Europa Press
19 de septiembre de 2026 10:24
Madrid.- La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ha alertado al Gobierno de un nivel "crítico" de la escalada de presión de Estados Unidos e incluso de una posible injerencia de Washington en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 4 de octubre.
El informe sobre "amenazas al proceso electoral de 2026" señala que el presidente estadunidense, Donald Trump, quiere apoyar a gobiernos conservadores y reorientar la política exterior de los países latinoamericanos para arrebatar así a China "activos estratégicos y riquezas naturales".
El documento se refiere a una posible influencia e interferencia de Estados Unidos, una "tendencia de escalada de la presión sobre Brasil". "La reafirmación de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina es la prioridad del segundo Gobierno de (Donald) Trump", señala citando documentos estratégicos estadounidenses divulgados entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.
En concreto cita como objetivos de Trump la "reducción de la influencia de las potencias rivales" en América Latina, en particular China, y evitar que accedan a activos estratégicos, riquezas naturales e infraestructuras de la región. Pretenden así favorecer el "control directo o indirecto del Gobierno de Estados Unidos o a través de capital privado estadounidense".
En el caso concreto de Brasil, destaca que tiene el Gobierno "con mayor disposición política y medios para defender su autonomía estratégica ante las presiones estadounidenses". Sin embargo, desde mayo constata "una tendencia de escalada de la presión" con las sanciones impuestas en julio a dos brasileños y tres empresas con sede en Brasil y una con sede en Portugal por supuestos vínculos con el grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
La aprobación de estas sanciones pueden "inducir a agentes económicos nacionales e internacionales a adoptar conductas preventivas basadas en el riesgo reputacional, acceso al sistema financiero estadounidense o imposición de sanciones secundarias".
En particular menciona al secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Trump, Marco Rubio, alegando que fue éste quien "atribuyó al presidente brasileño la responsabilidad de la imposición de aranceles" a productos brasileños con el argumento de que "Brasil no negoció de buena fé". Ya en octubre de 2025 el Gobierno de Trump instó a Brasil a permitir que "disidentes políticos" pudieran participar en las elecciones.
La ABIN remitió el texto a la Presidencia brasileña y también al Ministerio de Justicia y al Tribunal Supremo Electoral a finales del mes de agosto.
Brasil se encuentra en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales del 4 de octubre, con segunda vuelta prevista si fuera necesario para el 25 del mismo mes. Los favoritos son el actual presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Luiz Inácio Lula da Silva, y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato ultraderechista del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.
Según la última encuesta electoral del instituto de encuestas del diario 'Folha', Datafolha, Lula encabezaría los resultados con un 39% de los votos, pero perseguido de cerca por Bolsonaro, con un 36%.
Como líderes proyectados en la primera vuelta, la encuesta prevé un enfrentamiento entre ellos en la segunda ronda --que se lleva a cabo cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta-- en donde Lula superaría por apenas dos puntos a Bolsonaro: un 46% de los votos recibiría el candidato del PT frente al 44% de su rival del PL.
Michelle Bachelet retira su candidatura a la secretaría general de la ONU, apoyada por México y Brasil
Foto Afp Foto autor
Aldo Anfossi, corresponsal
19 de septiembre de 2026 13:55
Santiago. La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet anunció la tarde de este sábado que retira su postulación a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras los malos resultados que obtuvo sucesivamente en tres rondas de consultas informales, previas a la votación decisiva a realizarse antes de que culmine el año.
"Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a Secretaría General de las Naciones Unidas", dijo la dos veces ex presidenta de Chile (2006/10 y 2014/18) en un video publicado en sus redes sociales.
"No me arrepiento de haber asumido este gran desafío. Ayudamos a poner en la agenda mundial la convicción de que la próxima Secretaria General debería ser una mujer de América Latina: alguien verdaderamente independiente, leal a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y preparada para defenderlos firmemente ante todos los Estados, independientemente de su tamaño o poder", dijo.
También agradeció “con especial reconocimiento a los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México), que respaldaron esta candidatura desde el primer día con generosidad y convicción política real. También al ex residente (de Chile) Gabriel Boric, que tomó la decisión de copatrocinar esta postulación como un desafío de Estado con el multilateralismo y con la región. Por último, a los miles de chilenos y chilenas, latinoamericanos y latinoamericanas y gente de diversos países del mundo que me expresaron cariño y apoyo".
La candidatura de Bachelet no contó con el respaldo del presidente ultraderechista de Chile, José Antonio Kast, quien explícitamente se lo retiró en marzo pasado.
Bachelet, entre 2010 y 2013, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU, y también, entre 2018 y 2022 fue comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
EU mató a cuatro personas en ataque contra lancha en el Caribe
Captura de video X @Southcom Foto autor
La redacción
19 de septiembre de 2026 18:46
El ejército estadunidense mató a cuatro personas durante un ataque contra una lancha rápida en el Caribe, a las que vinculó con el narcotráfico sin presentar públicamente pruebas que permitan verificar esa acusación, informó este sábado el Comando Sur.
En una publicación en X, junto a un vídeo, el mando estadunidense sostuvo que información de inteligencia “confirmada” estableció la participación activa de la embarcación en el tráfico de drogas y calificó a los cuatro fallecidos como “narcoterroristas”.
“El 19 de septiembre, bajo la dirección del Comando Sur (Southcom), la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTFWHEM) ejecutó un ataque letal contra una lancha rápida que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe. La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico. La operación resultó en la muerte de cuatro narcoterroristas”, escribió en X.
El ataque se sumó a la campaña militar de la administración de Donald Trump contra embarcaciones que Estados Unidos vincula con el tráfico de estupefacientes desde septiembre del año pasado, a la que aumentó a al menos 71 ataques y 234 muertos, incluidos desaparecidos presuntamente fallecidos.
Las operaciones estadunidenses han generado cuestionamientos sobre su legalidad y eficacia debido al uso de fuerza letal contra personas que no fueron sometidas a detención ni proceso judicial. Tampoco existe evidencia pública de que los ataques hayan reducido el tráfico de drogas.
Expulsados por jueces de EU, 160 mil mexicanos
Cifra de octubre de 2025 a la fecha
Venezolanos suman más de 90 mil
Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada Domingo 20 de septiembre de 2026, p. 3
En el segundo año del gobierno de Donald Trump, uno de cada cinco migrantes deportados por orden de jueces migratorios en Estados Unidos es mexicano. En lo que va del año fiscal 2026 en ese país –que se inició el 1º de octubre de 2025 y finaliza el próximo 30 de septiembre– los tribunales migratorios han ordenado expulsar a 160 mil 29 paisanos, casi 78 por ciento más que la segunda nacionalidad con más casos, los venezolanos, que acumulan 90 mil 249 órdenes de deportación.
Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), organismo de investigación de la Universidad de Syracuse que da seguimiento a los tribunales de inmigración estadunidenses –instancias federales que dependen del Departamento de Justicia y no del Poder Judicial–, en ese mismo periodo las cortes migratorias emitieron 741 mil 870 órdenes de deportación –entre remoción y salida voluntaria–, cifra que representa 83.5 por ciento de los casos resueltos por esos tribunales.
Las órdenes de deportación dictadas por jueces migratorios son sólo una de las vías por las que Estados Unidos expulsa a migrantes. Este mecanismo, el más garantista, se da cuando las autoridades presentan un caso ante un juez de inmigración, quien celebra audiencias –en las que el migrante puede defenderse– antes de emitir un fallo.
Sin embargo, existen otras vías no judiciales para deportar, como la “remoción expedita”, que permite a agentes de ICE o la Patrulla Fronteriza deportar en días a quienes no puedan demostrar al menos dos años de residencia continua en ese país, sin pasar por un juez.
Detrás de los mexicanos y los venezolanos, en la lista de nacionalidades con más órdenes de deportación dictadas por los jueces migratorios están los hondureños, con 89 mil 7 casos; los guatemaltecos, con 87 mil 255, y los colombianos, con 48 mil 458.
Datos del TRAC indican que sólo 1.79 por ciento de los nuevos casos abiertos ante las cortes migratorias en el año fiscal en curso buscaban la deportación por presunta actividad criminal del migrante, más allá de la posible entrada irregular al país, lo que, indica la organización, contrasta con el discurso de la administración de Trump, que ha justificado la ofensiva migratoria como medida de seguridad pública.
Sólo en agosto pasado, los jueces de inmigración completaron 96 mil 184 casos, de los cuales 77 mil 234 terminaron en orden de remoción y 9 mil 20 en salida voluntaria; es decir, 89.7 por ciento de los procesos resueltos ese mes concluyeron con la expulsión del migrante.
Los datos indican que apenas 24.2 por ciento de los migrantes a quienes se dictó una orden de expulsión en ese mes –incluidos menores no acompañados– contaron con un abogado.
Al cierre de agosto había 3 millones 92 mil 988 casos activos pendientes ante las cortes de inmigración, de los cuales 2 millones 278 mil 978 corresponden a solicitantes de asilo que esperan una audiencia o resolución.
De acuerdo con el TRAC, los jueces migratorios han realizado 66 mil 620 audiencias de fianza en lo que va del año fiscal, de las cuales sólo 20 mil 258 –menos de un tercio– terminaron en la concesión de la fianza al migrante.
Traficantes de deportados
Jorge Durand
20 de septiembre de 2026 00:03
Uno se pregunta qué sentido tiene enviar migrantes deportados de Estados Unidos a la República Centroafricana, Sudán del Sur, Liberia, Ruanda o Esuatini. Este último ni Google lo reconoce y lo marca como error: es el reino de Suazilandia, en África austral, donde vive la etnia suazi y, para variar, fue colonia y protectorado de Gran Bretaña.
Por algunas decenas de millones de dólares, los dirigentes de estos países aceptan recibir a migrantes deportados de Estados Unidos. ¿Cuál es la lógica, cuál el sentido? Deportar a migrantes en avión hasta África, a decenas de miles de kilómetros de distancia, para luego pagar millones de dólares a los funcionarios de esos países para que los “acojan”, luego encargar a Naciones Unidas que se encargue de ellos (y esto hay que financiarlo) para atenderlos mínimamente, darles documentos y devolverlos a sus países o a otros lugares que los acojan, sólo se puede hacer cuando hay un presupuesto ilimitado para cometer tropelías con total impunidad.
Esa frase tan socorrida en Estados Unidos de que estos operativos se hacen “con las aportaciones de los contribuyentes” debería indignar a la población. Muy posiblemente detrás de esta siniestra estrategia esté solazándose en su despacho Stephen Miller, segundo responsable de todas estas tropelías.
El servicio diplomático del país más poderoso del mundo se ha dedicado a chantajear a políticos de otros países para aceptar convenios de “tercer país seguro” y aceptar deportados, sabiendo, conscientemente, que son países con muchos problemas de seguridad y donde no se respetan los derechos humanos. Bueno, es un decir, deportar de esta manera es traficar con personas migrantes; ellos son los primeros que no respetan los derechos humanos.
Pero no nos vayamos tan lejos: 13 países de América Latina y el Caribe aceptan migrantes de otros países. Y el primero de todos es México; le siguen los países pobres y pequeños de este hemisferio: Costa Rica, Panamá, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Belice, Guatemala, Honduras y Guayana.
Esto empezó en diciembre de 2018, recién estrenado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que por medio de su canciller se doblegó ante las presiones de Mike Pompeo, secretario de Estado del primer gobierno de Donald Trump. México no aceptó firmar un convenio de “tercer país seguro”, lo que era pertinente, pero accedió a que en la práctica le enviaran a su territorio a solicitantes de asilo hasta que el juez de migración les diera cita.
Ese acuerdo se llamó Quédate en México y acogió en plena pandemia a más de 70 mil solicitantes de asilo que ya estaban en Estados Unidos y los deportaron para que esperaran en nuestro territorio una posible cita con el juez de inmigración. Se adujeron razones humanitarias. Pero éste fue el principio del fin, pues luego con la pandemia, Trump aplicó una dudosa ley sanitaria para deportar en caliente a miles de migrantes a nuestro territorio. Luego, para rematar, en otra negociación López Obrador decidió aceptar a 30 mil migrantes deportados por mes de países a los que Estados Unidos no podía deportar, como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
Y así empezó todo, ahora Estados Unidos deporta migrantes a los países con los cuales tiene convenio, sin ninguna consideración humanitaria, personal o cultural. Incluso deporta a mexicanos: a un convicto lo deportó a Sudán del Sur y allá está encarcelado; a otros los envía a Centroamérica.
Ya es hora de poner un límite; esta práctica va en contra de todas las normas establecidas de la jurisprudencia internacional, excepto para Estados Unidos, porque tiene convenios o realiza chantajes, como en el caso de México.
Estados Unidos deportó mexicanos a Guatemala, Honduras y Costa Rica, lo que contraviene convenios firmados entre los dos países en esta materia. Los reclamos se han realizado por parte de la cancillería, pero bien valdría la pena explorar demandas en contra de la migra por violar convenciones internacionales.
Si hay algo que entienden en Estados Unidos es de demandas legales. Incluso Trump ha tenido que litigar siendo presidente y ha perdido demandas. Los centros de detención privados, donde fallecieron mexicanos en situaciones claras de abuso y falta de atención médica, ya están demandados.
