John Saxe-Fernández/ V
Respeto y solidaridad ante la tragedia y luto que viven 32 familias petroleras, y las de poco más de cien lesionados y varios desaparecidos, por el estallido en la planta Clorados III del Complejo Pajaritos. También mi apoyo para abrir nuevos caminos y luchas para que Mexichen repare el daño e indemnice a las familias y determinar la base legal y constitucional vigente al momento de la formalización de esa privatización, para cancelarla. El peso de la responsabilidad de esa explosión cae sobre Mexichen, la empresa privada a la que se le entregó el complejo petroquímico en estas asociaciones público-privadas (APP) aclaró Rocío Nahle, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, luego de calificar esa APP como una irresponsabilidad. Las APP y los programas de ajuste estructural (PAE), son mecanismos financieros para la extracción de riqueza de lo público a lo privado y hacia el 1%, en este caso un ex-banquero del Fobaproa, en lista Forbes con 4 mil 940 millones de dólares.
Las APP no se encaminan a fortalecer, sólo en la retórica, la capacidad de Mexico para enfrentar los grandes retos del siglo XXI: pobreza, desigualdad extrema, violencia y el colapso climático antropogénico (CCA) en curso. Establecidas en los 90s y manejadas por el FMI en lo macro y el Banco Mundial (BM) y BID por rama, operan en 134 países bajo línea del Departamento del Tesoro conjuntando las codicias de las oligarquías con las de la geoeconomía y geopolítica corporativo/bancaria de EU. Allá y acá la explotación de los trabajadores es crucial para la dilucidación del imperialismo y de los accidentes de trabajo. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) enfatizó que en Mexichem se labora en condiciones de precariedad, los trabajadores compran sus uniformes, cubren horarios extendidos con pésimo equipo, prestaciones mínimas, bajos salarios, por lo que vale la advertencia de Nahle de que la petroquímica es industria de alta peligrosidad que debe considerarse en todo momento como de seguridad nacional (Proceso 21/4/16).
Clorados III, patrimonio nacional, se entregó a precio vil a PMV al 55.91% a favor de Mexichen y el 44.09 fue para Pemex. Es lo que los adictos a las inconstitucionales reclasificaciones petroquímicas de los 80s y 90s le dejaron para, según recetarios del BM-BID, poder operar una APP. La contra-reforma energética no puede ser más dañina al interés público nacional, porque en tiempos de creciente clima extremoso que empieza a azotar al país -y al mundo-, urge la reversión del robo de futuro a la nación, reparando lo que hace diez años Moisés Flores Salmerón denunció bajo el título de La Destrucción de la Industria Petroquímica Estatal de México (La Energía en México, CEIICH-UNAM 2006) una de las ramas industriales de mayor generación de empleo. Es un proceso sistemático de desarticulación y desmantelamiento de los fundamentos de la paz social, con repercusiones para la seguridad humana mexicana. De ahí la urgencia de salir de la tenaza neoliberal para lanzar la vasta movilización social y material necesaria para frenar y revertir la amenaza existencial a la nación y al mundo, del CCA.
La inconstitucional desincorporación del vital y estratégico sector energético de México, al pasarlo del dominio público al privado se vincula a la gestación de la conflagración humanitaria que vivimos, de la abismal desigualdad (salario de 0.50 de dólar aquí, 15 en EU) y de la represión y terror que sostiene al neoliberalismo, una verdadera e incalificable guerra de clase contra la población por medio de una economía diseñada para ser saqueada desde dentro y desde fuera, sin capacidad para generar bienestar y empleo y al contrario alentando la informalidad económica-y el desboque de la criminalidad-, que a su vez nos abre desde 2006, a más intervención y ocupación. Al flexibilizar la Constitución para cubrir de legalidad precaria las transas del capitalismo de amiguetes, que desmantelan la nacionalización petrolera, el 1% queda feliz con la co-participación en la apropiación del excedente petro-eléctrico mediante las APP, instrumentos de corte colonial que despojan a la la soberanía nacional de los instrumentos sustantivos para enfrentar las grandes tareas del futuro.
Coda: al ser de gran calado los retos de EU (crisis hegemónica y CCA), vale revisar su política de fuerza luego del 11/S, que acompaña al TLCAN con un desborde de su estado de excepción, del homeland security y de la cruenta guerra irregular que realiza aquí de facto la Iniciativa Mérida bajo la rúbrica de guerra al narco o crimen. Derivada de la experiencia contrainsurgente de EU en Colombia, Irak y Afganistán, según dijo un alto cargo militar de EU, se le utiliza en áreas de sacrificio, es decir, en naciones ricas en recursos, no para ser industrializados in situ, como en Pajaritos sino, como se establece en los PAE y APP del BM-BID, para ser exportados a los centros capitalistas.
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