Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 19 de octubre de 2009, p. 7
El decreto presidencial que ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) viola más de 25 disposiciones constitucionales, implica una agresión a los derechos laborales de más de 40 mil trabajadores afectados, demuestra la falta de transparencia con que se maneja el gobierno federal y deja al descubierto que hubo abuso de autoridad en la aplicación del ordenamiento, sostuvieron este domingo unos 500 abogados que coadyuvan en la defensa legal del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Desde el lunes de la semana pasada, los litigantes que integran el frente amplio de abogados y juristas por la defensa del SME y de la industria eléctrica nacional comenzaron el análisis del decreto de extinción de la compañía paraestatal, y ayer, en conferencia de prensa, hicieron un llamado al movimiento sindical para que se mantenga unido a pesar de las versiones que han difundido las principales cadenas televisivas de que ningún recurso legal echará abajo la determinación del presidente Felipe Calderón.
En voz de Eduardo Miranda Esquivel, presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, y uno de los voceros del frente, los litigantes recomendaron a los trabajadores de LFC que no acepten la liquidación que les ofrece el gobierno, pues de hacerlo invalidarán su derecho a realizar cualquier acción legal en defensa de sus garantías laborales.
El grupo de abogados también sugirió a los trabajadores que presenten de inmediato su demanda de amparo –la cual tardará al menos un año en resolverse de manera definitiva–, pues sólo tienen de plazo hasta el próximo 30 de noviembre, ya que la legislación en esa materia fija un periodo de 15 días hábiles para impugnar cualquier decreto presidencial.
Asimismo, los juristas aclararon que cualquier quejoso que opte por la vía del amparo de ninguna manera podrá, después de tramitada su demanda de garantías, recibir el monto que le corresponde de liquidación, pues si lo hace su juicio terminará por quedar sobreseído (desechado).
Expusieron que la mejor estrategia de defensa que debe seguir el SME para conseguir que se revoque el decreto de extinción de LFC es que la mayoría de los trabajadores, junto con el sindicato en su calidad de persona moral colectiva, demanden el amparo, ya que –dijeron– sólo así se podría restituir a los quejosos en el goce de sus derechos laborales al final del juicio.
En la conferencia de prensa, los litigantes leyeron un escrito de conclusiones firmado por todos los miembros de este frente nacional, integrado por abogados que conforman organizaciones progresistas, entre ellas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y la Unión de Juristas.
También se sumaron a este frente, abogados que forman parte de reconocidos despachos privados, entre ellos el que encabezan Bárbara Zamora, Manuel Fuentes Muñiz, Humberto Oceguera y el ex procurador de Justicia del Distrito Federal Bernardo Bátiz.
Las implicaciones de estos eventos, así como el asalto previo a las instalaciones de LFC, el desalojo de sus trabajadores de guardia y una campaña de falsedades y demérito en contra del SME, hacen presumir una decisión autoritaria de Estado, contraria al constitucionalismo social y al estado de derecho, encuadradas en un complejo y delicado escenario de crisis, ofensiva en contra de los sindicatos e inconformidad ciudadana, indica el documento de conclusiones.
“En un examen integral del decreto, de sus actos previos, motivación, fundamentación y efectos jurídicos, se acredita una violación expresa del Ejecutivo al orden constitucional y a los convenios 87 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo en perjuicio a los electricistas.
Hay “más de 25 violaciones a disposiciones constitucionales, entre ellas, a las establecidas en los artículos 1, párrafo primero y tercero; 3 fracción II, incisos a) y b); 5 párrafo primero; 9 párrafo primero; 14 párrafo primero y segundo; 16, 17, 25, 26 y 27 párrafo sexto; 28 párrafo cuarto; 29, 70, 71, 72 y 73 fracciones X, XI y XXIX; 87 y 89 fracción I; 90, 93 y 123 apartado A fracciones XVI, XX, XXII, XXVII y XXXI; 126, 128,129, 133 y 134 de la Constitución”, destacan.
Dinero
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¿Privatización del sector eléctrico? ¿No será más apropiado hablar de renacionalizarlo? Privatizado ya está: 50% de la luz que se consume en el país la generan grandes corporaciones nacionales y extranjeras, y los excedentes se los venden a Alfredo Elías Ayub. (El director de la CFE es un personaje singular dentro de la tecnocracia, a la que se incorporó en tiempos del doctor Zedillo y ahí sigue: detrás de su aparente fragilidad física, el bastón que lo acompaña siempre, esconde una ambición personal desmedida.) Cuando el presidente López Mateos nacionalizó el sector, en 1960, sólo operaban dos empresas, Mexican Light&Power Co y American&Foreign Power Co. Hoy el panorama es dramáticamente distinto: la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado casi un millar de permisos especiales a empresas particulares para que produzcan electricidad: unos son para autoabastecimiento, otros de cogeneración, también hay de importación y exportación, asimismo para pequeña producción y algunos para usos continuos. Cualquier cosa que cada concepto signifique, en la práctica es electricidad que ya no produce el gobierno mexicano a través de la CFE, en clara violación a la Constitución. En el Valle de México y sus alrededores, a LFC sólo le habían dejado como clientes a las empresas medianas y pequeñas, las dependencias de gobierno que no pagan su consumo, las plantas de algunos medios de comunicación que tampoco pagan, los usuarios domésticos y los diablitos.
Las miniCFE
Hay empresas que operan como mini-CFE, tienen su propia lista de clientes. Una es la española Iberdrola, suministra servicios a Coca-Cola, Kimberly Clark, Colgate-Palmolive, Altos Hornos de México, Oxxo, DuPont, FEMSA, Gas Natural y numerosas más. Otras tienen permiso para atender sus propias necesidades, pero venden sus remanentes: Telmex y Wal-Mart, 100 permisos cada empresa; Bimbo, 25; Cinemex, 19; Liverpool, 15; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, 5. Por eso los grandes corporativos tomaron con tanta calma la liquidación de LFC: no les afecta, está asegurado su propio suministro. Uno de los mejores clientes de Elías Ayub está del lado americano: son los consumidores del sur de California. Es un negocio muy complejo, sospechoso también, fincado en la termoeléctrica de Cerro Prieto, la zona geotérmica del Valle de Mexicali. La CFE compra vapor de agua a la Constructora y Perforadora Latina SA (Coperlasa), el cual es extraído de sus yacimientos. ¡Y son propiedad de la nación! O sea, CFE compra lo que es suyo. En Coperlasa aparecen los nombres de Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones, y Alberto Escofet, ex director de la CFE. Otra compañía, Sempra, se lleva a California la electricidad que se produce en Mexicali y la vende a sus clientes más barata que la que adquieren los mexicanos a la CFE de nuestro lado de la frontera. Entonces: ¿privatizar o renacionalizar? Sale sobrando decir que el gobierno panista ya tomó la decisión de llevar la privatización a sus últimas consecuencias. No tiene la intención de rectificar el multimillonario esquema armado con las principales empresas del país, aunque viole la Constitución. De ahí que haya decidido aniquilar al SME, el insumiso sindicato que se oponía a sus planes. Primero lo intentó interviniendo en las elecciones, trató de remplazar la dirigencia que encabeza Martín Esparza. Pero falló el plan del torvo secretario de Trabajo, Javier Lozano. El siguiente golpe fue demoledor y a la vista de todos. Inclusive, ya desapareció del presupuesto federal de 2010 la partida relativa a LFC. La cereza del pastel es la fibra óptica, que se dará en concesión, supuestamente, a Televisa.
