Magdalena Gómez
El próximo domingo conoceremos el informe conclusivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el cual seguramente reafirmarán elementos que con carácter provisional señalaron en septiembre de 2015. Más allá de los aspectos novedosos que presenten, como ¿qué pasó con el tercer peritaje de los expertos en fuego? y ¿cuáles son las preguntas que les impidieron hacer al Ejército?, de suyo su labor contribuyó a cuestionar la llamada verdad histórica que, como sabemos, le ha resultado muy funcional al peñanietismo. El binomio Cocula y delincuencia organizada ha permitido eludir la responsabilidad de Estado. Si en un principio se quiso dejar el caso en el ámbito local, ya hoy esa dimensión también está diluida; los Abarca han salido de la escena –así estén presos–, de paso también quien era gobernador el fatídico 26 de septiembre de 2014. Dos de los pilares del pacto federal en principio permanecen ajenos a un crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Esa es la dimensión que está en juego; por ello, si bien el GIEI no es autoridad formal, su contribución para reorientar la investigación debería ser determinante, más allá de engrosar el expediente de la Produraduría General de la República (PGR). En ese sentido habrá que observar con cuidado el peso que den los integrantes del GIEI en sus conclusiones a las recomendaciones que atañen a la investigación respecto de las que deriven en materia de adecuaciones legislativas o programáticas. El gobierno se impuso en no renovar la asistencia técnica del GIEI y ahora parece dispuesto a aplicar una lógica reduccionista, como anunció el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrían: Llegó el momento, después de poco más de un año, de que el grupo presente de manera final conclusiones y recomendaciones; corresponderá ahora al Estado el análisis y la evaluación de estas recomendaciones y su incorporación en las distintas líneas, hasta llegar a la política pública. Ojo con las llamadas políticas públicas frente a la atroz desaparición de 43 estudiantes, Recordemos que ya lanzó la nada inocente especie de diagnóstico en curso para reparación del daño.
Por lo pronto preocupa el preámbulo para el informe del GIEI y la salida de los expertos, dirigido contra los defensores del caso Ayotzinapa, tanto la difusión de audios incriminatorios contra el abogado Vidulfo Rosales, sobre una amenaza telefónica a uno de los padres y que éste compartió con el propio Vidulfo y con uno de los abogados del Centro Pro de Derechos Humanos, y la denuncia que hizo el Centro sobre hostigamiento y seguimientos contra sus colaboradores que llevan varias semanas y que atribuye a este caso y al de Tlatlaya, incluida una columna de prensa que incriminó a su director, Mario Patrón. Está fuerte la campaña para deslegitimar a los defensores y promover la desconfianza de las madres y los padres hacia ellos. La PGR tendrá que investigar, pues ya se presentaron denuncias sobre espionaje telefónico y edición de voces, aparte de los nada casuales seguimientos en el Pro.
En la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH del pasado 6 de abril, uno de los comisionados señaló la suerte de esquizofrenia que se observa en las posturas oficiales. Acá le llamamos doble discurso. Inclusive la información de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre Huitzuco de Figueroa, Guerrero, que involucra a dos policías federales, fue de inmediato desmentida por Renato Sales, anotando que no aporta nada nuevo, aun cuando ya entró a la línea de las disculpas. Está claro que todo lo que se salga sobre Cocula será descalificado. Con la declaración de la CIDH de que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo de expertos, anunció que no se retira del caso y que se concertará con el gobierno y las madres y los padres de los normalistas desaparecidos un mecanismo especial de seguimiento, el cual podría contar con la asesoría de quienes integraron el GIEI. El eje será el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por la comisión que siguen vigentes, las cuales exigen que se encuentre a los estudiantes y descubrir qué pasó con ellos.
El gobierno federal no puede eludir la dimensión del problema, que no sólo involucra a Ayotzinapa; no puede evadir la realidad, como le dijeron en la CIDH. El Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama difundió el pasado 13 abril su informe Situación de los derechos humanos en el mundo en 2015, en el que sostiene que en México uno de los problemas más significativos es la participación de fuerzas de seguridad en graves abusos, como ejecuciones ilegales, tortura y desapariciones. Aquí no puede suspender alguna asistencia técnica, más bien está en riesgo de que se le aplique la receta que impuso al GIEI.
Mientras todos estos procesos siguen su curso, las madres y los padres cierran filas con sus abogados y ven con esperanza el mecanismo de seguimiento de la CIDH y, sobre todo, convocan a que como sociedad no demos carpetazo al caso Ayotzinapa.
