Gustavo Esteva
Bien está que el SME utilice todos los recursos legales a su alcance. Es lúcido y sensato que se resista a caer en provocaciones, evite toda forma de violencia y se siente a negociar. Pero al preparar la resistencia necesita tomar muy seriamente en cuenta la condición del adversario y la naturaleza de esta lucha.
No estamos viviendo bajo el imperio de la ley. Desde que tomó posesión, Calderón se ha dedicado a desmantelar el estado de derecho, con la complicidad de los otros poderes constituidos y de los llamados fácticos. El Ejecutivo viola sistemáticamente la ley y los derechos humanos. La Corte y el Congreso otorgan certificados de impunidad a quienes lo hacen, como ilustra ejemplarmente el caso de Oaxaca.
Persistir en el uso de los recursos legales no debe significar cerrar los ojos a ese estado de cosas. La violencia reinante es cada vez más inducida o por lo menos propiciada por la violencia arbitraria, ilegal, practicada por el gobierno. Con el pretexto del narcotráfico, la gripe A/H1N1 o cualquier otra cosa, los diversos niveles de gobierno aumentan el control de la población, la intimidan y acosan continuamente, criminalizan el movimiento social y extienden la militarización del país.
El sindicato sabe bien cómo fue torcida la ley en su contra. No es algo casual o específico, sino una manera de actuar. La debilidad política de Calderón, su reconocida incompetencia y su estrechez de miras dificultan percibir la desmesura de su ambición: quiere reconstituir el país para establecer en el lugar del antiguo régimen una república autoritaria al servicio del capital. En esa tarea, que ha estado realizando a la vista de todos y con la complicidad de muchos, la destrucción del SME tiene valor real y simbólico. En el nuevo régimen no tendrán cabida la autonomía sindical o la dignidad de los trabajadores. Sólo aparatos corporativos dóciles podrán seguir en operación.
La derrota de los controladores aéreos por Reagan, y la de los mineros ingleses por la Thatcher, marcaron el principio de la estrategia neoliberal, que empezó por la demolición del primero de los acuerdos keynesianos que en los años 30 permitieron salir de la gran depresión: la integración institucional de los trabajadores. La estrategia se basó en buena medida en esa desincorporación. Pero ha llegado a su fin. Los trabajadores están encontrando, en medio de la crisis, recursos para revertirla.
Con su decisión Calderón no sólo busca revertir notables conquistas de un grupo de trabajadores. Quiere cancelar, simbólicamente, la forma de autonomía sindical que supone participación efectiva de los trabajadores en la administración de la empresa. Pero lo intenta fuera de lugar y de momento. Aunque recibe apoyo masivo e inmediato de socios y cómplices, precipita una respuesta de cuantos se oponen a esa forma de reconstitución del país.
Los asuntos constitucionales no son cuestiones de derecho, sino de poder. La reconstitución que ha estado intentando Calderón, en la ruta que se abrió desde Salinas, se ha basado en el uso de la fuerza pública y el respaldo de los poderes fácticos; sólo marginalmente ha recurrido a procedimientos legales, armados en lo oscurito como concertacesión con las mafias del PRI. Intenta seguir por ese camino. Como advierte el siempre perspicaz diputado Muñoz Ledo, podría incluso tratar de deshacerse del Congreso si se interpone en su obra destructiva.
El SME necesita tener clara conciencia de que la larga lucha de resistencia que ha iniciado no se resolverá mediante un acuerdo negociado que revierta la decisión tomada. Su única esperanza radica en la formación de una fuerza política no partidaria capaz de imponer a los poderes constituidos un cambio que rebasa sus legítimas reivindicaciones, un cambio que se plantee también la reconstitución del país, pero en sentido contrario al que Calderón pretende.
No bastarán las tradicionales alianzas que el SME está concertando. Necesita a la gente misma, no sólo a las organizaciones gremiales. Y para esto necesita una campaña incesante de información. Debe mostrar que la ruina de la compañía fue una decisión programada: la obligaban a vender barato, comprar caro y operar con equipos obsoletos porque se buscaba liquidarla, no darle viabilidad. Debe mostrar de qué se trata hoy. Caería bien la autocrítica: reconocer vicios, corruptelas e inercias del propio SME. Pero al mismo tiempo mostrar lo que ha sido, es y significa este sindicato como expresión de autonomía y dignidad de los trabajadores. En ese camino, el SME podrá encontrar el muy sólido apoyo de los inmensos batallones de descontentos creados por el neoliberalismo, que desde hace tiempo se aprestan a reorganizar el país desde abajo y a la izquierda.
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