R. Aída Hernández Castillo*
El 18 de marzo pasado fue liberada Nestora Salgado, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero, después de dos años y ocho meses de prisión. Su liberación fue producto de la articulación de la lucha de sus abogados, Sandino y Leonel Rivero, la solidaridad nacional e internacional y la presión política ejercida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. A la puerta de la Torre Médica de Tepepan, Nestora demandó la liberación de los nueve integrantes de la CRAC que siguen presos. Se refirió a ellos como presos políticos, ya que son víctimas de una política de criminalización de la justicia indígena que encubre los intereses políticos de quienes son afectados por las acciones de la CRAC contra el crimen organizado.
Los autos de liberación de Nestora no sólo la absuelven por falta de pruebas e inconsistencias, sino que varios de ellos reconocen la legitimidad del sistema de justicia indígena del que ella es parte. Fue precisamente esta legitimidad la que tuvimos que sustentar mediante tres peritajes antropológicos solicitados por su equipo legal. Los informes periciales, elaborados conjuntamente con Héctor Ortiz Elizondo, dan cuenta de que tanto Nestora como los otros integrantes de la CRAC que continúan presos actuaron con plena conciencia de la licitud de sus actos, pues estaban cumpliendo con su cargo comunitario y siguiendo los procedimientos establecidos por el reglamento interno de la CRAC. Las razones que fundamentaron los autos de liberación de Nestora Salgado deben ser la base para la liberación de sus compañeros que siguen encarcelados.
Los nueve presos políticos tienen una larga trayectoria de compromiso social con sus comunidades, que va desde cargos en comités escolares, participación en brigadas de emergencia durante los desastres naturales de 2013, hasta la formación de organizaciones de derechos indígenas. Entre los detenidos en el operativo militar del 21 de agosto de 2013, cuando el Ejército allanó la Casa de Justicia de Paraíso, está Bernardino García, sobreviviente de la masacre de El Charco, defensor de los derechos humanos en la región y fundador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Bernardino se encuentra actualmente preso, junto con Ángel García, Abad Francisco, Eleuterio García, Benito Morales y Florentino García, todos indígenas na’savis (mixtecos) detenidos el mismo día, cuando cumplían con cargos comunitarios en la Casa de Justicia de Paraíso. Sus procesos están llenos de irregularidades y, a pesar de que varios de ellos tienen un manejo muy limitado del español, no contaron con apoyo de traductor.
Entre los otros integrantes de la CRAC detenidos está Arturo Campos, importante dirigente na’savi fundador de la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos. Arturo ha sido un apoyo fundamental para las viudas de la masacre de El Charco y se ha dedicado a denunciar las arbitrariedades del Ejército en la región. Paradójicamente, fue detenido en Chilpancingo tras su participación en un evento por la liberación de los presos políticos. Hoy se encuentra preso en la cárcel de Acapulco acusado de secuestro.
Otro de los presos políticos es Samuel Ramírez, quien fue detenido en octubre de 2013, cuando tenía tan sólo 17 años, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Samuel es hijo de doña Beatriz Gálvez Macario, una importante lideresa na’savi, quien es la primera mujer elegida coordinadora de la Casa de Justicia de Zitlaltepec. Su hijo, menor de edad, fue tratado como adulto y enviado a un penal federal en Chilpancingo.
Finalmente, el noveno preso político es Gonzalo Molina, promotor en Tixtla de la CRAC, quien comparte los cargos de los otros detenidos, más la acusación de terrorismo. El único mestizo de los nueve detenidos, Gonzalo se ha ganado el respeto de los pueblos indígenas de la región por su compromiso en la lucha por la justicia y contra la impunidad.
Este espacio periodístico no da para acercarnos a la dimensión humana de estos nueve detenidos, para dar cuenta de la manera en que han enfrentado el racismo, la violencia del narco y del Ejército y la impunidad del Estado. Ni a sus esposas, quienes se han convertido en activistas a partir de su detención o han fortalecido sus liderazgos en un viacrucis por la justicia. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se ha dado a la tarea de reconstruir estas nueve historias de lucha en una campaña por su liberación (ver). Lo que es evidente es que se trata de luchadores sociales que no cumplen para nada el perfil delictivo de secuestrador o terrorista. Se trata de presos políticos, que necesitan de nuestra solidaridad y movilización para obtener su libertad.
* Investigadora del Ciesas
