David Brooks
▲ Como parte de su interferencia en el proceso electoral, el viernes pasado Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia presentar una demanda para impedir que Alaska certifique una eventual victoria de la demócrata Mary Peltola al Senado.Foto Ap
No se puede descartar la posibilidad de que tropas lleguen a confiscar urnas, o que se desplieguen hombres armados y enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en las casillas, ni que el mandatario ordene descalificar algunos resultados adversos al declarar que hubo fraude, que invoque la Ley de Insurrección para suprimir protestas o que los votos no sean literalmente comprados, y que si los resultados no son los deseados por la Casa Blanca, el Congreso –todavía bajo control republicano– no certificará el voto final y con eso no permitirá que se inaugure el siguiente periodo legislativo. Más aún, la elección se realiza con los opositores del régimen calificados como enemigos del país al llamarlos “comunistas” (lo del socialismo no funcionó tanto) o “terroristas” que podrían “traicionar” o poner en peligro a esta república.
Así está la cosa una semana antes de la elección intermedia, con lo cual se puede concluir que, usando ese siempre dudoso autoelogio oficial, este “faro de la democracia” se está fundiendo. No sucedió de repente, se ha ido opacando durante años, incluso sufrió algo sin precedentes en 2020, cuando hubo un intento de autogolpe de Estado por la misma persona que ahora está interfiriendo y amenazando con anular partes de esta elección intermedia. O sea, ha demostrado que es capaz de cualquier cosa.
Las maniobras para interferir y preparar la anulación de resultados en algunas de las contiendas empezó desde hace meses, con la Casa Blanca y sus aliados sembrando dudas sobre la legitimidad e integridad del proceso electoral, promoviendo la afirmación falsa de que hay un voto masivo de inmigrantes ilegales que se han empadronado o que se está preparando un fraude. El Departamento de Justicia emitió una demanda para que las autoridades estatales de California permitieran que agentes federales revisen el padrón estatal, mientras emitió otra para Alaska por Mary Peltola, buscando anular el resultado si gana la candidata demócrata al Senado. Este tipo de maniobras se intensificarán en esta última semana y, si los demócratas ganan demasiado, continuarán después del 3 de noviembre si los resultados no favorecen a los republicanos.
Algunos tampoco descartan que el Ejecutivo pueda declarar un estado de emergencia o invocar la antigua Ley de Insurrección para desplegar tropas con el fin de suprimir protestas y confiscar urnas. “Podría usarla. Mucha gente piensa que debería usarla a veces”, comentó recientemente el propio presidente a principios de octubre en una entrevista con la revista Time.
Ante eso, hay preparativos en algunos estados para frenar la intervención del Ejecutivo, incluyendo organización de voluntarios –religiosos, activistas políticos, estudiantes y más– para vigilar casillas y buscar cómo responder a las intimidaciones del voto, sobre todo en distritos que se oponen.
Pero el otro elemento corrosivo de este faro es el dinero privado en su proceso electoral. Esta elección intermedia podría ser la más cara de la historia, donde ya se han gastado 11.8 mil millones de dólares. El presidente literalmente anunció al electorado que le gustaría comprar el voto y prometió que si los republicanos mantienen su actual control por mayoría de ambas cámaras, él entregara 5 mil dólares a cada ciudadano adulto. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, ya ha gastado más de 445 millones de dólares en busca de mantener al Congreso bajo control de los republicanos. En un país donde esencialmente no hay límites sobre qué tanto dinero puede donar un rico o una empresa, queda claro que ese principio democrático básico de que cada voto cuenta es frecuentemente superado por la realidad de que el dinero cuenta más.
Críticos y observadores de esta coyuntura política repiten incesantemente que “esto no es normal” y que en esta elección la democracia misma está en juego, o sea, es un momento existencial para este faro. Por lo tanto, todo dependerá de qué tan grande será el voto en repudio a esta amenaza y en defensa a los supuestos principios de esta democracia.
Santana y Everlast. Put you lights on. https://www.youtube.com/watch?v=KCBS5EtszYI
Vasallaje o exterminio vs resistencia y dignidad
Carlos Fazio
26 de octubre de 2026 00:04
En el marco de una guerra de desgaste multidimensional signada en la coyuntura por la política de “máxima presión” de Washington, el miércoles 28 de octubre la diplomacia cubana librará otra batalla asimétrica contra el imperio en el seno de la Asamblea General de la ONU. Ese día se llevará a cabo la votación anual de la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”. Y esta vez la votación llega en un año particularmente duro para la isla debido al genocida cerco marítimo de combustibles y al recrudecimiento de las ilegales y extraterritoriales medidas sancionatorias contra la mayor de las Antillas. Washington pretende quebrar el respaldo histórico y casi unánime de la comunidad internacional a la isla. Por eso, en las últimas semanas, el secretario de Estado, Marco Rubio, y sus embajadas han arreciado los chantajes y presiones sobre gobiernos soberanos para que cambien su tradicional voto, o se abstengan o abandonen la sala al momento del sufragio.
Cada narrativa tiene su vocabulario. Elegir una palabra es optar por una interpretación. El 22 de septiembre en la ONU, Donald Trump dijo que Cuba es un “Estado fallido” (failed state). Esa narrativa busca imponer la noción de que la crítica situación socioeconómica en la isla se debe al modelo socialista y su liderazgo. El verdugo culpa a las víctimas y no deja opción: se rinden o las aniquila. Cuba no es un Estado fallido, es un país bloqueado. En inglés, la diferencia entre blockade y embargo (término utilizado por Washington) tiene un peso jurídico particular: un blockade es una medida de fuerza y, aplicado por mar, un acto bélico. Así lo reconoció el 8 de octubre el congresista estadunidense Jim McGovern: “Un bloqueo naval es un acto de guerra. Provocar la hambruna de la población civil es un crimen de guerra”.
Para que no quedara duda de su intención, el 23 de octubre, en un acto de campaña en Florida, Trump aseguró que cuando sus buques de guerra regresen de sus operaciones contra Irán, uno de ellos se detendrá a “unas 50 yardas de la costa de Cuba”, el gobierno de Cuba “levantará las manos” y entonces él enviará al secretario de Estado, Marco Rubio, para “cerrar el acuerdo”. Refrendó su típico lenguaje gansteril y mafioso. Desde La Habana, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, le respondió: “En nuestras costas hay bellas playas, pero también dientes de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación. Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”.
A su vez, apuntaladas por las operaciones sicológicas encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Pentágono, las sanciones económicas y financieras son acciones de guerra por medios no militares. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, perteneciente al Departamento del Tesoro) utiliza las sanciones como mecanismos de defensa de la dictadura del dólar e instrumentos coercitivos al servicio de la Estrategia de Seguridad Nacional. El objetivo de las sanciones es generar daño y castigo colectivo (collective punishment) a la población civil; son una forma de guerra no militar utilizada para generar un colapso interno que prepare el escenario de una guerra física.
En esa perspectiva, acicateado por la gusanera de Miami en tiempos electorales, la semana pasada el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó un mensaje en X dirigido “a quienes buscan un cambio en Cuba”, en el que instó a aprovechar el momento para establecer una “colaboración discreta con la CIA”. El tono y el método de esa práctica fueron respondidos por el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío: “Ahora Estados Unidos se apea con reclutamientos públicos de la CIA. Debe haber mucho desespero o pobreza en las filas de la agencia cuando tiene que vender sus ofrecimientos como pasta de dientes”.
Como parte de esa guerra híbrida que incorpora en la etapa a gobiernos cipayos y sectores reaccionarios de la región, la dimensión cognitiva es un elemento esencial de las operaciones sicológicas diseñadas para la demonización sistemática de las experiencias socialistas y progresistas de América Latina, y cancelar la memoria histórica de los procesos de descolonización y autodeterminación. En paralelo, a dos semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos, la fiscalía de Florida aportó su propia comedia negra con fines propagandísticos: anunció una nueva orden de arresto contra el líder histórico cubano Raúl Castro. A ello se suman otras sucias calumnias que buscan generar la histeria belicista y atizar el chovinismo entre los fanáticos trumpistas de MAGA. Y también bulos sin sustento ni evidencia alguna, como la supuesta participación cubana en el conflicto militar en Ucrania. El objetivo es desinformar y confundir a la comunidad internacional. A diferencia de Estados Unidos, Cuba tiene un historial limpio en materia de lucha contra el grave flagelo del mercenarismo.
El bloqueo energético, un acto de guerra, está haciendo estragos en la isla y busca generar un deterioro ético y moral en la población cubana para provocar un levantamiento que justifique una intervención extranjera con fines “humanitarios”. Hace pocos días, el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, dijo en México que Cuba vive la peor situación de la historia desde el triunfo de la revolución el 1° de enero de 1959. Sin combustible, sin agua, sin electricidad, no funciona nada. Es la misma lógica del criminal cerco israelí en Gaza. Fidel decía que hay que tener sentido del momento histórico. Hoy, en Cuba, la palabra clave es unidad. Porque dignidad y resistencia, sobran; más de seis décadas de enfrentar al criminal bloqueo lo atestiguan. Habrá que ver, ahora, el comportamiento de la comunidad internacional.
Desde el otro lado
El fariseísmo en la democracia
Arturo Balderas Rodríguez
El nivel del comercialismo de las elecciones en Estados Unidos ha corrompido el proceso democrático en forma cada vez más patética. Una historia reciente aparecida en publicaciones de prensa muestra hasta dónde las campañas electorales han llegado. Ya no hay la distinción entre la forma de promover el voto para tal o cual candidato o propuesta de ley y la manera en que se han vulgarizado los medios para ganarlos.
En algunas ciudades se han multiplicado los personajes que se valen de las disputas partidarias como modus vivendi. Varias entrevistas a esos peculiares promotores dan cuenta de que la promoción de los candidatos o propuestas de ley frecuentemente se circunscribe a la retribución que reciben por su trabajo repartiendo panfletos, registrando votantes para uno u otro partido político, o reuniendo firmas para que una propuesta de ley sea incluida en las boletas de votación.
Uno de dichos promotores describió, en forma por demás cándida y cínica, cómo su capacidad de convencimiento le servía lo mismo para promover el voto en Las Vegas por algún candidato republicano, que en San Francisco por uno demócrata.
Con frecuencia, el pago que recibe por la promoción de algún candidato o propuesta de ley es mayor, en San Francisco o cualquier otra ciudad, en el periodo electoral, que lo que puede percibir vendiendo mariguana. En su catálogo de clientes, lo mismo aparece un candidato a senador que una corporación interesada en promover una propuesta de ley.
Un ejemplo es la campaña en la que se han gastado cantidades millonarias en el estado de California: la propuesta de ley promovida por el sindicato de trabajadores del sistema de salud con el fin de que se apruebe un impuesto a quienes tienen más de un billón de dólares en sus haberes. De ganar, el impuesto se destinaría a los servicios de salud, cuyo presupuesto se ha visto reducido sensiblemente por un decreto de Donald Trump para recortar los recursos que en ese rubro benefician a las familias de menos recursos. Los millonarios que se oponen han gastado cantidades fabulosas en publicidad para derrotarla, entre otras formas, mediante el acopio de firmas por parte de los promotores mencionados.
Vale peguntar si la promoción del voto es un medio para garantizar la democracia, o una vía para que el proceso democrático se ajuste a los intereses de quienes pueden pagar para comprarla, y no una expresión de la sociedad en su conjunto.
