Foto Afp Foto autor
Reuters
19 de agosto de 2026 18:13
Washington. La deuda total de Estados Unidos superó los 40 billones de dólares por primera vez, informó el miércoles el Departamento del Tesoro, lo que ha suscitado nuevas advertencias de que se avecina una crisis fiscal, ya que los crecientes costos de los programas de protección social y los pagos de intereses superan con creces los ingresos, que se han visto mermados por los recortes fiscales.
El último informe diario del Tesoro sobre saldos de tesorería y deuda reveló que la deuda pública total pendiente ascendía el martes a 40.047 billones de dólares, una cifra que incluye bonos del Tesoro en manos del público por 32.266 billones de dólares y deuda intragubernamental de 7.782 billones de dólares.
La deuda del gobierno federal se ha más que duplicado en menos de una década, desde los 19.95 billones de dólares de cuando el presidente Donald Trump tomó posesión por primera vez en enero de 2017.
Aproximadamente un tercio de ese aumento ocurrió durante dos años de frenético endeudamiento del gobierno para financiar las medidas de respuesta a la pandemia de COVID-19 adoptadas por Trump y el ex presidente Joe Biden, mientras que las decisiones de política fiscal de ambos presidentes, sumadas a los desequilibrios fiscales y de gasto que se arrastran desde hace tiempo, explican el resto.
Especialistas advierten que podría estallar una crisis de deuda
Los grupos de vigilancia presupuestaria llevan semanas anticipando que se superaría el umbral. Algunos lanzaron severas advertencias de que podría estallar una crisis de deuda en toda regla a menos que los legisladores hagan frente a unas perspectivas fiscales insostenibles y suban los impuestos, recorten el gasto o ambas cosas.
“Este sombrío hito sirve como un recordatorio más de que ya es hora de hacer frente a un desajuste fundamental”, dijo la semana pasada Margaret Spellings, directora ejecutiva del Bipartisan Policy Center, un centro de estudios de tendencia centrista, a medida que se acercaba el umbral de los 40 billones de dólares.
“Nuestros programas federales gastan mucho más de lo que el gobierno recauda, y las partidas más costosas del presupuesto federal funcionan todas en piloto automático”, dijo Spellings. “La deuda federal ya está elevando el costo de la vida y asfixiando otros gastos e inversiones, lo que amenaza nuestra economía y la prosperidad a largo plazo de los estadounidenses”.
Es posible que los acreedores internacionales de Estados Unidos ya estén empezando a mostrarse recelosos.
Días después de que una subasta de bonos del Tesoro a 30 años por valor de 25 mil millones de dólares se cerró con el rendimiento más alto desde 2021, los retornos de los bonos a largo plazo alcanzaron el martes sus niveles más altos en casi dos décadas, ya que los inversionistas exigieron una mayor compensación ante la considerable emisión de bonos de Washington.
Foto Afp Foto autor
Reuters
19 de agosto de 2026 18:02
Washington. La mayoría de los estadunidenses considera que el presidente Donald Trump y su familia se han beneficiado indebidamente de las criptomonedas desde su regreso al poder y que sus decisiones se ven influidas por sus negocios privados, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.
La encuesta, realizada durante cuatro días y finalizada el lunes, reveló que la mitad de los propios republicanos de Trump cree que el presidente permite que sus intereses empresariales influyan en sus decisiones, un hallazgo significativo para un líder que se comprometió a acabar con la corrupción en Washington.
Trump nació en el seno de una familia dedicada al sector inmobiliario en Nueva York y convirtió su nombre en una marca reconocida a nivel mundial antes de presentarse a las elecciones. El año pasado ganó más de mil 400 millones de dólares gracias a las iniciativas de su familia en el ámbito de las criptomonedas, entre las que se incluyen World Liberty Financial y la moneda meme o meme coin de Trump, activos digitales que ha defendido públicamente.
En marzo de 2025, dos meses después de iniciar su segundo mandato, el presidente llamó la atención en redes sociales sobre su propia criptomoneda, describiéndola como “la mejor de todas”.
63% considera inapropiados los beneficios
Alrededor del 63 por ciento de los encuestados afirmó que era inapropiado que Trump y su familia se hubieran beneficiado de esa manera, mientras que el 32 por ciento consideró que era apropiado y el resto no respondió a la pregunta.
Aproximadamente tres de cada 10 republicanos calificaron las operaciones de inapropiadas, mientras que siete de cada 10 afirmaron que eran apropiadas.
Los demócratas suelen destacar la supuesta corrupción en el gobierno de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, que determinarán el control del Congreso durante los próximos dos años, mientras que el gobierno de Trump se ha comprometido a investigar la supuesta corrupción en los estados gobernados por los demócratas.
Trump afirma que no ha desempeñado ningún papel en el día a día de los negocios de su familia desde que volvió al cargo y que sus inversiones se gestionan de forma independiente. Ha aplicado políticas favorables a las criptomonedas en su segundo mandato, tras haber buscado el apoyo de los inversionistas del sector durante la campaña electoral, aunque ha sido criticado recientemente porque su gabinete cuenta con 57 millonarios.
La Casa Blanca desestimó cualquier acusación de conducta indebida y afirmó que las inversiones de Trump son gestionadas por instituciones financieras independientes.
“No hay conflictos de intereses”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado. “El presidente solo actúa en beneficio del pueblo estadunidense”.
Trump pide al Congreso aprobar ley sobre criptomonedas
Trump instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley que aporte definiciones más claras al creciente sector de las criptomonedas, una prioridad para los ejecutivos de la industria que se reunieron con el presidente en la Casa Blanca.
Trump pidió a los legisladores aprobar una “versión justa de la Ley de Claridad”, un proyecto que, según las empresas del sector, les proporcionaría una base jurídica sólida, pero que se ha estancado en el Senado cuando queda poco tiempo en el calendario legislativo.
Varios altos ejecutivos del sector de las criptomonedas, entre ellos el director general de Coinbase, Brian Armstrong; el director general de Robinhood, Vlad Tenev; el codirector general de Kraken, Arjun Sethi, y el director general de Intercontinental Exchange, Jeffrey Sprecher, intervinieron junto a Trump en el acto.
También asistieron el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), Mike Selig; el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Paul Atkins, y el asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, Patrick Witt.
“Ahora necesitamos que el Congreso dé el siguiente paso aprobando la Ley de Claridad —una versión justa de la Ley de Claridad—”, afirmó Trump durante el acto.
Buscan establecer reglas para el sector
El presidente republicano ha impulsado políticas favorables a las criptomonedas desde que volvió al cargo en enero de 2025. Sin embargo, la amplia legislación sobre activos digitales que el sector busca aún no ha sido aprobada por el Congreso.
La Ley de Claridad tiene por objeto definir qué tokens se consideran valores y cuáles materias primas, así como qué organismos tienen competencia para supervisar el sector. Sin una legislación específica, la normativa será vulnerable a los cambios en el clima político y a los recursos judiciales, lo que generará riesgos persistentes para la industria, según ejecutivos y analistas.
La SEC propuso el martes unas normas muy esperadas que eximirían a determinadas ofertas de tokens de la normativa sobre valores, lo que facilitaría a las empresas de criptomonedas la emisión de estos activos y la captación de fondos. La CFTC tiene previsto debatir la regulación de las criptomonedas, entre otros temas, en una reunión del sector que se celebrará el jueves.
Sin embargo, muchos demócratas y algunos republicanos han afirmado que no votarían a favor de un proyecto de ley que no incluya disposiciones contundentes para prohibir que los cargos políticos, incluido Trump, se beneficien de sus propias iniciativas en el ámbito de las criptomonedas.
La presidenta de la Corte Penal Internacional, la japonesa Tomoko Akane, durante la reunión anual del tribunal, el 1 de diciembre de 2025. Foto Europa Press Foto autor
Soldados estadunidenses en imagen de archivo.
Reuters
19 de agosto de 2026 18:02
Washington. La mayoría de los estadunidenses considera que el presidente Donald Trump y su familia se han beneficiado indebidamente de las criptomonedas desde su regreso al poder y que sus decisiones se ven influidas por sus negocios privados, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.
La encuesta, realizada durante cuatro días y finalizada el lunes, reveló que la mitad de los propios republicanos de Trump cree que el presidente permite que sus intereses empresariales influyan en sus decisiones, un hallazgo significativo para un líder que se comprometió a acabar con la corrupción en Washington.
Trump nació en el seno de una familia dedicada al sector inmobiliario en Nueva York y convirtió su nombre en una marca reconocida a nivel mundial antes de presentarse a las elecciones. El año pasado ganó más de mil 400 millones de dólares gracias a las iniciativas de su familia en el ámbito de las criptomonedas, entre las que se incluyen World Liberty Financial y la moneda meme o meme coin de Trump, activos digitales que ha defendido públicamente.
En marzo de 2025, dos meses después de iniciar su segundo mandato, el presidente llamó la atención en redes sociales sobre su propia criptomoneda, describiéndola como “la mejor de todas”.
63% considera inapropiados los beneficios
Alrededor del 63 por ciento de los encuestados afirmó que era inapropiado que Trump y su familia se hubieran beneficiado de esa manera, mientras que el 32 por ciento consideró que era apropiado y el resto no respondió a la pregunta.
Aproximadamente tres de cada 10 republicanos calificaron las operaciones de inapropiadas, mientras que siete de cada 10 afirmaron que eran apropiadas.
Los demócratas suelen destacar la supuesta corrupción en el gobierno de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, que determinarán el control del Congreso durante los próximos dos años, mientras que el gobierno de Trump se ha comprometido a investigar la supuesta corrupción en los estados gobernados por los demócratas.
Trump afirma que no ha desempeñado ningún papel en el día a día de los negocios de su familia desde que volvió al cargo y que sus inversiones se gestionan de forma independiente. Ha aplicado políticas favorables a las criptomonedas en su segundo mandato, tras haber buscado el apoyo de los inversionistas del sector durante la campaña electoral, aunque ha sido criticado recientemente porque su gabinete cuenta con 57 millonarios.
La Casa Blanca desestimó cualquier acusación de conducta indebida y afirmó que las inversiones de Trump son gestionadas por instituciones financieras independientes.
“No hay conflictos de intereses”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado. “El presidente solo actúa en beneficio del pueblo estadunidense”.
Trump pide al Congreso aprobar ley sobre criptomonedas
Trump instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley que aporte definiciones más claras al creciente sector de las criptomonedas, una prioridad para los ejecutivos de la industria que se reunieron con el presidente en la Casa Blanca.
Trump pidió a los legisladores aprobar una “versión justa de la Ley de Claridad”, un proyecto que, según las empresas del sector, les proporcionaría una base jurídica sólida, pero que se ha estancado en el Senado cuando queda poco tiempo en el calendario legislativo.
Varios altos ejecutivos del sector de las criptomonedas, entre ellos el director general de Coinbase, Brian Armstrong; el director general de Robinhood, Vlad Tenev; el codirector general de Kraken, Arjun Sethi, y el director general de Intercontinental Exchange, Jeffrey Sprecher, intervinieron junto a Trump en el acto.
También asistieron el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), Mike Selig; el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Paul Atkins, y el asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, Patrick Witt.
“Ahora necesitamos que el Congreso dé el siguiente paso aprobando la Ley de Claridad —una versión justa de la Ley de Claridad—”, afirmó Trump durante el acto.
Buscan establecer reglas para el sector
El presidente republicano ha impulsado políticas favorables a las criptomonedas desde que volvió al cargo en enero de 2025. Sin embargo, la amplia legislación sobre activos digitales que el sector busca aún no ha sido aprobada por el Congreso.
La Ley de Claridad tiene por objeto definir qué tokens se consideran valores y cuáles materias primas, así como qué organismos tienen competencia para supervisar el sector. Sin una legislación específica, la normativa será vulnerable a los cambios en el clima político y a los recursos judiciales, lo que generará riesgos persistentes para la industria, según ejecutivos y analistas.
La SEC propuso el martes unas normas muy esperadas que eximirían a determinadas ofertas de tokens de la normativa sobre valores, lo que facilitaría a las empresas de criptomonedas la emisión de estos activos y la captación de fondos. La CFTC tiene previsto debatir la regulación de las criptomonedas, entre otros temas, en una reunión del sector que se celebrará el jueves.
Sin embargo, muchos demócratas y algunos republicanos han afirmado que no votarían a favor de un proyecto de ley que no incluya disposiciones contundentes para prohibir que los cargos políticos, incluido Trump, se beneficien de sus propias iniciativas en el ámbito de las criptomonedas.
Unión Europea, ONU y Japón respaldan a CPI tras sanciones de EU a miembros del tribunal
Reuters y Afp
19 de agosto de 2026 12:37
Ámsterdam. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunciaron este miércoles su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), un día después de que Estados Unidos impusiera sanciones a la presidenta del tribunal y a un alto abogado litigante. Además, la ONU y Japón condenaron la decisión estadunidense.
Von der Leyen y Costa afirmaron en publicaciones en la red social X que respaldaban "firmemente a la CPI, a su presidenta, Tomoko Akane, y a los funcionarios que defienden su misión".
Los jueces y funcionarios de la CPI deben poder trabajar de forma independiente y sin presiones externas, señalaron.
Las sanciones, "inaceptables": ONU
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las sanciones como "inaceptables" y llamó a los Estados a que defiendan las instituciones que crearon para "defender los derechos humanos y el Estado de derecho".
El gobierno japonés, el mayor financiador de la CPI y estrecho aliado de Estados Unidos, condenó también la medida, que calificó de "muy desafortunada".
Asimismo, el gobierno de Países Bajos dijo que "desaprueba" las sanciones, una condena a la que se sumó Alemania.
España también deploró el anuncio y destacó que la Corte "desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas".
La corte, con sede en La Haya, procesa a acusados de las atrocidades más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas.
Las sanciones fueron anunciadas el martes por Estados Unidos, que estima que la CPI es una institución "politizada", y afectan también al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la alta corte.
La medida implica que estos jueces no pueden viajar a Estados Unidos ni realizar transacciones en el sistema financiero estadunidense, que tiene un alcance global.
Para el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, los magistrados sancionados "se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción" de ese tribunal.
Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, que creó la CPI en 2002.
Personal militar de EU en Ecuador operará sin visa y con inmunidad
Foto tomada del perfil de X del Secretario de Guerra. @PeteHegseth Foto autor
Orlando Pérez/ Especial para La Jornada
19 de agosto de 2026 17:12
Quito. Los integrantes de las Fuerzas Armadas estadunidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa, empresas extranjeras contratadas o subcontratadas por ese departamento y sus trabajadores no ecuatorianos podrán ingresar sin necesidad de permisos oficiales y contarán con inmunidad para cualquier acción de carácter judicial, tras el Acuerdo Ministerial del gobierno de Daniel Noboa, que se respalda en el Estatuto de las Fuerzas —SOFA— entre Ecuador y Estados Unidos.
Y esto ocurrió el mismo día, este 18 de agosto, que el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, se reunía en Quito con el ministro de Defensa del Ecuador, Gian Carlo Loffredo y el titular del Comando Conjunto, Henry Delgado, para revisar los avances de las operaciones conjuntas, supuestamente para el combate contra el “narcoterrorismo”.
De acuerdo con ese documento, todas esas personas tendrán hasta 180 días no renovables dentro de cada año, con entradas múltiples, mediante un registro denominado “Actos de Comercio y Actividades”, sin necesidad de una visa ecuatoriana. Incluso, para ingresar bastará con llevar pasaporte o identificación oficial estadounidense, una orden colectiva de movimiento o individual de viaje, expedida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Pero no solo eso, el documento explica las ventajas como la exención de tasas migratorias para el personal y para las naves y aeronaves estadunidenses; la protección frente a sanciones administrativas migratorias mientras la permanencia sea regular; la tramitación diplomática cuando las actuaciones involucren a personas cubiertas por privilegios e inmunidades, con lo cual podrían realizar cualquier tipo de actividad sin responder a las autoridades judiciales.
El acuerdo ministerial es mandatorio expresamente para contratistas y subcontratistas del Departamento de Defensa, no solamente a militares, a los cuales en una situación regular se les pediría visa de trabajo y no con entradas múltiples.
Y lo que esta normativa no explica es de cuántos militares, civiles o contratistas podrían ingresar, si para ello deben quedar identificados o registrados sus nombres, compañías y funciones, las provincias, instalaciones o puertos donde operarán, si portarán armas o participarán directamente en ataques, qué autoridad ecuatoriana aprobará cada misión y qué jurisdicción investigará posibles muertes, lesiones o daños civiles.
El punto crítico es la rendición de cuentas: las inmunidades y la canalización diplomática pueden dificultar que autoridades y víctimas ecuatorianas investiguen directamente posibles abusos. Esto adquiere mayor gravedad tras las denuncias sobre ataques a pescadores y el anuncio de trasladar a tierra la campaña militar estadunidense.
