Ayer domingo, después del clásico sabadazo, nos amanecimos con que el gobierno había decretado la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Desde hace varios días, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que detenta la titularidad del contrato para prestar servicios a LFC, vivía un conflicto interno debido a que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no daba la toma de nota para reconocer a la directiva sindical ganadora de la elección reciente, por el recurso de inconformidad que interpuso una de las partes contendientes, y porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no había –y no lo ha hecho– resuelto respecto de esa impugnación y el consecuente fallo sobre la elección.
Los días en que la JFCA ha tardado en emitir su fallo, lo que desde el punto de vista legal pondría fin al conflicto entre sindicalistas, a más de que dieron pie para que la confrontación entre los grupos sindicales se agudizara y las acusaciones de un grupo contra el otro fueran subiendo de tono, según han dado cuenta los medios de información, se desató, tanto por las autoridades del Trabajo como por informadores de muy distintos medios, una hostil campaña en contra del SME y sus dirigentes, que no ha sido casual.
Como tampoco es casual que acompañando a la violencia declarativa de la autoridad laboral, cubriéndose con la oscuridad de casi la medianoche del sábado, se haya dado a conocer y se haya dado formalidad, al publicarlo en edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación, el decreto de liquidación de LFC.
Desde el 28 de septiembre pasado, esto es, hace casi dos semanas, la Secretaría de Energía solicitó formalmente, sin hacerlo del conocimiento de la opinión pública, la liquidación de LFC, con lo cual se desencadenó el proceso administrativo que llevó a emitir el decreto de liquidación, lo que quiere decir que cuando una comisión del sindicato se entrevistó con el secretario particular del Presidente de la República, quien, de acuerdo con las informaciones públicas, dijo a los sindicalistas que se atendería su asunto, el titular del Ejecutivo federal tenía ya resuelto decretar la liquidación de LFC.
¿Por qué los golpes bajos? ¿Por qué la puñalada trapera? ¿Por qué no se dio paso, con la oportunidad debida, a un diálogo franco entre SME y gobierno?
Hace más de cuatro décadas que se nacionalizó el servicio de energía eléctrica; hace 35 años que se acordó la liquidación de LFC. Ha transcurrido tiempo más que suficiente para que el gobierno, principal responsable de la marcha de los organismos del sector público y de los servicios que éste presta, hubiera hecho de LFC un ente productivo, eficiente, modernizado en sus mecanismos de trabajo y de atención al público, y para que hubiera unificado en un solo organismo la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Es cierto que año con año se subsidia la operación de LFC, pero también lo es que, por más planteamientos que se han hecho en los más de 40 años transcurridos desde que el gobierno tomó en sus manos la gestión de LFC (de ellos casi 30 de administraciones neoliberales y de éstos nueve de gobiernos de Acción Nacional, tres de ellos de la administración actual) no se le integró como una entidad productiva, no se impulsó su modernización técnica, administrativa y de sus esquemas de trabajo, sobre todo los relacionados con los servicios al público.
Y ahora se le hace fácil al gobierno lanzar a la calle –si bien se ha anunciado que con la indemnización de ley– a 41 mil trabajadores. Esto es, a 41 mil familias que se van a comer en equis tiempo la indemnización porque no existen, y en los próximos años tampoco existirán, oportunidades de nuevos empleos, pues el gobierno mantiene una política recesiva, de estancamiento económico, con la cual, en lugar de crear nuevos empleos, cancela puestos de trabajo existentes, de lo que dan cuenta las informaciones oficiales de más de un millón de empleos perdidos en el último año, en el que se supone se han estado aplicando las medidas contracíclicas anunciadas el 8 de octubre de 2008, y 6 millones más de pobres que han caído en esa condición en lo que va de la administración, según declaró hace unos días el jefe del Ejecutivo. Seis millones de personas que seguramente no tienen empleo, pues de otro modo no estarían en esa situación.
Objetivamente, el conflicto entre sindicalistas que tendría que resolver la Junta Federal de Conciliación nada tiene que ver con la liquidación de la fuente de trabajo LFC. Circunstancialmente se juntaron en el tiempo, o para decirlo mejor, el gobierno aprovechó el ruido del conflicto entre sindicalistas, amplificado por la campaña de hostilidad de la autoridad laboral y gente de ciertos medios, y el que estuviera sin solución por parte de la autoridad responsable (aunque no puede dejar de pensarse que intencionalmente se le ha dejado sin resolver), para dar el golpe de la liquidación.
Ésta, debe decirse, se decreta en la peor forma posible: en clásico sabadazo, a la medianoche de sábado para domingo. Cuando se supone que habría diálogo, se lanza el golpe. Sólo se logrará que el conflicto se agudice, se prolongue en tiempo y social y políticamente se complique y se extienda. Sería tiempo y la oportunidad para hacer de LFC un ente productivo y eficiente, producto de una colaboración constructiva y respetuosa entre el SME y el gobierno.
Juristas: ilegal, el decreto de extinción de LFC; Calderón sobrepasó sus facultades
Debe tener autorización del Congreso para tomar decisiones legislativas extraordinarias
Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas protestaron aye contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Aquí, en Paseo de la ReformaFoto María Luisa Severiano
Alfredo Méndez y Gabriel León
Periódico La Jornada
Lunes 12 de octubre de 2009, p. 18
La liquidación de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) es un acto presidencial que viola los artículos 14, 16, 73 y 131 de la Constitución, sostuvieron ayer, en entrevistas por separado, los constitucionalistas Elisur Arteaga y Miguel Eraña, catedráticos de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Iberoamericana, respectivamente, y los abogados laboralistas Néstor de Buen, Manuel Fuentes y Eduardo Miranda, los dos últimos asesores jurídicos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Los juristas agregaron que el decreto de extinción es ilegal, pues Felipe Calderón, titular del Ejecutivo federal, rebasó sus atribuciones constitucionales al pasar por encima de los derechos exclusivos del Congreso de la Unión.
Incluso, Eraña consideró que el Congreso tiene que llamar a juicio político a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, porque incurrió en responsabilidad política debido a que se tardó tres años en descubrir que la empresa es un barril sin fondos.
Agregó que por enésima ocasión, Calderón “vuelve a hacer uso excesivo y abusivo de sus facultades, porque con una apariencia de legalidad está recurriendo a múltiples leyes en los fundamentos de la actuación en el decreto y solamente a un artículo de la Constitución, el 89, pero se le olvidó el fundamental: el 131.
“Para que el Presidente pueda tomar decisiones legislativas extraordinarias –que es lo que hizo en el decreto– tiene que contar con la autorización previa del Congreso de la Unión”, destacó Eraña.
Arteaga sostuvo que la vía de defensa más factible para los trabajadores afectados (cerca de 42 mil) es el juicio de amparo, pues una probable controversia constitucional contra el decreto presidencial que pueda presentar un grupo de legisladores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tendría pocas posibilidades de salir victoriosa.
A decir de Arteaga, para que los trabajadores puedan resistir todo el litigio contra el gobierno, será vital que obtengan de un juez federal la suspensión del acto reclamado, lo cual sinceramente se ve difícil, destacó.
Agregó que si los quejosos no consiguen la suspensión provisional del decreto de Calderón, se corre el riesgo de que desistan de su intención de obtener un amparo de fondo, ya que un juicio de esa índole puede tardar hasta dos años, y durante ese tiempo dejarían de recibir sus pagos nominales, lo que los obligaría a aceptar las jugosas indemnizaciones que les ofrece el gobierno.
El Presidente (Calderón) violentó garantías constitucionales de los trabajadores (de LFC) desde el momento en que los privó de sus derechos por virtud de un acto que se realizó sin seguir los lineamientos que se estipulan en la escritura constitutiva de la empresa para disolver la sociedad, indicó Arteaga.
Eduardo Miranda, presidente de la Unión de Juristas de México, aseguró que la decisión presidencial viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, que fijan los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y derecho de defensa de los trabajadores.
Manuel Fuentes, con más de 25 años de litigar juicios laborales, sostuvo que el decreto de extinción es violatorio del artículo 73 de la Constitución, el cual indica que estas cuestiones, como la materia eléctrica, son un área estratégica que debe ser manejada exclusivamente por el Congreso de la Unión.
Néstor de Buen, también experto en materia laboral, indicó que el decreto es un acto presidencial sin fundamento legal constitucional.
