Pedro Miguel
El general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa, repudió y condenó el hecho sin cortapisas, en forma inequívoca y pública. Ofreció una disculpa a la sociedad y dijo que el episodio de tortura ocurrido en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015, forma parte de sucesos repugnantes, aunque aislados, (que) dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio de las fuerzas armadas. Unos días después el comisionado de Seguridad, Renato Sales Heredia, se le unió en las expresiones de consternación y no se quedó atrás Roberto Campa Cifrián, titular de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación.
En la sesión de tortura participaron al menos dos elementos castrenses y una agente de la Policía Federal. En el fragmento de video que se hizo viral a mediados de la semana pasada puede verse cómo los militares y la policía patean y encañonan con sus armas reglamentarias a una mujer que está en el suelo, le meten la cabeza en una bolsa de plástico y la conminan a que revele la información que desean obtener.
Una de las interrogantes es quién grabó el video y para qué. Todo indica que tuvo que ser otro servidor público, civil o militar. ¿Qué hay de él o de ella? ¿Lo hizo por perversión personal o tuvo un propósito didáctico, es decir, mostrar a eventuales educandos lo que se debe y lo que no se debe hacer en un interrogatorio de esa clase? Lo cierto es que los torturadores no parecen estar fuera de control ni improvisando; no le gritan a la víctima ni la lastiman innecesariamente para sus propósitos; por el contrario, parecen seguir un procedimiento rutinario.
De cualquier forma lo exhibido en la grabación es consistente con los testimonios de miles de personas que han sido víctimas de apremios físicos por las corporaciones policiales y/o militares del país, testimonios que dieron pie a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para señalar, en su informe de octubre del año pasado, que la tortura es una práctica generalizada en México. Y sí: a pesar de los alegatos oficiales de inocencia, la tortura aparece en buena parte de los expedientes judiciales del país como herramienta en eso que el gobierno sigue llamando lucha contra la delincuencia organizada, como insumo en el proceso de fabricación de culpables y hasta como medio de venganza y encarnizamiento personal.
La contraparte rutinaria de la tortura consiste en negar (policías, militares) o desestimar y minimizar (jueces) las pruebas de los apremios físicos. Cuando presuntos delincuentes con evidentes huellas de golpizas son presentados sin rubor alguno ante los medios, las autoridades aducen que se golpearon tratando de escapar. Pero sólo por excepción es posible contar con la grabación en video de una sesión de tortura como la realizada en Ajuchitlán del Progreso el año pasado. Y es inevitable suponer que no fue un caso aislado sino la punta de un iceberg.
Qué decir del hecho de que el Ejército tuvo conocimiento de los hechos a finales de 2015 (y detuvo por ellos a un capitán y una soldado) y que no haya hecho públicas tales acciones sino hasta después de la filtración del video. Y qué decir que la Policía Federal no haya sido enterada del asunto sino cuando éste era ya tendencia en las redes sociales.
¿Moralejas? La primera, desde luego, es que la legislación debería ser reformada para garantizar que un individuo sobre el que pesan responsabilidades represivas que incluyen modalidades de tortura, como Enrique Peña Nieto (Atenco), no llegue nunca a ocupar la jefatura del Estado. La segunda es que las Fuerzas Armadas deben ser retiradas de inmediato de tareas policiales por la simple razón de que no están concebidas y entrenadas –ni tienen por qué estarlo– para procurar justicia ni investigar delitos sino para la guerra y la aniquilación del enemigo. La tercera es que tal vez no baste con las disculpas genéricas dirigidas a la sociedad y que el general Cienfuegos, Sales Heredia y Campa Cifrián deberían considerar la posibilidad de acudir al penal federal de Nayarit en el que se encuentra la mujer que fue sometida a tortura y se disculpen ante ella, la primera agraviada. Finalmente, el documento videográfico tendría que ser suficiente para considerar espuria toda la actuación del Estado en este caso y para dejar libre a la víctima, aunque no sea de nacionalidad francesa. Y si como consecuencia de ello algún delito queda en la impunidad, que los corifeos del régimen no culpen a los defensores de derechos humanos, sino a quien sea o haya sido el responsable de la Base de Operaciones Mixtas (Policía Federal, Ejército y PGR) en la que tuvo lugar la atrocidad.
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