 22
Buenos Aires. La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decidió elevar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que analice si durante el proceso judicial a que fue sometida por la llamada Causa vialidad, por la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, se respetaron las garantías establecidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La causa –cerrada por falta de pruebas y reabierta en 2024– fue instalada mediante maniobras irregulares, pruebas falsas y una evidente decisión política persecutoria, dado que el juez Claudio Bonadío, ya fallecido, y el fiscal Carlos Stornelli, que decidieron el fallo final, abrieron más de una docena de causas contra la ex mandataria sin pruebas y con graves irregularidades jurídicas durante la gestión del ex presidente derechista Mauricio Macri.
Entre ellas se puede citar la causa de los cuadernos que fue cerrada por falta de pruebas y también reabierta, intentando el gobierno actual y el llamado Partido Judicial añadir otra condena para justificar su traslado a una cárcel común, pero se convirtió en un escándalo, ya que los testigos –entre ellos poderosos empresarios, presuntamente arrepentidos– citados para ratificar sus declaraciones, denunciaron y probaron haber sido coaccionados ante la falta absoluta de pruebas.
La ex mandataria publicó además una carta abierta en medios de España, Francia y Brasil en la que sostiene que su caso trasciende lo personal, cuestionó la actuación de la justicia argentina y planteó que su inhabilitación perpetua constituye una “proscripción” que afecta no sólo sus derechos políticos, sino también los de los ciudadanos que quieran elegirla.
La ex presidenta, que gobernó durante dos periodos (2007 a 2015, y luego hasta 2019), tituló su carta abierta: “En defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”, en la que reiteró su inocencia y señaló: “no se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales, sino de someter su juzgamiento al análisis de la justicia internacional de los derechos humanos para determinar si fueron respetadas las garantías que figuran en el tratado internacional y tiene jerarquía constitucional en Argentina.
“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”.
Consideró que “el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona, sino a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”, y afirmó que “lo que padeció y sufre no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”.
Resaltó que a lo largo de su carrera política se ha pretendido juzgarla “no sólo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza”, recordando que fue la única presidenta electa y relecta.
Al ser la única ex mandataria condenada por la Corte Suprema, se pregunta: “¿en serio o alguien puede pensar que eso es una casualidad?”
Indicó que el nivel de violencia “que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi vida”, como sucedió el 1º de septiembre de 2022.
Advirtió sobre la utilización creciente del sistema judicial convirtiendo al “derecho y al sistema de justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto”.
Concluyó: “los pueblos pueden ser perseguidos, difamados, atacados, pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, la memoria, la justicia y la verdad”.
La tarea: transformar al Estado para crecer con una prosperidad compartida
Orlando Delgado Selley
Mariana Mazzucato y Lara Merling, del Instituto para la Innovación con Propósitos Públicos (IIPP, por sus siglas en inglés), entregaron los primeros avances del estudio Transformar al Estado para el Plan México. Un enfoque de misiones para compartir la prosperidad. La tesis central del estudio, encargado por el gobierno mexicano hace más de un año, es que el Plan México ha acertado en la definición de las prioridades, pero hace falta construir un Estado con las capacidades necesarias para ejecutarlas. Este estudio no es un ejercicio académico, sino una respuesta a la pregunta gubernamental de cómo dinamizar el funcionamiento económico, consiguiendo que los frutos de ese crecimiento sean compartidos socialmente.
El enfoque propuesto considera que el Estado debe ser conductor de la innovación, con políticas asociadas a proyectos industriales que resuelvan problemas específicos, con reciprocidad pública-privada, evaluando claramente los impactos en la promoción de la prosperidad compartida y con recursos públicos dirigidos a que los trabajadores mexicanos eleven sus capacidades y las redirijan hacia sectores avanzados. Las prioridades definidas por el gobierno son generar capacidad productiva, energía, agua, salud, desarrollo territorial, en un marco de prosperidad compartida.
Para las autoras, concentrar las acciones de política económica en estas cuestiones es correcto, pero falta espacio fiscal, coordinación institucional, una banca de desarrollo que efectivamente otorgue crédito, compras públicas que sirvan a los propósitos estratégicos, mayores capacidades administrativas, avanzar en la digitalización y evaluar los avances.
En resumen, es necesaria una política industrial del Estado con objetivos precisos, medibles y, por tanto, evaluables. Con los elementos que hace falta desarrollar es posible plantear una secuencia que pudiera ordenar las acciones gubernamentales necesarias para crecer con prosperidad compartida.
Mayor espacio fiscal significa una base impositiva más amplia y progresiva, alineada con los objetivos distributivos que demanda compartir la prosperidad. El gobierno ha insistido en que ha mejorado la eficacia tributaria, y lo reconocen las autoras, pero el estudio advierte que esto es insuficiente. Un tema relevante para lograr mayor espacio fiscal es la informalidad, que representa más de 50 por ciento del empleo en el país, lo que limita la base impositiva.
Para reducir esta informalidad, es necesario que se expanda el trabajo decente, un trabajo que permita el desarrollo de las capacidades, respetando los derechos laborales fundamentales, considerando un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado; se apoye verdaderamente a las micro y pequeñas empresas, otorgando financiamiento oportuno y accesible; usar las compras públicas para que estas empresas se incorporen a las cadenas de suministro formales y reforzar las ventajas que implica la formalidad, lo que ampliaría la base fiscal.
Contando con mayor espacio fiscal, la inversión pública debe orientarse hacia la: creación de capacidad productiva en todo el país, seguridad hídrica, capacidad en salud, energías limpias, soberanía alimentaria. Para que esto funcione hace falta un plan nacional en el que se articulen las secretarias de Estado y en el que es indispensable que la banca de desarrollo rompa con la estructura oligopólica del sector financiero impulsando la inversión en innovación y desarrollo.
Superados estos condicionamientos, el gobierno debiera establecer condiciones al sector privado para que aproveche las ventajas que se abrirán. La propuesta es que el sector privado, que se vería favorecido por este conjunto de cambios, invierta en las áreas que propone el Plan México, como agua, salud, energías limpias, etcétera.
En el crecimiento inclusivo que el estudio plantea, la inversión pública es una palanca fundamental. Por ello, presupuestalmente no puede ser una variable que sirva para ajustar los montos de ingreso y gasto público. Se propone que la inversión pública se considere decisiva. La construcción presupuestal debe proteger simultáneamente los avances sociales y la inversión productiva.El avance presentado por Mazzucato y Merling es importante y es altamente deseable que constituya la hoja de ruta que utilice el gobierno de la 4T en los próximos años.
Propone cambios fundamentales que habían sido negados por la 4T, como la necesidad de una reforma fiscal progresiva y la indispensable recuperación del papel de la banca de desarrollo, que permitirían fortalecer significativamente la conducción estatal. No se trata de cambios sencillos. Son modificaciones de fondo al funcionamiento del país. El punto a favor es que existe espacio político para hacerlos.
odselley@gmail.com
Política migratoria de EU ha convertido a México en territorio de "espera forzada" para miles de infancias
Jared Laureles y Jessica Xantomila
28 de julio de 2026 14:59
Ciudad de México. Las políticas de contención migratoria impuestas por Estados Unidos desde 2025 han convertido a México en un territorio de espera "forzada" para miles de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, quienes enfrentan estancias prolongadas, mayores riesgos de violencia, discriminación y obstáculos para acceder a derechos básicos, advirtieron especialistas.
Laura Mora, investigadora Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señaló que el endurecimiento de las políticas migratorias en Norteamérica ha modificado las trayectorias de la niñez migrante.
Al presentar el estudio Vivencias y Percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México, realizado por la organización Plan Internacional en Ciudad Juárez, Ciudad de México y Tapachula, indicó que se identificaron tres escenarios que reflejan esta transformación, que tienen consecuencias directas sobre la infancia.
En Tapachula, Chiapas, la frontera sur se ha consolidado como un punto de contención migratoria donde la lentitud en los procesos de regularización y la mayor vigilancia en la frontera sur han convertido a la ciudad en una "frontera sin salida", donde miles de personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes, permanecen varadas durante largos períodos en condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad.
En la Ciudad de México, abundó, se convirtió de un lugar de tránsito a uno de “permanencia prolongada” que enfrenta desafíos para la integración socioeconómica de la población migrante infantil, al tiempo que las políticas de atención, diseñadas para estancias temporales, limita el acceso a educación, alimentación, regularización migratoria y otros servicios, además de que sufren xenofobia y discriminación.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua se configuró como un espacio de “espera prolongada e inmovilidad forzada”, para quienes vieron frustrado su ingreso a Estados Unidos tras la cancelación de vías de acceso al asilo, como el uso de la aplicación CBP One.
Mora apuntó que la población infantil también enfrenta riesgos que se acumulan a lo largo del trayecto y persisten en los lugares donde permanecen, como agotamiento físico, hambre, deshidratación, enfermedades, amenazas, robos, extorsiones, presencia de grupos criminales, secuestros, discriminación y obstáculos derivados de los controles migratorios.
La investigadora destacó que los testimonios recabados en el estudio revelan experiencias traumáticas, particularmente durante el cruce por la Selva del Darién, donde los menores describieron miedo, cansancio extremo, pérdidas y situaciones de peligro que afectaron su bienestar físico y emocional.
La investigación se realizó entre enero y marzo de 2026 mediante entrevistas, talleres, cartografía social, dibujos y encuestas aplicadas a niñas, niños y adolescentes de entre seis y 17 años en Tapachula, Ciudad de México y Ciudad Juárez, además de consultas con autoridades y organizaciones especializadas.
Gonzalo Rivera, representante de Plan International México, señaló que el fenómeno de la movilidad humana en el país se ha transformado y presenta un escenario cada vez más complejo.
Ante este contexto, afirmó que los modelos de atención deben evolucionar para responder a una realidad en la que niñas, niños y adolescentes (NNA) permanecen durante largos periodos en comunidades mexicanas, por lo que requieren procesos sostenidos de integración, protección y acompañamiento.
El Golfo que nos une
Rosa Miriam Elizalde
30 de julio de 2026 00:04
El domingo, por el Paseo de la Reforma, las banderas de México y Cuba avanzaron acompasadas por el mismo viento. El contingente recorrió 2.6 kilómetros desde el Hemiciclo a Juárez hasta la antigua embajada de Estados Unidos, en una marcha contra el bloqueo y en defensa de la soberanía cubana. Podía parecer una protesta circunstancial. Era, en realidad, la reaparición de una memoria política que cruza el golfo desde hace dos siglos.
Entre México y Cuba, el mar nunca ha sido sólo distancia, sino también ruta de conquistas y exilios, de conspiraciones, cultura y refugio. Por sus aguas circuló primero el poder colonial; después viajaron las ideas emancipadoras. En el siglo XIX, más de 30 cubanos combatieron por la soberanía de México frente a agresiones externas, y numerosos mexicanos pelearon también por la independencia de Cuba. La geografía no cambió; cambió el sentido del viaje.
José Martí, el héroe nacional de Cuba, comprendió tan profundamente esa cercanía que escribió en sus apuntes íntimos: “Si yo no fuera cubano, quisiera ser mexicano; y siéndolo le ofrendaría lo mejor de mi vida”. En diciembre de 1875, estrenó en México Amor con amor se paga, obra teatral cuyo sentido terminó por desbordar el escenario. La tierra azteca fue para él aprendizaje, tribuna y segunda patria, mientras Cuba representó para México un espejo de sus propias batallas contra la subordinación extranjera.
Esa relación no nació en los palacios. La construyeron migrantes, músicos, exiliados, militantes y poetas. El cubano José María Heredia contempló el paisaje mexicano con ojos de desterrado y escribió: “¡Cuánto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes!”, verso inicial del poema En el Teocalli de Cholula, escrito en 1820. El líder comunista Julio Antonio Mella encontró aquí refugio y actividad política hasta que fue asesinado en 1929 por sicarios de la dictadura cubana de la época. Más tarde, el bolero atravesó puertos y estaciones de radio hasta desdibujar la frontera entre lo cubano y lo mexicano.
También la política siguió esa ruta. Fidel Castro llegó a México como exiliado en 1955. Aquí reorganizó el movimiento revolucionario, reunió a sus compañeros y partió de Tuxpan en 1956 a bordo del Granma. Lo que ocurrió a partir de ese día es historia. La misma costa que había recibido expediciones de conquista se convirtió entonces en punto de partida de una lucha por la soberanía de la isla.
Años después, en 1964, cuando la mayoría de los gobiernos latinoamericanos rompió relaciones con La Habana bajo la presión de la OEA –“ministerio de colonias de Estados Unidos”–, México decidió mantener sus relaciones diplomáticas. No fue únicamente un gesto de simpatía. Era una posición coherente con la experiencia histórica de un país invadido, despojado de parte de su territorio y sometido durante décadas a presiones externas. Para México, la no intervención nunca fue una fórmula ceremonial, sino una forma de defensa propia.
Por eso, el bloqueo contra Cuba no puede presentarse como un elemento secundario de su historia contemporánea. Más de seis décadas de restricciones económicas, comerciales y financieras han condicionado la vida de varias generaciones. El cerco se parece cada día más a un bloqueo naval y, según se denunció ayer ante el Parlamento cubano, se traduce hoy en más de 7 mil contenedores cargados con medicamentos, alimentos, piezas de repuesto y tecnología, retenidos en puertos internacionales.
Más allá del caso cubano, quienes defienden los bloqueos y la presión económica sostienen que ésa es la fórmula más eficaz para obligar a cambiar a los países que consideran refractarios a la democracia. Argumentan que el diálogo, la cooperación y lo que denominan “complacencia” no han producido avances. Su razonamiento responde a la vieja teoría de que, cuanto peor estén las cosas, mayores serán las posibilidades de provocar una ruptura política. El problema es que ese deterioro nunca se distribuye de manera equitativa. Recae primero sobre los sectores más débiles e indefensos, convertidos en víctimas colaterales de una estrategia diseñada muy lejos de sus hogares.
La ayuda enviada recientemente por México –más de 814 toneladas de alimentos y productos básicos transportadas desde Veracruz– se inscribe en la larga historia de ese golfo que, lejos de separar a ambos pueblos, ha tejido entre sus costas una memoria compartida. En marzo de este año, Andrés Manuel López Obrador evocó una idea de Lázaro Cárdenas: que la suerte de Cuba también concierne a México. Ello no se debe a que ambos países deban confundirse ni a que la solidaridad elimine sus diferencias, sino a que América Latina conoce demasiado bien el método de aislar a una nación para disciplinar a las demás.
La marcha por el Paseo de la Reforma expresó esa conciencia. No fue sólo una muestra de gratitud hacia un gobierno que ha mantenido esa posición, ni nostalgia por una revolución ahora asediada. Fue también la defensa de un principio: ningún pueblo debe ser sometido mediante el hambre, la escasez o la asfixia económica para obligarlo a renunciar a su soberanía. El Golfo que lleva con honra el nombre de México dejó, una vez más, de ser frontera para convertirse en puente.
Brote de ébola agrava inseguridad alimentaria en el este del Congo: ONU
Ap
29 de julio de 2026 13:49
Bunia. El brote de ébola está agravando la inseguridad alimentaria en el este de la República Democrática del Congo, país que ya lucha contra una de las mayores crisis humanitarias del mundo, señaló este miércoles a The Associated Press el jefe de la agencia alimentaria de la ONU.
Durante una visita a la provincia de Ituri, Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos, describió el brote como una “crisis sobre otra crisis” que ha agravado una situación catastrófica, con más de cinco millones de congoleños que ya enfrentan inseguridad alimentaria en nivel de emergencia.
ImagenFoto Ap
El conflicto prolongado en el este del Congo ha empujado a casi 10 millones de personas a niveles de crisis o emergencia por hambre, y la provincia de Ituri —epicentro del brote de ébola— figura entre las más afectadas, con 1.9 millones de ellas, según el PMA.
En 48 zonas de salud afectadas por el ébola, más de 2.7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, incluidas 628 mil en condiciones de emergencia, añadió. “Ahora, con la crisis del ébola, esto está empeorando.
Los mercados se ven afectados, las rutas de suministro se ven afectadas y, por lo tanto, la gente tiene aún más dificultades para tener suficiente para comer”, Skau declaró a la Ap.
